La designación del Fiscal General del Estado avanza entre atropellos

El país debía tener un nuevo fiscal general del Estado el 8 de abril de 2025, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha retrasado el concurso de mérito y oposición para designarlo, en medio de polémicas y pugnas políticas.

Ese día, la entonces fiscal Diana Salazar se prorrogó en funciones. Junto al fiscal subrogante Wilson Toainga, instaron al CPCCS a que terminara el concurso lo antes posible para empezar la transición. “Hasta que eso ocurra, la Fiscalía continuará garantizando el acceso a la justicia”, dijo Salazar en un video. 

Pero un mes después, Salazar renunció. Toainga la reemplazó hasta el 21 de noviembre de 2025, cuando también renunció. Desde entonces, Carlos Alarcón es el fiscal general encargado. Fue designado por el pleno del Consejo de la Judicatura porque el CPCCS no eligió a tiempo a la nueva autoridad.

Mientras tanto, el CPCCS continúa con el proceso para designar al fiscal general 2026. 

Para asegurar la transparencia, participación ciudadana e integridad del concurso habrá: 

• Una veeduría ciudadana 
• Un equipo técnico de 7 miembros, encargado de dar apoyo administrativo, logístico y jurídico en todas las fases del proceso
• Una comisión ciudadana de selección de 10 integrantes, que será la encargada de hacer el concurso y revisar las carpetas de los postulantes 

La Fiscalía General, órgano autónomo y estratégico de la Función Judicial, tiene un papel fundamental en la investigación de delitos y protección de derechos. La designación del fiscal general ha sido disputada históricamente por movimientos y partidos políticos. 

El período del fiscal general es de seis años. En esos, por ejemplo, Salazar y Toainga destaparon varios casos de corrupción y delincuencia organizada, cuyos tentáculos entraron el sistema de justicia del país, como Metástasis, Purga, Plaga, Pantalla. En estos “casos de connotación”, como los define la Fiscalía, algunos implicados son parte de organizaciones políticas, como la Revolución Ciudadana o el Partido Social Cristiano. 

Estos casos han elevado la tensión en torno al concurso y la disputa por un cargo que, aunque debería ser apartidista y ajeno a intereses partidarios, ya muestra señales de politización.

Así avanza la designación del fiscal general del Estado 2026. 

El polémico reglamento para designar al fiscal

El nuevo fiscal será elegido mediante un concurso público de méritos y oposición, con postulación abierta, veeduría ciudadana —un grupo de ciudadanos, previamente acreditados que observa, vigila y evalúa la transparencia y legalidad de un proceso público— y derecho a impugnación. 

Los méritos son la evaluación de la formación académica, experiencia profesional y otros logros. Mientras que la oposición se trata de pruebas escritas, orales o prácticas que miden conocimientos y habilidades específicas para el cargo.

Para empezar el concurso debe haber un reglamento que establezca las reglas. Se puede presentar un nuevo reglamento para cada designación, y el responsable de aprobarlo es el CPCCS. 

En agosto de 2024, el primer borrador de reglamento fue presentado por el entonces consejero Augusto Verduga —hoy investigado por asociación ilícita en el caso Ligados. El documento fue duramente criticado por ser, según varios abogados, demasiado laxo y por permitir la participación de personas con antecedentes cuestionables o con vínculos con el crimen organizado.

Tras la polémica, el 26 de agosto, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, presentó un nuevo texto, que el pleno del CPCCS aprobó el 11 de septiembre de 2024. Ese reglamento abrió otra discusión: la prohibición para que abogados que hayan defendido a acusados de delitos relacionados con el crimen organizado en los últimos diez años puedan postular.

La medida fue rechazada por gremios como la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, que la calificó de discriminatoria. “Criminaliza el ejercicio de la defensa”, dijo su presidente Paúl Ocaña. 

Ramiro García, ex presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, advirtió que las reglas del reglamento podrían “favorecer a candidatos mediocres, adscritos a alianzas políticas, porque la Fiscalía es la joya de la corona para los políticos”.

Las críticas obligaron al CPCCS a revisar el documento. Recién nueve meses después, el 4 de junio de 2025, el pleno del CPCCS pidió un informe de viabilidad jurídica para evaluar reformas. Una semana después, resolvió ajustar el reglamento en una reforma “técnica y ágil”. 

El 20 de junio, cinco consejeros aprobaron las modificaciones. Entre estas, derogaron el numeral 21 del artículo 22. Decía que no podían postular abogados que hayan defendido a personas vinculadas con el crimen organizado en los últimos 10 años. 

También se incluyeron inhabilidades para candidatos procesados por delitos de corrupción o crimen organizado. 

