Las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales se cerraron oficialmente el 14 de octubre de 2022. Estos espacios de debate —que se instalaron después del paro nacional de junio de 2022— terminaron con acuerdos, desacuerdos, algunas actas no firmadas y ofrecimientos de seguimiento. 

Última Actualización: 17 octubre, 2022
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Según el gobierno, se lograron 218 acuerdos después de tres meses de negociaciones. Sin embargo, las organizaciones indígenas y sociales —lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)— han insistido en que todavía hay puntos que no se han resuelto, como la focalización de los subsidios. Además, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dijo que espera que los acuerdos no se queden en “letra muerta”. 

Las 10 mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones se instalaron en julio de 2022 con base en las 10 demandas de la Conaie y otros grupos sociales en el paro nacional de junio de 2022. 

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En dos de las diez mesas no se llegó a ningún acuerdo.

Las mesas fueron: 

  1. Banca pública y privada
  2. Energía y recursos naturales
  3. Control de precios
  4. Fomento productivo
  5. Seguridad y justicia
  6. Derechos colectivos
  7. Focalización de subsidios
  8. Acceso a salud
  9. Educación superior
  10. Derechos laborales

Luego de que las 10 mesas se cerraran, el próximo paso, según el gobierno, es abrir una mesa de seguimiento para construir el plan estratégico para implementar los acuerdos. Esa nueva mesa se instalará el 19 de octubre. 

Este es un resumen de los principales acuerdos de cada mesa, luego de su cierre oficial. 

Banca pública y privada

Esta fue la mesa que cerró primero. El 18 de julio, apenas 4 días después de su instalación, ambas partes llegaron a un acuerdo para la condonación y reestructuración de deudas en la banca pública y privada del país, enfocada en campesinos, agricultores y estudiantes universitarios. Esa era una de las demandas de las organizaciones en el paro. 

Esta medida ya había sido acordada entre ambos sectores cuando firmaron el acuerdo de paz el 30 de junio, en los diálogos mediados por la Conferencia Episcopal. Sin embargo, originalmente solo abarcaba la reestructuración de deudas vencidas hasta tres mil dólares en BanEcuador. 

En el acuerdo de esta mesa, a ese ofrecimiento se sumó:

  1. La reestructuración de las deudas en la banca pública. Las deudas vencidas serán cobradas a diez años plazo y tendrán tres años de gracia. A esta medida podrán acogerse solo clientes que tengan préstamos vencidos de entre 3.000 y 10.000 dólares.
  2. La reestructuración de microcréditos, préstamos para pymes y créditos educativos en bancos privados y cooperativas. Esta medida aplicará para créditos que hayan sido concedidos entre enero de 2020 y junio de 2022. La posibilidad de que este beneficio se aplique quedará a criterio de los bancos y cooperativas acorde a cada caso.
  3. La entrega de créditos productivos en mejores condiciones para sectores populares y áreas rurales. Estos créditos sirven para comprar materia prima, insumos, pagar mano de obra, entre otras. Para esto, el Gobierno destinará 520 millones de dólares. De esos, 300 millones se entregarán a través del programa Créditos de Oportunidades, que da BanEcuador, con 1% de tasas de interés y hasta 30 años plazo. Otros 120 millones se colocarán, con financiamiento de la CFN, a través de bancos privados. Estos créditos productivos tendrán una tasa de interés del 5%, hasta 10 años plazo.
  4. La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips) entregará 120 millones de dólares adicionales a cooperativas para que otorguen microcréditos.

Energía y recursos naturales

Esta mesa se cerró el 9 de septiembre. Entre los puntos que se trataron estaban: la moratoria y auditoría en minería y petróleo, y la remediación e indemnización. Además, se trataron posibles reformas a la Ley de Hidrocarburos, Ley de Minería, Ley de Circunscripción Territorial Amazónica. También se habló sobre la creación de la Ley de Petroecuador y de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. 

