Los votos que faltaron

Era la noche del martes 17 de septiembre de 2019 y los asambleístas de Ecuador habían decidido votar por bloques las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Por un lado, estaban la mayoría de reformas al COIP y, por otro, aquellas que los asambleístas llamaron “temas sensibles”. Entre esos, la despenalización del aborto en casos de violación.

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Mientras las curules en la Asamblea se vaciaban, en redes sociales se empezaba a compartir el listado de asambleístas que votaron a favor, en contra o que se abstuvieron. El tema que tanta polémica, resistencia y discusión había traído, finalmente quedaba zanjado: en Ecuador, una mujer que aborte, después de ser violada, irá presa. O morirá en un aborto clandestino. 

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Los días previos a la votación, las organizaciones de la sociedad civil hacían cuentas. Silvia Buendía, activista feminista, dice que creían que contaban con los votos suficientes para lograr la despenalización del aborto. Pero no fue así: se requerían 70 votos favorables, hubo 65. Que no votaron cincuenta y nueve legisladores, seis se abstuvieron, y siete se ausentaron.

Entre las abstenciones, se contaron a tres asambleístas de CREO que se habían apoyado públicamente la despenalización en casos de violación: Tanlly Vera, Jeannine Cruz y Fernando Callejas. Durante los meses que duró el debate, el jefe de bloque de CREO, Luis Pachala, tenía la esperanza de convencerlos de que cambiaran de opinión. Eso, según dijeron Vera y Cruz  para un reportaje de GK publicado en agosto de 2019, no era una posibilidad. Se mantendrían en su decisión, dijeron ambas, a pesar de que el líder de su organización política, Guillermo Lasso, ha insistido permanentemente en su postura contraria al aborto, en cualquier caso. 

En los pasillos de la Asamblea se escuchan las especulaciones sobre los motivos por los que las legisladoras que impulsaron la causa dieron marcha atrás. Una persona allegada al bloque de CREO, que pidió la reserva de su identidad, dice que la abstención se dio por la intensa presión política del líder de la organización. “Guillermo Lasso llamó personalmente a los asambleístas que iban a votar a favor de la despenalización y las amenazó con la no reelección y de sacarlos del partido”. Cuenta, además, que fueron varias llamadas: dos el domingo previo a la votación; tres, el día que se votó.  “Ya el día de la votación, Pachala estaba convenciéndoles de que “voten a favor de la vida” y no permitía que ninguno de los asesores o los miembros del equipo de trabajo se acerquen. Solamente los buscaba a los asambleístas e incluso los sacaba del pleno para conversar”.

La fuente se refiere a Luis Pachala, jefe de bloque de CREO. En una entrevista telefónica, Pachala dijo que mantiene reuniones con los asambleístas precisamente como parte del cargo que ejerce. “Como jefe de bloque yo tengo reuniones con los asambleístas. Hay temas de asambleístas y temas de asesores. Ustedes saben que la última decisión la tienen los asambleístas”, dice. Niega, sin embargo, que se los presionara para votar en contra de la despenalización o que hubiera un condicionamiento para una eventual reelección. “¿Por qué tantos cuestionamiento si nosotros como bloque actuamos de acuerdo a nuestros principios?”, dice Pachala al preguntarle sobre si el día de la votación se reunió individualmente con los asambleístas. 

Además, niega a la posibilidad de que el líder de CREO llamara a ejercer presión. “De ninguna manera Guillermo Lasso vino a imponer. Él es un hombre muy democrático, respeta las decisiones individuales pero también respeta las decisiones de bloque”.

Lasso no respondió las llamadas para consultarle sobre el tema, pero sí respondió un mensaje por WhatsApp: “Eso es absolutamente falso”, dijo cuando le pregunté sobre las versiones de personas allegadas al bloque. “¿Puedo llamarle para comentarle lo que me han dicho y que usted me cuente su versión?”, le respondí. “He dicho todo lo que tengo que decir”, respondió y, el hombre que Pachala considera absolutamente democrático, me bloqueó.

Otra persona que estuvo en una reunión —pocos días después de la votación— en la que había varios asesores de CREO, cuenta que comentaron las llamadas de Lasso. “A ellas las presionaron, ellas votaron por miedo porque si no votaban así, chao reelección.”, dice. 

Fernando Callejas, político veterano, alcalde de Ambato entre 2000 y 2014 y legislador por CREO desde 2017,  confirma que hubo llamadas de Lasso pero niega, repetidamente, que a él lo haya presionado o amenazado. “El día lunes me llamó un colaborador de Guillermo Lasso a preguntar cuál era mi posición. El martes en la mañana me llamó Guillermo Lasso, de una manera muy comedida porque él no es una persona autoritaria”, dice Callejas por teléfono. “A mí nunca me ha ordenado nada. Conversamos sobre este tema y le dije cuál era mi posición. Él me dijo entonces vota de acuerdo a tu conciencia. No ha habido ninguna llamada para imponer un criterio.”. 

