La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional terminó el texto final para votación del proyecto de ley para la interrupción del embarazo en casos de violación. El 25 de febrero, durante el segundo debate en el pleno de la Asamblea, los legisladores intervinieron y dieron sus observaciones al informe de segundo debate

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Desde esa fecha, la Comisión debía incorporar las observaciones que considerara pertinentes y elaborar otro informe para que regrese al pleno, y sea votado. El documento fue culminado y aprobado por la comisión el 11 de febrero. 

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El informe ya está listo y fue entregado la tarde de ese mismo día a la presidencia de la Asamblea Nacional, confirmó Alejandro Jaramillo, presidente de la comisión. Sin embargo, aún no se ha agendado una fecha para la votación del proyecto de ley. 

Los plazos para practicar el aborto son el punto más importante que cambió entre el informe para segundo debate y el final. Es, además, el que ha generado más rechazo de activistas y organizaciones que defienden los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres.  

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Artículo 19: Plazos

En el informe que fue debatido la última semana de enero, se planteaban los siguientes plazos para la interrupción del embarazo: 

  • Para las niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación: hasta las 22 semanas de gestación. 
  • Para las mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante, víctimas de violación: hasta las 20 semanas de gestación. 
  • Para las mujeres con “discapacidad mental” se hará conforme a lo dispuesto en la guía de aborto terapeútico del Ministerio de Salud Pública. 

Ahora, en el nuevo informe, quedaron:

  • Para las niñas y adolescentes menores de 18 años, mujeres de la ruralidad, pueblos y nacionalidades víctimas de violación: hasta las 18 semanas de gestación. 
  • Para las mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante, víctimas de violación: hasta las 16 semanas de gestación. 

Desde que la Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación, en abril de 2021, la organización Surkuna —que defiende los derechos de las mujeres— ha atendido a 21 víctimas de violación que han querido acceder a un aborto. El 57% de ellas lo hizo en el segundo semestre, por encima de la semana 20. Por eso, Surkuna sostiene que los nuevos plazos son restrictivos. “Quienes llegan a las semanas más avanzadas de embarazo son las niñas, mujeres y personas gestantes más vulnerables, entonces ellas van a ser forzadas a la maternidad porque no van a llegar en el plazo permitido”, dice la abogada de Surkuna, Ana Vera, para explicar por qué está en contra de los nuevos plazos. 

La otra razón, dice Vera, es que al dejar fuera a las de más de 18 semanas de gestión “lo que hacen es arriesgar a la clandestinidad a las mujeres que están en el momento más complejo para realizarse una interrupción voluntaria del embarazo. Porque mientras más pasa el tiempo, hay más riesgo”, explica Vera. 

El 25 de enero de 2022, en el segundo día de debate el informe en el pleno legislativo, el  médico Esteban Ortiz, quien ha realizado un amplio estudio sobre el aborto en Ecuador, explicó que, si bien los datos internacionales sugieren que más del 99% de abortos —de cualquier tipo—, se realizan antes de las 20 semanas de gestación, hay mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes que no logran acceder en esos tiempos. “Hay mujeres que requieren atención hospitalaria que viene después de esta etapa [después de las 20 semanas]. Más de cinco mil mujeres quedarían fuera de este derecho de acceder a un sistema sanitario justo y equitativo”, indicó Ortiz, en su comparecencia. 

Luego de aprobarse el informe final que pasará al pleno, el legislador Jaramillo admitió que los nuevos plazos fijados son una “tortura para las niñas de las nacionalidades, para las adolescentes y mujeres de nuestro Ecuador que viven en círculos permanentes de violencia psicológica, física y económica”, dijo en el salón donde sesionó la Comisión de Justicia. 

Recordó, además, lo que las organizaciones de mujeres han reclamado desde hace ya varios años: el silencio. “Muchas de ellas han podido decir que fueron violentadas luego de 15 y 20 años porque esta sociedad les ha obligado a sentir y tener vergüenza, aunque ellas han sido las víctimas. Hay muchas mujeres y adolescentes que ni siquiera se atreven a decir lo que sufren todos los días por el miedo”, cuestionó.

Para la activista Silvia Buendía, el problema es que los cambios en los artículos los han hecho “sin un criterio objetivo y técnico”. Explica que con las modificaciones están discriminando y que “la razón de ser de la sentencia de la CC es la discriminación en el trato” que había antes de la despenalización. 

Isabela Ponce y Karol Noroña
Isabela Ponce es directora editorial de GK y Karol E. Noroña es reportera de GK. Ambas escriben sobre derechos de las mujeres.