A raíz de la investigación del caso Metástasis, la Fiscalía abrió el denominado caso Purga, en el que investiga presunta delincuencia organizada en el sistema judicial. La madrugada del 4 de marzo de 2024, la Fiscalía y la Policía Nacional hicieron un operativo en Guayas en el que detuvieron a 12 personas. Entre los detenidos está Pablo Muentes, ex asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) y María Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas. Aquí te explicamos de qué se trata el caso Purga.
¿Qué se investiga en el caso Purga?
Según la Fiscalía, el caso Purga se da “en el marco de una investigación derivada del Caso Metástasis por presunta delincuencia organizada”.
#AHORA | #CasoPurga: la fiscal general del Estado, @DianaSalazarM2, informa sobre la ejecución de un operativo, en el marco de una investigación –derivada del #CasoMetástasis– por presunta #delincuenciaorganizada en #Guayas.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 4, 2024
Detalles en el video https://t.co/YLEzCWSJrR
Según el video en el que aparece Diana Salazar, fiscal general del Estado, se cuentan con elementos para “sanear el sistema judicial, para librarnos de la corrupción y de la profunda descomposición estructural” de los últimos meses. Según la Fiscal forman parte de esta estructura:
- Un ex asambleísta: Pablo Muentes
- La ex presidenta de la Corte de Justicia de Guayas: María Fabiola Gallardo
- Varios jueces de la Corte de Justicia de Guayas
- Personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de Guayas
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar dijo que este caso es “un claro ejemplo de la unión entre la corrupción judicial y la delincuencia organizada”.
Según Salazar, la cúpula de este grupo estaría conformada por Pablo Muentes, quien como asambleísta habría “establecido relaciones” con María Fabiola Gallardo y Johan Gustavo Marfetan, juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Además, los tres habrían contratado a Mayra Salazar, funcionaria judicial de Guayas y vinculada al caso Metástasis. Todo esto, según la Fiscalía, con el objetivo de controlar decisiones judiciales, sumarios y cambios administrativos desde la Corte de Justicia de Guayas en beneficio de Muentes.
Un comunicado de la Fiscalía dice que algunas de estas decisiones judiciales beneficiaron económicamente y de forma directa a Pablo Muentes, a los demás presuntos involucrados y a terceros. También habrían cometido otros delitos como prevaricato, tráfico de influencias, cohecho y fraude procesal.
Incluso, dice el comunicado de la Fiscalía, entre los presuntos beneficiados de estos delitos estarían “personas relacionadas con el narcotráfico”. Sin embargo, todavía no se ha dado más información sobre quiénes serían esos beneficiados.

Pablo Muentes fue asambleísta por el Partido Social Cristiano luego de la renuncia de Soledad Diab. Fotografía de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional bajo licencia CC BY-SA 2.0 DEED.
El operativo del 4 de marzo
El caso Purga se reveló la madrugada del 4 de marzo con el operativo en el que se detuvo a 12 personas, incluyendo al ex asambleísta, a autoridades y funcionarios del sistema judicial. Además, allanaron la casa de Pablo Muentes y el despacho que Fabiola Gallardo compartía con el juez Marfetan, en el edificio de la Corte Provincial de Guayas.
Según la Fiscalía, “entre los indicios recabados en la vivienda de Pablo Muentes” están: dos armas de fuego, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, relojes Rolex, licores, joyas, documentos, 7.535 dólares, 505 euros y una chequera.
En la audiencia de formulación de cargos del 4 de marzo, la Fiscalía pidió prisión preventiva para 11 detenidos y arresto domiciliario para Reinaldo C. por ser mayor de 65 años. Al día siguiente, el 5 de marzo de 2024, el juez del caso dispuso prisión preventiva para Pablo Muentes, María Fabiola Gallardo y otros 7 detenidos.
A Reinaldo C. se le dio arresto domiciliario. Y se ordenó presentación periódica ante la autoridad competente para Mónica Alvarado, esposa de Pablo Muentes, y para uno de los detenidos identificado como Saúl M., funcionario del Consejo de la Judicatura de Guayas.
El 6 de marzo de 2024, Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, habló sobre la situación de los funcionarios judiciales que fueron detenidos en el caso Purga. Román dijo que todavía no se los puede sancionar. “Hay que evaluar [la situación] ya que uno de los grandes inconvenientes es que no tenemos conductas en el código orgánico para establecer las sanciones iniciales”, dijo.
