¿Quién es Juan Esteban Guarderas?

Juan Esteban Guarderas, abogado y activista político, es conocido por denunciar a funcionarios públicos que hacen proselitismo político. Entre los denunciados por Guarderas están el ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, la vicepresidenta del gobierno de Daniel Noboa, Verónica Abad, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, y el entonces coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi.

Desde finales de 2023, Guarderas asumió como consejero del CPCCS, el organismo de transparencia encargado de designar autoridades de control en el país. Reemplazó a Alembert Vera, quien fue destituido en octubre de ese año. Antes de ser consejero, Guarderas fue suplente en el CPCCS tras las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023. 

En junio de 2024, la asambleísta correísta Ana Herrera presentó un pedido de juicio político contra Guarderas por supuesto incumplimiento de funciones. 

El juicio político en su contra 

El 5 de junio de 2024, la asambleísta correísta Ana Herrera hizo una petición de juicio político contra Juan Esteban Guardares por supuesto incumplimiento de funciones por tres causales: 

• Violación del deber de reserva y protección. Guarderas habría hecho pública una denuncia que debía ser confidencial.
• Presunto tráfico de influencias y violación de la independencia judicial. El consejero habría intentado influir en decisiones judiciales. 
• Presunta falsificación de firma. Guarderas, según Herrera, habría falsificado la firma de su entonces abogado Ronald Morocho en un documento de un caso judicial.

Cinco meses después, el 25 de noviembre de 2024, con seis votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Comisión de Fiscalización calificó el pedido de juicio político. Guarderas presentó las respuestas a las pruebas impugnadas en su contra. Luego, los legisladores de la Comisión evaluaron y revisaron las pruebas presentadas. 

Cinco días después de la evaluación y revisión de las pruebas, la Comisión de Fiscalización presentaron un informe con las posturas de los asambleístas. 

El 27 de diciembre de 2024, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Guarderas con 70 votos a favor, 31 en contra y 7 abstenciones. 

Durante el juicio, Ana Herrera Gómez, la interpelante correísta, explicó las tres causales por las que Guarderas incumplió las funciones asignadas por la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También dijo que el consejero “ha estado acostumbrado a hacer denuncias sin fundamento alguno únicamente para hacer show, sin afán de transparentar un acto de corrupción”. 

Herrera se refirió al caso de Marco Vinicio Tutasi, quien denunció a Guarderas por verter “expresiones de descrédito y deshonra”. Supuestamente, lo acusó de ser cómplice de una trama de corrupción. Algo que Guarderas defendió, ya que ese problema ocurrió cuando él aún no era consejero del CPCCS y, además, lo declararon inocente de esa contravención. 

La asambleísta interpelante también habló sobre la falsificación de firmas en la denuncia contra la vicepresidenta Verónica Abad por realizar precampaña en las elecciones seccionales de 2023 —juicio por el que Abad fue multada por el Tribunal Contencioso Electoral. Guarderas, por su parte, presentó los análisis de dos peritos, avalados por el Consejo de la Judicatura, que determinaron que no hubo falsificación.

La legisladora, durante su exposición, insistió en que el juicio político no es un “pasatiempo” ni un “capricho” sino que está sustentado en el artículo 131 de la Constitución, que habilita a la Asamblea a destituir y censurar a los funcionarios públicos, incluso de elección popular, que han incumplido con sus funciones. 

Para Guarderas, “las causales son vacías”. “No existe un incumplimiento de funciones, porque no se han presentado pruebas. No es un juicio político, es un espectáculo que ha sido mal montado para desviar la atención y justificar una emboscada política contra el CPCCS”. 

Un día antes del juicio, el 26 de diciembre de 2024, Guarderas publicó un video en sus redes sociales en el que advertía que la bancada correísta buscaba sacarlo de su cargo de consejero para que su lugar sea ocupado por el consejero correísta suplente, Eduardo Franco Loor, y el Pleno del CPCCS tenga una mayoría afín a su movimiento político. 

Durante los 60 minutos de intervención, Guarderas intentó sostener su inocencia. “Lo voy a demostrar”, repetía.

