Conaie rompe diálogo con el gobierno, ¿habrá otro paro en 2023?

El fantasma de un paro en 2023 apareció al Ecuador. El Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se reunió el 24 de febrero de 2023. Ahí los representantes de las organizaciones regionales que conforman la Conaie llegaron a 14 resoluciones que fueron leídas por Leonidas Iza, presidente de la Confederación, al terminar el encuentro. Entre las principales: se rompió el diálogo de gobierno y el anuncio de movilizaciones. Esto despertó la pregunta de si habrá otro paro.

Por la lectura de Iza, parecía que habría un paro el 8 de marzo. GK consultó a la dirección de comunicación de la Conaie quienes confirmaron que no se trata de un nuevo paro nacional en esas dos fechas de marzo. “No, nada de paro esos dos días”, dijo Estefanía Lalvay, dirigente de comunicación de la Conaie. 

Ella aseguró que a lo que Iza hacía referencia era a la marcha que se organiza en Quito por el Día Internacional de la Mujer cada año y que es convocada por colectivos feministas. Este año, dijo Lalvay, la Conaie tendrá una agenda desde la mañana de ese día que incluirá “prendida de fuego, un conversatorio, entre otras actividades”.

También habrá una marcha de acompañamiento el 28 de ese mes a presentar una ley, pero la Conaie no hará una movilización como la de junio de 2022. 

Quienes participaron en el Consejo Ampliado de la Conaie 

En el Consejo Ampliado participaron miembros de la: 

1. Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice)
2. Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari)
3. Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae)

Las 14 resoluciones de la Conaie, explicadas 

Uno: Felicitar a Pachakutik y al NO por su triunfo 

La primera resolución del Consejo Ampliado de la Conaie fue saludar los resultados positivos obtenidos por Pachakutik en las elecciones seccionales de 2023. “Esto nos convierte en la segunda fuerza política del país”, dijo Iza. Históricamente, el movimiento Pachakutik ha sido considerado el brazo político del movimiento indígena ecuatoriano. La Conaie, su organización social más relevante. 

Sin embargo, en los últimos años las brecha entre ambas organizaciones ha sido evidente. De hecho, el paro de 2022 y la elección presidencial de 2021 fueron muestras evidentes de las desavenencias entre ellas. 

En 2021, Iza quiso ser candidato a presidente del Ecuador, pero el movimiento prefirió a Yaku Pérez, un carismático líder azuayo que logró un sorprendente tercer puesto en la primera vuelta presidencial. En julio de 2021, Pérez dijo que era “un secreto a voces” que la Conaie estaba “infiltrada por el correísmo”. 

A su vez, después del debate del 24 de febrero de 2023, Iza dijo que reconocía “la contundente victoria popular del ‘no’ en el referéndum propuesto por el gobierno de Guillermo Lasso el pasado 5 de febrero. El “no” ganó con más del 50% en las 8 preguntas del referéndum. 

En su discurso, Iza dijo que este es un “resultado que expresa la lucha del pueblo ecuatoriano del paro de junio 2022, 2019, el trabajo de la Conaie y de las organizaciones sociales”. Sin embargo, no explicó cuál fue ese trabajo de la Conaie y de otras organizaciones que contribuyeron a que el “no” gane en el referéndum. 

Iza concluyó la primera resolución diciendo que los resultados de las elecciones de 2023 los lleva a “nuestra tarea de avanzar en nuestro proyecto político y fortalecer las estructuras del movimiento Pachakutik”, sin dar más detalles sobre lo que involucra el proyecto de la organización política.

Dos: Se rompe el diálogo con el gobierno

Leonidas Iza dijo que la Conaie rompía el diálogo con el gobierno y se retirará de las mesas de seguimiento a los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo entre las organizaciones indígenas y el gobierno después del paro nacional de junio de 2022. 

Iza dijo que se tomó esta decisión “después de analizar el informe de seguimiento” de los resultados alcanzados en esas conversaciones porque “es evidente que no ha existido voluntad política por parte del gobierno nacional para su cumplimiento”. 

Las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales se cerraron oficialmente el 14 de octubre de 2022. Según el gobierno, después de tres meses de negociaciones, se lograron 218 acuerdos en medio de desacuerdos, algunas actas no firmadas y ofrecimientos de seguimiento. 