Según él, todo dependerá de la situación jurídica de los detenidos, ya que el tener prisión preventiva no los inhabilita para ejercer su cargo, pero ser llamados a juicio sí. Por eso dependerá de qué pasa en los próximos días.
El 6 de marzo también Mauricio Torres, contralor general del Estado, dijo que se revisará las declaraciones patrimoniales de los jueces de Guayas para revisar si hay incrementos no justificados.
Según Torres, ya estaba previsto que se hicieran exámenes a los jueces, pero con lo del caso Purga “es importante aportar al país con las investigaciones”.
El testimonio anticipado de Mayra Salazar
El 3 de junio de 2024, la relacionista pública Mayra Salazar —una de las 31 personas detenidas en el caso Metástasis, y cuyos chats permitieron abrir el caso Purga— rindió su segundo testimonio anticipado en el caso Purga. Al siguiente día, 13 personas más fueron vinculadas al caso. Entre ellas están ex autoridades del Consejo de la Judicatura de Guayas, jueces y ex jueces, un comandante y un funcionario del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Salazar dio su versión en calidad de testigo protegida, esto es lo que dijo.
Mayra Salazar reafirmó su cercanía con Fabiola Gallardo. Dijo que trabajaba con la ex presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas y también procesada, desde octubre de 2021. Según Salazar, ella manejó toda la campaña de Gallardo para que llegara a ser la presidenta de la Corte. En 2022, cuando Gallardo ya estaba en la presidencia, Salazar fue contactada por el juez Johann Medina —otro procesado en Metástasis y Purga— para contratar sus servicios profesionales para la presidencia de la Corte Provincial de Guayas. Es decir, para Fabiola Gallardo.
Según la versión, la coordinación de esta contratación de servicios de comunicación para Gallardo fue a través del ex asambleísta y también procesado por el mismo caso, Pablo Muentes, a quien, según Salazar conoció en ese momento. La contratación, según Mayra Salazar, era externa y pagada por Muentes. Es decir, que no constaba formalmente como funcionaria pública. Además, en esa reunión le pidieron a Salazar que fuera la mano derecha de Gallardo y que cada movimiento fuera reportado a Muentes.
Durante casi dos años, según el testimonio de Salazar, trabajó en el mismo despacho de Gallardo para mejorar su imagen tras asumir su nuevo cargo. Debía indicarle cómo vestirse, maquillarse y peinarse. También escribió algunos discursos, intervenciones, entre otros productos de comunicación. Su relación era tan cercana que Salazar inclusive contestaba llamadas y mensajes del teléfono de Fabiola Gallardo.
Por ello recibía 2500 dólares mensuales que eran pagados en efectivo en la casa de Pablo Muentes. Este, según Salazar era “su centro de operaciones”.
En el testimonio anticipado de Mayra Salazar también dijo que Pablo Muentes manejaba el Sistema Judicial de Guayas- En su testimonio contó cómo Muentes promovió al doctor Reinaldo Cevallos —otro de los procesados— de juez de primer nivel a juez de Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas tras favorecerlo en el caso del Banco del Pacífico, por el que Muentes recibió una indemnización de 4 millones de dólares.
Muentes también habría ordenado movimientos administrativos a jueces que no quisieron colaborar y, a través de Gallardo y Salazar, manipuló concursos de evaluación y el sistema de sorteo de salas. Esto, supuestamente, para devolver favores y dirigir casos a los jueces que trabajan con Muentes. El exasambleísta también pidió cerrar los sumarios administrativos de Fabiola Gallardo y otro funcionario hoy vinculado al caso Purga.
“Fue un secreto a voces que Pablo Muentes era quien manejaba el sistema judicial”, dijo Salazar. Por ello, nunca se compartía detalles en la cuenta de la red social X [de la Corte de Justicia de Guayas] sobre los casos que estaban vinculados a Muentes.
Donde sí publicaban contenido era en un centro de troles de Muentes. Estos contenidos eran parte del trabajo de Salazar quien, desde cuentas con perfiles falsos, atacaban al abogado externo del Banco del Pacífico y a un periodista que divulgó la noticia de la denuncia que Fernando Villavicencio —candidato a la presidencia asesinado— hizo contra Muentes por tráfico de tierras.
Según Salazar, Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, PSC, al que pertenece Pablo Muentes, estaba al tanto del manejo del sistema judicial. “Durante estos años, el sistema judicial de la provincia de Guayas estuvo controlado por el PSC”.
El mismo Muentes le confesó a Salazar, según ella, que era beneficiario de los contratos por servicios de limpieza de las dependencias judiciales en Guayaquil y otras provincias. Estos contratos se habrían realizado por más de 1,4 millones al año, durante cuatro años, a través de asociaciones vinculadas a Muentes y su familia.
