Alembert Vera fue el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) por casi cinco meses de 2023.
Vera fue destituido por la Corte Constitucional el 7 de octubre de ese año, después de que se creó una veeduría ciudadana para revisar las decisiones del CPCCS Transitorio, algo que no se podía hacer por un dictamen de la misma corte.
Antes de ser miembro del Consejo, Vera fue abogado del presidente Rafael Correa, en varios casos. Entre ellos, el cuestionado proceso judicial que Correa entabló contra el diario El Universo.
El caso terminó en una esclarecedora sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se condenó al Estado ecuatoriano por la vulneración de derechos a los principales directivos del medio, y su director de opinión.
El fallo, además, reforzó los criterios sobre libertad de prensa que rigen en la región.
Aquí te contamos más sobre quién es Alembert Vera.
En el CPCCS
Alembert Vera fue electo para el CPCCS en febrero de 2023. Quedó en segundo lugar, con el 8,17% de los votos. Fue posesionado en el cargo el 14 de mayo de 2023.
Un día después, en una decisión unánime de 6 de los 7 consejeros que estuvieron presentes en la sesión, Vera fue elegido como presidente del Consejo. En esa misma sesión, Nicole Bonifaz fue elegida como la vicepresidenta de la entidad.
En agosto de 2023, con Vera a la cabeza, el CPCCS intentó hacer una veeduría ciudadana para evaluar las acciones del CPCCS Transitorio, que fue presidido por Julio César Trujillo, y que incluyó la designación de los jueces de la Corte. Eso no es procedente, según el dictamen 2-19-IC/19 de la Corte Constitucional que blindó las decisiones del CPCCS.
La idea de la veeduría comenzó después de que en agosto de 2023 el juez multicompetente de Montecristi, Leivis Patricio Quimís, ordenó al Consejo que haga una veeduría para «diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional«.
El juez tomó la desición a raíz de un pedido de la ciudadana Betty Moreira Marcillo en el que solicitaba que se evalúen las acciones del CPCCS transitorio. Primero Moreira había hecho el pedido directamente al CPCCS, pero cuando el Consejo negó el pedido, Moreira pidió medidas cautelares. El juez Quimís se las concedió y ordenó al CPCCS que cree la veeduría.
El 30 de agosto de 2023, Alembert Vera hizo público su deseo de acatar la resolución judicial, para revisar lo que definió como las “atrocidades del Trujillato”.
Así que el Consejo hizo público el llamado para conformar la veeduría ciudadana que evalúe las acciones del CPCCS Transitorio. Ahí fue cuando las entidades reclamaron estas acciones que no se podían hacer por el dictamen de la Corte Constitucional que blindaba lo actuado por el Consejo de Trujillo.
Por disposición del juez Leiver Quimís, #ElConsejoDeLaGente inició el procedimiento para integrar la #Veeduría a las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la @CorteConstEcu del CPCCS Transitorio.
— Participa Ecuador (@CpccsEc) September 4, 2023
Te invitamos a ser parte de esta veeduría https://t.co/dskMrEO4ir pic.twitter.com/a0fHvHWYbF
La Corte Constitucional pidió información a la Fiscalía, al CPCCS y al juez Quimis para determinar si se está cumpliendo la sentencia constitucional del dictamen 2-19-IC/19. Con esto se abrió la posibilidad de que los miembros del CPCCS sean destituidos de su cargo.
Incluso dentro del mismo Consejo, no se podían llegar a consensos. Tres de los consejeros —incluyendo a Nicole Bonifaz, vicepresidenta del organismo— hicieron público su descontento por la decisión de Vera. En un comunicado, Bonifaz dijo que Vera no consultó a “los demás consejeros y consejeras elegidos democráticamente” antes de crear la veeduría.
El 5 de septiembre, a través de un oficio, Alembert Vera pidió a la Corte Constitucional que aclare la situación en lo jurídico. Es decir, que dicte jurisprudencia. Esto porque la veeduría responde a una sentencia judicial por una demanda que presentó una ciudadana.
Ese día. la Fiscalía —respondiendo al pedido de la Corte Constitucional— arrancó una investigación previa por supuesto prevaricato en contra del juez Patricio Leivis Quimís. La Corte también le pidió a la Fiscalía que revise las acciones y las omisiones que el CPCCS pudiese haber cometido al no prestar atención a esta sentencia.
El 13 de septiembre, la Corte Constitucional convocó a Alembert Vera, al resto de consejeros del CPCCS y al juez Quimís asistan a una audiencia telemática. El objetivo era verificar si se ha cumplido la sentencia que blindó lo actuado por el CPCCS transitorio y qué autoridad la incumplió.
