El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó la noche del 31 de enero de 2025 a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y la suplente Vielka Párraga, por haber hecho campaña política para las elecciones de 2023 con el ex presidente Rafael Correa, pese a que la ley electoral prohíbe a los candidatos al CPCCS recibir el apoyo de algún partido o movimiento político. A los cuatro consejeros sentenciados se los conocía como la Liga Azul —precisamente, por el color que usaron en su campaña, el mismo de la Revolución Ciudadana, el movimiento del correísmo.
Con cuatro —de cinco— votos, los jueces del TCE ratificaron la sentencia que ya se había emitido en primera instancia, en la que se encontró que los cuatro consejeros habían cometido una grave infracción electoral.
Además de ser destituidos, Verduga, Saltos, Franco Loor y Párraga no podrán ocupar un cargo público durante cuatro años y deberán pagar una multa de 31.500 dólares cada uno.
Así cometieron la infracción electoral
En enero de 2023, empezó la campaña para elegir a los siete consejeros del CPCCS, la polémica institución que designa y selecciona las más importantes autoridades del país y que no debería obedecer a ningún movimiento o partido político.
Sin embargo, hubo siete postulantes que conformaron la denominada Liga azul, llamada así porque usaron el color de la Revolución Ciudadana para salir en fotografías y videos.
Con camisas azules, sonriendo y bailando, los siete aparecieron en un video junto a Correa, quien también usaba una camisa y chaqueta del mismo color. El ex presidente decía: “No lo olvides, para recuperar la patria y con ello el orden constitucional y la democracia misma, tenemos que elegir un buen Consejo”. Además, en el video —que se difundió en las redes sociales—, Correa pedía los votos para los postulantes.
En las urnas, Alembert Vera, Augusto Verduga y Yadira Saltos consiguieron principalizarse en el CPCCS en mayo de 2023. Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga quedaron como suplentes.
En junio de 2023, Juan Esteban Guarderas, quien también había sido candidato al CPCCS y quedó como suplente, denunció a Alembert Vera —que entonces presidía el Consejo— por haber hecho proselitismo político con los correístas. En mayo de 2024, el Tribunal Contencioso Electoral lo multó con 22 mil dólares y suspendió sus derechos políticos por cuatro años —para entonces, la Corte Constitucional ya lo había destituido por desacatar un dictamen.
La sanción impuesta por el TCE sirvió como precedente para que, en junio de 2024, los ciudadanos Pamela Troya, Santiago Becdach y Mónica Jaramillo denunciaran por la misma razón a los demás consejeros de la Liga Azul, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga.
El 3 de septiembre de 2024, el TCE aceptó la acción y destituyó en primera instancia a los cuatro consejeros. Sin embargo, apelaron la decisión de los jueces: argumentaron que las redes sociales no son parte de la promoción electoral y que la denuncia era temeraria y maliciosa.
Además, Verduga recusó a la conjueza del TCE Ana Abril, a quien señaló de haber incumplido los procesos para llegar al TCE, pero la recusación no fue aceptada.
Durante la sesión del 31 de enero de 2025, el juez ponente Guillermo Ortega negó los recursos de apelación de los cuatro consejeros y el TCE ratificó la sentencia en una segunda y definitiva instancia. La Liga Azul quedó fuera del CPCCS y sus puestos serán reemplazados por los vocales suplentes, quienes deberán ser posesionados por la Asamblea Nacional.
Mónica Jaramillo, directora del Observatorio de Control Ciudadana y quien impusló la denuncia, dijo a GK que “este es un precedente logrado desde la ciudadanía. Hay que celebrar en virtud de que estamos trabajando por el fortalecimiento de la democracia y el respeto al Estado de derecho”. Dijo, además, que con esta sentencia “se ha hecho historia con el fin de que no se politice el CPCCS”.
Una semana antes de que los destituyeran, los entonces consejeros de la Liga Azul fueron cuestionados por sus actuaciones.
Las cuestionadas decisiones de la Liga Azul en el CPCCS
La advertencia la hizo Juan Esteban Guarderas mientras se fraguaba su juicio político en la Asamblea Nacional. El entonces consejero dijo que si lo expulsaban del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se conformaría una nueva mayoría. “No le hagamos el juego al correísmo (…) que quiere que las instituciones de control respondan a unos intereses oscuros”, dijo el 26 de diciembre de 2024, un día antes de que las bancadas de la Revolución Ciudadana, Construye y el Partido Social Cristiano lo destituyeran. La predicción de Guarderas no tardó en concretarse.