Cuando se acercaba el fin de la gestión de Gallardo, en enero 2024, Muentes le pidió a Salazar que esta vez manejara la campaña de Hugo González, postulante para la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Finalmente, González fue elegido, llegó al cargo y, dos meses después, tras ser vinculado al caso Purga, presentó su renuncia el 8 de marzo de 2024.
Salazar también dijo que tres de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura trabajaban para Muentes: Wilman Terán, ex presidente de la Judicatura —detenido por el caso Metástasis— y los vocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz —investigado por lavado de activos y obstrucción de la justicia.
Según Salazar, los vocales lo hacían a cambio de “cuotas o espacios” en el Consejo de la Judicatura y de respaldo político en la Asamblea Nacional. De acuerdo al testimonio, Muentes tuvo un desacuerdo con Muñoz con lo que perdió su mayoría de respaldo en el Consejo de la Judicatura, el órgano de gobierno encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
En este entramado, la jueza Fabiola Gallardo buscó hacer acercamientos con procesados en casos en los que podría intervenir. Entre ellos está Daniel Salcedo —procesado por el caso Metástasis— quien conoció a Gallardo a través de Salazar. Mayra Salazar y Daniel Salcedo eran amigos. Tan pronto se conocieron, Salcedo le habría ofrecido a Gallardo 150 mil dólares que serían repartidos entre dos jueces y Gallardo, a cambio de un fallo judicial a su favor.
Uno de los jueces con los que se pensaba repartir el soborno se negó, por lo que la operación no se pudo concretar. Sin embargo, Salcedo y Gallardo siguieron en contacto.
La ex presidenta de la Corte Provincial de Guayas también pretendía tener un acercamiento con Adolfo Macías, alias Fito, líder de la organización criminal de Los Choneros. Según Salazar, Gallardo pensaba intervenir en una apelación por el traslado de Fito, de la cárcel regional hacia la Roca —el Centro de Privación de Libertad de máxima seguridad. Fito cumplía una condena de 34 años de prisión por tráfico de estupefacientes, asesinato y delincuencia organizada, pero se escapó el 7 de enero.
Mientras Salazar trataba de contactarse con Fito, Gallardo habría encontrado la forma de acercarse al abogado de Los Choneros, Ronald Cantos. Tras ese contacto, Fito habría enviado a Gallardo una cadena con una esmeralda y 6 mil dólares. Después, Gallardo agendó la apelación del traslado de Fito y, al tiempo, fue la fuga del líder de la organización criminal.
Mayra Salazar habló de más sobornos. Dijo que Gallardo, a cambio de un fallo judicial a favor de un caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, recibió botellas de whisky, chocolates y estatuillas de bronce —de un militar montando un caballo y sosteniendo una bandera de Ecuador. Estos habrían sido entregados a cada uno de los jueces implicados en el fallo. Por este fallo, el piso del salón de “Los Presidentes” del edificio de la Corte Provincial de Guayas también fue cambiado.
El cambio de piso habría sido una obra con la que Gallardo quería ser recordada, dijo Salazar en su testimonio anticipado.
Otros 13 vinculados al caso
La mañana del 4 de junio de 2024, la Fiscalía vinculó a 13 personas más al caso Purga que investiga el delito de delincuencia organizada.
#ACTUALIZACIÓN | #CasoPurga: #FiscalíaEc procede con la individualización de los nuevos procesados y describe su presunta participación en el delito de #delincuenciaorganizada. pic.twitter.com/Drm98V1SeE
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 4, 2024
Según la Fiscalía, son siete mujeres y seis hombres:
- Mercedes Leonor Villarreal, ex directora del Consejo de la Judicatura de Guayas
- Tatiana Carolina Villafuerte, ex asesora parlamentaria de Pablo Muentes
- Rubén Andrés Díaz, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura de Guayas
- Hugo Manuel González, ex presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas
- José Daniel Poveda, ex juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas
- Esteban Andrés Chávez, asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
- Juan Xavier Riofrío, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
- Andrea Mercedes Patiño, jueza de Durán
- Susana Vanessa Batalla, funcionaria del Consejo de la Judicatura
- Freddy José Játiva, ex comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
- Mirian Jessenia Rodríguez, coordinadora provincial de Secretaría y Archivo del Consejo de la Judicatura de Guayas
- Jackeline Vernise Domínguez, coordinadora provincial de Talento Humano del Consejo de la Judicatura de Guayas
- Silvia Erminia Orozco, jueza de la Unidad Judicial Civil Mercantil e Inquilinato de Guayaquil.
