El 30 de mayo de 2022, un grupo de hombres y mujeres del pueblo kichwa de Saraguro, autodenominados Guardianes de Fierro Urco, denunciaron una presunta “presencia irregular de fuerzas policiales” en la entrada a los cerros de Fierro Urco, en la provincia andina de Loja, al sur del país.
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En un documento que enviaron a la Defensoría del Pueblo de Loja, los indígenas alegan que desde esa fecha “equipos de élite de la Policía Nacional y guardias privados con perros entrenados de las empresas mineras han invadido territorio ancestral del pueblo kichwa Saraguro”. Según el mismo documento, la presencia policial ha puesto en riesgo a la gente que habita en el sector con intimidaciones y amenazas.
Dos días después de la presunta invasión policial, el 1 de junio, decenas de mujeres Saraguro bloquearon el ingreso a los páramos de Fierro Urco, en el sector de Loma del Oro. El bloqueo, dicen las mujeres, es una medida de resistencia contra la minería que quiere entrar a sus tierras.
Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), las mujeres Saraguro han bloqueado la entrada porque quieren dejar en claro un mensaje. “Las empresas mineras quieren el oro, la plata y el bronce de nuestro territorio y nosotras queremos nuestro cerro sagrado intacto para vivir”, dicen las mujeres.
En el documento remitido a la Defensoría del Pueblo por parte de los Saraguro dice también que exigen la salida de los grupos armados “que amenazan la armonía de nuestros territorios”. Además piden un acompañamiento en las acciones legales y de resistencia “que emprendamos a partir de hoy, por la defensa de los páramos de Fierro Urco”.
Antes de la resistencia de los Saraguro, en 2021 comuneros y campesinos de Gualel, otra de las parroquias afectadas por los proyectos mineros en Fierro Urco también se declararon en resistencia y rechazaron la entrada de empresas mineras. Al menos 14 personas fueron acusadas de resistencia, ataque y daño al bien ajeno, pero en marzo de 2022, recibieron una amnistía por parte de la Asamblea Nacional.
Te explicamos el caso y qué exigen las comunidades de la zona.
¿Qué es Fierro Urco?
Fierro Urco es un páramo de la cordillera sur del Ecuador que está entre las provincias de Loja y El Oro. En este páramo está lo que se conoce como la Estrella Hídrica, un lugar donde nacen algunos de los ríos más importantes del sur del país. Estos ríos son:
- el Guayabal,
- el Santiago,
- el Tenta,
- el Ambocas,
- el San Luis, y
- las subcuencas del río Catamayo, Santiago, Jubones y Puyango.
El Tanque de agua de los trabajadores de Caña Brava es uno de los repositorios construidos por la comunidad de Gualel que abastece los canales de riego y el agua potable que consumen. Diego Maldonado.
Carla Luzuriga, una de las abogadas que defiende a los pobladores de Fierro Urco, asegura que los páramos del lugar son tan importantes que “ incluso Perú se beneficia del agua que nace” de ellos.
Las concesiones mineras
Sin embargo, muchas hectáreas del páramo de Fierro Urco están concesionadas a empresas mineras. La parroquia de Gualel, la más cercana a Fierro Urco, está concesionada en un 70% para implementar proyectos de minería a gran escala.
Además, según un mapa de conflictos mineros, se estima que en el páramo de Fierro Urco hay alrededor de 28 mil concesiones mineras otorgadas a varias empresas: a las canadiense Cornerstone, Salazar Resources y Adventus Mining Corporation, a la ecuatoriana Guayacán Gold, y a la australiana SolGold.
Sus habitantes y quienes dependen del páramo se oponen a las concesiones.
El rechazo a las minera se remonta a décadas atrás. En 2002, el aumento de las concesiones mineras motivaron a los comuneros de Gualel a organizarse y crear un Comité de Defensa del Agua y los Páramos. Desde entonces, los defensores del agua han trabajado con los pueblos aledaños a Fierro Urco y colectivos sociales de Loja para detener el avance de los proyectos mineros que buscan explotar oro, plata y cobre de los páramos, a cielo abierto.
Marco Romero, otro de los abogado que apoya la causa de Fierro Urco, asegura que todas las concesiones se hicieron sin consulta ambiental o consulta previa, un derecho amparado por la Constitución ecuatoriana.
Victor Zaca muestra con orgullo uno de los tanques que abastece de agua a la parroquia de Gualel. Fotografía de David Diaz.