En esta mesa hubo criterios divididos, pero sí se lograron acuerdos. Estos son los principales: 

  1. 15 bloques petroleros entrarán en una moratoria temporal de al menos 12 meses hasta que la ley de consulta previa, libre e informada esté publicada en el Registro Oficial. Esta ley debe hacerse de acuerdo a lo establecido en la Constitución, tratados internacionales y las disposiciones de la Corte Constitucional. 
  2. El gobierno no entregará nuevos derechos mineros hasta que exista la normativa necesaria para la aplicación de la consulta previa, libre e informada. 
  3. El gobierno también se comprometió a no dar licencias ambientales para actividades mineras hasta que exista esa ley. 
  4. El gobierno conformará una mesa técnica para evaluar los expedientes de licencias ambientales, contratos petroleros y los derechos mineros entregados, pero no se especifica entre qué periodos se revisará. En ese espacio también se llegará a un acuerdo de los mecanismos efectivos para la reparación de quienes han sido afectados por las actividades mineras y petroleras. 
  5. Las reformas a la Ley Amazónica y otras leyes serán tratadas en otra mesa de diálogo

En el cierre de las mesas, a pesar de haber firmado estos acuerdos, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dijo que en el tema minero no hay consensos porque tienen posturas muy diferentes con el gobierno. Iza dijo que todavía no se ha garantizado el derecho de la consulta previa, libre e informada. Por eso, dijo que estas propuestas tienen que ser una prioridad de la Asamblea Nacional para que le den trámite lo antes posible. 

Iza insistió en que no se podía seguir sosteniendo la economía del país en el dolor y en la sangre de los territorios de los pueblos indígenas. Iza dijo que si no se garantizaban sus derechos, los pueblos saldrían a defender sus territorios. 

Control de precios

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Esta mesa también cerró el 9 de septiembre. Estos fueron los principales acuerdos: 

  1. Se aplicará un subsidio cruzado de energía para quienes consuman menos. Habrá la “tarifa de la dignidad” para quienes consuman hasta 110 kilovatios por hora en la Sierra y 130 kilovatios por hora en la Costa, Amazonía y región Insular. 
  2. Habrá la “tarifa social” en los servicios de telefonía móvil e internet fijo para la población vulnerable de áreas rurales y urbanas. También se mejorará la calidad de los servicios de telecomunicaciones en esas zonas y se fortalecerán los controles para evitar publicidad engañosa. 
  3. Se incrementarán en un 10% los controles para evitar el contrabando de productos en las fronteras norte y sur. Además, aumentarán los controles en las vías más importantes para frenar el tráfico de lácteos, arroz, fruta, cebolla, ganado, entre otros. 
  4. Se acordarán precios de transporte del gas licuado de petróleo en las áreas rurales para mejorar su valor. Se habilitará un canal de denuncia para evitar irregularidades.

El diálogo en esta mesa se suspendió en agosto por falta de consensos, pero se retomó días después, y el plazo para tratar los puntos se extendió. Finalmente, el 9 de septiembre se firmó un acta con los cuatro acuerdos. 

El gobierno dijo que en esta mesa también se plantearon “iniciativas que no fueron consideradas como acuerdos, pero serán desarrolladas dentro de las políticas públicas en beneficio de los ecuatorianos”. 

Uno de los asuntos que no fue incluido en los acuerdos fue el pedido de las organizaciones de establecer precios mínimos y máximos para 44 productos básicos. El gobierno decía que solo se fijen los precios de 13.

También hubo desacuerdos por la forma en la que se hacen las ferias productivas mensuales, organizadas por el gobierno, ya que las organizaciones dicen que no son inclusivas y que no garantizan que tengan cupos mínimos en las perchas de las cadenas comerciales. 

Leonidas Iza en el evento por el cierre de las mesas de diálogo

Leonidas Iza en el evento por el cierre de las mesas de diálogo. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Conaie.