Veintisiete días después, el 22 de enero de 2025, la nueva mayoría del CPCCS, conformada por Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, demostró su primera prueba de poder. Con la llegada de Franco Loor, que reemplazó a Guarderas y es ex abogado de Jorge Glas —ex vicepresidente sentenciado por corrupción—, se consolidó lo que los correístas habían anhelado: la Liga Azul. En enero de 2023, durante la campaña electoral, Verduga, Saltos y Franco Loor aparecieron en propagandas junto al ex presidente Rafael Correa, a pesar de que la ley electoral prohíbe que los candidatos a consejeros tengan el apoyo de un partido político. Por el color de la Revolución Ciudadana, los tres fueron denominados como la Liga Azul, aunque les duró poco.
A ellos se sumó la consejera Nicole Bonifaz, el voto que necesitaban para ser la mayoría (cuatro de los siete consejeros que conforman el Pleno).
Esta mayoría se dio en un año en el que el CPCCS designará autoridades que podrían redefinir el rumbo del país: fiscal general, vocales de la Judicatura y del Consejo Nacional Electoral, jueces del Tribunal Contencioso Electoral y defensor del Pueblo.
Estas son las cuestionadas decisiones de la nueva mayoría del CPCCS, más conocida como Liga Azul.
Decisión 1: El cambio de vicepresidenta sin explicación
Cuando alguno de los siete vocales del CPCCS pide que una sesión se declare permanente es porque algo que no está en el orden del día va a ocurrir. El 22 de enero de 2025, el entonces consejero Augusto Verduga lo hizo. Y, enseguida, la consejera Nicole Bonifaz presentó una moción para remover del cargo de vicepresidenta del Consejo, Johanna Verdezoto.
Con los cuatro votos de la nueva mayoría, la reemplazó Yadira Saltos, parte de la Liga Azul, que fue funcionaria pública en el gobierno de Rafael Correa. “Es una moción histórica debidamente sustentada en la Constitución (…) que responde a las necesidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, dijo Franco Loor tras votar. Sin embargo, la Liga Azul no explicó cuáles eran las necesidades del CPCCS para remover del cargo a Verdezoto. Parecía más una decisión política.
Tras la remoción, Verdezoto reaccionó hablando en tercera persona: “Solo decir que Johanna Verdezoto tiene el orgullo de haber llegado al CPCCS por el pueblo, mas no con auspicio de algún partido político”, dijo con una punzada de sarcasmo a sus cuatro compañeros de la Liga Azul.
Ese día, en la cuenta oficial de X del Consejo, se publicó una fotografía de los integrantes de la nueva mayoría de ese entonces —los mismo que posaron año y medio antes con Correa para afiches y vallas, excepto Nicole Bonifaz.
La nueva vicepresidenta del #CPCCS @SaltosYadiraEc se posesionó en el cargo este 22 de enero de 2025. pic.twitter.com/jOLIqs7fmD
— Participa Ecuador (@CpccsEc) January 22, 2025
Tener la mayoría en el Pleno del CPCCS les permitía aprobar mociones y designaciones de autoridades con agilidad, rompiendo el equilibrio de una institución que debería ser apartidista y sin que los demás consejeros puedan frenar sus decisiones.
Decisión 2: Devolvieron la terna del Consejo de la Judicatura
El 17 de enero de 2025, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), presidida por José Suing, envió al CPCCS la terna para designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, como lo establece el artículo 179 de la Constitución. La terna estaba integrada por Marco Rodríguez Ruiz, juez de la Corte Nacional, Alexandra Villacís Parada, docente universitaria, y el abogado Edison Toro Calderón.
Durante la sesión del 22 de enero de 2025, la entonces consejera Yadira Saltos presentó una moción para que el CPCCS devolviera la terna a la Corte Nacional porque, dijo, había información incompleta. Además, dijo que faltaban los expedientes de cada uno de los integrantes, como lo establece el Reglamento para la designación y selección de los vocales de ese organismo.
