En abril de 2021, la Corte Constitucional dio paso a la despenalización del aborto en casos de violación. La sentencia de la Corte ordenaba a la Asamblea Nacional aprobar un proyecto de ley que regulara el proceso. 

La Asamblea tenía hasta el pasado 28 de diciembre de 2021, para aprobar dicha ley. Sin embargo, incumplió el plazo, y hasta hoy, 9 de enero de 2022, la ley aún no ha sido aprobada.

En esta cronología te contamos cómo ha avanzado el proceso para la aprobación de la ley del aborto por violación.

28 de abril de 2021

La Corte Constitucional —máximo tribunal del país— despenalizó el aborto por violación. La Corte resolvió una causa que agrupaba seis acciones de inconstitucionalidad sobre la penalización del aborto en casos de violación. 

Las acciones fueron presentadas por diferentes colectivos, organizaciones y defensores de los derechos humanos contra los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El 149 reprimía a las mujeres que se practicaren un aborto de forma consentida. El 150 establecía dos excepciones a la represión estatal del aborto. La Corte resolvió que ambos artículos eran inconstitucionales y despenalizó el aborto en casos de violación. 

En la sentencia, la Corte Constitucional obligó a la Defensoría del Pueblo a escribir y presentar un proyecto de Ley que regule el proceso para que luego la Asamblea la debata y apruebe. La Defensoría del Pueblo tenía un plazo de dos meses —después de la sentencia— para presentar el proyecto de ley. Y la Asamblea tenía seis meses para debatir sobre el proyecto de ley y aprobarlo. 

26 y 27 de mayo de 2021

Organizaciones de la sociedad civil participaron en eventos y reuniones convocadas por la Defensoría del Pueblo para colaborar en la elaboración de la propuesta del proyecto de ley del aborto por violación. El 26 de mayo la Defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira se reunió con organizaciones sociales, feministas y grupos LGBTI para escuchar sus propuestas sobre el proyecto de ley. 

El 27 de mayo, Rovira se reunió en la ciudad portuaria de Guayaquil, con los y las dirigentes de organizaciones que promueven los derechos de las mujeres. En el evento los expertos presentaron varias propuestas que, consideraban, se debían incluir en el proyecto de ley que regularía la interrupción legal voluntaria del embarazo en casos de violación. 

28 de junio de 2021

El día en que se cumplía el plazo otorgado por la Corte Constitucional para que la Defendoria del Pueblo preeentara el proyecto a la Asamblea Nacional, la Defensoría lo presentó entregó el proyecto de Ley de Interrupción Legal Voluntaria del Embarazo por Violación. 

Zaida Rovira, Defensora del Pueblo subrogante, dijo que el proyecto se hizo con el apoyo de expertos nacionales e internacionales, colectivos sociales y de la ciudadanía. 

El proyecto de ley presentado por la Defensoría definió los requisitos para acceder a un aborto en caso de un embarazo producto de una violación. Además, estableció cuáles son los derechos que tienen las personas que quedaron embarazadas luego de una violación. También detalló algunas de las responsabilidades que tiene el personal de salud para garantizar el tratamiento del aborto a las sobrevivientes deviolación que deseen acceder a uno. 

Tras la presentación del proyecto, este debía ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional. 

17 de agosto de 2021

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de Ley de Interrupción Legal Voluntaria del Embarazo por Violación. 

Lo hizo 50 días después de que la Defensoría del Pueblo presentara el proyecto de ley. El plazo era de 30 días, pero no se cumplió. 

Una vez calificado, el proyecto pasó a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, presidida por Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática. Esta comisión debía trabajar en el informe para primer debate. Para hacer el informe, los asambleístas integrantes de la Comisión recibieron a organizaciones de la sociedad civil y expertos para asesorarse en el tema. 

 27 de octubre del 2021

El asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas, presentó el proyecto de  Ley Orgánica para la armonización de la protección de la vida humana desde la concepción con la despenalización del aborto consentido en casos de violación.