En los últimos meses, el gobierno ha dicho en varias ocasiones que se están cumpliendo con los acuerdos. Incluso, el presidente Lasso dijo en una entrevista el 23 de enero de 2023 que se cumplían “todos los acuerdos”.

Sin embargo, las organizaciones indígenas y sociales insisten en que todavía hay puntos que no se han resuelto, como la focalización de los subsidios algo que el Presidente admitió, y que el gobierno no está cumpliendo con lo acordad.   

Para resolver esos asuntos pendientes y construir el plan para implementar los acuerdos, se instalaron mesas de seguimiento en octubre del año pasado. Sin embargo, el 24 de febrero, la Conaie anunció que ya no sería parte de esa etapa de las conversaciones. 

Iza dijo que en vez de cumplir los acuerdos a los que se llegó en las mesas de diálogo, “el gobierno de Guillermo Lasso ha continuado avanzando con sus políticas neoliberales que violentan nuestros derechos territoriales, comunitarios y la economía nacional”. 

Iza no identificó cuáles eran las políticas “neoliberales” específicas de Guillermo Lasso, pero lo responsabilizó directamente del rompimiento del diálogo. “Ha sido por la voluntad del gobierno que no ha cumplido en las mesas de diálogo”, dijo Iza.

Aquí puedes leer un resumen de los principales acuerdos de cada mesa, después del cierre oficial de las negociaciones en septiembre de 2022. 

En el evento de cierre de las mesas, el gobierno dijo que hay más de 200 acuerdos de las mesas de diálogo después del paro. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter del Ministerio de Gobierno.

Tres: Se ratifican en las 10 demandas del paro nacional de junio de 2022

La tercera resolución del Consejo Ampliado de la Conaie fue que se ratificaron en las 10 demandas por las que se hizo el paro de junio de 2022. Iza dijo que lo hacían porque son “demandas mínimas para sostener la subsistencia económica de las familias ecuatorianas y proteger los territorios de los pueblos y las nacionalidades, de los campesinos”. 

Además, dijo que “el pueblo ecuatoriano exige las salidas reales a las crisis económicas, sociales y políticas”. 

Las 10 demandas de junio de 2022 hechas por la Conaie, no solo eran profundamente contradictorias —mantener un subsidio a la gasolina pero recortar la extracción petrolera, por citar el ejemplo más evidente—, sino que olvidaban a muchos otros grupos sociales: mujeres, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual. 

Estos fueron los pedidos de la Conaie en junio de 2022: 

1. Congelar los precios de los combustibles:  Diésel a 1.50 dólares y la gasolina Extra y Ecopaís a 2.10 dólares En ese momento, el precio del galón de Extra y Ecopaís era de 2,55 dólares y el del Diésel, 1,90 dólares. 
2. Moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativa. La Conaie pedía alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). Además, pedían que no se embarguen bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.
3. Precios justos en los productos del campo como leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más. 
4. Mejorar el empleo y los derechos laborales con políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Además, exigían el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
5. No a la ampliación de la frontera extractiva minera o petrolera. Además, pedían una auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. También pedían la derogatoria de los Decretos 95 y 151:
   1. El decreto 95, expedido por Guillermo Lasso, es sobre la política de hidrocarburos. Decía que se promoverá el incremento de “la producción de hidrocarburos”.
   2. El decreto 151, firmado también por Lasso, es sobre el Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador. Mencionaba el “incremento de las exportaciones de los productos mineros” y “desarrollar una minería eficiente”. 
6. Respeto a los 21 derechos colectivos como educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
7. Que se ponga un alto a la privatización de los sectores estratégicos, como el Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras. Además, pedían que el país no se someta a tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI). 
8. Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad. Además, denunciaron un abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.
9. Presupuesto urgente de salud y educación frente a lo que entonces consideraba el desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. La Conaie pedía que se garantice el acceso de la juventud a la educación superior y que se mejore la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. 
10. Exigían seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador. 

Policías en manifestaciones pacíficas frente a la Casa de la Cultura en el paro nacional de junio de 2022. Fotografía de Nicole Moscoso para GK.

