Ecuador no es un país seguro ni equitativo para las mujeres. Desde que se declaró la emergencia sanitaria —en marzo de 2020— hasta la primera semana de enero de 2021 se han registrado al menos 85 femicidios. Se recortó el presupuesto para erradicar la violencia y prevenir del embarazo adolescente, y muchas mujeres trabajan en condiciones menos ventajosas que los hombres. Es imperativo que el siguiente gobierno invierta en proteger los derechos de las mujeres y garantizar su seguridad.
De los 16 planes de gobierno de los candidatos a la presidencia, 14 incluyen políticas relacionadas con la igualdad de género. Solo uno —el de Yaku Pérez, candidato de Pachakutik— garantiza la asignación presupuestaria para la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Esta legislación tiene como objetivo eliminar las agresiones que viven 6 de cada 10 ecuatorianas. Sin embargo, el presupuesto para su implementación se redujo en el actual gobierno.
Otros candidatos también mencionan la importancia de prevenir la violencia contra la mujer, pero no garantizan su financiamiento. Isidro Romero, de Avanza, propone “reforzar” el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia Contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres. El candidato de Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, propone crear una estrategia “multidisciplinaria e intersectorial”. Ninguno de los dos relaciona sus propuestas con la legislación vigente.
Gustavo Larrea, de Democracia Sí, fue uno de los dos candidatos que mencionó la necesidad de erradicar la violencia de género durante el primer debate presidencial, dijo que es necesario “un claro mandato” para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Pedro José Freile, del Movimiento Amigo, ofrece construir mecanismos de prevención y asistencia a víctimas de violencia intrafamiliar. También es uno de los objetivos de Ximena Peña. En su plan de gobierno, la candidata de Alianza PAÍS ofrece retomar la legislación vigente y promover “la erradicación de las violencias que vulneran la vida y los derechos de las niñas y mujeres”.
Otros, parece, esperan que la violencia contra las mujeres desaparezca por arte de magia. Paúl Carrasco, candidato de Podemos, “aspira” a erradicarla. Y el plan de Guillermo Lasso, de CREO, dice escuetamente que “hay que tomar acciones” después de incluir seis párrafos con estadísticas que demuestran la necesidad de la erradicación de la violencia de género en el país.
La magia y las propuestas sin fondo no nos acercarán al objetivo. Tampoco es necesario mirar muy lejos para encontrar posibles soluciones. Diana Morán, especialista en economía de género de la Universidad de Guayaquil, dice que el marco legal para erradicar la violencia de género existe, pero es “letra muerta”. Asegura que aunque se puede mejorar la legislación, es necesario empezar a hablar de estrategias y acciones reales para implementarla. Ambas demandarán voluntad política y presupuesto para ponerlas en práctica y que sean tangibles.
Un desarrollo económico que incluya a más grupos vulnerables e históricamente excluidos no es barato. Por eso, ONU Mujeres dice que con frecuencia las políticas de gobierno no se desarrollan tomando en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. “Por décadas, ha habido una subinversión crónica en el empoderamiento de la mujer”, dice un reporte de la organización. Es decir, no se ha designado presupuesto para fomentar los emprendimientos femeninos, mejorar las condiciones laborales para las mujeres y promover su participación económica. Hasta 2015, un 90% de las estrategias gubernamentales enfocadas en estas necesidades a nivel mundial no tenía financiamiento. La falta de recursos ha creado obstáculos para el progreso de los derechos de la mujer y la igualdad de género.
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Invertir en programas que contribuyan al desarrollo de las mujeres puede potenciar el crecimiento económico de un país. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), las mujeres contribuyen al progreso directa e indirectamente. La principal forma es su participación en la fuerza laboral que impulsa la producción, ingresos, ahorros y las contribuciones tributarias. Los resultados de la contribución, dice el FMI, depende de cuántas mujeres ingresan a la fuerza laboral remunerada, cuántas horas trabajan y qué tan productivas son. La violencia doméstica limita esa productividad y, según la ONU, pueden costarle a un país entre 1 y 2% del Producto Interno Bruto.
