¿Por qué 2026 es clave para la elección de autoridades?

Que el Estado se quede sin autoridades no solo evidencia el pobre desempeño del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo encargado de nombrarlas. Destapa un riesgo mayor: que las funciones del Estado pierdan su independencia. Y en Ecuador, eso ya está pasando. 

Hay tres concursos que el CPCCS mantiene congelados y que ya debieron terminar: la renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), la de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y la elección del Defensor del Pueblo. 

A estos procesos se suman la elección del nuevo Fiscal General 2026, que avanza en medio de tropiezos, y la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, tras la censura y destitución de Mario Godoy, acusado de presionar a jueces y de incumplir funciones.

Mientras unos procesos siguen en la refrigeradora del CPCCS y otros avanzan con lentitud, varias autoridades se mantienen prorrogadas en cargos que ya debieron dejar. Y, peor aún, en la Fiscalía y en la Judicatura hay autoridades al frente, designadas de forma temporal.

“Esto hace que no haya independencia dentro de las funciones del Estado”, dice Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) —organización que defiende los derechos ciudadanos.

Pero los retrasos en los concursos y procesos de selección no son exclusivos del 2026. Aunque es un año clave para la renovación de autoridades, porque podría redefinir el rumbo político del país a largo plazo, las demoras se arrastran al menos desde 2021, bajo el anterior CPCCS.

Con el actual Consejo el panorama no ha cambiado. La institución sigue envuelta en cuestionamientos por, supuestamente, no actuar con independencia. 

Espinel identifica dos razones claras detrás de los retrasos constantes.

La primera es el cálculo político y la propia inestabilidad del CPCCS. Según Espinel, el organismo —cuyos consejeros deberían ser apartidistas— ha tendido a alinearse con el poder de turno. No es un fenómeno nuevo: en distintos períodos, los vocales han sido señalados por actuar en sintonía con el gobierno de ese momento. Esto vuelve sospechosos los procesos de designación y alimenta las dudas sobre su legitimidad y transparencia.

La segunda, según Espinel, es la excusa del CPCCS de la falta de recursos. En concursos como el de Fiscal General 2026, explica, se requiere conformar una Comisión Ciudadana de Selección integrada por diez personas —cinco representantes de la ciudadanía y cinco delegados de las funciones del Estado. Los cinco deben recibir pagos por su trabajo.

Según Espinel, si realmente faltan recursos para hacer los concursos, habría dos posibles explicaciones: que el CPCCS no haya previsto estos gastos en su planificación presupuestaria o que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, no haya asignado los fondos necesarios. 

El resultado, advierte el experto, es un embudo en el Consejo que termina pasándole factura a la independencia del Estado.

Para Alfredo Espinosa, analista político y experto en temas electorales, el problema no se limita a los retrasos. Ve algo más profundo: una estrategia política para mantener a ciertas autoridades en esos cargos de cara a escenarios, como las elecciones seccionales 2027, cuando los ecuatorianos deberán elegir alcaldes, prefectos y más. 

El rol del CPCCS y sus intereses en la designación de autoridades 

El CPCCS es clave en la configuración del futuro institucional de Ecuador. 

Está conformado por siete consejeros elegidos por voto popular. Todos integran el pleno, que para tomar decisiones necesita una mayoría: al menos cuatro votos. Su composición —política en la práctica— influye directamente en la selección de autoridades clave, dice la analista política Pamela León.

Hasta enero de 2025, el CPCCS tenía una mayoría afín al correísmo: Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz. 

Ese mes, el Tribunal Contencioso Electoral destituyó a los consejeros Verduga, Saltos y Franco Loor por haber hecho campaña en las elecciones de 2023 junto al ex presidente del Ecuador, Rafael Correa, —cuando es prohibido tener lazos con organizaciones políticas. Los conocían como la Liga Azul por el color de ropa que usaron en campaña, el mismo de la Revolución Ciudadana. 

A partir de entonces, las decisiones del CPCCS se inclinaron hacia el gobierno de Noboa con Andrés Fantoni a la cabeza. Una de las decisiones más polémicas de este Consejo fue la designación de Mario Godoy como presidente de la Judicatura, pese a que tenía cinco impugnaciones y era el candidato más objetado del proceso.

En enero de 2026, Godoy fue llevado a juicio político en la Asamblea por supuestamente incumplir funciones y por presionar a jueces en sus fallos. Un mes después, fue destituido. 

Luis Molina, asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, intentó impulsar tres juicios políticos contra Fantoni y los demás consejeros que apoyaron la designación. Sin embargo, los tres pedidos fueron archivados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con la mayoría de Acción Democrática Nacional (ADN) —el movimiento político de Noboa. 