En las negociaciones entre el gobierno y las organizaciones que convocaron al paro de 2022 se llegaron a varios acuerdos sobre los puntos exigidos por la Conaie, incluso antes del cierre oficial del paro. Estos son algunos de los cambios que se acordaron: 

1. El 30 de junio de 2022, cuando se firmó el acuerdo de paz que terminó con el paro, ambas partes llegaron a un acuerdo para la condonación y reestructuración de deudas en la banca pública y privada del país, enfocada en campesinos, agricultores y estudiantes universitarios. Esa decisión se hizo oficial semanas después, el 18 de julio cuando cerró la primera mesa de negociación. 
2. Se derogó el decreto 95 con el que se promovía el incremento de “la producción de hidrocarburos” y se acordó la transformación del decreto 151 que menciona el “incremento de las exportaciones de los productos mineros” y “desarrollar una minería eficiente”. 
   1. Además, el 30 de junio, el gobierno se comprometió también a garantizar la consulta previa, libre e informada en comunidades indígenas y amazónicas. 
   2. En la mesa de diálogo de energía y recursos naturales, se acordó que 15 bloques petroleros entrarán en una moratoria temporal de al menos 12 meses hasta que la ley de consulta previa, libre e informada esté publicada en el Registro Oficial. Sin embargo, después del cierre de las mesas,  Iza dijo que todavía no se ha garantizado el derecho de esa consulta y que esas propuestas tienen que ser una prioridad de la Asamblea Nacional para que le den trámite lo antes posible. 
3. En total se redujo 15 centavos al precio del galón de gasolina extra y de diésel. El 26 de junio de 2022, el presidente Lasso acordó bajar 15 centavos cada galón, pero en el acuerdo de paz del 30 de junio se anunció una reducción de 5 centavos adicionales. La reducción total fue de 15 centavos en los galones de dos tipos de combustible.
   1. Sin embargo, las organizaciones y el gobierno no consiguieron unificar sus propuestas para establecer una política de comercialización acorde al manejo de precios y subsidios de los combustibles, que beneficie al sector agricultor y rural y obligue a sectores con más dinero a pagar más.
   2. Esta fue una de las primeras mesas de diálogo que se instaló, pero después de tres meses de conversaciones, no se pudo llegar a ningún acuerdo sobre el tema.
4. Se ofreció entregar recursos para financiar lo establecido en la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, que entró en vigencia en 2011 y se reformó en 2021.

1. 1. El gobierno se comprometió a aumentar el presupuesto para la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, que ya se había duplicado anteriormente en los días de paro: de aproximadamente 2,2 millones de dólares a 4,5 millones. Con el acuerdo de la mesa de diálogo, el presupuesto será de 133 millones de dólares en total
   2. Además, entre los acuerdos están el fortalecimiento institucional y de autonomía de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, así como la incorporación del rango de ministro a la autoridad de esta institución.

Cuatro: Se declararon en movilización y asamblea permanente en territorio

Leonidas Iza dijo que la cuarta resolución de la Conaie es que se declararon en “movilización y asamblea permanente” y que “radicalizamos la lucha en los territorios en defensa de las demandas históricas” que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas, los campesinos, afroeamericanos, montubios y otros grupos. 

Según Iza, esas demandas están relacionadas a la defensa del agua, empleo, seguridad social, salud, educación y defensa territorial. 

Estefanía Lalvay, dirigente de comunicación de la Conaie, dijo que eso significa que cada territorio deberá tomar decisiones sobre esas demandas mencionadas por Iza. 

Cinco: Exigen la renuncia del presidente Guillermo Lasso

Esta fue una de las resoluciones más audaces del Consejo Ampliado. “Exigimos al Presidente de la República del Ecuador, señor Guillermo Lasso, por dignidad de nuestro país, por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos presente su renuncia al país y dé un paso al costado”, dijo Iza la noche del 24 de febrero. 

Según Iza, esa exigencia se hacía también por “las acusaciones que pesan sobre él y su círculo más cercano”, refiriéndose a las filtraciones de audios y documentos que, según sus divulgadores, mostrarían una presunta estructura de corrupción dentro de su gobierno. 

Como evidencia, se filtraron unos  audios para incriminar a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, como si hubiese sido intermediario en la gestión de cargos públicos. La amistad de Carrera con Rubén Cherres, un oscuro personaje, quien estaría involucrado en esas gestiones ilícitas y tendría relaciones con mafias extranjeras, es el vínculo que se señala como prueba de ese eslabón. 

Lasso y Carrera han negado las acusaciones. Carrera incluso demandó a Andersson Boscán, quien presentó las filtraciones en su canal, La Posta. Lasso dio una rueda de prensa donde hizo graves señalamientos en contra de Boscán y su canal. La rueda de prensa fue cuestionada por “estigmatizante” y contraria a los principios de la libertad de expresión. 