El proyecto de ley presentado por Vanegas pretendía regular el aborto por violación con una mirada lejos de los derechos humanos y en contra de lo dispuesto por la Corte Constitucional. Fue apoyado por once asambleístas de diferentes bancadas: Vanessa Freire, Pierina Correa, Esteban Torres, César Rohon, Christian Omar Yucailla, Eckener Recalde, Edgar Patricio Quezada, Geraldine Weber, Isabel María Enríquez, Jessica Castillo, Marlon Cadena. 

29 de noviembre de 2021

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), conoció el proyecto de Ley Orgánica  para la armonización de la protección de la vida humana desde la concepción con la despenalización del aborto consentido en casos de violación, elaborado y presentado por el asambleista Ricardo Vanegas.

El informe no contó con los votos necesarios ni para aprobarlo ni archivarlo, por lo que el CAL puede volver a tratarlo en otras sesiones si así lo quisiera. Organizaciones de los derechos humanos y otros expertos aseguran que dicho proyecto de ley es inconstitucional y va en contra de la sentencia de la Corte Constitucional —máximo tribunal del país. 

2 de diciembre de 2021

La Comisión de Justicia aprobó el informe para el primer debate del proyecto de Ley de Interrupción Legal Voluntaria del Embarazo por Violación. Luego, la Comisión remitió el informe a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para que fijara una fecha para el primer debate del proyecto en el pleno. 

Llori convocó a los asambleístas para las 9:30 de la mañana del 9 de diciembre para el primer debate del informe del proyecto de ley. 

9 de diciembre de 2021

El pleno de la Asamblea Nacional debatió por primera vez sobre el proyecto de ley con el que debe cumplir el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto por violación. En el primer debate, los asambleístas no debían  votar sobre el proyecto.

Antes de comenzar el primer debate, la Asamblea recibió a representantes de organizaciones y expertos que hablaron del aborto y de la necesidad de que se cumpla con la sentencia de la Corte Constitucional. 

Aunque el debate debía centrarse en el proyecto de ley y las posibles reformas para su aprobación, algunos asamblesístas ultraconservadores intentaron posicionar al debate como si se hubiera estado discutiendo la despenalización del aborto, aunque no era eso lo que se discutía. Incluso aunque la ley aún no ha sido aprobada, abortar en casos de violación ya no es un delito.

28 de diciembre del 2021

Expiró el plazo establecido por la Corte Constitucional para que la Asamblea Nacional aprobara la ley del aborto por violación. Sin embargo, la Asamblea no aprobó la ley en el tiempo establecido porque los legisladores  estaban en receso desde mediados de diciembre y solo se había debatido el proyecto una vez.

Un Reglamento sobre los procesos de la Corte Constitucional dice que para determinar si una sentencia se ha incumplido, debe activarse una fase de seguimiento de la sentencia. Si en esa fase la Corte concluye que no se cumplió, puede aplicar sanciones a las autoridades públicas e incluso ordenar su destitución.

La Corte Constitucional le dijo a GK que aún “no ha dado inicio a la fase de seguimiento” en este caso, por lo que todavía no pueden decir que se haya incumplido o no con la sentencia.

A pesar de que el plazo para aprobar la ley ya expiró, la ley debe aprobarse. Está previsto que el 10 de enero de 2022, la Comisión de Justicia retome el debate del proyecto de ley del  aborto en casos de violación. 

10 de enero de 2022

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional llegó a un consenso y fijó el plazo para que las mujeres víctimas de violación puedan acceder a la interrupción de su embarazo. 

El plazo fijado para las mujeres mayores de 18 años es de 28 semanas de gestación. Mientras que para las niñas, adolescentes menores de edad y mujeres con discapacidad no habrá un plazo. Podrán interrumpir su embarazo en cualquier semana. 

El plazo planteado por la Comisión causó fuertes críticas y debate en redes sociales. Activistas autodenominados provida dijeron que el plazo de 28 semanas significaba matar “a todos los bebés de siete meses”. Sin embargo, expertas médicas dicen que no es así, que en Ecuador, el sistema de salud público no tiene la infraestructura para asegurar la vida de un feto de 28 semanas. 