Con el voto de la nueva mayoría, se aprobó regresar la terna a la Corte.
El Consejo de la Judicatura es el administrador del poder judicial del país. Actualmente, su presidente es Mario Godoy. La Fiscalía comenzó una investigación previa contra él, luego de que la jueza Nubia Vera lo denunciara por amenazas y presiones para fallar contra la acción de protección de la vicepresidenta Verónica Abad.
Su período terminó el 29 de enero de 2025 y debía ser reemplazado por una nueva autoridad. Pero con la devolución de la terna, la nueva mayoría ha prorrogado las funciones de Godoy, quien ocupó cargos públicos en el gobierno de Correa y fue designado como presidente temporal de la Judicatura, en junio de 2024 con los votos de la Liga Azul.
Decisión 3: La polémica designación del superintendente de Bancos
En la misma sesión, el entonces consejero Augusto Verduga presentó una moción para ratificar la designación de Raúl González Carrión como superintendente de Bancos para el período 2022-2026, a pesar de que ya había un nuevo superintendente desde el 4 de diciembre de 2024, que ya había sido designado mediante un proceso de selección: Roberto Romero Von Buchwald.
La nueva mayoría correísta aprovechó para impulsar esta decisión clave, que refleja su agenda política y su consolidación de poder dentro del CPCCS. Aunque González fue parte de una terna enviada por el entonces presidente Guillermo Lasso, fue señalado de tener vínculos con el correísmo.
La Superintendencia de Bancos juega un papel crucial en el sistema financiero del Ecuador, y su liderazgo debería basarse en criterios de transparencia y competencia.
Raúl González había sido designado como superintendente de Bancos en julio de 2022. Como parte del proceso, el candidato superó la etapa de impugnación ciudadana y respondió las preguntas de los consejeros sobre su plan de trabajo. Pero en ese mismo mes, la ciudadana Michelle Guerra presentó una acción de protección contra el CPCCS por vulneración de derechos y pidió que se dejara sin efecto el nombramiento de González.
El 1 de agosto de 2022, la jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, aceptó el recurso de Guerra y declaró la nulidad de la designación. González apeló y solicitó medidas cautelares.
El proceso de designación y selección fue suspendido por la acción judicial. Pero el juez Jhon Rodríguez Mindiola aceptó las medidas cautelares de González y ordenó su posesión. El 11 de agosto de 2022, Raúl González fue posesionado como superintendente de Bancos en la Asamblea Nacional, con 70 votos de las bancadas de Unión por la Esperanza —parte de una coalición con la Revolución Ciudadana—, Pachakutik y el Partido Social Cristiano. Luego el juez Rodríguez revocó su decisión, y la designación de González no se concretó.
El entonces presidente Guillermo Lasso envió una nueva terna, mientras Antonieta Guadalupe Cabezas ocupaba el cargo como superintendenta subrogante —que sigue hasta enero de 2025. Con esa terna, el CPCCS empezó un nuevo proceso de selección. El 3 de diciembre de 2022, el CPCCS designó a Roberto Romero von Buchwald como superintendente de Bancos. Sin embargo, debido a pugnas políticas tampoco se concretó su posesión en la Asamblea.
Mientras tanto, el 20 de diciembre de 2022, la Corte Provincial del Guayas negó el recurso de apelación de Raúl González. Pero él insistió: el 27 de enero de 2023 presentó una acción extraordinaria de protección contra las sentencias de la Corte Provincial y de la Unidad Judicial de Samborondón.
En julio de 2024, el CPCCS ratificó la designación de Romero von Buchwald. Pero él envió una carta para oficializar su desestimiento. Pese a ello, el gobierno de Daniel Noboa lo volvió a incluir en la terna que envió al CPCCS en octubre de 2024 para el mismo cargo.
Finalmente, el 4 de diciembre de 2024, el CPCCS designó otra vez a Roberto Romero von Buchwald para los próximos cinco años. Un día después, la Corte Constitucional publicó una sentencia con la que dejó sin efecto las actuaciones de la Corte Provincial y la Unidad Judicial en el caso de Raúl González.