Fomento productivo

Esta es otra de las mesas que se cerró en septiembre. Los acuerdos son

  1. Que el gobierno haga un estudio sobre la transición agroecológica. 
  2. Que se incorpore una capacitación sobre la sabiduría de las comunidades ancestrales en el programa de formación agroecológica que tiene el Ministerio de Agricultura. 
  3. Que el gobierno implemente un proyecto de inversión para formación agroecológica. 
  4. Que el gobierno abra una línea de crédito de entre 5 mil y 20 mil dólares con hasta 3 años de gracia, plazo de 10 años y al 5% de interés para la producción agroecológica. 
  5. Que el gobierno construya un programa nacional para la agricultura familiar campesina. 
  6. Que el gobierno establezca precios referenciales al productor y canales de comercialización para los productos. 
  7. Que el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) haga una hoja de ruta para establecer biofábricas y capacitar a los productores en el uso de fertilizantes orgánicos. 
  8. Que se fortalezca la gestión de los bancos de semillas. 

Sin embargo, en esta mesa no se llegó a un acuerdo sobre:

  • Los tratados de libre comercio, para los que las organizaciones pedían que se analice su impacto en el sector agrícola.

Seguridad y justicia

Esta mesa se cerró a finales de septiembre con 33 acuerdos. Estos son algunos de los más importantes: 

  1. Asegurar la participación de los sectores de la sociedad civil —como la academia, las organizaciones de derechos humanos, los familiares de las personas presas, entre otros— en la elaboración de las políticas públicas para las personas privadas de la libertad.
  2. El gobierno debe diseñar y preparar un Plan Nacional de Seguridad Integral con la participación de delegados de organizaciones sociales e indígenas. 
  3. Las partes deben diseñar una política pública específica y un protocolo de protección de personas que defienden los derechos colectivos, humanos y de la naturaleza. En eso tendrán voz y voto las organizaciones sociales. 

Derechos colectivos

Uno de los temas más destacados de esta mesa fue la entrega de recursos para financiar lo establecido en la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, que entró en vigencia en 2011 y se reformó en 2021.

Entre los acuerdos están el fortalecimiento institucional y de autonomía de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, así como la incorporación del rango de ministro a la autoridad de esta institución.

El gobierno se comprometió a aumentar el presupuesto para la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, que ya se había duplicado anteriormente en los días de paro: de aproximadamente 2,2 millones de dólares a 4,5 millones. Ahora, con el acuerdo de la mesa de diálogo, el presupuesto será de 133 millones de dólares.

El dinero se dividirá de la siguiente manera:

  • 117 millones de dólares para pagar la nómina de 9.001 docentes .
  • 2,2 millones de dólares se destinarán al mantenimiento de infraestructura de instituciones.
  • 1,1 millón de dólares se destinará a la reapertura de las escuelas rurales interculturales bilingües para 2023.
  • Más de 6,2 millones de dólares se destinarán a la alimentación escolar.
  • 1,2 millones de dólares se utilizarán para la adquisición de textos escolares.
  • 5,2 millones de dólares serán para uniformes escolares.

Además, se acordó una revisión curricular por parte del Consejo Plurinacional de Educación, que establecerá parámetros para los programas escolares para cada nacionalidad. También se acordó que se reintegren algunos docentes que habían sido desvinculados de los programas de educación bilingüe.

Después del cierre de esta mesa, Leonidas Iza dijo que cuando concluyan todas las mesas de diálogo, la Conaie hará una asamblea anual para revisar los acuerdos sobre la educación bilingüe y otros temas. 

Focalización de subsidios

Esta fue la mesa más complicada y una en la que no se llegó a acuerdos. Se firmó un acta en la que dice claramente que “no existen acuerdos sobre la focalización de los subsidios a los combustibles“.

Las organizaciones y el gobierno no consiguieron unificar sus propuestas para establecer una política de comercialización acorde al manejo de precios y subsidios de los combustibles, que beneficie al sector agricultor y rural y obligue a sectores con más dinero a pagar más. 

Las organizaciones sociales insistían en que se le quite el subsidio a los sectores atunero y camaronero. Leonidas Iza acusó al presidente Guillermo Lasso de proteger a los grandes grupos económicos que “más se han beneficiado de los subsidios por 20 años”.

El gobierno dijo que estaba trabajando para encontrar el mecanismo para focalizar el subsidio. En una entrevista del 12 de octubre, el presidente Lasso dijo que “no lo pueden recibir los ricos; el subsidio es para los pobres” y que la focalización se hará con tino. 