La audiencia duró casi cuatro horas. Ahí, la fiscal general, Diana Salazar, pidió la destitución de Vera y de Sócrates Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto, también consejeros del CPCCS. Los cuatro estarían alineados con el correísmo. Salazar argumentó que los cuatro consejeros no habían respetado el dictamen constitucional de la Corte al permitir que se abra una veeduría.
La noche del 6 de octubre de 2023 la Corte Constitucional se reunió otra vez para decidir sobre el incumplimiento del dictamen 2-19-IC/19.
Al finalizar esa sesión resolvió destituir a Alembert Vera “en su calidad de consejero y presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”. La decisión, dice el dictamen de la Corte, tiene efecto inmediato desde su notificación.
🔵#BoletínCC | En sesión jurisdiccional extraordinaria Nro. 022-E-2023, la Corte Constitucional del Ecuador resuelve el incumplimiento del Dictamen 2-19-IC/19.
— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) October 7, 2023
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📄Accede al texto íntegro➡️https://t.co/r74MvM8OBA pic.twitter.com/yxvAcpzRHg
Además, la Corte decidió destituir a Ismael Merizalde Núñez, coordinador general de asesoría jurídica del CPCCS por el incumplimiento del dictamen. El tribunal más alto de la nación también aseguró que seguirá verificando el cumplimiento de este documento que blinda las decisiones del CPCCS Transitorio.
Así, después de casi 5 meses, terminó el fugaz periodo de Alembert Vera como presidente y consejero del CPCCS. Nicole Bonifaz asumió la presidencia del organismo horas después de que la Corte anunció la destitución de Vera y el abogado Juan Esteban Guarderas se principalizaría en el Consejo para reemplazar el hueco dejado por Vera.
Su vida académica y profesional
Alembert Vera nació el 12 de marzo de 1982 en Guayaquil. Es abogado. Según un perfil publicado en el sitio web del CPCCS, es magíster en derecho empresarial. Además, hizo una especialización postdoctoral en derecho administrativo y contencioso-administrativo.
Vera fue fue asesor jurídico de la Corte Provincial del Guayas. Además, fue investigador en la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor invitado en universidades de México y Brasil. Además de profesor investigador en Ecuador. Su perfil de LinkedIn dice que es propietario asociado del Estudio Jurídico Vera Páez.
Su perfil profesional en el sitio web del CPCCS dice que también fue procurador judicial y asesor de clubes deportivos; asesor legal de empresas nacionales y extranjeras; y miembro de comités científicos de universidades, entre otras instituciones públicas y privadas.
Su relación con Correa
Durante años, Vera fue uno de los abogados del expresidente Rafael Correa. Especialmente en cuestionables demandas en contra de periodistas, como Juan Carlos Calderón, Christian Zurita y en el caso El Universo.
El caso El Universo es uno de los más sonados en los que Vera trabajó con Correa. En 2011, el entonces presidente Correa presentó una demanda contra el diario El Universo por presuntas injurias calumniosas. La demanda se basó en un artículo de Emilio Palacio, directo de opinión de El Universo, en el que discutía la insurrección policial del 30 de septiembre de 2010.
El juicio terminó con una desproporcionada y cuestionada condena en contra del diario a la que, posteriormente, Correa renunció y “perdonó” al centenario medio guayaquileño. La sentencia decía que Palacio y los directivos de diario El Universo —Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga— debían cumplir tres años de prisión.
Como medida de reparación también se dispuso el pago de 30 millones de dólares a Correa. El Universo, como empresa, también tenía que pagar 10 millones de dólares y los honorarios profesionales de los abogados del denunciante, entre los que estaba Alembert Vera.
Sin embargo, en una histórica sentencia, el 21 de diciembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la libertad de expresión, circulación y residencia del Palacio y de los directivos de El Universo. Aquí puedes leer más sobre la decisión de la Corte IDH.
Aunque por ley la elección de los miembros del CPCCS debe estar alejada de los partidos y movimientos políticos, hay una demanda electoral por el precinto auspicio de la Revolución Ciudadana —el partido actual de Correa— a la candidatura de Vera.
La denuncia fue presentada por Juan Esteban Guarderas, quien ahora estaría en el CPCCS después de la salida de Vera. Garderas acusaba a Vera de salir en un video promocional de su campaña junto al ex presidente Rafael Correa.
Esta denuncia fue archivada el 3 de mayo de 2023, pero el Tribunal Contencioso Electoral admitió una apelación y el caso se volvió a abrir en junio. Si se comprobaba que Vera cometió una una infracción electoral, podía ser destituido del CPCCS. Sin embargo, antes de que el TCE tome una decisión, la Corte Constitucional destituyó a Alembert Vera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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