Por las filtraciones, la Fiscalía abrió una investigación a la que denominó caso Encuentro —por el antiguo lema usado por Lasso de “el gobierno del encuentro”— y sobre la que se han hecho allanamientos. Sin embargo, todavía no se han formulado cargos en contra de Carrera, Lasso, ni ningún funcionario del gobierno. 

El presidente Guillermo Lasso no ha respondido públicamente a la exigencia de la Conaie de su renuncia. 

Seis: Exhortar a las autoridades a que den paso a un juicio político contra Lasso

Iza dijo que la sexta resolución del Consejo Ampliado fue exhortar a la comisión ocasional de la Asamblea que investiga el caso Encuentro, a toda la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y, en especial a la bancada de Pachakutik “a aplicar con rigurosidad los mecanismos jurídicos constitucionales para dar paso al juicio político contra el presidente Lasso”. 

Guillermo Lasso en un discurso en Carondelet. Fotografía de dominio público tomada de la cuenta de Flickr de la Presidencia.

Iza aseguró en tono admonitorio que estarán “vigilantes que su actuación sea acorde al clamor ciudadano”.

Hasta ahora no se ha presentado una solicitud de juicio político contra Lasso. Este pedido puede venir de cualquier asambleísta si cuenta con el apoyo de 46 legisladores, una tercera parte de la Asamblea.  

La comisión ocasional que investiga el caso Encuentro tendrá que presentar un informe el 3 de marzo en el que también se podría pedirlo para que el pleno lo apruebe. 

Según la Constitución, hay tres causales para llevar a juicio político al Presidente o Vicepresidente de la República: 

1. Por delitos contra la seguridad del Estado
2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. 
3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de consciencia. 

Para comenzar un juicio político contra el Presidente o el Vicepresidente es necesario tener un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no es necesario que haya un juicio penal previo. 

La última vez que se hizo el proceso de juicio político contra una de las principales autoridades del país fue a finales de 2017, contra el ex vicepresidente Jorge Glas. En enero de 2018 la Comisión de Fiscalización Asamblea decidió no continuar con el proceso porque Glas ya no tenía el cargo de Vicepresidente, pues para ese momento él había sido destituido del cargo y reemplazado por María Fernanda Vicuña. Sin embargo, sí hubo varios juicios penales contra Glas por casos de corrupción y pasó 5 años en la cárcel.  

Siete: Declararse en alerta contra una muerte cruzada ordenada por Guillermo Lasso

Después del Consejo Ampliado del 24 de febrero, Iza dijo que se declaraban en “alerta sobre cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente Guillermo Lasso, no permitiremos que pretenda resolver funciones del Estado y gobernar por decreto”.  Según Iza, si eso llega a suceder, “de manera inmediata declararemos en levantamiento y en paro nacional en el Ecuador”.

Esta resolución haría referencia a la posibilidad de que el Presidente disuelva a la Asamblea a través de la muerte cruzada, la institución jurídica y constitucional de anulación institucional mutua entre dos funciones del Estado: el ejecutivo y el legislativo. 

Si el Presidente disuelve la Asamblea Nacional “mata” al poder legislativo y asume poderes legislativos a través de decretos. Mauricio Alarcón, abogado constitucionalista, le dijo a GK en octubre de 2021 que esta situación sería problemática porque “no habría independencia de funciones”. 

Sin embargo, no sería precisamente una decisión “dictatorial”, pues es un mecanismo contemplado en la constitución. 

En una entrevista con GK en febrero de 2023, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo que siempre que al presidente Lasso le preguntan sobre el tema tiene la misma respuesta: “ha dicho que siempre la tiene ahí en su escritorio, creo que no ha cambiado su posición”. Además, dijo que como Ministro de Gobierno no puede asegurar de que eso es lo que va a hacer. “Repito lo mismo que dice él: siempre estará ahí”, dijo Cucalón. 

Ocho: convocar a organizaciones del campo popular a una Asamblea

Iza dijo que su octava resolución era convocar a las organizaciones del campo popular a una “asamblea del poder popular plurinacional”. Esta convocatoria, dijo, se hacía con el objetivo de “analizar la realidad económica y social del país e impulsar el pliego de demandas de interés de la mayoría del pueblo ecuatoriano”. 

Sin embargo, no dio más detalles sobre los temas que se abordarían en esas demandas ni cómo se aseguraría la participación de los intereses de la mayoría de los ciudadanos. 