Callejas explica que él estaba de acuerdo en votar a favor de la despenalización para casos de aborto por violación y si la vida de la madre estaba en riesgo, pero que terminó por abstenerse porque en el proyecto de reforma no se establecía un plazo para el aborto en los casos de malformaciones letales que impidan la vida del feto fuera del útero. El plazo únicamente estaba estipulado para el aborto por violación. “Sin establecer un plazo se podría ejercer el aborto hasta el último día de gestación. Eso es una barbaridad”.

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El caso de Vera y Cruz habría sido distinto. “Las llamadas sí se hicieron”, dice una persona que conoce desde dentro a CREO y que está en la Asamblea. “Además no importa que Guillermo les haya ofrecido la reelección porque Guillermo es un gran ofrecedor pero un pésimo cumplidor. Él no cumple sus acuerdos.”, dice otra persona cercana al bloque aclara que, en CREO, como en cualquier partido ecuatorianos, son los líderes “desde arriba quiénes van a las curules” para la reelección. “Oponerse a lo que dice significa olvidarse del apoyo de CREO.”

Las presiones para Cruz y Vera no habrían sido únicamente políticas. Varias personas allegadas al bloque legislativo de CREO cuentan que durante la misa dominical a la que la manabita Tanlly Vera asistió, el sacerdote la llamó “asesina” frente a su familia. 

Incluso hubo llamadas a los familiares de los asambleístas que se habían pronunciado a favor de la despenalización del aborto. Las llamadas venían de distintas organizaciones religiosas, —católicas y evangélicas— y de grupos que organizan procesiones católicas. Al menos tres personas cercanas al bloque confirman que hasta las horas previas a la votación Vera y Cruz dijeron estar seguras de su voto. 

Ninguna de las dos contestó las llamadas y mensajes para consultarles sobre su decisión de abstenerse. Una persona del despacho de Jeannine Cruz dijo que ella estaba en Loja y que se pronunciaría al respecto en los próximos días. 

“Teníamos ocho votos de CREO que hasta el final se mantenían firmes, entre éstos Cruz, Vera y Callejas que se abstuvieron y varios de los que votaron no.”, dice Silvia Buendía. “Nuestra votación más conservadora era de 75 favorables pero 24 horas antes nos dijeron que Lasso ya no iba a respetar lo que había dicho de dejar en libertad a su bloque, sino que estaba presionando a los asambleístas a través del jefe de bloque”, asegura Buendía. 

La activista dice también que, además de los asambleístas de CREO, contaban con el voto favorable de  los cinco legisladores de Pachakutik. El día de la votación, el resultado fue otro: Jaime Olivo votó que sí, los otros cuatro votaron que no, incluyendo a Encarnación Duchi, Presidenta de la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia. 

La Conaie, el movimiento indígena cuyo brazo político es Pachakutik, rechazó la votación de los cuatro legisladores por considerar que se “deslindaron de una postura orgánica a favor de los derechos de mujeres y niñas”. Duchi dijo en una entrevista radial que su voto fue negativo porque cree que debe haber una norma específica para las niñas y que no debe estar dentro del COIP. “Las niñas no pueden ser procesadas en las mismas condiciones que las mujeres mayores de 18 años”.

Silvia Buendía dice que está decepcionada de las asambleístas consideradas aliadas del movimiento por la despenalización que fallaron el día de la votación. Sin embargo, dice que las entiende, que la presión fue muy fuerte. “Mi problema es con esas asambleístas como Encarnación Duchi de Pachakutik que tenían el apoyo de su gente, de su comunidad, de su partido y que tenían hechos y datos y aún así votaron en contra”.

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En enero de 2019, en una intervención durante el debate sobre las reformas al COIP, María Mercedes Cuesta, entonces asambleísta por FE —el movimiento liderado por Dalo Bucaram, del que Cuesta se separaría semanas más tarde— contó que había sido víctima de abuso sexual. “Como mujer víctima de una violación y de abuso sistemático no puedo condenar a una mujer violada. No puedo ser inhumana y mandar a la cárcel a una mujer víctima de un delito de los más atroces que puede haber”, dijo en el pleno de la Asamblea.  

En las semanas posteriores a su confesión pública, Cuesta se convirtió en una de las mayores representantes del voto favorable a la despenalización del aborto por violación, a pesar de considerarse provida. En una entrevista publicada en GK siete meses después de su confesión, habló sobre las secuelas personales y emocionales que su discurso le había significado.

A pesar de su convicción y de su decisión, Cuesta no estuvo presente el día de la votación pues en abril había planificado un viaje a Miami. Vía WhatsApp contó que a raíz de que hizo pública su historia personal de abuso, su salud se ha deteriorado. Dice que ha necesitado apoyo psicológico para poder manejar la avalancha emocional que ha vivido. “Yo desnudé mi vida ante el Ecuador. Mi familia no lo sabía. Perdí amigos. Las madres de los compañeros de mi hijo me gritan asesina.”

