Varias organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres participaron en un evento de la Defensoría del Pueblo para elaborar la propuesta de ley de interrupción legal voluntaria del embarazo en casos de violación. 

La tarde de hoy, 27 de mayo de 2021, en la ciudad portuaria de Guayaquil, la Defensoría realizó una reunión con las organizaciones sociales para que debatan y den propuestas pra incluir en la creación de esta ley. Zaida Rovira Jurado, Defensora del Pueblo subrogante, dijo que el 28 de junio terminará el “proceso de construcción” del proyecto. El 29 de junio deberá presentarse en la Asamblea Nacional para su debate y aprobación, porque se cumplen los dos meses de plazo que le dio la Corte Constitucional en el fallo sobre la despenalización del aborto en casos de violación.  

En el evento estuvo Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam Guayaquil), quien dijo que según convenciones internacionales un embarazo producto de una violación es considerado una tortura. “Nosotras creemos que hay una incompatibilidad entre temporalidad y causales”,dijo Martínez, alega do que no importa el tiempo de embarazo de una mujer que haya sufrido violación para acceder al derecho a un aborto legal y seguro. 

Por su parte, Nelly Bajaña, representante del colectivo Todo por la Vida dijo que su organización propone que “se realicen campañas de socialización preventivas para que las niñas reconozcan a los violadores y abusadores”. También deberían ser campañas dirigidas a toda la familia, dijo Bajaña. Otra de las intervenciones fue de Soledad Agus, representante de la agrupación Aborto ya Guayaquil. “Debería existir un requisito de declaración de voluntad de la víctima donde exprese el origen de su embarazo producto de una violación, y señale su voluntad de interrumpirlo y acceder al debido procedimiento”, dijo Bajaña. 

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Otros representantes propusieron que haya más psicólogos y psiquiatras en los centros de salud.  Fernando Orozco, de la Organización LGBTI Años Dorados, dijo que una forma de reparación a las mujeres que hayan sufrido una violación y se hayan sometido a un aborto es que asistan a terapias psicólogicas, ellas y sus familias. Esto es parte, además, de los parámetros de fallo de la Corte

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Ayer, 26 de mayo, la Defensoría del Pueblo también realizó una reunión con organizaciones sociales, feministas y grupos LGBTI para escuchar sus propuestas sobre este proyecto de ley. Mañana, a las 10 de la mañana, Rovira estará en la ciudad costera de Machala en la provincia de El Oro, para continuar las reuniones con otras organizaciones. 

El 28 de abril de 2021 se supo que la Corte Constitucional, máximo tribunal del Ecuador, falló a favor de la despenalización del aborto por violación. La mañana del 29 del abril se hizo público el fallo en el que los jueces resolvieron que una mujer, adolescente o niña cuyo embarazo sea producto de una violación no podrá ser encarcelada si decide abortar. Los profesionales de la salud que la asistan en su aborto tampoco podrán ser procesados. 

El fallo ordenó que el Defensor del Pueblo presente en máximo dos meses un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La Asamblea deberá aprobarla en máximo seis meses. El proyecto de ley deberá hacerse “sobre la base de los criterios establecidos en esta decisión”, dice el fallo. 

Hoy al finalizar la reunión, Zaida Rovira Jurado, dijo que la sentencia se la Corte  “es un triunfo histórico para las mujeres, adolescentes y niñas del país. Tenemos que entregar a la  Asamblea un proyecto que realmente llene las expectativas de las víctimas desde un verdadero enfoque de derechos”.