Por eso, Augusto Verduga, de la Liga Azul, consideró que el CPCCS debía designar a Raúl González —y que Romero debía asumir la superintendencia el 11 de agosto de 2027, una vez que González cumpla su período. En el Pleno, el consejero dijo: “Nosotros tenemos la obligación de acatar esa sentencia” y propuso devolverle el cargo. Lo consiguió con los cuatro votos de la nueva mayoría.
González pidió aclaración y ampliación a la sentencia de la Corte Constitucional, pero el recurso fue negado. La Corte dijo que “la sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos”.
Es decir, González no podía ser posesionado.
Por este enredo, Romero von Buchwald presentó una denuncia en la Fiscalía por el delito de usurpación de funciones e incumplimiento de la sentencia de la Corte contra los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, quien revocaron su cargo. Ahora, se exponen a la destitución en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la suspensión de derechos políticos.
Un día después de que la Liga Azul revocara la designación de Romero, el CPCCS publicó un comunicado diciendo que su canal de YouTube, donde estaba publicado el video de la polémica sesión, había sido presuntamente objeto de un ataque externo, por lo que —hasta ahora— no se encuentra disponible.
COMUNICADO
— Participa Ecuador (@CpccsEc) January 23, 2025
El CPCCS informa a la ciudadanía que su canal de YouTube ha sido, presuntamente, objeto de un ataque externo, por lo que no se encuentra disponible.
Sin embargo, el material audiovisual de la cuenta está debidamente respaldado.@AndresFantoniB @SaltosYadiraEc… pic.twitter.com/506gzTYU98
Tras la denuncia de Romero, el 24 de enero de 2025, la Fiscalía allanó el edificio donde funciona el CPCCS, en el centro de Quito, capital ecuatoriana. El caso se llama Ligados.
La Fiscalía confiscó 2 celulares, uno era de Verduga, quien en un video del canal Ecuavisa se observa forcejeando con la policía para que no le quitaran el teléfono. De pronto, la fiscal Mayra Soria le mete la mano al bolsillo del pantalón y se lo saca. “¡Ey, qué pasa!”, gritó el consejero.
La Fiscalía también se llevó dos computadoras portátiles, un disco duro y documentos que “estarían relacionados con los hechos investigados”.
#AHORA | #CasoLigados: #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador ejecutan un allanamiento al @CpccsEc por una investigación de presunta #UsurpaciónYSimulación de funciones públicas e incumplimiento de #DecisionesLegítimas de autoridad competente, por parte de los consejeros de dicha entidad. pic.twitter.com/NvBwhWLW6i
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 24, 2025
La consejera Yadira Saltos dijo en su cuenta de X: “¡Atención! La Fiscalía allana hoy la Casa Ciudadana CPCCS. Este acto demuestra que vivimos en un país donde impera la razón de la fuerza del poder, y no la fuerza de la razón”.
Mientras que Verduga, en un video de tres minutos, publicado en X, calificó el allanamiento como una “violenta incursión”, luego de que cuestionara al poder constituido más grande que tiene el Ecuador: la banca privada. También dijo que existe una “asociación” de la Fiscalía con el gobierno de Daniel Noboa, la Policía Nacional y “quién sabe” algunos funcionarios del Consejo.
La fiscalía más corrupta de la historia nos persigue para defender los intereses del poder constituido más grande del Ecuador: la banca privada.
— Augusto Verduga Sánchez 🐝 (@VerdugaAugusto) January 25, 2025
Aquí les cuento lo que ha sido este 24 de enero y les pido que no callemos, no más. pic.twitter.com/627se1UQp1
La reacción de los miembros de la Liga Azul refleja una lucha por el control de la narrativa en un momento crítico y en un intento por ‘limpiar la cara’ de un desgastado CPCCS.
El martes 28 de enero de 2025, la fiscal Mayra Soria del caso Ligados, pidió a la Corte Constitucional que, en el plazo de 12 horas, envíe la sentencia constitucional certificada que habrían incumplido los consejeros al restituir en su cargo a Raúl González.
La investigación continúa.
Decisión cuatro: Por el susto de la destitución, se echaron para atrás
En medio de críticas, y en su intento por esquivar una posible destitución, las consejeras Yadira Saltos y Nicole Bonifaz le pidieron al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, que convocara a una sesión extraordinaria, el 26 de enero de 2025, en la que pretendían revertir la designación de Raúl González como superintendente de Bancos.