Se necesitan cambios legales, institucionales y culturales que aumenten el acceso de las mujeres al dinero propio. Para hacerlo, Guillermo Lasso propone generar al menos un millón de empleos productivos con la “ventaja” de flexibilidad en los horarios laborales a las mujeres y jefes de hogar que les permitan estar con su familia. Lucio Gutiérrez, candidato del Partido Sociedad Patriótica, propone algo similar: volver al trabajo por horas para que las madres solteras que no pueden trabajar las 4 y 8 horas, lo hagan por menos tiempo.
Aunque varios planes contemplan incrementar la participación económica de las mujeres, la mayoría son intenciones vagas y vacías. En una entrevista con GK, Giovanny Andrade dijo que planeaba fomentar el ingreso de más mujeres a la fuerza laboral y combatir el machismo, pero tuvo dificultades para explicar cómo lo haría. Se justificó diciendo que no quería compartir sus planes para evitar que los otros candidatos le copien.
Son pocos los planes de gobierno que tienen propuestas específicas para hacerlos. Por ejemplo, César Montúfar, de Alianza Honestidad, quiere promover “la inclusión financiera, el empleo y la economía popular y solidaria, especialmente, de mujeres jefas de hogar”. Montúfar dice que se combinará con incentivos para generar empleo productivo, inversión privada y desarrollo de los sectores social y comunitario.
Las jefas de hogar también son parte de las propuestas de los planes de Ecuatoriano Unido y de Pachakutik. Gerson Almeida, quien representa al primero, dice que las capacitará y promoverá la constitución de sus emprendimientos. Pérez, quien representa al segundo, dice que hará un decreto ejecutivo para crear un programa de apoyo para mujeres y jóvenes campesinos. Pérez dice que les entregará animales, semillas y plántulas. Además, tendrán acceso preferencial a créditos productivos por hasta 10 mil dólares con dos años de gracia y un interés del 2%. En una entrevista con GK, Pérez dijo que planea entregarles terrenos “que no tienen títulos de propiedad” a las mujeres, especialmente para las cabezas de hogar. Así esperan fomentar la autonomía económica.
En su plan, Ximena Peña ofrece impulsar acciones para lograr “la justicia económica para mujeres”. Dice que lo hará con una renta básica de emergencia de hasta 400 dólares para jefes y jefas de hogar. Además, ofrece “proteger el empleo a través del copago de la nómina”. En una entrevista con GK, Peña dijo que cubrirán hasta el 50% de los sueldos para plazas de trabajo de mujeres de jóvenes y de ecuatorianos que superen los 50 años. En la entrevista dijo que también espera comprometer a la banca pública y a la privada para que den créditos a emprendedoras.
Este tipo de estrategias son fundamentales para erradicar uno de los tipos de violencia de género: la patrimonial. Estas agresiones pasan cuando se retienen bienes, instrumentos de trabajo o recursos económicos que contribuirían a la satisfacción de sus necesidades. La economista Morán, dice que la subordinación económica puede estar ligada a la violencia física. Por eso resalta que es importante disminuir la violencia dándole autonomía económica a las mujeres y mejorando las condiciones laborales que las separan de los hombres.
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En Ecuador —y en muchos otros países— las mujeres todavía ganan menos que los hombres por hacer el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor. Eliminar esa brecha salarial es un paso esencial para lograr la igualdad de género y fue uno de los objetivos desarrollados por 4 de los candidatos a la presidencia. Andrés Arauz propone “eliminar las brechas salariales por discriminación de cualquier tipo”, pero no especifica cómo lo hará. Guillermo Celi, de SUMA, dice que “hará hincapié a igual trabajo igual remuneración” para que hombres y mujeres tengan “iguales oportunidades e iguales remuneraciones”. Sin embargo, además de decir que el tema “merecerá el tratamiento más técnico y con un amplio sentido social” no especifica qué pasos se tomarán para eliminar la desigualdad.
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La brecha salarial no solo se elimina al equiparar los salarios, también se debe garantizar la igualdad de oportunidades. El plan de Ximena Peña incluye fomentar el desarrollo profesional de las mujeres. Mientras que el de Juan Fernando Velasco, de Construye, dice que potenciará la reactivación económica mediante políticas públicas para la generación de indicadores de género —que determinan si han sufrido discriminación— en empresas privadas. Además, dice que se incorporará el enfoque de género en las agendas políticas, económicas y sociales del Ecuador pero en su propio plan, ese enfoque está ausente, además en la entrevista en GK tuvo serias dificultades para plantear propuestas concretas.