Además, la abogada Carla Luzuriga dice que otro problema con las concesiones mineras en el páramo de Fierro Urco es que las licencias ambientales que entregó el Ministerio de Ambiente de ese entonces no consideraron el principio de precaución.
La abogada explica que el artículo 406 de la Constitución dice que el Estado regulará “la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados”. Uno de esos ecosistemas, dice el mismo artículo, son los páramos y, según la abogada, por eso el Ministerio —como un administrador público— debería proteger los páramos, incluyendo los de Fierro Urco.
Luzuriaga dice que omitir ese artículo es omitir el principio de precaución e ignorar la Constitución —que es la Norma Suprema, a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana.
La abogada Luzuriaga también dice que en este caso se irrespetó también las garantías de los derechos de la naturaleza, que también están establecidas en la Constitución.
La resistencia contra la minería en Fierro Urco
En uno de los intentos de los comuneros de Gualel para detener el avance de la minería, el 15 de octubre de 2020, Jovita Curipoma y su esposo Juan Angamarca —ambos de la tercera edad— junto a dos comuneros, Salomón Tene y Jhon Morocho, fueron detenidos en sus domicilios.
Los cuatro dirigentes comunitarios de la parroquia de Gualel junto a otros 10 comuneros fueron acusados de presunto delito flagrante por ataque, resistencia y daño al bien ajeno. Los acusaban de haber cometido tales delitos después de que un vehículo de la minera ecuatoriana Guayacan Gold fuera incendiado en un enfrentamiento entre comuneros y personal de la minera. Se los llegó a conocer como ‘Los 14 de Gualel’.
En una Asamblea General en junio de 2021 —cuando el caso estaba próximo a definirse en la audiencia de juicio— los dirigentes comuneros se reunieron con todas las comunidades aledañas a Fierro Urco y conversaron sobre su preocupación por la criminalización de sus dirigentes.
También hablaron sobre la forma en la que al parecer las empresas están persuadiendo a las comunidades y dividiendo a sus pobladores. El abogado Marco Romero dice que la minería en Fierro Urco ha causado una ruptura social: entre los que están a favor de la minería y sus contrarios.
En junio de 2021, por los presuntos delitos de ataque y resistencia, los comuneros fueron sobreseídos porque no se encontraron suficientes elementos para hallarlos culpables.
Salomón Tene, de 51 años, da un discurso de agradecimiento en las afueras de La Unidad Judicial Penal, por la abstención del presunto delito de ataque y resistencia. Fotografía de David Diaz.
Pero el caso por presunto daño al bien ajeno continuó hasta que en marzo de 2022, la Asamblea Nacional concedió 208 amnistías a defensores comunitarios y de la naturaleza. Entre los beneficiados por las amnistías estaban los comuneros de Gualel.
Una acción de protección para proteger Fierro Urco
El 20 de enero de 2022, un grupo de comuneros de Gualel presentó una acción de protección con medidas cautelares por el caso Fierro Urco. La acción fue presentada contra Gustavo Manrique, Ministro de Ambiente, Agua, y Transición Ecológica (Maate), la Coordinación del Maate, y la Procuraduría General del Estado.
Los demandantes alegaban que las concesiones mineras en este páramo han vulnerado cuatro derechos constitucionales fundamentales que son:
- el derecho a la consulta ambiental y a la seguridad jurídica,
- los derechos de la naturaleza, en particular los del ecosistema de páramo —que es vulnerable—,
- el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y
- el derecho al agua.
La audiencia de la acción de protección de Fierro Urco fue pospuesta varias veces desde febrero de 2022 hasta que finalmente el 10 de mayo, la jueza a cargo del caso decidió negar la acción.
Victor Zaca, un campesino de 76 años de la parroquia Gualel, señala el camino donde se encuentran las hectáreas concesionadas a las empresas mineras en la cordillera Fierro Urco. Fotografía de David Diaz.
En su fallo, la jueza dice que conforme al análisis del caso no se pudo comprobar que se “ha vulnerado derechos de rango constitucional”. También se negaron las medidas cautelares que buscaban suspender los proyectos mineros en Fierro Urco y las medidas de reparación integral para las áreas del páramo que ya han sido afectadas por la minería.
Sin embargo, inconformes con la decisión de la jueza, el 16 de mayo, los comuneros decidieron apelar el fallo. El abogado Marco Romero dice que todavía no tienen fecha para la audiencia de apelación.
