El 2025 se perfila como un año decisivo para Ecuador, pues se hará la renovación de autoridades en cinco instituciones clave: el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura.  

Estos procesos no solo tienen implicaciones inmediatas en la política nacional, sino que podrían redefinir el rumbo del país a largo plazo

Al igual que comprender qué está en juego en las elecciones presidenciales y de asambleístas del 9 de febrero de 2025, entender la designación de autoridades de control por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es fundamental.

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El rol del CPCCS en la designación de autoridades 

El CPCCS será el actor central en la configuración del futuro institucional de Ecuador

Tiene la responsabilidad de designar autoridades de control, por lo que su composición —que es  política, aunque en teoría no debería serlo— influirá en la selección de figuras clave como el Fiscal General, el Defensor del Pueblo y los miembros del Consejo de la Judicatura. 

La reciente inclinación hacia una mayoría afín a la Revolución Ciudadana podría cambiar las dinámicas de poder y afectar la transparencia en los procesos de selección.

Estas designaciones tienen el potencial de impactar en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, así como en la independencia del poder judicial. La elección de un nuevo Fiscal General, por ejemplo, puede determinar el enfoque de las investigaciones sobre corrupción, un tema que ha sido recurrente en la agenda política del país. 

La historia reciente de Ecuador ha estado marcada por escándalos de corrupción que han socavado la confianza en las instituciones, y la designación de un fiscal comprometido con la transparencia será crucial para restaurar esa confianza.

El CPCCS de Ecuador se encarga de la selección de autoridades de control mediante un proceso que empieza con una convocatoria pública. Los interesados deben inscribirse y presentar la documentación requerida, que incluye títulos académicos y certificados de antecedentes. 

Una comisión ciudadana de selección evalúa los méritos de los postulantes, quienes pueden ser sometidos a pruebas de conocimientos y entrevistas para determinar su idoneidad. Esta comisión incluye a funcionarios públicos y ciudadanos, que pueden postularse para conformarla. También se convoca a veedores, que se conforman antes que la comisión ciudadana, y únicamente son ciudadanos que vigilan el proceso, pero no intervienen directamente en él.

Una vez completadas las evaluaciones, el CPCCS elabora una lista de candidatos elegibles para su designación final. Este proceso busca garantizar la transparencia y la participación ciudadana, asegurando que las autoridades de control sean seleccionadas de manera justa y basada en méritos, fortaleciendo así las instituciones en el país.

El primer concurso clave en el CPCCS: renovación del CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) organiza y supervisa los procesos electorales, regula partidos políticos y promueve la participación ciudadana. Además, garantiza la transparencia y resuelve controversias relacionadas con las elecciones.

Los cinco vocales actuales del Consejo Nacional Electoral (CNE) finalizaron su período en noviembre de 2024, pero continúan desempeñando sus funciones hasta ahora porque no se ha completado el concurso para reemplazarlos, que empezó en 2021.

El proceso ha avanzado con la renovación de la comisión ciudadana de selección. El próximo paso en este proceso será la fase de oposición, donde se evaluarán las candidaturas.

La situación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador es compleja y dinámica, caracterizada por la interacción de actores políticos que deben adaptarse a un entorno lleno de reglas cambiantes y presiones externas

El 20 de noviembre de 2024, los consejeros suplentes María Cristina Kronfle, Mónica Noriega y José Merino intentaron asumir sus funciones al expirar el mandato de las autoridades actuales. Sin embargo, su intento fue frustrado por un operativo policial que impidió su acceso al complejo electoral en Quito.

La permanencia de los actuales consejeros fue respaldada por la Procuraduría General del Estado. Su decisión se basa en la necesidad de asegurar la continuidad de las funciones del CNE, especialmente en la preparación de las elecciones generales de 2025, de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que establece que los funcionarios deben permanecer en sus puestos en ausencia de un reemplazo inmediato.

Renovación parcial del TCE

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resuelve controversias y reclamos relacionados con procesos electorales, garantizando la legalidad y justicia. Además, supervisa el cumplimiento de la normativa electoral por parte de partidos y protege los derechos políticos de los ciudadanos.

El TCE requiere una renovación parcial desde 2022

Esta institución se renueva parcialmente cada tres años: dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda, y así sucesivamente. Existen cinco miembros suplentes que se renuevan de igual forma que los principales.

El proceso se ha estancado en la conformación de la comisión ciudadana

En diciembre de 2024, el Pleno del CPCCS tomó la decisión de revisar los requisitos para los delegados de las funciones electoral y de transparencia, buscando optimizar el proceso de selección.

