¿Quién es Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura?

El 16 de julio de 2024, Mario Godoy fue posesionado como el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. La selección se dio luego de que esta institución, encargada de la administración, vigilancia y disciplina de la función Judicial, estuviera casi 7 meses sin un presidente permanente. La elección de Godoy fue cuestionada ya que apenas ocho días antes, el 8 de julio de 2024, Dunia Martínez fue elegida como presidenta de la Judicatura. Sin embargo, su elección fue anulada y Mario Godoy fue seleccionado en su lugar.

Te contamos quién es el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.  

Mario Godoy fue seleccionado de una terna enviada, el 6 de junio de 2024, por la Corte Nacional de Justicia, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de la selección. 

Antes de él, la terna estaba conformada por Dunia Martínez, Telmo Molina Cáceres y Hugo Landívar, quien fue coordinador político del movimiento oficialista ADN. Pero Landívar quedó fuera por no tener la experiencia necesaria, y el CPCCS pidió a la Corte Nacional reemplazar esa vacante que, finalmente, fue ocupada por Godoy. 

Ahora Godoy dirigirá la Judicatura hasta enero de 2025, cuando termina el periodo para el que fueron electos los vocales. 

Carrera académica y profesional

Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Mario Godoy se graduó de abogado por la Universidad Central en 2009. Tiene un diploma en Género, Violencia y Justicia por Flacso. Una especialidad y una maestría en Derechos Administrativo y Contratación Pública por la Universidad Andina Simón Bolívar. En 2022, completó una especialidad en Cumplimiento y Anticorrupción por la Universidad SEK.  

Godoy es abogado. En 2011 fue director de Cultos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En 2012, asesor en el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, y en 2017 fue prosecretario relator en la Asamblea Nacional. Estos tres cargos los ocupó durante el gobierno de Rafael Correa. En 2019, fue director de Patrocinio en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, durante el gobierno de Lenín Moreno. El cargo público más reciente, en 2024, fue como procurador de Petroecuador. 

Al momento de la selección del presidente de la Judicatura, Mario Godoy era docente de Derecho Administrativo, Tributario y Realidad Nacional en la Universidad Indoamericana. 

Cuando Godoy fue postulado para formar la terna para presidente de la Judicatura, tuvo dos impugnaciones. Sin embargo, en la audiencia en la que debían ser argumentadas formalmente, los impugnadores no se presentaron. Las impugnaciones fueron archivadas. Una hacía referencia a que había sido vocero de los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea, procesados por narcotráfico. La otra por un supuesto incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. 

Su trabajo con personajes cuestionados

En agosto de 2014, Godoy envió una carta al diario El Comercio, que firmó como el vocero oficial de los hermanos Juan Pablo Larrea y Eduardo Larrea. En ese entonces, Godoy pidió una rectificación de una noticia sobre tres aeronaves que fueron detenidas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en las que no se encontró droga. 

Las aeronaves eran de la empresa Sky Jet Elite Corporation, de los hermanos Larrea. Godoy pidió que se rectifique las rutas que habían tomado las aeronaves, de acuerdo a la versión que dio el abogado de la empresa en un rueda de prensa en la que aseguró que la detención no tenía nada que ver con un acto ilícito. 

Eduardo Larrea fue director de Aviación Civil entre 2007 y 2009, durante el gobierno de Rafael Correa. En 2019, Larrea y ocho ecuatorianos fueron detenidos en Guayaquil por presuntamente enviar droga a México. Tres meses después de su detención, su hermano Juan Pablo, piloto ecuatoriano, fue capturado en Belice, el pequeño país centroamericano, con 1,347 kilos de cocaína en una avioneta. Según las investigaciones, la organización criminal con la que operaban los hermanos Larrea usaba avionetas que tenían documentos en regla para despistar a las autoridades de control.

Godoy también fue abogado del ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, quien también fue abogado de Rafael Correa. Vera fue sancionado en 2023 por el Tribunal Contencioso Electoral por hacer campaña partidista promocionando al ex presidente, mientras era candidato a consejero del CPCCS. El Consejo y sus consejeros deberían estar alejados de los partidos políticos. 

Godoy también fue abogado del ex alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, quien es investigado por el presunto delito de concusión. 

En una entrevista para Radio Centro, el 22 de julio de 2024, Godoy dijo que no estaba afiliado a ningún partido político. En respuesta a uno de los entrevistados, Godoy negó tener algún vínculo con los ex vocales del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, procesado por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis, y Maribel Barreno procesada, también junto a Terán, por tráfico de influencias en el caso Vocales.

La cuestionada selección

El 8 de julio de 2024, el pleno del CPCCS se reunió virtualmente para designar al nuevo presidente de la Judicatura. La vocal Mishelle Calvache propuso a Dunia Martínez para el cargo. Con tres votos a favor y tres abstenciones, la decisión resultó en un empate, que fue resuelto por el voto dirimente del presidente del CPCCS, Andrés Fantoni. Así, Martínez fue nombrada la nueva presidenta de la Judicatura.

Al final de esa sesión, la vocal Nicole Bonifaz ingresó a la sala virtual y reclamó que había estado esperando diez minutos para votar. A pesar de su queja, Fantoni clausuró la sesión sin permitir su voto.

Esa queja de la vocal Nicole Bonifaz llevó a la Comisión de Fiscalización, de mayoría correísta, a convocar a los vocales del CPCCS.

El 10 de julio, los consejeros del CPCCS comparecieron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde se discutieron los problemas técnicos que afectaron las votaciones. La comisión les pidió que expliquen los detalles de la sesión extraordinaria, aduciendo irregularidades e incumplimientos de la normativa constitucional, legal y reglamentaria sobre los procedimientos parlamentarios de votaciones y procesos de designación de las autoridades a cargo del CPCCS.