Estos archivos se dieron en medio de cuestionamientos por la supuesta cercanía de Fantoni con el gobierno. Las dudas crecieron el 7 de febrero, cuando Fantoni apareció en el mismo palco que Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, durante el partido entre Barcelona e Inter Miami, en el que jugó el argentino Lionel Messi.

El asambleísta Molina le dijo a GK que presentará un cuarto pedido de juicio político contra los vocales del CPCCS Andrés Fantoni, David Rosero, Piedad Cuarán, Jazmin Enriquez, Johanna Verdezoto y Roberto Gilberto por presuntas irregularidades en la designación de Godoy.

Molina dice que la bancada de ADN estaría intentando blindar al CPCCS en un momento clave, porque “quieren poner a un fiscal general a dedo” y porque “tienen interés en poner ellos a los vocales del CNE”.

El primer concurso clave: la renovación del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) organiza y supervisa los procesos electorales, regula partidos políticos y promueve la participación ciudadana. Además, garantiza la transparencia y resuelve controversias relacionadas con las elecciones.

Los cinco vocales actuales del Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizaron su período en noviembre de 2024, pero siguen en funciones porque no se ha completado el concurso para reemplazarlos, que empezó en 2021.

Actualmente, el pleno del CNE está integrado por:

• Diana Atamaint
• Enrique Pita
• Esthela Acero
• Elena Nájera
• José Cabrera

Diana Atamaint, presidenta del CNE ocupa el cargo desde noviembre de 2018. Hasta febrero de 2026 ya tiene 7 años y 3 meses. En ese tiempo, ha dirigido las elecciones presidenciales que llevaron al poder a Guillermo Lasso en 2021 y las dos de Daniel Noboa en 2023 y 2025. 

El proceso de renovación ha avanzado lentamente por trabas, como la que ocurrió en septiembre de 2025, cuando la jueza María Guamangate suspendió provisionalmente el concurso tras una acción de protección presentada por el ciudadano Ramiro José Garzón, quien dijo que no había claridad y transparencia en el concurso. 

La suspensión se levantó un mes después, en octubre de 2025, luego de que la jueza aceptara el desistimiento de Garzón, quien dijo que por razones personales decidió no continuar con la acción. 

Hasta 2026 está conformada la comisión ciudadana de selección —que organiza el concurso. El siguiente paso del proceso será la fase de oposición, según el CPCCS. En esta fase se evalúan a los postulantes.

El analista electoral Alfredo Espinosa dice que el CPCCS lleva cinco años intentando completar el concurso. Uno de los argumentos para ralentizar la renovación ha sido que el CNE está cumpliendo procesos electorales —elecciones, consultas populares. 

Sin embargo, la Procuraduría General concluyó, en un oficio del 11 de marzo de 2024, que el CPCCS debía continuar con la designación de autoridades electorales, incluso si la Función Electoral está en período de elecciones. 

Pero el concurso sigue estancado. Según Espinosa, habría dos razones por las que el gobierno buscaría mantener a los mismos vocales en el cargo: caso Caja Chica y revocatoria de mandato. 

• Caso Caja Chica 

La madrugada del 28 de enero de 2026, la Fiscalía y la Policía allanaron la casa de Luisa González, ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, dentro de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos denominada Caja Chica. 

La Fiscalía sospecha que dinero ilícito en efectivo habría ingresado desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023 de ese movimiento. Espinosa advierte que, de cara a las elecciones seccionales de 2027, el escenario podría tensarse más. 

¿Por qué? 

Según el artículo 374 del Código de la Democracia, el TCE podrá suspender a una organización política si la Fiscalía General lo pide mientras la investiga por el delito de lavado de activos. En ese caso, el CNE tendría que anular su registro electoral y la Revolución Ciudadana, el principal movimiento opositor de ADN, no podría participar. 

• Revocatoria de Noboa

En paralelo, el rol del CNE también será clave en otro frente político. El 9 de febrero de 2026, Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari, anunció que el movimiento indígena impulsará una revocatoria del mandato contra el presidente Noboa.

La revocatoria es un mecanismo constitucional que permite destituir a una autoridad elegida por voto popular antes de que termine su período. Pero su viabilidad —advierte Espinosa— dependerá en buena medida del propio CNE, que debe calificar y organizar el eventual proceso.

Renovación parcial del TCE

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resuelve controversias y reclamos relacionados con procesos electorales, garantizando la legalidad y justicia. Además, debería supervisar el cumplimiento de la normativa electoral por parte de organizaciones políticas y protege los derechos políticos de los ciudadanos.

