Las protestas que actualmente paralizan a Quito y varias ciudades de la sierra y Amazonía ecuatoriana se fundamentan en 10 exigencias publicadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), liderada por su presidente, Leonidas Iza. Los manifestantes exigen el cumplimento de su decena de pedidos para poner fin a la conmoción social. Por ende, su lista merece ser detalladamente analizada y debatida —algo difícil de hacer en el contexto de un paro nacional.
Pero hay que hacerlo.
Empecemos por reconocer que la inflación causada por el encarecimiento del combustible afecta a todos los productos de la canasta básica. Esto afecta, principalmente, a las personas cuyos ingresos rodean el salario mínimo, actualmente fijado en 425 dólares mensuales.
Mucha gente tiende a negar la legitimidad de la protesta, citando la participación de actores oscuros y motivos políticos de distintos líderes, como mecanismo de negar una realidad bastante obvia: Ecuador está mal diseñado.
La desigualdad hace que algunos sufran más los ajustes del mercado que otros. Es posible que haya manipulación y motivos políticos detrás de la protesta y, a la vez, personas que participan para expresar su malestar por su situación económica. Ambas cosas pueden ser verdad.
Para ser justos y llegar a una solución negociada, debemos ser más empáticos como sociedad, no menos.
Analizando las propuestas de la Conaie una por una, también debemos cuestionar si las exigencias pueden resolver los dolores de los manifestantes o si el remedio podría ser peor que la enfermedad.
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Lo primero que se nota sobre la lista de diez exigencias es que representan una nueva agenda económica para el país, una agenda que no ha sido socializada.
Más bien, se entiende que los manifestantes buscan imponer su plan económico a través de una presión como atentar contra el bienestar de los quiteños. Por esa misma razón, merecen los ecuatorianos la oportunidad de debatir los méritos del programa económico de la Conaie.
Cientos de comuneros permanecen en el sector Cutuglagua, hasta que el liderazgo indígena decida si llegará a Quito. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.
Veámoslo, punto por punto.
1. Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el Diésel a $1,50 y la gasolina Extra y Ecopaís a $2,10, derogar los decretos 1158, 1183, 1054, y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores.
Cuando la Conaie exige el fin del sistema actual de fijación precios de combustibles, está exigiendo que el gobierno firme un cheque en blanco para cubrir la diferencia entre el costo real del combustible y el precio comercial exigido por parte del gremio indigenista por un tiempo indefinido.
Aunque por un lado piden que los subsidios sean focalizados, por otro lado no publican una propuesta sobre cómo focalizar. Asumimos que dejan la ejecución de la focalización al criterio del gobierno actual.
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El resultado de una subvención masiva de los combustibles sería que el Estado asuma una obligación abierta y variable para cubrir los costos del consumo del combustible, cueste lo que cueste.
Si sube el precio del combustible aún más, o si sube la demanda o el consumo de la gasolina, la Conaie supone que el Estado tendrá los recursos para cubrir aquellos costos. Semejante compromiso quitaría recursos para otras responsabilidades del Estado, como salud, educación y seguridad.
Vías bloqueadas por el paro nacional. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.
Bajo los sistemas de subsidio pasados, las personas que más consumen, incluyendo las que tienen autos de lujo, reciben más subsidio que las personas que viven con el salario básico. La pregunta honesta que debemos hacernos es: ¿es subsidiar el consumo de combustible la manera más efectiva de aliviar la pobreza?
De todas las opciones de políticas públicas que hay, ¿tendrá esta subvención el mayor impacto en la gente que más necesita?
Es una pregunta que merece resolverse antes de tomar una acción tan drástica.
2. Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas) No al embargo de los bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.
Aquí no está claro lo que la Conaie pide. Dice que exige el alivio para cuatro millones de familias. En el Ecuador, según el Instituto de Estadística y Censos (INEC), la familia promedio tiene 3,8 integrantes. Somos, en total, 17,9 millones de personas en Ecuador. Esto quiere decir que hay, más o menos, 4,7 millones de familias en el Ecuador.