15 de enero de 2022

La Comisión de Justicia sí fijó tres escalas de plazos:

• Para las niñas y adolescentes menores de 18 años, víctimas de violación, puede realizarse hasta las 22 semanas de gestación. 
• Para las mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante, víctimas de violación, podrá hacerse hasta las 20 semanas de gestación. 
• Para las mujeres con “discapacidad mental” se hará conforme a lo dispuesto en la guía de aborto terapeútico del Ministerio de Salud Pública. 

16 de enero de 2022

A las 11 y 43 de la noche, la Comisión de Justicia aprobó el informe para el segundo debate con siete votos afirmativos, dos en contra y una abstención.

A favor:

-Jhajaira Urresta (UNES)

-Gisella Garzón (UNES)

-Johanna Moreira (Izquierda Democrática)

Alejandro Jaramillo (Izquierda Democrática)

-Dina Farinango (Pachakutik).

-José Agualsaca (UNES)

-José Chimbo (Pachakutik).

En contra:

-Ricardo Vanegas (Pachakutik)

-Sofía Espín (UNES)

Abstención:

Dalton Bacigalupo (Izquierda Democrática).

La legisladora Sofía Espín dijo, al finalizar la sesión, que un informe de minoría será presentado ante el pleno pues, según ella, el documento aprobado no cumple con el fallo de la Corte Constitucional.

El mismo día, fue presentado el informe de minoría firmado por los asambleísta Sofía Espín de UNES, Ricardo Vanegas de Pachakutik y Dalton Bacigalupo de la Izquierda Democrática.

25 de enero de 2022

Se instaló el segundo debate del proyecto de ley para la interrupción del embarazo en casos de violación. Intervinieron varios expertos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. En las afueras de la Asamblea, cientos de mujeres llegaron de ciudades de la Sierra, la Costa y la Amazonía. Sin embargo, a las 4 de la tarde los asambleístas pidieron suspender la sesión y no intervinieron. 

3 de febrero de 2022

El segundo debate se retomó y los asambleístas discutieron por más de 8 horas, pero no hubo votación.

Pasadas las 6 de la tarde de ese día, al finalizar la sesión del segundo debate,  Johanna Moreira, proponente del proyecto, pidió 8 días para incorporar las observaciones del debate en el informe. Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, lo autorizó. 

11 de febrero de 2022

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó el informe con las observaciones que hicieron las legislaciones en el pleno.

Los plazos para practicar el aborto son el punto más importante que cambió entre el informe de mayoría para segundo debate y el final. 

En el informe final dice que:

• Para las niñas y adolescentes menores de 18 años, mujeres de la ruralidad, pueblos y nacionalidades víctimas de violación: hasta las 18 semanas de gestación. Se redujeron de las 22 semanas que decía el documento anterior.
• Para las mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante, víctimas de violación: hasta las 16 semanas de gestación. También disminuyó de las 20 que proponía el informe anterior.

17 de febrero de 2022

La Asamblea aprobó la ley de interrupción del embarazo en casos de violación con 75 a favor, 41 en contra, 14 abstenciones y ningún voto en blanco. 

En informe de mayoría fue aprobado después de que se hagan más modificaciones:

• En el documento final se bajó las semanas de plazos para el procedimiento en mujeres mayores de 18 años: pasó de 16 semanas a 12. “Las mujeres adultas y empobrecidas nos hemos sacrificado por las niñas”, dijo Johanna Moreira, ponente del trabajo con lágrimas en los ojos. 
• Además, en el inciso 6 del artículo 23 de la normativa referente al consentimiento informado de la sobreviviente. La víctima de violación con discapacidad —en caso de que no tenga la compañía de su representante legal o una persona de confianza— puede acceder al apoyo de una psicóloga, trabajadora social o representante de la Defensoría del Pueblo.