El TCE requiere una renovación parcial desde 2022. 

Esta institución se renueva parcialmente cada tres años: dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda, y así sucesivamente. Existen cinco miembros suplentes que se renuevan de igual forma que los principales.

El proceso tiene avances limitados. Ya se conformó la veeduría —integrada por 55 ciudadanos encargados de vigilar la transparencia del concurso—, pero el proceso se congeló en la conformación de la comisión ciudadana de selección. Y no hay fecha para que el proceso continúe. 

Actualmente, los jueces electorales son:

• Ivonne Coloma
• Ángel Eduardo Torres
• Joaquín Viteri
• Guillermo Ortega
• Patricio Maldonado

La Procuraduría General del Estado ratificó que los jueces del TCE deben permanecer en funciones hasta que el CPCCS concluya el proceso de renovación parcial.

Para el analista Marcelo Espinel, el TCE es “la mayor herramienta para deshacerse de los adversarios políticos” en el gobierno de Noboa. Por ejemplo, para las elecciones presidenciales de 2025, este organismo inhabilitó la candidatura presidencial de Jan Topic —uno de los adversarios del presidente Daniel Noboa. 

El TCE concluyó que Topic tenía una prohibición vinculada a contratos con el Estado.

Otro ejemplo es la suspensión de los derechos políticos de la entonces vicepresidenta Verónica Abad, con quien Daniel Noboa mantuvo una pugna casi desde el inicio de su mandato, en noviembre de 2023. La sanción se dictó tras una denuncia por violencia política de género presentada en 2024 por la canciller Gabriela Sommerfeld.

El analista Alfredo Espinosa sostiene que el tribunal ha tendido a alinearse con el gobierno de turno, lo que —a su juicio— evidencia una institución supeditada al poder político del momento.

Un eterno Defensor del Pueblo

La Defensoría del Pueblo promueve y protege los derechos humanos, investigando denuncias de violaciones y brindando asesoría legal a los ciudadanos. Además, hace campañas de concienciación y supervisa el cumplimiento de políticas públicas relacionadas con derechos humanos.

Este organismo está a la espera de la designación de su titular desde 2022. Freddy Carrión fue el último designado, pero fue destituido por la Asamblea Nacional tras un juicio político en 2021 por mal uso de bienes públicos e incumplimiento del estado de excepción en la pandemia.

Meses después fue sentenciado por abuso sexual a tres años de cárcel. 

Desde entonces, César Córdova asumió de manera provisional. Lleva 5 años en un cargo que debía ser provisional.

El concurso actual, que comenzó en mayo de 2022 con la expedición de un reglamento, enfrentó un largo y complicado proceso para conformar la comisión ciudadana de selección. 

Durante agosto de 2022 hubo la convocatoria para que ciudadanos pudieran conformar la comisión. Luego, en diciembre de ese año, se amplió el plazo. Hubo en total 73 postulantes. 

Pero el 18 de septiembre de 2024, el CPCCS resolvió reordenar el proceso para designar al Defensor del Pueblo, tras acoger un informe jurídico que decía que había problemas en la conducción del concurso. 

Como parte de ese ajuste, el CPCCS derogó la resolución que había ampliado el plazo para recibir nuevas postulaciones a la comisión ciudadana de selección.

Dos años después, en febrero de 2026, todavía no hay comisión de selección. 

El futuro de la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado se encarga de investigar y perseguir delitos, así como de garantizar el cumplimiento de la ley y la justicia. Además, protege los derechos de las víctimas y promueve la legalidad en el país.

Ecuador debía tener un nuevo fiscal general desde el 8 de abril de 2025. Pero el concurso que lleva el CPCCS sigue retrasado en medio de polémicas, cambios de reglas y tensiones políticas.

Cuando terminó el período de Diana Salazar, ella se prorrogó en funciones mientras pedía al CPCCS que acelerara el proceso. Poco después renunció. Su reemplazo, el fiscal subrogante Wilson Toainga, también dejó el cargo en noviembre de 2025.

Desde entonces, el fiscal general subrogante es Carlos Alarcón, designado por el Consejo de la Judicatura— ante la falta de un nombramiento definitivo.

Para Espinel, el origen de Alarcón en el cargo es cuestionable y podría comprometer la independencia de la institución. ¿Por qué? Porque ha sido fiscal en casos contra adversarios políticos de Noboa.

Antes de asumir la Fiscalía, fue fiscal en el caso Triple A —que investiga la presunta comercialización ilegal de combustible contra Aquiles Álvarez, con quien Noboa ha mantenido una relación tensa. También intervino en el caso Nene, en el que fue sentenciado el hijo de la entonces vicepresidenta Verónica Abad, Sebastián Barreiro, por ofrecer cargos en la Vicepresidencia.

