A menos de cuatro meses de las elecciones seccionales de 2026, el presidente Daniel Noboa dijo, en una entrevista en Radio Centro el 23 de julio, que tiene un «preacuerdo» con una candidata a la Alcaldía de Quito para construir un nuevo Estadio Olímpico Atahualpa con capacidad para 60 mil espectadores.
Aunque no dijo el nombre, hasta julio de 2026 la precandidata del oficialismo, de Acción Democrática Nacional (ADN), era Giovanna Ubidia, directora nacional del Seguro Social Campesino. Finalmente, ella no fue inscrita para la Alcaldía, sino para la Prefectura de Pichincha.
Noboa dijo que el estadio sería construido por «la misma gente» que participó en las obras del estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, reconocido como el mejor estadio del mundo de 2024 por la World Football Summit (WFS).
Sin embargo, no explicó cuánto costaría el proyecto, de dónde saldría el financiamiento, cuándo empezaría la obra ni cómo intervendría un inmueble que, legalmente, pertenece a la Concentración Deportiva de Pichincha, que es una entidad autónoma, sin fines de lucro, con patrimonio y presupuesto propios.
El arquitecto y urbanista Hernán Orbea dice que no le sorprende que el estadio reaparezca en campaña. Explica que las propuestas sobre grandes obras suelen utilizarse porque movilizan el interés de los electores.
Pero cree que la discusión debería ir más allá del anuncio: plantea que el futuro del Atahualpa se debata como un proyecto de ciudad, capaz de generar nuevos espacios públicos, actividades culturales y deportivas para todos los quiteños, y no únicamente como la construcción de un nuevo estadio o una oportunidad de desarrollo inmobiliario para unos pocos.
El anuncio de la remodelación del estadio Atahualpa que hizo Noboa no es el primero. Desde 2014, gobiernos, alcaldes y dirigentes deportivos han presentado proyectos para remodelar o demoler el Atahualpa, con presupuestos de entre 50 millones de dólares y 150 millones.
Ninguno se ha concretado. Te contamos cuáles han sido las promesas fallidas de remodelar el Estadio Olímpico Atahualpa.
2014: 76 millones de dólares para un estadio de 50 mil personas
En febrero de 2014, cuando faltaban 10 días para las elecciones seccionales del 23 de febrero, el gobierno de Rafael Correa presentó por primera vez una propuesta para transformar el estadio.
El entonces ministro del Deporte, José Francisco Cevallos, dijo que haría una remodelación del escenario, mientras Augusto Barrera, entonces candidato oficialista, buscaba la reelección como alcalde de Quito. La inversión prevista era de 55 millones de dólares.
Pero la derrota electoral de Barrera frente a Mauricio Rodas, del partido SUMA, hizo que la iniciativa quedara en segundo plano. Sin embargo, el gobierno de Correa la retomó pocos meses después. En el Enlace Ciudadano del 5 de julio de 2014, más conocido como la sabatina, Cevallos volvió a presentar el proyecto, pero esta vez con un presupuesto de 75,9 millones de dólares para ampliar la capacidad del estadio de unos 35.000 a 50.000 espectadores.
La propuesta contemplaba nuevas cabinas de transmisión, salas de prensa, camerinos, áreas médicas, restaurantes, locales comerciales, un museo, un centro de convenciones, gimnasios y estacionamientos. Durante ese mismo enlace, el entonces vicepresidente Jorge Glas mostró una animación en video, del nuevo estadio y planteó abrir una consulta ciudadana, a través de una página web, para recoger opiniones sobre la inversión. Esa plataforma nunca se materializó.
El cronograma oficial preveía iniciar la obra en octubre de 2014 y terminarla en 2016. Un mes después, Cevallos dijo que los estudios ya estaban terminados y que el gobierno tenía alrededor de 80 millones de dólares para ejecutar la remodelación.
A pesar de esos anuncios, el proyecto nunca pasó del papel. Luego surgieron diferencias. El gobierno buscaba un acuerdo con el Municipio de Quito y también planteó que la administración del Atahualpa pasara de la Concentración Deportiva de Pichincha al Estado. Ese consenso nunca se alcanzó y la remodelación quedó archivada.
2019: remodelarlo por 50 millones de dólares o demolerlo para hacer uno nuevo por 150 millones
Cinco años después, apareció una nueva propuesta.