Si la Conaie pide que 4 millones de familias ecuatorianas reciban moratorias en créditos, significaría que más del 85% de las familias tiene problemas para pagar sus deudas a tiempo. Pero, el nivel de morosidad del sistema financiero local es de 2,87%, según el Banco Central.
Hay algo en esa propuesta que no cuadra.
Las peticiones de la CONAIE al gobierno son en materia monetaria y de derechos. Fotografía de Vanessa Terán para GK.
Si, por un error, se puso familias en vez de ecuatorianos, es decir un cuarto de la población, debemos preguntar: ¿qué consecuencias traería tal moratoria?
Los bancos y cooperativas usan los depósitos de sus clientes para extender préstamos con el fin mínimo de recuperar aquellos depósitos. Con las tasas de interés aprobadas por la Superintendencia de Bancos, las instituciones financieras deberían cubrir sus costos de operación, generar ganancia, y compensar la morosidad de las personas que no pueden pagar sus préstamos.
Si le decimos al sistema financiero que no puede recuperar los depósitos actuales de sus clientes, en el mejor de los casos tendremos tasas de interés más altas ya que, al no poder recuperar los depósitos de sus clientes actuales, tendrán que buscar la manera de recuperar los depósitos a través de los clientes del futuro. Se puede cuestionar si podemos generar una reactivación económica con tasas de interés más altas.
En el peor de los casos, una moratoria bancaria podría asustar a los depositantes, ya que pone en entredicho la solvencia del sistema bancario. Como consecuencia, podría provocar el colapso del sistema financiero, tal como pasó en 1999.
Si el fin de una moratoria es ofrecer ayuda a los clientes, las consecuencias de poner en riesgo los depósitos de los ecuatorianos podrían ser graves. Esto debería, también, ser considerado.
3. Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más; no al cobro de regalías en las flores.Para que millones de campesinos, pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo.
El punto 3 y el punto 8 de las exigencias de la Conaie piden congelación de precios en alimentos. El punto 3 se refiere al precio de venta. Supongo, sin tener mayor claridad, que la Conaie quiere que el gobierno pague por los productos un valor mayor al precio del mercado para garantizar sus ingresos.
A la vez, la Conaie no quiere que el costo de la congelación de precios más altos, aumente aún más el valor de la canasta básica. Entonces en su punto 8 pide que los precios de consumo sean menores.
La Conaie pide precios justos en los productos de campo. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Confeniae.
La diferencia entre el precio de oferta y el precio de demanda generaría una brecha que sería responsabilidad del gobierno, supongo.
No se ha calculado el costo de asegurar que a los productores se les pague más y los consumidores paguen menos. Con los recursos del Estado fuertemente comprometidos a subsidiar el combustible, valdría la pena saber cuánto costaría la política pública propuesta por la Conaie y si el Estado tendría los recursos para cumplirla.
4. Empleo y derechos laborales. Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al IESS.
Bueno fuera si solo bastaría con “exigir empleo” para crearlo. Pero el trabajo en el sector privado se genera gracias a condiciones de competitividad e inversión. Ambas, ausentes en el Ecuador actual.
Aunque el Estado, según la Conaie, no tenga que lidiar con la realidad de tener mayores ingresos que gastos, las empresas privadas sí. Por ende, si vamos a aumentar los costos para las empresas a través de nuevos términos laborales, deberíamos esperar que aquellas empresas suban sus precios o reduzcan su nómina de empleados, pues sostener más gastos que ingresos lleva a la quiebra.
La pregunta para la Conaie es ¿qué hacer con el desempleo generado a raíz de la expansión de los derechos laborales?
Manifestaciones en Quito. Fotografía de Vanessa Terán para GK.