Las mujeres también aportan a la economía con empleos no remunerados, especialmente en sus hogares y con las tareas de cuidado. Con frecuencia se les asigna la responsabilidad de las labores domésticas, de crianza de los hijos y de cuidado de familiares u otras personas del hogar que necesitan ayuda. En Ecuador, menos del 14% de los hombres participa en la preparación de alimentos en sus hogares y apenas el 15% se encarga del cuidado de sus hijos. La economista Mónica Rojas dice que al asumir la mayoría de estas responsabilidades, la productividad de las mujeres se ha visto reducida. Sin embargo, advierte, las consecuencias de los once meses de pandemia todavía no se han visto en su totalidad.
Para lograr un verdadero desarrollo inclusivo, las tareas de cuidado también deben ser reconocidas económicamente. Tres de los 16 planes de gobierno incluyen propuestas para hacerlo. El de Arauz, ofrece desarrollar una legislación para definirlas como un derecho fundamental y crear un Sistema Nacional de Cuidados —del que no da más detalles— para evitar que quienes los requieran “recaigan en los cuidados informales de otros miembros de la familia”. Además, propone definir los cuidados como un derecho fundamental y una responsabilidad social.
Otros dos partidos buscan hacer lo mismo, según sus planes. Izquierda Democrática propone un cambio legislativo con la Ley Nacional de Cuidado que garantice los derechos de los trabajadores y erradique “la división sexual del trabajo”, en la que la mayoría de estas tareas son asumidas por mujeres. Mientras que Pachakutik promete garantizar los derechos de los trabajadores del hogar y del cuidado con “pago digno y afiliación a la seguridad social”. Según Rocío Rosero, experta en políticas públicas de género, es fundamental mejorar y ampliar las tasas de cobertura de los servicios estatales de cuidado de niños y adultos mayores. Si mejoran en el próximo gobierno, las mujeres no tendrán que asumir toda la carga.
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Avanzar hacia la igualdad de género y erradicar la violencia son tareas monumentales. La economista Rojas dice que no se lograrán solo con un decreto. Conseguir esos objetivos no será posible si no se trabaja en fortalecer el sistema educativo y de salud para que también respondan a las necesidades de las mujeres.
La educación sexual es una parte primordial de las necesidades educativas de las niñas y adolescentes ecuatorianas. Es una herramienta útil de conocimiento del cuerpo y la sexualidad que puede ayudar a su protección contra la violencia sexual, especialmente contra niñas y niños. Los planes de gobierno de Suma, CREO, Alianza PAÍS e Izquierda Democrática planean incluirla en el currículo académico. El de Xavier Hervas, de la ID, dice que es es uno de los elementos que a largo plazo permitirán un verdadero cambio a nivel país. Mientras Lasso espera que los jóvenes sean orientados “a una sexualidad informada, sana y responsable” en los centros educativos y en sus hogares.
El aborto ha sido uno de los temas más controversiales discutidos por los candidatos. Algunos —como Guillermo Lasso. Guillermo Celi y Gerson Almeida— se oponen completamente a su despenalización. Lasso y Celi se opusieron abiertamente a las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que proponían la despenalización del aborto por violación y otros causales. Durante el debate en la Asamblea, algunas de las asambleístas de CREO presuntamente retiraron su apoyo a la legislación después de presiones del candidato presidencial por esa organización.