Nueve: Rechazar las intenciones del gobierno de dividir a las estructuras de las organizaciones indígenas

Iza dijo que la novena decisión se tomó en el Consejo Ampliado de la Conaie fue que se rechace “la intención del gobierno de dividir nuestras estructuras organizativas”. 

Según Iza, eso se hacía con la “utilización de compañeros de pueblos indígenas en espacios públicos sin respetar las decisiones colectivas que tenemos como pueblos y nacionalidades”. 

Iza dijo que exigía “respeto a nuestras estructuras administrativas y decisiones colectivas”. Pero no profundizó en cuáles habían sido las decisiones colectivas que no habían sido respetadas ni dio pruebas de que el gobierno esté tratando de dividir las estructuras organizativas de la Conaie. 

Diez: Declararse en defensa territorial

Iza dijo que la Conaie decidió declararse en defensa territorial. Para eso, dijo, hizo un llamado a las guardia comunitarias “a estar en alerta máxima en defensa de nuestros territorios frente al avance de la minería”. 

Las guardias comunitarias son las encargadas de patrullar el territorio y monitorear posibles amenazas externas como la minería, la extracción petrolera, y actividades ilegales de personas ajenas a las comunidades.

Iza dijo que rechazaban “la incursión militar, policial y guardia privada que resguarda a las empresas mineras” en Fierro Urco, un proyecto minero que amenaza los páramos en territorio ancestral del pueblo kichwa Saraguro, en la provincia de Loja, al sur del país. 

El pasado 23 de febrero, los comuneros reclamaron por la presencia de policías y militares en la zona con la intención de instalar un campamento minero. Iza dijo que responsabilizaba al presidente Lasso “por los hechos ocurridos y las consecuencias a derivar de estas acciones”. 

Después Iza dijo que tenían su respaldo absoluto “todos los territorios que están enfrentando la lucha contra la minería legal e ilegal”. 

Once: rechazar la “persecución y criminalización” de los defensores de la naturaleza

En la onceava resolución, la Conaie decidió rechazar lo que llamó “la persecución y la criminalización” de los defensores y defensoras de la naturaleza. Por eso, Iza dijo que exigían que las empresas mineras transnacionales que están en el país “detengan sus ilegales e inconstitucionales actividades de división de las comunidades y la destrucción”. 

La explotación en la Amazonía del Ecuador ha traído problemas socioambientales que las organizaciones indígenas señalaron en las mesas de diálogo con el gobierno. Fotografía de la cuenta de Twitter de la Union de afectados por Texaco (Udapt).

Los ataques a los defensores de la naturaleza han sucedido por décadas en Ecuador, la región y el mundo. 

Al menos 1.733 personas defensoras del medioambiente fueron asesinadas entre 2012 y 2022 en todo el mundo, según un informe de Global Witness, organización que desde 2012 documenta este tipo de violencia. Además, la misma entidad declaró que América Latina era la región más peligrosa para defender la naturaleza. El 68% de los ataques en esos 10 años pasaron en la región. 

En Ecuador hay casos como el de Nankints, una comunidad Shuar al sur del país que fue desplazada, atacada y acosada judicialmente después de que en su territorio se instaló una minera. O los ataques contra las defensoras amazónicas Nema Grefa, Patricia Gualinga y Salomé Aranda que fueron amenazadas y atacadas en 2018, pero cuyos casos no han avanzado en la Fiscalía. 

También está el asesinato del líder antiminero José Tendetza en 2014, que se opuso a la minería en su tierra, en la Cordillera del Cóndor, al sur del Ecuador, zona se explota el primer proyecto de megaminería del Ecuador, Mirador. Casi nueve años después del asesinato de Tendetza, su caso sigue impune. Además, continúan los desalojos y las amenazas a defensores de la naturaleza que se oponen al proyecto Mirador. 

Dos días después del Consejo Ampliado del la Conaie, el 26 de febrero de 2023, asesinaron a Eduardo Mendúa, dirigente de relaciones internacionales de la Confederación. En un comunicado la Confeniae dijo que Mendúa había sido asesinado con múltiples disparos en los exteriores de su casa en Sucumbíos. 

Según la Confeniae, el líder de la nacionalidad Ai Kofán era “uno de los rostros más visibles de la resistencia en el territorio de Dureno ante la conflictividad generada en los últimos meses por la presencia de las empresas petroleras”. Por eso, dice el comunicado, responsabilizan a la estatal petrolera Petroecuador de la muerte de Mendúa. 