El ministro de Transporte, Darío Herrera dijo que no solo se trata de quitar el subsidio a los sectores que los movimientos sociales piden, refiriéndose a los atuneros y camaroneros, porque ellos no son “el grueso de la torta”. Según Herrera, el subsidio mal utilizado está “en otro lado” y que hacia esa dirección hay que mirar.

Esta fue una de las primeras mesas de diálogo que se instaló, pero después de tres meses de conversaciones, no se pudo llegar a ningún acuerdo.  

No hay acuerdos para la focalización del subsidio a combustibles

La mesa que buscaba focalizar el subsidio a combustibles no llegó a acuerdos después de 90 días. Fotografía tomada de Pexels.

Acceso a salud

Esta mesa se cerró el 13 de octubre con 44 acuerdos. Los principales son

  1. La conformación de una mesa técnica para hacer una propuesta de inclusión con enfoque intercultural en las mallas curriculares de universidades públicas y privadas. 
  2. La conformación de un equipo para organizar el Consejo de Sabios, para fortalecer los saberes ancestrales. 
  3. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no podrá ser administrado por empresas privadas; es decir, no se privatizará. 
  4. La conformación de una mesa técnica de agua segura y mesas cantonales para reducir la desnutrición crónica infantil. 
  5. La creación de una normativa que fortalezca el primer nivel de atención, los mecanismos de referencia y el sistema de agendamiento de citas de los hospitales públicos. 

Educación superior

Esta fue una de las últimas mesas en cerrarse: terminó el 14 de octubre de 2022. Uno de los principales acuerdos a los que se llegaron es que la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) trabajará con el Ministerio de Finanzas para incrementar en 5% el presupuesto anual del sistema de educación superior, desde 2023. 

Además, el gobierno deberá asignar los recursos necesarios para la educación superior de la siguiente forma: 

  • 200 millones para todo el sistema de educación superior para 2023. 
  • 240 millones de dólares para la gestión académica y administrativa de nuevos institutos y de los ya existentes entre 2023 y 2025. 

La Senescyt y el Ministerio de Finanzas también darán los siguientes montos: 

  • 100 millones para becas y ayudas económicas de tercer y cuarto nivel entre 2023 y 2025. El 40% de ese dinero será destinado para los postulantes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 
  • 50 millones para la creación de institutos y para fortalecer la formación técnica y tecnológica en 2023. 

La Senescyt también creará un plan de inversión anual de 20 millones, desde 2023 hasta 2025, para fomentar las investigaciones sobre los saberes, idiomas y conocimientos de los pueblos ancestrales. 

Derechos laborales

La mesa de derechos laborales es otra en la que el gobierno y las organizaciones no llegaron a acuerdos. Inicialmente, el gobierno dijo que había 17 acuerdos. Sin embargo, las organizaciones no firmaron el acta. 

Algunos de los acuerdos a los que se habría llegado, pero que no fueron oficializados son: 

  1. Asistencias técnicas del Ministerio de trabajo para la contratación de personal sanitario. 
  2. Hacer comisiones para dar seguimiento a las demandas laborales, especialmente durante la pandemia del covid-19. 
  3. Un proyecto de inversión para el pago de compensaciones de jubilación en el sector público. 
  4. Actualizar la hoja de ruta del convenio número 97 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que sienta las bases para la igualdad en el tratamiento entre trabajadores nacionales y migrantes. 
  5. Una reforma al protocolo de acoso laboral. 

El 13 de octubre, Patricio Donoso, ministro de Trabajo, dijo que los acuerdos estaban listos, pero que la Conaie no quiso firmar el acta en la que constaban esas propuestas. Según Donoso, la organización insistía en que el acta debía decir que no existían acuerdos, mientras que el gobierno quería dejar constancia que sí llegaron a 17 puntos en los que coincidían. Por eso la mesa cerró sin acuerdos. 

Antes del cierre de las mesas, la noche del 13 de octubre, Iza dijo que la mesa de derechos laborales era otro de los puntos sensibles —además del subsidio— en el que no había acuerdos todavía. Iza dijo que se convocaría a una mesa emergente para seguir tratando esos temas el 14 de octubre. Sin embargo, todavía no se han logrado acuerdos.

Susana Roa 150x150
Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.
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