Casi reconociendo que no están promoviendo inversión privada, la Conaie exige que la creación de empleo sea a través de inversión pública, generando la pregunta: si el Estado ya subsidia la brecha de combustible y la brecha de alimentos, ¿de dónde vendrían los recursos para financiar más promesas como la creación de empleo a través de la inversión pública?
Cuando no se puede completar el presupuesto, el Estado tiene dos opciones. La primera, pedir un préstamo de alguien de afuera. La segunda, sacar más plata del bolsillo de los ecuatorianos para financiar sus promesas.
En el primer escenario, demos por hecho que el Fondo Monetario Internacional no va a querer prestarle plata a un gobierno cuyo único objetivo es expandir y no reducir sus gastos. La alternativa sería buscar préstamos de países como Rusia o China.
Rusia está complicada por su mal pensada invasión a Ucrania. Entonces, la única opción sería China. La pregunta en ese escenario es ¿qué pide China a cambio?
China como país está hambriento de recursos naturales, como hemos visto en su participación en el mercado minero en Ecuador. Pero el punto 5 de las exigencias de la Conaie pide no más actividad económica extractiva.
Si estamos dispuestos a hacer negocios con China, preguntémonos qué estamos dispuestos a dar a cambio.
Si la opción es la segunda, seguirle metiendo la mano a los bolsillos de la gente, deberíamos esperar menos empleo, cuando ataquemos el poder adquisitivo de los ecuatorianos.
Quizá algunos digan “vamos a pagar el presupuesto con los depósitos que tienen los ecuatorianos afuera!”. Eso sería como decir “vamos a pagar con el oro de Rumiñahui!”.
Primero hay que encontrar ese dinero, algo difícil ya que se llaman paraísos fiscales por algo. Luego hay que tener el mecanismo legal para repatriarlos.
Hasta ahora ninguna de las propuestas de la Conaie da pistas sobre cómo vamos a financiar la expansión de las responsabilidades fiscales del Estado.
La opción “nuclear” sería salir de la dolarización, tener una moneda propia, y simplemente imprimir e imprimir billetes para cumplir con las responsabilidades económicas locales. Valdría la pena estudiar el caso de Venezuela para analizar la efectividad de aquella política monetaria.
5. Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151.
No podría estar más de acuerdo con la idea de limitar las actividades extractivistas en el Ecuador. Incluso recién publiqué aquí en GK una nota explicando cómo podríamos aprovechar los mercados de carbono para reemplazar el modelo económico de destrucción de la naturaleza con su protección. Ecuador debería buscar una manera de dejar la explotación petrolera y mineral atrás.
Incluso con esa perspectiva, debemos preguntar a los autores de la lista de exigencias algunas cosas. Si vamos a subvencionar el consumo de combustibles y ofrecer un incentivo para consumir más, ¿de dónde vendrían los combustibles que vamos a consumir? Quizá están considerando que dejemos de ser exportadores de crudo para importarlo.
El riesgo país ha aumentado desde que comenzaron las manifestaciones. Fotografía de Vanessa Terán para GK.
Si viene el combustible de México, por ejemplo, ¿somos conscientes de que el petróleo viene en parte de la selva lacandona, tierra ancestral de los pueblos maya? ¿Con qué reemplazaríamos los ingresos mineros para cumplir con la ampliación de promesas del Estado?
6. Respeto a los 21 derechos colectivos: Educación Intercultural Bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
Si el Estado se ha comprometido con derechos colectivos, debería cumplir.
Surgen preguntas, por ejemplo, sobre si una persona sujeta a la justicia indígena puede también reclamar los derechos garantizados por la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP). No obstante, la Conaie está en su derecho de exigir el cumplimiento de acuerdos previos.
7. Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos/as. (Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras.
Se podría ver en la venta de activos del Estado una manera para financiar las promesas extensivas de la lista de la Conaie, pero en su punto 7, está retirando aquella opción de la mesa.