Andrés Fantoni, consejero del CPCCS, defendió el proceso y explicó que los problemas técnicos impidieron la votación de Bonifaz. Fantoni también mencionó que la consejera Bonifaz no estuvo presente durante la votación para la designación de la presidenta del Consejo de la Judicatura, un hecho que consideró relevante en el proceso.

Después de escuchar a los consejeros, la Comisión de Fiscalización pidió la suspensión de la posesión de Dunia Martínez, prevista para el 11 de julio en la Asamblea Nacional.

El 10 de julio, con cuatro votos a favor de Yadira Saltos, Augusto Verduga, Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto, Godoy fue seleccionado como presidente de la Judicatura. Los votos en contra fueron de los consejeros Andrés Fantoni y Mishelle Calvache, y una abstención de Juan Esteban Guarderas. 

En la ceremonia de posesión, Godoy dijo que aunque su mandato será relativamente corto, con un trabajo conjunto podrá establecer las bases para un sistema judicial “más justo, transparente y eficiente”.

Dijo que la Judicatura mejorará los sistemas tecnológicos para la recepción de demandas, la realización de audiencias virtuales y otros procesos del sistema de justicia. Dijo que fortalecerá la formación profesional de los operadores judiciales con un enfoque en distintas ramas del derecho y una perspectiva de género, en colaboración con la Escuela Judicial. 

Mario Godoy podría enfrentar un juicio político

El 23 de diciembre de 2024, Mario Godoy fue denunciado públicamente por la jueza Nubia Vera Cedeño. Ese día, Vera aceptó la acción de protección que Verónica Abad había presentado para dejar sin efecto la suspensión de su cargo de Vicepresidenta, impuesta por el Ministerio de Trabajo. 

Cuando finalizó la audiencia, la jueza dijo a los medios que Mario Godoy, el asesor Jorge Carillo y Henry Gaibor, director provincial de la Judicatura, amenazaron con destituirla si fallaba a favor de Abad. Dijo que el 17 de diciembre entraron a su despacho en la unidad judicial y le dijeron cuál debía ser su sentencia. 

Horas más tarde, Godoy convocó a una rueda de prensa y dijo: “Mis actuaciones han sido siempre en el marco de la transparencia. Rechazo categóricamente las declaraciones planteadas por esta señora jueza”. 

Cuatro días después, el 26 de diciembre de 2024, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional convocó a Vera y Godoy para que hablaran acerca de la “denuncia pública sobre presuntas presiones y amenazas”. 

En la sesión, a la que no llegó Godoy tras excusarse, la jueza —con la voz quebrada y con evidentes ganas de llorar— detalló en 55 minutos que ha tenido los días más terribles de su vida debido a las amenazas. Dijo que no dormía pensando en la sentencia, antes de que emitiera el fallo. 

Relató que desde el primer día de la audiencia de Abad ya le dijeron que debía negar el recurso constitucional. Explicó que cuando Godoy y las otras autoridades llegaron a la unidad judicial, supuestamente a hacer una inspección, entraron directo a su despacho y le entregaron un pendrive en una funda de regalo. “Son los insumos para que usted se ayude con la sentencia, me dijeron”, contó frente a los legisladores. 

A cambio, le ofrecieron archivar los sumarios administrativos que tiene abiertos en su contra —uno de ellos comenzó el 27 de noviembre de 2024, cuando ya tenía la causa de Abad en sus manos—, dijo. También le dijeron que le comprarían 500 entradas para una obra de teatro que ella presenta, pues la jueza además es dramaturga, poetisa y cantante. 

Asambleístas de la comisión le hicieron preguntas y aplaudieron su valentía. Jorge Peñafiel, legislador por el movimiento Construye, fue más incisivo. Dijo que presentaría una solicitud de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura. “Se espera el apoyo de las distintas bancadas del Legislativo (…) Las declaraciones de la jueza Nubia Vera son de extrema gravedad”, escribió en su cuenta de X. 

Dijo, también, que interpelará a Godoy por “actuar como apéndice de Daniel Noboa”. 

Horas más tarde, Godoy publicó un comunicado en su cuenta de X. “Como consecuencia de las falsedades que se han formulado en mi contra, interpuse una denuncia ante la Fiscalía General del Estado [por calumnia], así como una querella ante la Unidad de Justicia Penal”. Y justificó su inasistencia a la comisión por una “serie de consideraciones legales”. 

Tras las declaraciones de Godoy, el 6 de enero de 2025, se difundió un parte policial que investigaba un supuesto forcejeo de la herradura de la puerta del despacho de la jueza. El presidente de la Judicatura respondió que era un intento de “victimización”. 

El 13 de enero de 2025, la jueza Nubia Vera —con chaleco antibalas— llegó a la Fiscalía General del Estado, en Quito, junto a su abogado Washington Andrade. Allí entregó el pendrive que le habría dado Godoy, en el que —dijo— están los insumos de cómo ella debía fallar en contra de la vicepresidenta Verónica Abad. 

“No puedo dar más comentarios porque la investigación es reservada. Lo que sí puedo comentar es que he pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —ante las amenazas recibidas”, dijo tras salir del edificio. 

En los exteriores, la jueza dijo también que mantener bajo su custodia este pendrive no le ha dejado ni dormir. “Me ha hecho sentir muy vulnerable. No sé hasta dónde pueden llegar las amenazas de estas personas, Mario Godoy, Jorge Carillo y Henry Gaibor”, dijo. 

Su abogado Washington Andrade dijo: “Este caso puede ser peor que el caso Metástasis”. Por ahora, la Fiscalía deberá analizar lo que hay dentro del pendrive.