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Muy pocos incluyen la despenalización del aborto en su plan de gobierno como uno de sus objetivos. Ximena Peña —quien fue la ponente de las reformas del COIP— dice que en su gobierno habrá un “debate amplio sobre el tema”. Hervas también lo menciona como uno de sus propósitos. El plan del candidato de Izquierda Democrática ofrece “continuar el trabajo científico y técnico” hacia su despenalización. Así ambos esperan garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
El apoyo a la salud reproductiva también puede tener consecuencias económicas importantes. Invertir en planificación familiar entregando anticonceptivos de calidad y evitando los embarazos precoces o no planificados influye en el crecimiento económico de forma inmediata y a largo plazo. Cuando la fecundidad disminuye, según expertos en finanzas y desarrollo del FMI, la dependencia económica de las generaciones más jóvenes es menor. Así, las familias ahorran e invierten y el gobierno puede gastar más dinero en proyectos que promueven el crecimiento económico. Además, al reducir la tasa de embarazo adolescente —Ecuador tiene la segunda más alta de la región— se eliminaría uno de los principales factores de deserción escolar de niñas y adolescentes.
Cinco de los candidatos desarrollan propuestas sobre la salud reproductiva en sus planes de gobierno. Andrés Arauz dice que se va a atender con prioridad la salud sexual y reproductiva, pero no especifica cómo lo hará. Ximena Peña impulsará acciones que garanticen el derecho a la salud integral de las mujeres. Asegura que se hará énfasis en la salud sexual y reproductiva y la atención a niñas y adolescentes para prevenir embarazos. El Proyecto de prevención del embarazo en niñas y adolescentes también perdió su asignación presupuestaria durante el actual gobierno.
Otros candidatos tomaron inspiración del pasado. Xavier Hervas, de la Izquierda Democrática, espera construir una estrategia nacional de Salud Sexual y Reproductiva que “rescate experiencias exitosas” de otros planes que ya no están vigentes, pero que fueron exitosos como la Estrategia Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente y Planificación Familiar (ENIPLA). Fue creada en 2011, promovía la educación sexual integral y era dirigida de forma conjunta por varios ministerios. En 2014 fue reemplazada por el Proyecto Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia, que enfatizaba en la abstinencia. Los planes de Avanza y Construye también reconocen la importancia de reducir el embarazo adolescente y ofrecen reforzar las medidas de prevención. César Montúfar aborda la salud reproductiva desde otro enfoque. Ofrece promover la atención primaria de salud incluyendo controles prenatales, intervenciones nutricionales y controles médicos para niños.
La salud, la educación, el empoderamiento y el bienestar económico crean lo que los expertos en finanzas y desarrollo del FMI llaman “un círculo virtuoso”. Al invertir en estos rubros se impulsa de forma importante el desarrollo económico de las mujeres y de los hombres. Sin embargo, cuando no se asigna presupuesto a estas áreas las políticas de salud deficientes mantienen a las mujeres en un ciclo de mala educación puede tener efectos catastróficos en el desarrollo económico de un país.
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Después del genocidio de 1994 que agotó gravemente la fuerza laboral de Ruanda, en África, el entonces presidente Paul Kagame inició algunas reformas a favor de la mujer. Actualmente, los derechos de género constan en su Constitución. Hasta 2017, las mujeres representaban más del 52% de los estudiantes matriculados y son el 54% de la fuerza laboral, con una brecha salarial entre hombres y mujeres mínima.
Las asignaciones económicas para políticas que acerquen a un país a la igualdad de género pueden tener resultados positivos. “Invertir en las mujeres no es solo lo correcto. También es economía inteligente”, dice el FMI. Ruanda es un ejemplo de los buenos frutos de esa inversión. Sin embargo, la violencia doméstica todavía es un problema importante en todo el país. Por eso las reformas de los gobernantes deben ser integrales y garantizar su la igualdad de género en todas las esferas laborales, familiares y sociales.
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Vivimos en una época en la que el conocimiento, la tecnología y el capital para hacerlo existe. ONU Mujeres dice que lo que falta es tomar decisiones importantes. “Necesitamos un compromiso con niveles de financiación sin precedentes, en escala, alcance y calidad”, dice la organización. Así esperan que se cumpla el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Los resultados no se verán inmediatamente. Erradicar desigualdades que se han ido marcando por siglos, toma tiempo. Es probable que sigan siendo necesidades primordiales en las próximas campañas electorales. Sin embargo, la economista Morán dice que sí empezamos en este gobierno se establecerán las bases para irlas eliminando. Así, las generaciones futuras podrán ir retomando y mejorando las estrategias para construir un país que tome en cuenta las necesidades y derechos de todos sus ciudadanos cuando construya su futuro.