En septiembre de 2019, poco después de asumir la presidencia de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), Jaime Ruiz dijo que la institución había iniciado conversaciones con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, para definir el futuro del estadio. El objetivo era modernizar un escenario que, según la CDP, ya no respondía a los estándares de infraestructura actuales: más capacidad, mejores accesos, palcos y zonas de hospitalidad, espacios para prensa, áreas comerciales y otros servicios que ya incorporaban los estadios más modernos.
La CDP evaluaba dos alternativas. La primera consistía en una remodelación, con un costo estimado de 50 millones de dólares. La segunda era más ambiciosa: demoler el estadio y construir uno nuevo, con una inversión cercana a 150 millones. Ruiz incluso señaló que, si se incluía un bulevar, o trabajos en los alrededores del estadio, el proyecto podía alcanzar los 250 millones.
Un mes después, en octubre de 2019, el Directorio de la CDP creó la Comisión Pro-Estadio, integrada por representantes del Ministerio del Deporte, el Municipio de Quito, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la propia Concentración, además de otros actores vinculados al deporte. La comisión resolvió impulsar la construcción de un nuevo estadio en el mismo terreno del Atahualpa y elaborar un modelo de negocio para atraer inversión privada, además de preparar las bases de un concurso internacional para que se construyera el proyecto.
Sin embargo, la iniciativa nunca pasó de la etapa de planificación. No se aseguró el financiamiento, no se firmó un contrato ni se definió un cronograma para ejecutar las obras. Aunque la búsqueda de inversión privada continuó en los años siguientes, el nuevo estadio tampoco llegó a construirse.
2020-2023: el Arena Atahualpa de 100 millones de dólares
La Concentración Deportiva de Pichincha planteó transformar el terreno en una “ciudad deportiva”, financiada y administrada por empresas privadas. El proyecto costaría alrededor de 100 millones de dólares y tendría un estadio para 50 mil personas.
El entonces alcalde Yunda incluso posteó en sus redes sociales cómo podría verse la construcción de ese escenario deportivo.
El plan incluía entre 160 y 200 suites, un hotel, restaurantes, oficinas, locales comerciales, un museo deportivo y entre 3 mil y 5 mil estacionamientos. También contemplaba bajar dos metros la cancha, acercar los graderíos al campo y eliminar la pista atlética.
Para hacer el proyecto, la Concentración necesitaba que el Municipio modificara el uso de suelo del terreno, que hasta entonces estaba destinado exclusivamente a equipamiento deportivo. Ese cambio fue aprobado por el Concejo Metropolitano en septiembre de 2021 y permitió proyectar usos comerciales y edificaciones de hasta 19 pisos, con posibilidad de llegar a 24.
El arquitecto Orbea dice que ese potencial urbanístico explica por qué el Atahualpa despierta tanto interés. Dice que, por su ubicación —en una zona consolidada, con servicios y conectada por transporte masivo—, cualquier intervención suele atraer inversiones adicionales en vivienda, comercio y oficinas. Sin embargo, insiste que ese desarrollo debería responder a un proyecto de ciudad y no únicamente a la rentabilidad de, por ejemplo, un negocio inmobiliario.
La aprobación del cambio del uso de suelo ocurrió días antes de que Santiago Guarderas asumiera la Alcaldía, cuando Yunda aún ocupaba el cargo en medio de la disputa judicial por su remoción.
La dirigencia de la CDP aseguró que compañías vinculadas con estadios como el Santiago Bernabéu, San Mamés y escenarios del Mundial de Catar habían mostrado interés. Diez empresas de varios países se acercaron inicialmente al proceso.
En 2022, el presidente de la CDP, Jaime Ruiz, reactivó la búsqueda de inversionistas para el Arena Atahualpa. Cuatro firmas siguieron interesadas y, más adelante, el proceso quedó reducido a dos posibles participantes —la colombiana Gecar y la mexicana Juego de Pelota.
En 2023, Ruiz dijo que el estadio había cumplido su vida útil, presentaba problemas estructurales y debía ser demolido. “La demolición va porque va”, aseguró entonces.
Sin embargo, ese mismo año terminó su periodo al frente de la Concentración. El proceso se paralizó para que el nuevo directorio revisara el proyecto. Además, dirigentes entrantes cuestionaron que las empresas interesadas tuvieran realmente el financiamiento: aseguraron que algunas solo actuarían como intermediarias para buscar el dinero.
El Arena Atahualpa tampoco se construyó.