Cuando terminó su exposición, empezó el debate. Siete asambleístas tuvieron 10 minutos para hablar. Por ejemplo, la correísta Pamela Aguirre dijo: “La gran verdad es que el señor Guarderas entró por la ventana. Es un ventanero (…) Ven-ta-ne-ro. Le guste o no le guste”. Lo recriminó y le dijo que se “ha convertido en la viva imagen de la corrupción” por aceptar un cargo para el que no está preparado. 

La legisladora Adriana Vera dijo que el juicio político no debería ser utilizado para persecución política y en este caso se evidenciaron inconsistencias legales. Mientras que el asambleísta Jorge Chamba aplaudió la exposición de Guarderas. 

Tras concluir el debate, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, dio paso a la votación. Las bancadas de Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano (PSC) y Construye votaron a favor de la censura. Fue destituido y perdió sus derechos políticos durante dos años.  

Guarderas publicó inmediatamente un comunicado con el título: “La valentía no se censura”. En este, dijo que el Ecuador ha presenciado un episodio que marcará un antes y un después. “Lo que ha ocurrido es un golpe al CPCCS”. “Este día, el sistema ha demostrado ser manipulable, sometido al antojo de intereses oscuros que representan el regreso de las mafias”. 

Al final, se despidió asegurando que “ha demostrado su inocencia”. 

Denuncias de Guarderas por proselitismo político 

Juan Esteban Guarderas es conocido por denunciar actos de proselitismo político, una infracción electoral tipificada en el Código de la Democracia y en el Reglamento de Promoción Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A comienzos de 2023, Guarderas denunció a Alembert Vera, entonces presidente del CPCCS, y a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. Guarderas acusaba a Vera de salir en un video promocional de su campaña junto al ex presidente Rafael Correa. Al ser candidato a consejero del CPCCS, que debería ser una entidad no partidista, Vera habría cometido una infracción electoral grave. Su denuncia fue admitida por el TCE, pero en mayo de ese año, el juez del TCE, Guillermo Ortega, negó y archivó la denuncia. 

Guarderas apeló la decisión. El TCE la admitió, y el caso se volvió a abrir en junio de 2023. Si se hubiera comprobado que Vera cometió una infracción electoral, podría haber sido destituido del CPCCS. Sin embargo, en octubre de ese año, antes de que el TCE tome una decisión, la Corte Constitucional destituyó a Vera por actuar contra un dictamen previo de la Corte.

El 8 de mayo de 2024, cuando Vera ya había sido destituido del cargo, en una sesión extraordinaria del TCE, el organismo sancionó a Vera con una multa y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años, por aceptar el auspicio del correísmo para llegar al CPCCS en 2023. El Tribunal ordenó a Vera a pagar 22 mil dólares en el plazo de tres meses.

En 2024, Guarderas siguió con las denuncias por proselitismo político. 

A comienzos de marzo denunció, junto a la abogada Mónica Jaramillo, al alcalde de Quito Pabel Muñoz, ante el TCE por realizar campaña electoral junto a Luisa González, durante las elecciones anticipadas de agosto de 2023. 

Como pruebas de la denuncia, Guarderas y Jaramillo presentaron cuatro videos en los que se ve a Muñoz en actividades de campaña con Luisa González mientras ya era alcalde. 

El 8 de marzo de 2024, Joaquín Viteri, juez del TCE, determinó que Muñoz cometió una infracción electoral grave y ordenó que debía pagar una multa de 9.200 dólares, equivalente a 20 salarios básicos unificados, y ofrecer disculpas públicas. 

En mayo de ese mismo año, Guarderas denunció, también ante el TCE, a la vicepresidenta Verónica Abad, a Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachakutik, y Francisco Suárez Abril, ex candidato a la Prefectura de Tungurahua. ¿La razón? Presuntos casos de “precampaña” electoral en las elecciones seccionales de febrero de 2023. 