El pasado 16 de enero de 2025, el pleno del CPCCS solicitó un informe jurídico con el objetivo de habilitar el proceso de renovación del TCE

Según la recomendación jurídica que se reciba, el pleno podría realizar una nueva convocatoria para intentar establecer la comisión ciudadana necesaria para llevar a cabo la renovación del TCE.

Acabar con la interinidad en la Defensoría del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo promueve y protege los derechos humanos, investigando denuncias de violaciones y brindando asesoría legal a los ciudadanos. Además, realiza campañas de concienciación y supervisa el cumplimiento de políticas públicas relacionadas con derechos humanos.

Este organismo está a la espera de la designación de su titular desde 2022. Freddy Carrión fue el último designado, pero fue destituido por la Asamblea Nacional tras un juicio político en 2021, cuando fue encausado, y luego sentenciado por abuso sexual.

Desde entonces, César Córdova asumió el cargo de manera provisional. 

El concurso actual, que comenzó en mayo de 2022 con la expedición de un reglamento, enfrentó un largo y complicado proceso para conformar la comisión ciudadana de selección

La primera comisión se posesionó el 20 de octubre de 2022 y abrió la fase de admisibilidad entre diciembre de 2022 y enero de 2023, donde al menos 40 postulantes no cumplieron con la documentación requerida.

En marzo de 2023, la comisión convocó a profesores de Derecho para elaborar un cuestionario para los postulantes, siguiendo el modelo escolar de exámenes escritos y orales. 

Sin embargo, un postulante presentó un recurso judicial que llevó a la suspensión de la prueba escrita programada para el 28 de marzo de ese año

A pesar de que un juez de Montecristi revocó la medida cautelar en junio de 2023, el proceso ya había sufrido extenuantes demoras por los múltiples recursos legales y denuncias administrativas presentados contra la primera comisión.

Finalmente, en agosto de 2023, se conformó una comisión definitiva que permitió retomar el proceso. En febrero del año siguiente, el concurso convocó a 12 postulantes para un examen práctico, aunque un juez intervino nuevamente. 

El examen práctico se realizó el 17 de febrero de 2024, casi dos años después del inicio del proceso, y los nueve finalistas recibieron las calificaciones de los exámenes escrito, práctico y oral.

Actualmente, el concurso para este puesto ha avanzado con la revisión de los requisitos de los postulantes, siguiendo un procedimiento similar al aplicado en el caso del TCE.

El futuro de la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado se encarga de investigar y perseguir delitos, así como de garantizar el cumplimiento de la ley y la justicia. Además, protege los derechos de las víctimas y promueve la legalidad en el país.

La Fiscal General, Diana Salazar, concluirá su período de seis años el 8 de abril de 2025

En este contexto, el CPCCS ya empezó el concurso para designar a su reemplazo, con la aprobación, en septiembre de 2024, del reglamento correspondiente.

El 20 de diciembre de 2024, el CPCCS anunció la calificación de 542 ciudadanos como veedores para el proceso de designación del nuevo Fiscal General del Estado

Sin embargo, desde esa fecha no se han registrado avances significativos en el concurso. En diciembre, el CPCCS también programó una jornada de inducción y capacitación para los veedores, con el fin de garantizar su participación y gestionar la documentación necesaria para su acreditación.

La comisión se encargará de designar al nuevo titular de la Fiscalía, quien reemplazará a Diana Salazar. Las comisiones de selección incluirán delegados de diversas funciones del Estado y cinco representantes de organizaciones sociales, quienes deberán ser seleccionados a través de un concurso público de oposición y méritos.

David Rosero, ex vocal del CPCCS, estima que el concurso para elegir a los representantes de las organizaciones sociales podría tomar al menos tres meses

Si el CPCCS convoca este concurso ahora, en enero de 2025, es posible que el proceso concluya a finales de abril, justo después de la segunda vuelta electoral presidencial, programada para el 13 de abril. 

La siguiente fase implica que el Pleno del CPCCS realice la convocatoria pública para que los interesados presenten sus carpetas con los requisitos establecidos en el reglamento de 2024.

Según Rosero, la designación del nuevo Fiscal podría ocurrir entre mayo y junio, coincidiendo con el inicio del nuevo gobierno electo el 9 de febrero de 2025. Esto sugiere que la actual Fiscal podría prorrogar su mandato por aproximadamente dos meses hasta que se realice el reemplazo legal.

Vocales del Consejo de la Judicatura

El proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura se hace con ternas enviadas por diversas funciones del Estado

Los vocales actuales, designados en 2019, concluirán su período el 29 de enero de 2025.

