El pleno de la Asamblea tendrá el primer debate del proyecto de ley para garantizar el aborto por violación el jueves 9 de diciembre de 2021. El pasado 2 de diciembre, la Comisión de Justicia aprobó el informe para el primer debate y lo remitió a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien debía fijar una fecha. Un día después, Llori convocó a los asambleístas para las 9:30 de la mañana de este jueves; en el orden del día, el informe es el primer asunto a tratar, luego del himno nacional. 

El proyecto, llamado oficialmente Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Caso de Violación, debe regular el acceso al aborto por violación en Ecuador, que fue despenalizado el 28 de abril por un fallo de la Corte Constitucional.

Según la sentencia de la Corte, la Asamblea Nacional tiene hasta seis meses —desde junio de este año, cuando la Defensoría presentó el proyecto de ley— para debatirlo y aprobarlo. 

El plazo vence el 28 de diciembre de 2021. Sin embargo, Libia Rivas, abogada especialista en procesos legislativos, le dijo a GK que “es casi imposible que se debata este mes” porque los asambleístas salen a vacancia legislativa desde el 16 de diciembre. 

¿Qué decía el informe para el primer debate?

Estos son los requisitos para acceder a un aborto en caso de un embarazo producto de una violación, según el informe para el primer debate del proyecto de ley: 

• Si el embarazo es producto de una violación, la persona embarazada debe manifestar su decisión de querer interrumpirlo. 
• El personal del sistema nacional de salud debe poner a su disposición la solicitud para hacerlo. Esa solicitud escrita no tendrá ningún costo. 
• Si la persona que quiere abortar es menor a 14 años, no será necesaria la solicitud. El proyecto presentado por la Defensoría del Pueblo decía que el documento no sería necesario si la persona era menor de 12 años. 
• No será necesario que exista una denuncia de violación para interrumpir el embarazo. En caso que sí exista, el documento será anexado a la solicitud “con fines netamente informativos”. 
• Además de la solicitud, la mujer deberá presentar por escrito su conocimiento informado del procedimiento al que se va a someter.

Una vez que se haya entregado la solicitud al personal de salud del establecimiento, los médicos tendrán un plazo de 6 días para hacer la intervención. El proyecto de ley dice que en caso de no poder hacerlo, el médico debe referir el caso inmediatamente al establecimiento médico más cercano que tenga las condiciones para llevarlo a cabo correctamente. 

Sin embargo, el documento no incluye la semana de gestación máxima hasta la que se podrá interrumpir el embarazo. En su fallo, la Corte Constitucional dijo que este límite era necesario, pero el máximo tribunal no lo fijó porque dijo que no era su potestad. Ese plazo tampoco fue incluido en el proyecto de ley presentado por la Defensoría Pública, y tampoco está en el informe para primer debate que discutirán los asambleístas este jueves 9 de diciembre.

Organizaciones convocan a ciudadanía

Varias organizaciones han convocado a plantones en las afueras de la Asamblea Nacional para el 9 de diciembre. La organización feminista Surkuna convocó un “pañuelazo” —haciendo referencia a los tradicionales pañuelos verdes que marcan la lucha por la despenalización del aborto— para las 9 de la mañana de ese día. Según la organización, lo hacen para “exigir la aprobación de una ley de aborto justa y reparadora”. 

Las protestas no solo se harán en Quito, donde está la sede de la Asamblea. La Colectiva de Mujeres Tejedora Manabita se autoconvocó a las 9 de la mañana del 9 de diciembre en el Puente Peatonal Universitario, en Portoviejo. Según la organización estarán en vigilia por la ley como parte de las acciones nacionales para apoyar que la ley sea justa.  

Así ha sido el proceso hasta ahora

El 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación en el Ecuador. En el fallo, la Corte obligó a la Defensoría del Pueblo a presentar un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación en los siguientes dos meses. La Defensoría lo presentó el día que venció el plazo: 28 de junio de 2021. 

Luego de eso, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tuvo 30 días para calificar el proyecto de ley a trámite. En agosto, cuando lo calificó, el documento pasó a la Comisión de Justicia, presidida por Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática, para trabajar en el informe para primer debate. 

En ese tiempo revisó el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, recibió a organizaciones de la sociedad civil, y debió definir ciertos aspectos que no fueron establecidos por la Defensoría.

El 2 de diciembre en la noche, la Comisión de Justicia votó por el informe para primer debate; así votaron los asambleístas: 

• César Jaramillo, de la Izquierda Democrática: sí
• Dina Farinango, de Pachakutik: sí
• Eugenia Sofía Espín, de Unión por la Esperanza (UNES): no
• José Clemente Agualsaca, de Unión por la Esperanza (UNES): sí
• Johana Moreira, de la Izquierda Democrática: sí
• Gisella Garzón —asambleísta alterna de Fausto Jarrín—,de Unión por la Esperanza (UNES): sí
• Jhajaira Urresta, de Unión por la Esperanza (UNES): sí
• Dalton Bacigalupo, de la Izquierda Democrática: sí
• José Chimbo, de Pachakutik: sí
• Ricardo Vanegas, de Pachakutik: no

Cuáles son los siguientes pasos

En el primer debate no se vota, solo se reciben observaciones. Según la abogada Libia Rivas, los asambleístas que no alcancen a dar sus observaciones orales en el pleno durante el primer debate, deben hacerlo en los siguientes 30 días, de acuerdo a la Ley. 

En el segundo debate, la Comisión presenta el texto final ante el Pleno. Si los asambleístas siguen pidiendo cambios, el ponente de la Comisión tiene que pedir a la Presidenta de la Asamblea que suspenda el orden del día para regresar a la Comisión y volver a debatir esas observaciones. Después, la Comisión debe presentar el texto con las observaciones, para que se someta a votación.

Luego de que se aprueba el texto —recogiendo las observaciones hechas en el pleno, en el segundo debate—, se envía al Presidente de la República, quien puede vetarlo o sancionarlo. Para eso tiene 30 días. Si lo veta, regresa a la Asamblea Nacional, que tiene 30 días para resolver el veto. 

En ese tiempo, la Comisión debe analizar los cambios que plantea el Presidente, y acogerse a ellos, es decir, aceptarlos. Para eso se debe proponer ante el Pleno una moción para allanarse a la propuesta del Presidente o ratificarse en el texto original. Para ratificar el texto original, se necesitan 92 votos. Para allanarse, necesitan mayoría simple: la mitad más uno de los que estén presentes. 

Solo después de esa decisión, el proyecto puede entrar en el Registro Oficial.