El 27 de febrero por la mañana, Juan Zapata, ministro del Interior, dijo que se hicieron cuatro allanamientos en la comunidad Dureno y que aprehendieron a un hombre identificado sólo como David Q.C., quien fue reconocido por la familia de la víctima como la “persona que conducía la canoa después de cometerse el crimen”. Zapata dijo que la Fiscalía formulará los cargos en las próximas horas. 

Zapata también dijo que un familiar de la víctima contó que Eduardo Mendúa “habría recibido amenazas de otros dirigentes de la zona por discrepancias internas”. Esto habría sido ratificado por cinco versiones dadas a la Fiscalía General del Estado, según Zapata. 

Doce y trece: movilizaciones el 8 y el 28 de marzo

Otra de las declaraciones más polémicas de Iza después del Consejo Ampliado de la Conaie fue el llamado a dos “grandes movilizaciones” en marzo. En redes sociales y medios de comunicación se especuló sobre la posibilidad de un paro nacional como el que hubo en octubre de 2019 o en junio de 2022. Sin embargo, no sería el caso. 

Leonidas Iza dijo que convocaba a “compañeros de los pueblos y nacionalidades a concentrarnos en la gran movilización nacional en la ciudad de Quito” el 8 de marzo de 2023 por el Día Internacional de la Mujer. 

Iza dijo que se hacía ese llamado “para seguir caminando en este proceso de lucha contra todas las formas de opresión que se han afianzando históricamente a través del colonialismo y el patriarcado”. Además, dijo que se entregarán “demandas de inconstitucionalidad sobre algunos decretos que ha puesto el gobierno nacional”, pero no especificó a cuáles.

Luego, Iza dijo que otra de las resoluciones fue convocar a los pueblos y nacionalidades a una “gran movilización el 28 de marzo para entregar el proyecto de la Ley de Aguas y Recursos Hídricos”. Iza dijo que este proyecto legislativo buscaba “democratizar al gestión y cumplir con el calendario de redistribución de este elemento”. 

En ese sentido, Estefanía Lalvay, dirigente de comunicación de la Conaie, le dijo a GK que no habría un paro en marzo. 

Ella aseguró que a lo que Iza hacía referencia era a la marcha que se organiza en Quito por el Día de la Mujer cada año y que es convocada por colectivos feministas. Este año, dijo Lalvay, la Conaie tendrá una agenda desde la mañana de ese día que incluirá “prendida de fuego, un conversatorio, entre otras actividades”.

En cambio, el 28 de marzo, dijo Lalvay, habrá una movilización para acompañar a la entrega del proyecto de la Ley de Aguas, pero no se tata de un paro. 

La confusión surgió por la forma en la que Iza hizo la convocatoria. El abogado constitucionalista, Mauricio Alarcón, dice que desde 2019 y 2022 “hay una connotación negativa en el término” paro nacional y que puede generar rechazo e incidentes de violencia. Ese rechazo ante la posibilidad de un paro ya se ha hecho público por parte del sector empresarial, a través de la Cámara de Industrias y Producción (CIP).   

Además, Alarcón dice que cree que las organizaciones indígenas son conscientes de que no hay un detonante como lo hubo con el tema de los combustibles en 2019. Incluso, dice el abogado, por eso habrían anclado la “movilización” al 8 de marzo, una fecha en la que siempre hay una movilización nacional exitosa. 

Catorce: Convocar a la Conaie y a Pachakutik a mantener la unidad

Finalmente, la última resolución del Consejo Ampliado de la Conaie del 24 de febrero de 2023 fue convocar “a las estructuras organizativas de la Conaie y los adherentes del movimiento Pachakutik a mantener la unidad en base al proyecto político del movimiento indígena y los sectores populares del Ecuador”. 

Para eso, dijo Iza, resolvieron que Guillermo Churuchumbi, ex candidato a la prefectura de Pichincha por Pachakutik, sea el encargado de la coordinación nacional de Pachakutik. 

Iza dijo que por eso invitó a los 24 coordinadores provinciales del Pachakutik “para que podamos hacer una sola lista de consenso para seguir sosteniendo al movimiento, a las estructuras de la Conaie y a todas las organizaciones del campo popular este proyecto político de transformación del Ecuador”.