Según Guarderas, Abad habría hecho campaña anticipada en sus redes sociales cuando fue candidata a la Alcaldía de Cuenca en 2023. La denuncia fue archivada en junio de ese año por “inconsistencias en la firma del abogado”. Pero días después, Guarderas presentó nuevamente la misma denuncia, corrigiendo las inconsistencias y fue admitida por el TCE en julio. La denuncia de Guarderas pretendía la destitución de Abad. 

El 5 de noviembre de 2024, la jueza del TCE Ivonne Coloma falló contra Abad y determinó que sí incurrió en actos de campaña anticipada. Le ordenó pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados; es decir 8.500 dólares. 

Sobre la posible destitución, Coloma dijo que para imponer la sanción máxima sin considerar las circunstancias particulares del caso “contravendría el principio de proporcionalidad que debe existir entre la infracción cometida y la sanción”. 

Abad apeló contra la sentencia y el juez Guillermo Ortega admitió a trámite el recurso de apelación en diciembre. Sin embargo, Abad no fue la única que apeló, Guarderas también lo hizo porque considera que la sanción de Coloma fue insuficiente. El mismo juez aceptó también su recurso. Como Coloma sentenció en primera instancia, el juez suplente debe ser el que conozca y tramite los dos recursos de apelación en los próximos días. 

Experiencia académica y laboral 

Juan Esteban Guarderas Cisneros es licenciado en derecho por la Universidad de Salamanca en España y tiene un máster en finanzas y estrategia por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Ambos títulos están registrados en el sitio web de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). 

Según su hoja de vida en el sitio web del CPCCS, Guarderas ha sido profesor universitario, consultor de la Fundación Esquel, colaborador de la Organización Diálogo Diverso, asesor en el Consejo Nacional Electoral y director de la Fundación Lucha Anticorrupción. En la hoja de vida también dice que Guarderas es escritor de varios libros y colaborador en diarios y revistas del país. 

Información pública 

Según el sitio de web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguro, Juan Esteban Guarderas, desde 2013, es presidente ejecutivo de la empresa de operaciones comerciales Trade not Aid S.A. Y, desde 2021, es presidente de la firma de abogados Responsibility RLF Law Firm S.A.S. En el sitio web también dice que Guarderas es accionista en ambas empresas.

Además, en 2014 fue gerente general, por tres años, en la empresa Rentigestión S.A dedicada al alquiler y arrendamiento de equipos de autos. 

En el Consejo de la Judicatura tiene dos procesos en su contra. 

El primero, de noviembre de 2023, es por proferir “expresiones de descrédito o deshonra” contra Marco Vinicio Tutasi quien, en una entrevista, dijo que Guarderos lo acusó de ser cómplice de una supuesta trama de corrupción. En primera instancia le ratificaron su inocencia, la decisión fue apelada por el denunciante, y en mayo de 2024 el Tribunal rechazó el recurso y ratificó la sentencia de primera instancia.

El segundo es una acción de protección contra él y otros cuatro consejeros del CPCCS interpuesta por Nicole Bonifaz, ex presidenta del CPCCS, cuando fue removida del cargo. En la audiencia de la acción de protección, que fue en mayo de 2024, Bonifaz dijo que cuando fue removida del cargo se vulneraron sus derechos por ser mujer. El 7 de junio el Tribunal negó la acción. 

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), Guarderas ha pagado por concepto de impuesto a la renta, en estos años, lo siguiente:

• 2017: 0 dólares, pagó 819,3 dólares de impuesto a la salida de divisas
• 2018: 0 dólares, pagó 181,12 dólares de impuesto a la salida de divisas
• 2019: 280,16 dólares, pagó 159,51 dólares de impuesto a la salida de divisas
• 2020: 0 dólares, pagó 0 dólares de impuesto a la salida de divisas
• 2021: 1.379,04 dólares, pagó 141,15 dólares de impuesto a la salida de divisas
• 2022: 7.057,62 dólares, pagó 1.272,18 dólares de impuesto a la salida de divisas
• 2023: 5,500,75 dólares, pagó 898,27 dólares de impuesto a la salida de divisas
• 2024: es el período fiscal en curso, pagó 232,35 dólares de impuesto a la salida de divisas