 El reglamento ahora define los requisitos para postular: 

• ser ecuatoriano
• tener un título en Derecho registrado en la Senescyt
• acreditar al menos 10 años de experiencia profesional
• no tener sentencias ejecutoriadas 

Una veeduría y un equipo técnico conformados

En noviembre de 2024, dos meses después de que se aprobara el reglamento, el CPCCS abrió una convocatoria a la ciudadanía para conformar una veeduría ciudadana que vigile la transparencia de todo el concurso. Esta es una regla que no se modifica.

Hubo más de 700 postulantes. Hasta el 19 de febrero de 2026, hay 626 veedores acreditados que cumplieron con los requisitos, como no ser servidor público ni tener conflicto de interés. En 2025 recibieron capacitaciones.

Entre las funciones de un veedor están: supervisar cada etapa del proceso —desde la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección hasta la designación de la nueva autoridad—; pedir información relevante al CPCCS, documentos oficiales; y hacer informes u observaciones para alertar posibles irregularidades o riesgos. 

Los veedores participan de forma voluntaria y ad honorem, es decir, no reciben remuneración por su trabajo —a nivel práctico, ellos trabajan desde sus casas.

Además de la veeduría, el CPCCS conformó el 21 de mayo de 2025 un equipo técnico de 14 miembros —siete principales y siete suplentes— que son delegados de los siete consejeros —cada uno decide quién lo va a representar. 

Este equipo técnico se encarga de verificar los requisitos de los postulantes, preparar informes y actas, coordinar la calificación de méritos y oposición, apoyar a la Comisión Ciudadana de Selección y garantizar que todo el proceso se cumpla de forma ordenada y transparente.

Entre mayo de 2025 y enero de 2026, hubo cambios en este equipo, por renuncias de los delegados. Hasta el 19 de febrero, está integrada así: 

Una comisión ciudadana que organiza el concurso

El CPCCS abrió la convocatoria para conformar la Comisión Ciudadana de Selección el 18 de julio de 2025 y se extendió hasta el 31 de julio. 

¿Por qué es importante esta comisión? Porque hará el concurso de méritos y oposición para elegir al fiscal general del Estado. En otras palabras, no sólo administra el concurso: decide quién avanza, quién queda fuera y quién llega al final del proceso.

Está integrada por 10 miembros:

• 5 representantes de la ciudadanía u organizaciones sociales
• 5 delegados de las funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social

A la convocatoria se presentaron 69 postulaciones ciudadanas. De ellas, 42 fueron admitidas. Hubo siete impugnaciones y solo cuatro se admitieron. Tras ese filtro quedaron 38 candidatos. En la fase de méritos se seleccionó a los 30 con mayor puntaje: 15 hombres y 15 mujeres.

El 14 de enero de 2026, el CPCCS sorteó entre esos 30 a los cinco comisionados ciudadanos, y sorteó el orden de los cinco comisionados de las funciones del Estado. 

Pero pocos días después hubo cambios en el Legislativo y en el Ejecutivo. 

Al 19 de febrero de 2026, la comisión quedó integrada por:

• Wellington Amado Andachi Trujillo
• Cynthia Alexandra Jacho Tipán
• Hugo Vicente Ludeña Eras
• Zoila Amada Echeverría Zambrano
• Cristian Santiago Arpi Tapia
• Pamela Teresa Garay Mateo (delegada de Transparencia y Control Social)
• Silvia Mariuxi Ramírez Verdezoto (delegada del Legislativo)
• David Estuardo Flores Brant (delegado del Ejecutivo)
• Tayron Michael Valarezo Eras (delegado de la función Electoral)
• Natalia de Jesús Guarnizo Condolo (delegada de la función Judicial)

En el reglamento de la Comisión Ciudadana de Selección dice que los comisionados provenientes de la ciudadanía recibirán pagos diarios equivalentes al 3,3% del sueldo mensual que recibe un consejero del CPCCS —no precisa el valor. Pero un consejero del CPCCS gana aproximadamente 4.000 dólares, es decir, el pago para el comisionado sería de 132 dólares por día de trabajo.

Tras la posesión de la comisión, Cynthia Jacho fue elegida presidenta, y David Flores, vicepresidente. Pero hubo cuestionamientos. 

Jacho, de 27 años, obtuvo la nota más baja en la fase de méritos: 17,5 sobre 50 puntos. Según una publicación de Primicias, su experiencia se limita al estudio jurídico Martínez & Martínez, donde trabajó entre agosto de 2022 y octubre de 2024 como asistente legal y luego se reincorporó como abogada junior desde noviembre de 2024.

Las críticas se centraron en que uno de los requisitos del concurso era acreditar conocimiento, formación académica y experiencia en asuntos relacionados con las funciones de la Fiscalía.

Pero las sesiones con ella a la cabeza han continuado. 

Postulación de los candidatos para Fiscal General

El 18 de febrero de 2026, el CPCCS abrió la convocatoria para el concurso del Fiscal General. Recibirá postulaciones hasta el 3 de marzo de 2026.

