La aprobación de un informe que pretende permitir la interrupción del embarazo en casos de violación hasta las 28 semanas ha generado una intesa discusión pública. 

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Algunas críticas vienen de sectores ultraconservadores. El ex presidente Rafael Correa invitó a formar una “coalición nacional por la vida” en respuesta a la propuesta del plazo, hecho por la Comisión de Justicia de la Asamblea. 

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El plazo de 28 semanas para que las mujeres mayores de 18 años puedan abortar, fue propuesto la noche del 10 de enero de 2022, por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. También propuso que para las niñas menores de edad y mujeres con discapacidad no haya  ningún plazo. 

Correa cuestionó la decisión de la Comisión y dijo que después de las 26 semanas un bebé ya no es un feto sino un bebé prematuro. Por eso, dice Correa, la propuesta del plazo es una “barbaridad”. Activistas autodenominados provida como María Isabel Fiallo y la excandidata a vicepresidenta Martha Villafuerte (cuyo binomio fue el pastor evangélico Gerson Almeida), también reaccionaron. El plazo, adujeron, era una “sentencia de muerte” para todos los “bebés de 7 meses”. 

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Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, criticó la postura del expresidente Correa. Martínez dijo que era “contradictoria” porque durante su presidencia no protegió a los niños y niñas que eran violados en las escuelas

Además, hablando del dilema de los plazos para la terminación de embarazos en casos de violación, dijo que “no deberían existir siquiera”. Sin embargo, el fallo de la Corte Constitucional que despenallizó el aborto, en abril de 2021, ordenó que la ley que regule la  interrupción del embarazo en casos de violación contemple un máximo de semanas.

Lo mismo opina la abogada especialista en derechos humanos Silvia Buendía. “No debería haber plazos nunca”, dijo Buendía, afirmando que desde 1938, cuando se despenalizó la interrupción del embarazo por dos causales, nunca ha habido plazos para hacer esa interrupción. Según la abogada, poner plazos ahora sería “una regresión de derechos”.

Buendía dice que el acceso a la interrupción del embarazo es un asunto de salud pública. Por eso, sostiene, nunca debió haber estado en el Código Penal como un crimen. Para la abogada, lo único que debería estar penalizado es la interrupción no consentida del embarazo, que es cuando a una persona se le practica un aborto sin su autorización. 

La médica y docente de la Universidad de las Américas (UDLA) Ana Lucía Martínez afirma que el debate sobre el plazo que se ha tomado las redes sociales nace de un desconocimiento de lo que se está hablando. Martínez dice que la gente está discutiendo sobre una ley de aborto, cuando en realidad es una ley de la interrupción del embarazo. “Tener la capacidad de hacer esa distinción”, dice Martínez, “es clave para entender los plazos que ha definido la Comisión”. 

La diferencia entre aborto e interrupción del embarazo

Ana Lucía Martínez dice que la definición clínica del aborto, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es hasta las 22 semanas de embarazo. Virginia Gómez de la Torre, médica y directora de Fundación Desafío, dice que la interrupción del embarazo “es más general”. Gómez de la Torre, explica que el embarazo “se puede interrumpir hasta el final, si hay necesidad y para evitar un peligro para la salud o vida de la mujer”. 

Cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación en abril de 2021, dijo en su sentencia que se debía crear una ley de la interrupción del embarazo. El proyecto de ley que elaboró la Defensoría del Pueblo, como parte del cumplimiento con la sentencia de la Corte, se llama Ley de Interrupción Legal Voluntaria del Embarazo por Violación

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El lunes 10 de enero de 2022, la Comisión que ha llevado el desarrollo del proyecto de ley, debatió el informe que irá al pleno de la Asamblea para el segundo debate del proyecto de ley, en el que debe votar para su aprobación. 

En ese informe, la Comisión decidió cuál será el plazo para que las mujeres víctimas de violación accedan a la interrupción de sus embarazos. Ese tiempo será, propuso la Comisión:

  • 28 semanas para las mujeres mayores de 18 años. 
  • Y no habrá plazo máximo para las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. 

Este plazo no es definitivo. Solo es una propuesta que incluyó la Comisión de Justicia en su informe sobre el proyecto de ley. Además, hace falta que el pleno de la Asamblea debata el proyecto y lo apruebe.  

La médica Ana Lucía Martínez dice que el plazo de 28 semanas se ha planteado dentro de una serie de criterios de viabilidad fetal —que son las condiciones que se deben cumplir para que el nacimiento de un feto sea “viable” o posible. Martínez explica que es cierto que puede haber nacimientos a las 28 semanas, pero que en Ecuador no existen las condiciones que permitan garantizar la vida de esos fetos. 

“Son muy pocas las clínicas, y en su mayoría son privadas, las que tienen las condiciones necesarias para que un feto sobreviva si nace a las 28 semanas”, dice Martínez.  Además, sostiene que interrumpir el embarazo no tiene mayores riesgos en ese término. Explica que hay formas seguras, que no implican el legrado o la cesárea, para que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos hasta las 28 semanas de gestación. 

Doménica Montaño
(Quito) Reportera de GK. Cubre medioambiente y derechos humanos.