La Fiscalía es un órgano autónomo que investiga delitos y protege derechos, y cuya conducción tiene impacto directo en casos de alto perfil. En los últimos años, además, ha estado en el centro de investigaciones de gran connotación —como Metástasis, Purga, Plaga y Pantalla— que han involucrado a actores del sistema de justicia.

El nuevo fiscal debe ser elegido mediante un concurso público de méritos y oposición con veeduría ciudadana e impugnación. 

Pero el camino ha estado marcado por controversias. Uno de los primeros focos de debate fue el reglamento del concurso. El primer borrador, presentado en agosto de 2024 por el entonces consejero del CPCCS Augusto Verduga, fue criticado por juristas que lo consideraron demasiado flexible y que —según advirtieron— podía abrir la puerta a postulantes con antecedentes cuestionables o vínculos con el crimen organizado.

Tras esas críticas, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, impulsó un nuevo reglamento aprobado en septiembre de 2024. Sin embargo, el texto también generó discusión, especialmente por la regla que prohíbe postular a abogados que hayan defendido a acusados de crimen organizado en los últimos diez años.

Hasta 2026, ya se conformó una veeduría ciudadana para que vigile el proceso con 626 veedores acreditados, y también está conformada la comisión ciudadana de selección, que tendrá que concluir con el concurso hasta julio de 2026, según el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni. 

Judicatura: una designación polémica (y fallida)  

Este proceso ya ocurrió en 2025 pero deberá repetirse en 2026 porque su presidente fue destituido.

El proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura no se hace mediante concurso de méritos y oposición, sino a través de ternas enviadas por cinco funciones del Estado: la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General, la Defensoría Pública, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.

El vocal que proviene de la terna de la Corte Nacional es quien preside la Judicatura.

En septiembre de 2025, el CPCCS designó a los cinco vocales principales y sus suplentes. El pleno quedó integrado por Mario Godoy (delegado de la Corte Nacional), Magaly Ruiz (Fiscalía General), Alfredo Cuadros (Defensoría Pública), Damián Larco (Ejecutivo) y Fabián Fabara (Asamblea Nacional).

Pero apenas cinco meses después, la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Godoy por incumplimiento de funciones y por presuntas presiones a jueces.

Entre las acusaciones estuvo la de intentar influir en decisiones judiciales, como en el caso de la entonces vicepresidenta Verónica Abad. En ese proceso, la jueza Nubia Vera declaró ante la Asamblea que Godoy y otros funcionarios la habrían presionado para que dictara una sentencia en contra de Abad. 

Otro señalamiento se relaciona con el caso de lavado de activos Euro 2024. Según la denuncia, un alto funcionario de la Judicatura —Henry Gaibor, entonces director provincial de Pichincha y cercano a Godoy— presionó al juez Carlos Serrano Lucero para modificar una decisión en ese proceso, en el que está procesado el ciudadano serbio Jezdimir Srdan.

A esto se sumó un posible conflicto de interés: la abogada María Dolores Vintimilla, esposa de Godoy, había sido defensora de Srdan, lo que para los interpelantes del juicio político comprometía la imparcialidad institucional.

Tras la censura de Godoy, quien debía asumir la presidencia era Alexandra Villacís, su suplente designada por el CPCCS. Sin embargo, Villacís fue inhabilitada justo cuando debía reemplazarlo —antes incluso de que se concretara la censura legislativa. 

Según la Judicatura, mantenía una deuda con el SRI que le impedía ejercer el cargo. Ella lo negó públicamente y aseguró que no tenía obligaciones pendientes.

Mientras Villacís recién conocía de su impedimento el 9 de febrero de 2026, el pleno de la Judicatura la suspendió y, la madrugada del 10 de febrero, se autoconvocó para evitar que la institución quedara sin presidente. En esa sesión extraordinaria, los vocales designaron a Damián Larco como presidente temporal.

En paralelo, el director general de la Judicatura, Jorge Maruri, pidió al CPCCS que empezara el proceso para elegir un nuevo vocal suplente. El 12 de febrero de 2026, el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, envió la terna con tres nombres: Mercedes Caicedo, Óscar Chamorro y María Fernanda Morejón. 

Ahora el CPCCS deberá revisar sus perfiles y escoger al reemplazo. 

Mientras tanto, Damián Larco presidirá la Judicatura. Su designación ha sido cuestionada por la cercanía con el presidente Noboa.