Algunos dirán que los ingresos de los activos del Estado pueden ayudar a financiar el presupuesto general, pero algunos de aquellos activos no son rentables, por lo que suelen requerir de más inversión y más gasto estatal.
Organizaciones sociales marchan hacia el centro histórico. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.
La aerolínea TAME, por ejemplo, requeriría de millones para empezar a recuperar su participación en el mercado aéreo nacional. La telefónica CNT, por otro lado, pronto quedará atrás si no puede mantener el nivel de inversión en tecnología que realizan sus competidores privados. La pregunta se vuelve, entonces, si no vamos a vender los activos del Estado, ¿cómo priorizamos la inversión requerida frente a los otros compromisos que hay, como el subsidio a los alimentos y el combustible?
8. Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.
Tal vez este es el punto más controversial.
Sería bueno que la Conaie explique cómo funcionaría el control de precios. A mí me interesa saber, si hay un ejemplo en el mundo de un país que funciona con control de precios en los productos de primera necesidad.
Venezuela y Cuba han intentado implementar control de precios y el resultado hay sido el cierre de empresas productoras, escasez que se retrata en perchas vacías, filas interminables en los supermercados y mercados negros en los que algunos —normalmente los ricos— se abastecen mientras los pobres sufren la escasez.
La avenida La Patria, en Quito, en la mañana del segundo día del paro nacional. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.
Ya que el congelamiento de precios es tal vez la política pública que más ha fracasado en la historia de la humanidad, sería bueno que la Conaie nos explique cómo este remedio no sería peor que la enfermedad.
9. Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
En la lista de exigencias para que se conviertan en prioridades del Estado, la Conaie ya tiene un presupuesto variable para subsidiar combustibles y alimentos. Luego, tienen un compromiso de crear empleo a través de la inversión pública.
¿En qué punto priorizamos salud y educación? Si dejamos de pagar a las refinerías globales, por ejemplo, pasará poco tiempo antes de que se acabe la oferta de gasolina. ¿A quién no vamos a pagar?
Manifestantes en el centro histórico. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.
10. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crímen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador.
Tal vez en la lista de prioridades del país, otros no pondrían a la seguridad como último punto, pero de todas formas no podemos escaparnos de la pregunta de ¿cómo vamos a financiar la seguridad nacional con tantos nuevos compromisos que la Conaie quiere que el Estado asuma?
§
En conclusión, la lista de exigencias de la Conaie representa un programa económico radical que los ecuatorianos no han podido debatir en el contexto de una elección general.
La Conaie nos ha dicho qué es lo que quiere, pero no nos han dicho cómo conseguirlo. Tampoco han abierto un espacio para debatir el mérito de sus exigencias.
Con una expansión en compromisos masivos y sin ningún plan de aumento de ingresos, surge una pregunta elemental: ¿cómo se va a financiar esta lista de exigencias?
La única conclusión a la que llegamos es que la Conaie quiere delegar la ejecución de sus sugerencias a los asesores económicos del Presidente, una situación curiosa, por decir lo menos.
Finalmente, si la Conaie no está dispuesta a llevar su agenda económica a una elección general, surge la pregunta: ¿por qué y para qué tenemos elecciones?
Se puede reconocer, como dije al inicio, que las marchas obedecen a un gran malestar económico y social. Las élites políticas, como las que están en la Asamblea Nacional, han pasado un año sin aprobar legislación contundente para mejorar la situación de los ecuatorianos. Deberían rendir cuentas.
Docentes, educadores, colectivos feministas y organizaciones sociales se unieron al paro nacional. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.
Las élites sociales, en cambio, no aportan cuando quieren descartar o minimizar la existencia de un sufrimiento masivo, solo por la existencia de actores políticos que buscan aprovecharse de las protestas para sus fines personales.
No obstante, podemos reconocer que el hecho de que la Conaie sea el grupo que más ha amplificado la voz de las personas que sufren por los problemas, no le da un monopolio sobre las soluciones que pueden resolverlos.
