En una cadena nacional la noche del lunes 6 de febrero —día siguiente de las elecciones— el presidente Guillermo Lasso, con un tono conciliador, habló tras la derrota del referendo impulsado por su gobierno. 

En los siete minutos que duró la cadena aceptó los resultados —aunque aún no han sido proclamados de forma oficial— y dijo que cree que, independientemente de cómo votó cada ciudadano, está seguro de que todos buscan un mejor país. “Si contáramos quienes votaron a favor de las ocho propuestas y quienes lo hicieron en contra, las demandas de todos son las mismas: más seguridad, mejor educación, mejor salud, más trabajo, mejores empleos, mejores salarios y reducción del costo de la vida”, dijo. 

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Enseguida dijo que “convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo”. 

El discurso del Presidente de la República volvió a poner sobre la mesa —aunque de forma escueta— la necesidad de un diálogo y de reconocer que existen diferentes posturas —no solo sobre el referéndum sino sobre el manejo del país, la justicia y otros temas— que en una democracia deben aprender a convivir.

La necesidad de diálogo no es algo nuevo. En los casi 21 meses que este gobierno lidera el destino del país, ese ha sido un llamado constante. A veces, como cuando ocurrió en el paro nacional de junio del 2022, el llamado se convirtió en un pedido a gritos que, hasta ser atendido, se convirtió en violencia y desesperación. 

Resulta difícil ser optimista ante el panorama post electoral. 

El Presidente de la República ha quedado sumamente debilitado. Si parte de su estrategia con el referéndum era lograr algo de legitimidad popular —a falta de acuerdos políticos— los resultados le explotaron en la cara: la mayoría le dijo que no.

Con poca legitimidad, con poca gestión visible —no han cesado las quejas, por ejemplo, de problemas para agendar citas médicas en la red de hospitales públicos— y sin acuerdos políticos, el panorama para este año se ve complejo para la gobernabilidad. 

Aún más cuando los otros actores políticos tampoco han mostrado interés en dialogar con el gobierno de Guillermo Lasso. Luego de que el Presidente apareciera llamando al diálogo, los principales líderes de la oposición Rafael Correa, Jaime Nebot  y Leonidas Iza dijeron que no responderán ese llamado. 

El ex presidente Correa dijo que “un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones. Debemos superar el simplismo de que democracia es esperar elecciones cada cuatro años” y llamó a Lasso un “fraude”. Marcela Aguiñaga, presidenta de la Revolución Ciudadana y prefecta electa del Guayas confirmó que esa es una postura de la organización: “Ya la Conaie se sentó con el gobierno y le tomaron el pelo y nosotros no nos vamos a prestar para eso”, dijo en RTU.

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dijo que “no regresaremos a ningún espacio (de diálogo)” y anunció que a partir del 18 de febrero la Conaie tendrá una asamblea general para decidir las acciones que tomará tras los resultados del referéndum. En un comunicado publicado el 8 de febrero dicen además que “el NO en la consulta popular es el triunfo del pueblo ecuatoriano, el gobierno no ha cumplido los acuerdos del diálogo”. 

El Partido Social Cristiano, el aliado ideológico natural del gobierno, tampoco parece estar dispuesto a dialogar. “No seremos parte de un Acuerdo Nacional convocado por este gobierno”, dice un comunicado difundido pocos minutos después de la cadena nacional.  “Porque ha dado muestras de que en su palabra y en la de su gobierno no se puede creer”, dice el breve texto. 

¿Qué podemos esperar los ciudadanos si los líderes de las principales organizaciones políticas no quieren dialogar con el Presidente de la República? 

Que el PSC y la RC tengan dudas para entablar un nuevo proceso de conversación con el gobierno es comprensible tras la forma en que el primer intento se rompió en mayo de 2021, horas antes de que se instale la primera sesión de la Asamblea Nacional recién electa que, como parte del acuerdo, debía posesionar al socialcristiano Henry Kronfle como presidente del organismo. 

Eso no ocurrió y tanto Jaime Nebot como Rafael Correa aseguraron que la ruptura del compromiso fue unilateral por parte de CREO. 

Con ese primer acuerdo roto, el PSC decidió retirar su apoyo a CREO y, para destrabar la elección de autoridades —que tras la ruptura parecía imposible pues ningún bloque contaba con los votos suficientes por sí solo—, el oficialismo intentó aliarse con Pachakutik, una organización política de izquierda que difícilmente podría tener encuentros. Aunque lograron posesionar autoridades, el acuerdo evidenció sus flaquezas.

Poco más de un año después, en junio de 2022, la Conaie —el movimiento social cuyo brazo político es Pachakutik— convocó, junto a otras organizaciones, al paro nacional.

Tras 17 días de movilizaciones, finalmente se alcanzó una paz que implicaba establecer mesas de diálogos para viabilizar los acuerdos alcanzados, que fueron liderados, en representación del gobierno, por el ministro saliente, Francisco Jiménez.  A esos acuerdos hace ahora referencia Iza y asegura que apenas el 10% de aquello que estaba firmado se ha cumplido. 

Con acuerdos frágiles y resultados que dejan en una posición de desventaja al gobierno de Guillermo Lasso —el gabinete se desgrana desde la mañana de este jueves 9 de febrero— también hay que mirar el rol que tienen Correa, Nebot e Iza en la voluntad de encontrar una salida democrática a la crisis política que vive el país. 

Los líderes de la oposición tienen la obligación de tender puentes, no de dinamitarlos.

Incluso si los resultados electorales hoy les son favorables —como el caso de la Revolución Ciudadana que alcanzó alcaldía en Quito y Guayaquil y las prefecturas de Pichincha, Guayas y Azuay, por citar algunas—, no deberían mirarlos con la arrogancia de pensar que son los únicos salvadores de un país en el que conviven ciudadanos con distintas necesidades, preocupaciones y afinidades políticas. 

Esos líderes —Correa, Nebot e Iza— son responsables de hallar puntos de encuentro en ese país en el que todo está fragmentado. Pretender pescar a río revuelto para obtener réditos políticos para sus organizaciones no es lo más responsable con el país. 

El Presidente tiene un enorme desafío también: desandar un camino en el que se ha ocupado de señalar a los tres líderes opositores de ser golpistas —“triunvirato de la conspiración”, los llamó en octubre de 2021. 

Y eso nos deja una lección que parece obvia: desprestigiar a los oponentes políticos no es la mejor estrategia. Es con ellos con los que tarde o temprano habrá que sentarse en una mesa y acordar. 

Maria Sol Borja 100x100
María Sol Borja
Periodista. Ha publicado en New York Times y Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y fue finalista en los premios Jorge Mantilla Ortega, en 2021, en categoría Opinión. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Ex editora asociada y editora política en GK.
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