La muerte cruzada es el nombre coloquial a la institución jurídica de anulación institucional mutua entre dos funciones del Estado: el ejecutivo y el legislativo.
Fue introducida en el Ecuador en la Constitución de 2008. Fue conceptualizada como una “herramienta jurídica que obligue a una relación de colaboración y complementariedad obligatoria entre el Ejecutivo y Legislativo”, dice Mónica Banegas en su tesis de maestría en derecho constitucional, La muerte cruza en el nuevo texto constitucional relaciones ejecutivo-legislativo. “La muerte cruzada es una figura constitucional y no por ello es democrática”, dijo a GK, Mauricio Alarcón, abogado constitucionalista.
Alarcón explica que esta figura la pueden usar tanto el presidente como la Asamblea Nacional. Además, una vez que se pone en movimiento, se debe convocar a elecciones de ambas funciones, por eso se llama muerte cruzada.
Si la Asamblea destituye al presidente, el ejecutivo queda a cargo del vicepresidente hasta que se den nuevas elecciones. “Es como una especie de juicio político pero sin mayores consecuencias, ya que el presidente cesado puede volver a lanzarse para presidente”, explica Alarcón. En un juicio político, en cambio, el funcionario que es censurado y destituido pierde sus derechos políticos y no podría volver a correr.
Si el presidente disuelve la Asamblea Nacional “mata” al poder legislativo y asume poderes legislativos. Esta situación, a decir de Alarcón, es problemática pues “no habría independencia de funciones”.
¿Cuando puede disolver el presidente la Asamblea?
Según el artículo 148 de la Constitución. el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional por una sola vez dentro de los tres primeros años de su mandato, cuando, según el criterio del presidente:
- La Asamblea se arrogue funciones que no le competen constitucionalmente
- Cuando la Corte Constitucional emita un dictamen favorable
- Cuando la Asamblea Nacional de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
- Por grave crisis política y conmoción interna.
Este es el proceso de la muerte cruzada cuando es hecha por el Presidente
Para la disolución, el presidente debe firmar un decreto.
Luego de siete días de que lo haya expedido, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales.
Mientras no haya Asamblea Nacional, el presidente podrá por medio de un dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir “decretos-leyes de urgencia económica”.
¿Y si es la Asamblea la que aplica la muerte cruzada?
El procedimiento es parecido. El artículo 130 de la Constitución, dice que la Asamblea podrá destituir al presidente por arrogarse funciones que no le competen y por grave crisis política y conmoción interna.
Esta figura se puede usar dentro de los tres primeros años del periodo legislativo. El presidente sería reemplazado por el vicepresidente. En un plazo de siete días luego de la publicación de la resolución de destitución, el CNE debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas.
En una entrevista en el programa Políticamente Correcto, el ex asambleísta Henry Cucalón, explicó que la figura de muerte cruzada fue introducida en la constitución de 2008 como “un detente” en relación a las cesaciones sin juicio político que vivieron los expresidentes Jamil Mahuad, Abdalá Bucaram y Lucio Gutierrez. “No creo que le conviene al país y a los ciudadanos, volver al fragor de unas elecciones generales cuando venimos de un resultado legal y legítimo”, dijo Cucalón.
Por su parte, Mauricio Alarcón dice que una de las consecuencias de la muerte cruzada es el desequilibrio de las funciones del Estado. “Si ya hay una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, una muerte cruzada lo único que haría es ahondarla”, dice. Alarcón considera que usar la muerte cruzada sería poco democrático
La muerte cruzada se usan en los gobierno parlamentaristas y no debería usarse en los presidencialistas como los de América Latina y de Ecuador, dijo Santiago Basabe, decano del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO) en un conversatorio online en abril de 2020, cuando se consideró esta figura para que la anterior asamblea apruebe el proyecto de ley urgente económica de Lenín Moreno. Basabe dijo que en Ecuador la forma de gobierno es presidencial. Según el académico, la muerte cruzada no debería estar en una constitución de un país presidencialista.
¿Qué es un gobierno parlamentario y uno presidencialista?
Un gobierno parlamentario es aquel en el que el gobierno nace en el parlamento, explica Dieter Nohlen, académico y cientista político alemán. En el gobierno presidencialista, en cambio, dice Nohlen, el gobierno es asumido por el presidente por un periodo fijo y establecido en la Constitución.
Dentro de este tipo de gobierno hay una división de poderes. En la Constitución de 2008 se definió en Ecuador el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y participación ciudadana y control social.
En los sistemas parlamentarios, la existencia de un primer ministro depende de las mayorías legislativas y de los acuerdos a los que se pueda llegar en el seno de esos espacios. Al depender de las coaliciones y consensos en el seno del parlamento, los poderes de los primeros ministros —que actúan como ejecutivos— están mucho más limitados.
El modelo tiene sus orígenes en la Gran Bretaña de la Edad Media. Mónica Banegas explica que en 1215 se creó un sistema de equilibrio de poder sobre un pacto entre los nobles y el rey de la corona inglesa, a quien reconocían como autoridad. Con el pasar del tiempo, en el siglo XII el poder parlamentario se dividió en cámara de Lores y cámara de los Comunes.
Banegas sostiene que en 1679, el parlamento y la monarquía llegó al acuerdo que el rey no podría legislar mediante ordenanzas, el parlamento podía crear impuestos y tenían independencia para actuar. Dice “El modelo parlamentarista inglés se basa en un poderío político del Legislativo por sobre el resto de funciones”.
En cambio, en los sistemas presidenciales, el poder nace de la voluntad popular que elige a un presidente. En estos modelos, los jefes del ejecutivo suelen ser jefes de Estado, y concentran en ellos una amplia cantidad de poderes.
El modelo, sostiene el investigador Mario Serrafero, ha sido señalado por su conveniencia al personalismo político en América Latina —que ha desembocado en la concentración de poderes en una sola persona y en una cascada de intentos por eternizarse en el poder a través del mecanismo de la reelección indefinida, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado ya como contrario al modelo de derechos de la región.
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