El caso Purga, explicado

A raíz de la investigación del caso Metástasis, la Fiscalía abrió el denominado caso Purga, en el que investiga presunta delincuencia organizada en el sistema judicial. La madrugada del 4 de marzo de 2024, la Fiscalía y la Policía Nacional hicieron un operativo en Guayas en el que detuvieron a 12 personas. Entre los detenidos está Pablo Muentes, ex asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) y María Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas. Aquí te explicamos de qué se trata el caso Purga. 

¿Qué se investiga en el caso Purga?

Según la Fiscalía, el caso Purga se da “en el marco de una investigación derivada del Caso Metástasis por presunta delincuencia organizada”. 

Según el video en el que aparece Diana Salazar, fiscal general del Estado, se cuentan con elementos para “sanear el sistema judicial, para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural” de los últimos meses. Según la Fiscal forman parte de esta estructura: 

• Un ex asambleísta: Pablo Muentes
• La ex presidenta de la Corte de Justicia de Guayas:  María Fabiola Gallardo
• Varios jueces de la Corte de Justicia de Guayas
• Personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de Guayas 

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar dijo que este caso es “un claro ejemplo de la unión entre la corrupción judicial y la delincuencia organizada”. 

Según Salazar, la cúpula de este grupo estaría conformada por Pablo Muentes, quien como asambleísta habría “establecido relaciones” con María Fabiola Gallardo y Johan Gustavo Marfetan, juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Además, los tres habrían contratado a Mayra Salazar, funcionaria judicial de Guayas y vinculada al caso Metástasis. Todo esto, según la Fiscalía, con el objetivo de controlar decisiones judiciales, sumarios y cambios administrativos desde la Corte de Justicia de Guayas en beneficio de Muentes. 

Un comunicado de la Fiscalía dice que algunas de estas decisiones judiciales beneficiaron económicamente y de forma directa a Pablo Muentes, a los demás presuntos involucrados y a terceros. También habrían cometido otros delitos como prevaricato, tráfico de influencias, cohecho y fraude procesal. 

Incluso, dice el comunicado de la Fiscalía, entre los presuntos beneficiados de estos delitos estarían “personas relacionadas con el narcotráfico”. Sin embargo, todavía no se ha dado más información sobre quiénes serían esos beneficiados. 

Pablo Muentes fue asambleísta por el Partido Social Cristiano luego de la renuncia de Soledad Diab. Fotografía de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional bajo licencia CC BY-SA 2.0 DEED.

El operativo del 4 de marzo

El caso Purga se reveló la madrugada del 4 de marzo con el operativo en el que se detuvo a 12 personas, incluyendo al ex asambleísta, a autoridades y funcionarios del sistema judicial. Además, allanaron la casa de Pablo Muentes y el despacho que Fabiola Gallardo compartía con el juez Marfetan, en el edificio de la Corte Provincial de Guayas.

Según la Fiscalía, “entre los indicios recabados en la vivienda de Pablo Muentes” están: dos armas de fuego, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, relojes Rolex, licores, joyas, documentos, 7.535 dólares, 505 euros y una chequera. 

En la audiencia de formulación de cargos del 4 de marzo, la Fiscalía pidió prisión preventiva para 11 detenidos y arresto domiciliario para Reinaldo C. por ser mayor de 65 años. Al día siguiente, el 5 de marzo de 2024, el juez del caso dispuso prisión preventiva para Pablo Muentes, María Fabiola Gallardo y otros  7 detenidos. 

A Reinaldo C. se le dio arresto domiciliario. Y se ordenó presentación periódica ante la autoridad competente para Mónica Alvarado, esposa de Pablo Muentes, y para uno de los detenidos identificado como Saúl M., funcionario del Consejo de la Judicatura de Guayas. 

El 6 de marzo de 2024, Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, habló sobre la situación de los funcionarios judiciales que fueron detenidos en el caso Purga. Román dijo que todavía no se los puede sancionar. “Hay que evaluar [la situación] ya que uno de los grandes inconvenientes es que no tenemos conductas en el código orgánico para establecer las sanciones iniciales”, dijo. 

Según él, todo dependerá de la situación jurídica de los detenidos, ya que el tener prisión preventiva no los inhabilita para ejercer su cargo, pero ser llamados a juicio sí. Por eso dependerá de qué pasa en los próximos días. 

El 6 de marzo también Mauricio Torres, contralor general del Estado, dijo que se revisará las declaraciones patrimoniales de los jueces de Guayas para revisar si hay incrementos no justificados. Según Torres, ya estaba previsto que se hicieran exámenes a los jueces, pero con lo del caso Purga “es importante aportar al país con las investigaciones”.