El 27 de enero de 2025, Fantoni convocó a una sesión extraordinaria, para conocer el informe de la Coordinación General de Asesoría Jurídica del CPCCS que evidenciaba que la designación de González por parte de la Liga Azul y Bonifaz no tenía sustento legal y recomendaba su anulación.
Ese día, la nueva mayoría del CPCCS expuso otra de sus pruebas de poder. Bonifaz pidió que la sesión se declarara permanente y apeló la presidencia de Fantoni. Yadira Saltos, vicepresidenta del organismo, asumió la dirección de esa sesión.
Con el mando del Pleno, la Liga Azul y Nicole Bonifaz aprobaron una moción con la que declararon la “ineficacia jurídica” de la resolución con la que designaron a González. Es decir, se retractaron.
Horas más tarde, la presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, quien es de la bancada correísta Revolución Ciudadana, posesionó a Roberto Romero Von Buchwald como el nuevo superintendente de Bancos.
Luego del Pleno, Augusto Verduga pidió vacaciones desde el 28 de enero hasta el 12 de febrero de 2025. Según el registro migratorio, el 27 de enero el consejero salió del país por el paso fronterizo Rumichaca hacia Colombia. Actualmente, lo reemplaza el consejero suplente Gonzalo Albán, que no es afín al correísmo.
El CPCCS informa a la ciudadanía que el consejero Augusto Verduga se ha acogido a un periodo de vacaciones, que empieza hoy 28 de enero y se prolongará hasta el 12 de febrero de 2025. pic.twitter.com/nNjLOyiBjd
— Participa Ecuador (@CpccsEc) January 28, 2025
El origen de la Liga Azul
En las elecciones de 2023 hubo siete postulantes que buscaban llegar al CPCCS con el apoyo de la Revolución Ciudadana. Los llamaron la Liga Azul. Solo tres candidatos consiguieron los votos para principalizarse en el CPCCS.
En mayo de 2023 se posesionaron Yadira Saltos, Augusto Verduga y Alembert Vera, quien asumió la presidencia del organismo hasta el 6 de octubre de ese año, cuando la Corte Constitucional lo destituyó por en su intento de conformar una veeduría ciudadana destinada a diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas del cese de funciones y la designación de los jueces de la Corte Constitucional de parte del CPCCS Transitorio, que presidió Julio César Trujillo entre 2018 y 2019. En su lugar de Vera entró el vocal suplente Juan Esteban Guarderas.
Nicole Bonifaz, que era la vicepresidenta, asumió la presidencia desde el 10 de octubre de 2023. Durante los seis meses siguientes, Guarderas, Andrés Fantoni, la entonces consejera Mishelle Calvache y Johanna Verdezoto apoyaron su gestión. Pero el 3 de abril de 2024, los vocales le quitaron su respaldo a Bonifaz y la removieron del cargo en una polémica sesión. En medio de gritos, Bonifaz calificó la remoción como un “clarísimo golpe de estado institucional”.
A Bonifaz la sucedió Fantoni, actual presidente del CPCCS. Desde el 3 de abril, Bonifaz se convirtió en aliada de Verduga y Saltos, de la Liga Azul, pero no tenían los votos para constituirse como una mayoría —cuatro de siete.
Para conseguirlo, desde la Asamblea Nacional, la legisladora de la Revolución Ciudadana, Ana Herrera, impulsó el juicio político por incumplimiento de funciones contra Guarderas —cuyo suplente era Eduardo Franco Loor—, quien durante los 15 meses que estuvo en funciones cuestionó y se opuso a las decisiones de la Liga Azul.
Incluso, en ese lapso, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) multó con 22 mil dólares a Alembert Vera, y suspendió sus derechos políticos cuatro años por haber hecho campaña con Correa, tras una denuncia presentada por Guarderas el 6 de abril de 2023.
Esa sanción sirvió como precedente para que los ciudadanos Pamela Troya, Santiago Becdach y Mónica Jaramillo denunciaran a los consejeros Verduga, Saltos, Franco Loor —y a la suplente Vielka Párraga— por la misma razón. En septiembre de 2024, el TCE aceptó la querella en primera instancia, pero los vocales apelaron, lo que ha dilatado el proceso. Si el tribunal niega ese recurso, podrían ser destituidos definitivamente.
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