Silvia Buendía dice que cuando se supo que la fecha de votación se había adelantado, en la contabilización de los votos no se consideraba el voto de María Mercedes Cuesta. “Ella había dicho que se iba, le dijeron que se votaba el 24, luego supimos que se votaba antes pero ya no contábamos con su voto”.  Cuesta, sobreviviente de abuso sexual, pidió perdón por la ausencia, pero muchos activistas no aceptan sus disculpas y la acusan de traición. 

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Dos días antes de la votación, Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC) recibió la visita de dos altas jerarquías eclesiástica, Monseñor Luis Cabrera, Arzobispo de Guayaquil y Monseñor Antonio Arregui, Arzobispo Emérito de Guayaquil y expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 

El jefe del bloque socialcristiano de la Asamblea, Henry Cucalón, estuvo en la reunión. “Fue una reunión muy cordial. Cada uno mantuvo sus puntos de vista que ya eran conocidos y hasta cierto punto, inamovibles”, dice Cucalón en referencia a la postura del líder del PSC quien dijo públicamente estar en contra de que una mujer que ha sido violada y aborte, vaya presa. Su presencia, según Cucalón, fue una coincidencia: estaba reunido con Nebot previo a un viaje del exalcalde guayaquileños, y se habría dado en términos de respeto y diplomacia. Cucalón dice que Cabrera propuso “muy respetuosamente pero con firmeza su tesis” y que Nebot planteó la suya. “Es obvio que Monseñor quería exponer su criterio y ver, en pocas palabras, qué es lo que íbamos a hacer. Eso se deduce entre líneas pero nunca hubo una imposición, nadie lo hubiera aceptado”, dice por teléfono el asambleísta socialcristiano “Monseñor Cabrera dijo que querían conocer de cerca la posición de Nebot y sus argumentos”. Con la voz pausada y cuidando sus palabras, Cucalón dice que era “obvio que ellos iban con una tesis” y que también era evidente que Cabrera buscaba respaldo para la postura de su iglesia. Sin embargo, Cucalón dice que “de ninguna manera se trataba de presionar” a Nebot o al bloque.  

Tres días antes de la votación, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió un comunicado en el que pedía: 

«Por favor, no cometan el nefasto error de aprobar una ley que legitima el crimen del aborto por cuatro causales más” y pedía orar por “aquellos que, confundidos o presionados, pretenden negar el derecho a vivir”.

Monseñor Cabrera insiste, sin embargo, que la reunión con Nebot no buscaba influir en la votación, sino entender de cerca sus argumentos. El jerarca eclesiástico rechaza que la visita al político guayaquileño se interprete como una presión tácita, sobre todo considerando que faltaban pocas horas para la votación. Insiste además que la postura de la Iglesia ha sido respetuosa. La Iglesia no ha amenazado ni ha impuesto. Estamos en otras épocas, en otros tiempos.”, reconoce el arzobispo de Guayaquil. “Cada uno es dueño de su libertad para tomar sus decisiones.”, y dice que casos como el del sacerdote que llamó asesina en plena misa a Tanlly Vera son aislados. 

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Ha pasado casi una semana desde el día en que las decisiones, ausencias y omisiones evitaron cambiar el destino de las mujeres que son violadas y penalizadas por abortar al hijo de su violador —muchas veces su padre, su tío o su abuelo. 

El COIP aprobado por la Asamblea pasa al Ejecutivo que tiene la capacidad de vetarlo, es decir de modificar ciertos elementos contenidos en el proyecto. Y mientras ya hay una discusión entre constitucionalistas sobre si existe la posibilidad de que el veto presidencial pueda cambiar la decisión tomada en el legislativo, cientos de mujeres marcharon el viernes 20 de septiembre de 2019 hacia el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, en Quito. 

Con pancartas, pañuelos verdes y consignas, exigían al Presidente Lenín Moreno que vete el proyecto. Eso implicaría —más allá de la discusión constitucional— una decisión política que Moreno no esté en capacidad de tomar, dada la falta de cohesión en Alianza País, el partido que lidera y cuya votación en la Asamblea fue milimétricamente dividida: 18 votos a favor, 18 en contra, y una abstención.  Aunque posteriormente la organización publicó un comunicado en el que rechazaba la votación y pedía a Moreno que vete el proyecto. La misma organización política que, en 2013,  impuso sanciones disciplinarias a las asambleístas que plantearon la discusión del aborto por violación, ahora se queja del un resultado del que es históricamente responsable. Las mujeres seguirán sin opciones —víctimas de la decisión de una asamblea sorda a los argumentos y de las presiones moralistas y sectarias.