En diciembre de 2024, el CPCCS reformó el reglamento para este procedimiento y solicitó las ternas a la Fiscal General, el Defensor Público, la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional.

El 16 de enero de 2025, el CPCCS aprobó una resolución en la que solicitó de manera formal al presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, el envío de una terna para la selección y designación del vocal principal y su suplente, que integrarían el Consejo de la Judicatura (CJ) para el período 2025-2031. 

El pleno de la Corte Nacional de Justicia eligió el viernes 17 de enero de 2025 su terna. Una de las principales novedades de esta elección fue la exclusión de Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura, quien había sido seleccionado en junio de 2024 junto a Telmo Molina y Dunia Martínez para completar una terna.

La elección de candidatos provenientes de la Corte Nacional aporta un valor muy especial, ya que el máximo estamento judicial del Ecuador y el Consejo de la Judicatura es el encargado de supervisar las actuaciones de jueces, fiscales y abogados

Godoy enfrenta una investigación previa por parte de la Fiscalía, tras una acusación de la jueza Nubia Vera, quien alegó que él la presionó para emitir un fallo contra Verónica Abad en una acción de protección. Esta situación llevó a que se impulse un juicio político contra Godoy en la Asamblea.

Los elegidos por la Corte para la nueva terna incluyen al juez nacional Marco Rodríguez y a los abogados Alexandra Villacís y Edison Toro. Hasta el momento, la Corte, la Fiscalía, la Asamblea Nacional y la Defensoría Pública han enviado sus ternas. Queda pendiente la del presidente Daniel Noboa

Una vez que esta última se presente, el CPCCS hará la revisión de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes. 

El nuevo presidente de la Judicatura será seleccionado de la terna presentada por la Corte Nacional, y los nuevos miembros ocuparán sus cargos durante el período 2025-2031

Proyecciones para el futuro

A medida que nos adentramos en 2025, es esencial considerar las proyecciones que pueden surgir de estos cambios institucionales en la designación de autoridades.

La interconexión entre las distintas entidades del Estado sugiere que un cambio en una área puede tener efectos en cadena en otras

Ahí es donde la elección presidencial y legislativa del 9 de febrero juega un rol crucial

Por ejemplo, una Asamblea Nacional con una fuerte oposición podría bloquear iniciativas del Ejecutivo, lo que podría llevar a una parálisis legislativa y de gobernabilidad. 

Además, la percepción de corrupción o favoritismo en las designaciones del CPCCS podría erosionar la confianza pública en las instituciones, generando descontento social. 

Por el contrario, si se logra un diálogo constructivo entre el Ejecutivo y la Asamblea, podrían abrirse oportunidades para implementar reformas significativas que beneficien a la ciudadanía. 

La figura del candidato-presidente Daniel Noboa puede influir en los procesos de elección de las autoridades de control que debe designar el CPCCS

Su estilo de liderazgo y la capacidad para establecer relaciones con otros actores políticos, especialmente la Asamblea Nacional, serán determinantes en cómo se desarrollen estos procesos

Si Noboa logra construir consensos y fomentar un ambiente de cooperación, es probable que se establezcan mecanismos más transparentes y eficientes para la selección de autoridades, lo que podría fortalecer la confianza pública en las instituciones.

Además, el enfoque que adopte Noboa respecto a la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética en la política influirá en la percepción de las designaciones del CPCCS. 

Un presidente comprometido con la transparencia puede impulsar reformas que aseguren que los procesos de selección sean justos y basados en méritos, lo que ayudaría a legitimar las decisiones del Consejo. Por el contrario, si se percibe que hay favoritismo o corrupción en las designaciones, esto podría generar desconfianza en la ciudadanía y desestabilizar la gobernabilidad.

Finalmente, la capacidad de Noboa para navegar en un entorno político polarizado será crucial. Si logra un diálogo constructivo con diferentes sectores, podría facilitar la implementación de reformas necesarias que fortalezcan al CPCCS y aseguren que las autoridades de control elegidas actúen con independencia y responsabilidad. 

La historia de Ecuador está marcada por ciclos de inestabilidad y cambio, por eso es vital que los actores políticos y la ciudadanía trabajen juntos para construir un futuro más prometedor. La política no es solo un juego de poder: es una responsabilidad compartida que debe ser ejercida con integridad y compromiso. 

Pamela Leon 150x150
Pamela León
Máster en Comunicación Política. Autora del newsletter de GK: Explicaciones políticas para gente apurada.
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