2025: Pabel Muñoz prometió recuperarlo, pero perdió la administración
El estadio dejó de pertenecer al Municipio hace casi seis décadas. En 1966 fue donado a la Concentración Deportiva de Pichincha, que desde entonces lo administra.
El 8 de junio de 2025, el estadio fue clausurado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), después de que las autoridades municipales detectaran problemas de seguridad, entre ellos cilindros de gas licuado de petróleo dentro de sus instalaciones. La AMC también impuso una multa de 4.700 dólares a la administración del recinto deportivo.
Un día después, el 9 de junio, el alcalde Pabel Muñoz dijo que iniciaría el proceso para revertir la donación hecha y el Concejo Metropolitano aprobó la medida con 14 votos el 11 de junio.
“El Atahualpa vuelve a casa”, escribió en X Muñoz.
El alcalde presentó un estudio estructural, mejoras en veredas e iluminación, mantenimiento de fachadas, reparación de baños, cabinas de prensa y marcador electrónico, y la búsqueda de una alianza con inversionistas privados para remodelarlo por completo.
El anuncio, sin embargo, no incluyó un presupuesto ni un cronograma. Muñoz prometió presentar un plan más detallado en 30 días.
Pero la administración del estadio, a cargo del Municipio, duró pocas semanas.
El mismo día que el Concejo Metropolitano aprobó iniciar el proceso para revertir la donación del Atahualpa, el Ministerio del Deporte intervino la CDP. La razón oficial no fue el estadio, sino que la CDP estaba en acefalía en su representación legal. Es decir, el Ministerio dijo que la institución no tenía una autoridad legalmente habilitada para representarla y tomar decisiones, una causal prevista en el artículo 165 de la Ley del Deporte.
Por eso designó como interventor a Romel González Orlando por 90 días, con las mismas funciones del presidente y representante legal.
La resolución aclaraba que la intervención era una medida temporal y administrativa, cuyo objetivo era corregir las irregularidades detectadas, restablecer el funcionamiento de la entidad y garantizar la continuidad de su gestión, no una sanción.
González, como interventor de la Concentración, presentó una acción de protección y un mes después, el 4 de julio de 2025, un juez dejó sin efecto la reversión. Determinó que el Municipio había vulnerado el debido proceso, la seguridad jurídica y la garantía de motivación.
La sentencia le devolvió la administración del estadio a la Concentración Deportiva de Pichincha y obligó al Municipio a ofrecer disculpas públicas. Muñoz anunció que apelaría el fallo, aunque reconoció que tenía pocas expectativas de que cambiara.
Paralelamente, el Ministerio del Deporte anunció un proceso de intervención en la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) con el objetivo de recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa, preservar su administración en el ámbito deportivo y fortalecer la gestión institucional en beneficio de los atletas de la provincia.
¿A nombre de quién está el estadio Atahualpa?
La principal traba para cualquier proyecto sobre el Atahualpa no es el diseño ni el financiamiento: es la propiedad del estadio.
El estadio fue construido por el Municipio de Quito e inaugurado el 25 de noviembre de 1951 como Estadio Olímpico Municipal de El Batán.
Quince años después, en 1966, el entonces presidente interino Clemente Yerovi expidió el Decreto Supremo 854, que autorizó al Municipio a donar el inmueble a la Concentración Deportiva de Pichincha, una institución deportiva de derecho privado.
Como parte del acuerdo, la Concentración entregó al Municipio el antiguo estadio El Ejido, ubicado en el lugar donde hoy está el parque El Arbolito. El traspaso del Atahualpa fue valorado entonces en 20 millones de sucres.
Esto significa que el Presidente no puede ordenar por sí solo su demolición o remodelación.
Para ejecutar una obra se necesitaría, entre otras cosas, un acuerdo con la Concentración, claridad sobre la intervención estatal de esa entidad, autorizaciones municipales, estudios estructurales, permisos urbanísticos, un modelo de financiamiento y contratos que definan quién construirá y administrará el escenario.
Más allá de quién impulse el proyecto, Orbea cree que la discusión no debería limitarse a construir un estadio más moderno. Dice que una intervención de esa magnitud tendría que convertirse en una oportunidad para repensar ese sector de Quito, ampliar el espacio público, incorporar nuevos servicios, actividades culturales y deportivas, y garantizar que el lugar siga siendo un punto de encuentro para todos los quiteños y no solo un desarrollo inmobiliario.
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