Hoy fue posesionado César Córdova como nuevo defensor del Pueblo encargado. “Soy, en efecto, un defensor de los Derechos Humanos, modesto, y en cada espacio en el cual me he desempeñado tanto en mi ámbito público como privado, sin necesidad de publicidad he abogado por la justicia”, dijo César Marcel Córdova Valverde en el acto de posesión realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la mañana de este 20 de septiembre del 2021. 

Su designación ha estado marcada por una serie de cuestionamientos debido a su falta de experiencia en la defensa de los derechos humanos.

Fue Sofía Almeida, presidenta del Cpccs, quien realizó el acto de encargo, acompañada por David Rosero, vicepresidente del organismo, y los consejeros Juan Dávalos e Ibeth Estupiñán. Loa cuatro funcionarios fueron votaron a favor de la designación en una improvisada sesión, que se desarrolló la noche del 18 de septiembre. Los otros consejeros, Francisco Lorenzo Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa, se abstuvieron. 

Frente a las críticas a su designación, Córdova, un abogado especializado en derecho aduanero, citó una frase del Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Toda persona que de cualquier forma promueva o procure la realización de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, reconocidos a nivel nacional e internacional, debe ser considerada como defensor de los derechos”, leyó, para luego proclamarse como defensor.

Mientras Córdova era posesionado, la exdefensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira, informó durante una rueda de prensa que ella y su equipo renunciaron a sus cargos. “Creo personalmente y con mi equipo que en la designación que realizó el Cpccs carece totalmente de bases constitucionales y legales”, cuestionó. 

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Durante su intervención, Córdova dijo que no buscó el cargo, sino que lo aceptó “con el único objetivo de devolver el orden dentro del caos, la unidad y la credibilidad en una importante institución que por esta crisis debe volver a ponerse al servicio de los ciudadanos”. Además, instó a los consejeros del Cpccs a aunar esfuerzos para la organización del concurso público de oposición de méritos y oposición para la designación de la persona que liderará a la Defensoría del Pueblo por los próximos cinco años.

Córdova, además, anunció que la abogada Gabriela Bermeo será la vicedefensora del Pueblo. “Es muy dura la tarea, sin lugar a duda, pero con su calidad moral, técnica, y, sobre todo, tus conocimientos serán parte de este equipo y conjuntamente podremos sacar adelante a esta institución que debe velar por los derechos humanos en el país”, aseguró. Diversas organizaciones sociales, que centran su labor en la defensa de los derechos, impulsaron la candidatura de Bermeo a la Defensoría, incluso presentaron una carta abierta al Cpccs y una campaña de recolección de firmas en la plataforma Change.org para lograrlo. 

El defensor del Pueblo encargado no anunció la hoja de ruta que marcará su gestión. Pero sí hizo un llamado a diversos sectores sociales. “Maestros, maestras, estudiantes, trabajadores, dirigentes barriales, comerciantes autónomos, con ustedes construiremos desde ahora la agenda pública en todas las provincias del Ecuador para tener una participación transparente dentro de los derechos humanos”. Asimismo, se comprometió a armar mesas de trabajo después de una reunión que, según él, se desarrollaría hoy. “Esta es la casa de las organizaciones sociales”, señaló. 

Los cuestionamientos no terminan: defensores interpusieron acción de protección contra el Cpccs

Cuando el Cpccs anunció que César Córdova sería el nuevo defensor del Pueblo encargado, las críticas a su designación se difundieron en redes sociales. En cuestión de minutos, circuló un perfil profesional que reposa en la página web de Corval, un estudio jurídico donde el jurista se desempeña como asesor y que ratifica que su recorrido laboral y académico se direcciona hacia el derecho penal, tributario y aduanero. 

La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en su artículo 11, establece dos requisitos para la elección de defensor o defensora: acreditar una amplia trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos y cumplir con los parámetros de las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esos mismos parámetros constan en el artículo 216 de la Constitución. Pero para María Gabriela Alvear, defensora de derechos, y Jorge Rolando Pozo, representante de la Asociación Nacional de Personas Trabajadoras y Servidoras Públicas de Derechos Humanos (Asopetras) de la institución, César Córdova no cumple con el principal parámetro para asumir el liderazgo de la Defensoría: un camino forjado en la defensa de derechos lo que, según ellos, se configuraría como una violación a los derechos constitucionales.

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La Ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 271, establece, además, que la persona que asuma un puesto directivo encargado debe asumir las competencias y responsabilidades del cargo. Por eso, ambos interpusieron una acción de protección contra Sofía Almeida, titular del Cpccs.  

En el documento, Alvear y Pozo afirman que “pese a que el candidato no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, el CPCCS lo designó como encargado de la institución, violando de esta manera el derecho constitucional de participación de quienes sí cumplen con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo”. Entre ellos, indican, están defensores y defensoras de derechos humanos “pertenecientes a colectivos sociales y las y los servidores de la Defensoría del Pueblo”.

Con base en ese argumento, solicitaron medidas cautelares con un objetivo: evitar que en la designación “se vulneren el derecho de participación de las personas defensoras de derechos humanos de los colectivos sociales y de las personas servidoras de la Defensoría”, dice el texto escrito del recurso legal. 

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Este es el segundo encargo que se hace en los últimos años. En mayo de 2018,  el Cpccs transitorio encargó la Defensoría a Gina Benavides, una mujer con más de 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos en organizaciones sociales y desde la academia. Su gestión fue respaldada por varios sectores, incluyendo por las familias de personas desaparecidas, pues fue Benavides una de las funcionarias que apoyó abiertamente la Ley Orgánica de Actuación en casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas hasta que fue aprobada en diciembre de 2019. 

Córdova, en cambio, no tiene una experiencia relevante en materia de Derechos Humanos. Es abogado en libre ejercicio, fue director de la empresa pública de telefonía PACIFICTEL, que antecedió a la actual Corporación Nacional de Comunicaciones, y ha asumido cargos de poder en el sector aduanero, incluso cumplió funciones como agente de aduanas la Dirección Nacional del Servicio de Aduanas.