Según el Consejo, no pueden postular quienes:

• Tengan bienes en paraísos fiscales
• Mantengan contratos con el Estado
• Tengan deudas firmes con el Servicio de Rentas Internas (SRI) o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
• Tengan parentesco con altas autoridades
• Estén procesados o condenados por delitos graves
• Estén impedidos de ejercer cargo público

Luego sigue la fase de admisibilidad, en la que la comisión ciudadana de selección verifica qué postulantes cumplen los requisitos para continuar. Después viene la calificación de méritos.

Posteriormente se abrirá la fase de impugnación ciudadana, en la que cualquier persona podrá señalar incumplimientos o inhabilidades de los candidatos. 

Luego vendrá la fase de oposición —en la que se evalúan los conocimientos y capacidades de los candidatos. Según el CPCCS, el concurso se evaluará sobre 100 puntos: 50 por méritos y 50 por oposición (30 de la prueba escrita y 20 de la prueba oral).

Finalmente, será la designación. Fantoni, del CPCCS, dijo que el proceso tardaría como máximo seis meses desde la instalación de la comisión técnica; es decir, el nuevo fiscal general podría ser designado hasta julio de 2026.

Los postulantes para el concurso

A la medianoche del 3 de marzo de 2026 se cerraron las inscripciones para participar en el concurso. Hay 75 postulantes.

De ellos, 23 son mujeres y 52 son hombres. Pichincha concentra el mayor número de aspirantes, con 40, seguida de la provincia costera de Guayas, con nueve.

Entre los postulantes está el ex ministro de Gobierno del gobierno de Noboa, José de la Gasca. 

Antes de ocupar ese cargo, De La Gasca trabajó como embajador de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y fue parte del Consejo de Seguridad. En 2018 fue asesor en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, que era presidida por la ahora prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga.

En 2019 participó por primera vez en el concurso de Fiscal General que organizó el CPCCS Transitorio, pero no quedó entre los mejores calificados. En el gobierno de Lenín Moreno, en 2020, fue secretario Anticorrupción por pocos meses, antes de que la institución fuera eliminada.

Otro postulante para este nuevo concurso es el fiscal general subrogante Carlos Alarcón. 

Tiene más de 23 años de experiencia en el sector público y es el coordinador de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. También fue fiscal en Quinindé, un cantón en la provincia costera de Esmeraldas, una provincia conflictiva por el crimen organizado.

Entre los casos que Alarcón ha llevado como fiscal en los últimos años están los siguientes: 

1. Caso Nene: sentenció a Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la entonces vicepresidenta Verónica Abad, por el delito de oferta de tráfico de influencias.
2. Caso Triple A: investiga el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles; entre los acusados está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

En la primera semana como fiscal general encargado, en octubre de 2025, Alarcón pidió a la Corte Nacional de Justicia que archivara una denuncia contra el presidente Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi y directivos de la minera canadiense Dundee Precious Metals en Ecuador por el presunto delito de tráfico de influencias. Tras el pedido de archivo de la denuncia, la Corte Nacional aún no se ha pronunciado.

Al concurso también está postulando la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho. 

Es jueza de la sala especializada penal y ha sido tribunal de casos como Sobornos, que sentenció  a altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa por delitos como cohecho, tráfico de influencias y delincuencia organizada, y el caso Balda, que sentenció a Fernando Balda, ex asambleísta alterno del partido Sociedad Patriótica, quien difundió un boletín de prensa diciendo que en el gobierno de Correa había una oficina clandestina de espionaje. 

Camacho también asumió la presidencia de la Corte Nacional de manera temporal —como presidenta encargada subrogante por tres días— tras la renuncia de José Suing. Según su perfil de la Corte, fue fiscal penal de Pichincha, fiscal de asuntos indígenas y jefa nacional de protección y asistencia a víctimas del proceso penal de la Fiscalía General del Estado.

Otro candidato es el ex juez nacional penal Walter Macías. 

En 2023, Macías investigó a dos vocales del Consejo de la Judicatura por presunto delito de tráfico de influencias y fue destituido por este mismo organismo por presuntamente difundir información reservada de un expediente judicial. 

La Fiscalía dijo que la destitución de Macías “atenta contra la seguridad jurídica del país” y calificó de represalias de la Judicatura. 

Macías fue restituido tras presentar una acción de protección. Algunos casos relevantes que manejo fueron Sobornos, Sinohydro —investiga a funcionarios del correísmo por cohecho en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair— y Las Torres —investigaba presunta delincuencia organizada y entre los implicados estaba Pablo Celi, ex contralor general del Estado.

Para el concurso también postuló la jueza Karol Zambrano, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. 

Esa unidad lleva el caso Blanqueo Fito —el líder de Los Choneros utilizaba a su familia para el lavado de activos. Este caso empezó porque la familia de Fito y él usaban una red de empresas fachadas para lavar dinero. El caso está en audiencia preparatoria de juicio.