La tarde del 4 de junio la Fiscalía solicitó al Juez que dicte prisión preventiva para los 13 nuevos procesados, con base “en los más de 140 elementos de convicción que presentó para formular cargos en su contra”. Cerca de las ocho y media de la noche la audiencia fue suspendida.
#ACTUALIZACIÓN | #CasoPurga: se suspende la audiencia de vinculación de 13 personas a la causa en la que se investiga el delito de #delincuenciaorganizada. Juez dispone que la diligencia se reinstale mañana (17:00) para informar las medidas cautelares contra los procesados. pic.twitter.com/mg1clI5uQj
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 5, 2024
La audiencia fue retomada el 5 de junio. En ella, el juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva contra ocho de los vinculados.
#ACTUALIZACIÓN | #CasoPurga: juez Javier de la Cadena dicta prisión preventiva contra 8 de los vinculados, entre ellos los jueces José P. y Silvia O., y funcionarias judiciales. Para los otros 5 procesados dispone presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. pic.twitter.com/5lpd2CdtlH
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 6, 2024
Para los otros cinco procesados, el juez dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Además de la retención de cuentas de los procesados y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles que estén a su nombre.
El 26 de septiembre de 2024, fue la audiencia de revisión de medidas solicitada por Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte de Justicia de Guayas, y Silvia Orozco, jueza de lo Civil de Guayaquil. Ambas cumplen prisión preventiva.
El juez del caso negó el pedido de revisión de medidas a Gallardo y ratificó la prisión preventiva. A Orozco, en cambio, le sustituyó la prisión preventiva por “la obligación de presentarse periódicamente y la prohibición de salida del país”.
#AHORA| #CasoPurga: con la presencia de la Fiscal General del Estado, se reinstala la audiencia de revisión de medidas solicitada por Fabiola G., expresidenta de la Corte de Justicia de #Guayas, y Silvia O., procesadas por #DelincuenciaOrganizada. Hoy, el Juez dará su resolución. pic.twitter.com/Nm0zDqu9fA
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 26, 2024
El testimonio anticipado de Daniel Salcedo
En su testimonio anticipado por el caso Purga, Daniel Salcedo dijo que empezó a trabajar desde los 16 años con varias empresas dedicadas a organización de eventos –para empresas públicas y privadas. En 2020, durante la pandemia del covid-19, su nombre fue conocido cuando intentó fugarse del país en una avioneta que se estrelló. El intento de fuga fue después de ser vinculado en una presunta red de corrupción en el sistema de salud.
Salcedo pagó a jueces para dilatar o favorecer fallos a su favor y tras una serie de recursos legales salió libre.
La madrugada del 14 de diciembre de 2023, cuando fue el operativo del caso Metástasis, Daniel Salcedo se había fugado. Sin embargo, fue detenido en Panamá el 16 de enero de 2024. Lo extraditaron y hoy es uno de los 39 procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Metástasis. Hoy tiene 5 investigaciones en su contra: por fraude procesal, ingreso de artículos prohibidos a una cárcel, lavado de activos, delincuencia organizada y peculado.
Del caso Metástasis se desprendió el caso Purga que investiga una presunta red de delincuencia organizada en el sistema judicial. En este caso, Salcedo dio su versión en calidad de testigo protegido, esto es lo que dijo.
En el testimonio anticipado de Daniel Salcedo, dijo que Mayra Salazar tenía el control completo a través de la jueza Fabiola Gallardo. Reafirmó que Salazar era su amiga y quien le ayudaba a diferir las audiencias a cambio de dinero —de 2000 a 5000 dólares. También dijo que el cargo de relacionista pública “era una fachada” porque Salazar tenía el control completo por medio de Gallardo.
Salcedo mencionó que había “operadores” que facilitaban las transacciones entre jueces y procesados. En su caso dijo que acudía a ellos para que no le cobraran valores excesivos por fallar a su favor. “He sido parte de la trama de corrupción de los jueces, conozco la trama de corrupción”.
Antes del intento de fuga fallido en la avioneta, el 8 de junio de 2020, según el testimonio de Salcedo, el juez Reinaldo Cevallos –quien emitió la orden de prisión contra Salcedo por el delito de peculado– le habría pedido 300 mil dólares para darle arresto domiciliario.
Salcedo dijo que no accedió porque le pareció demasiado dinero, así que decidió fugarse en la avioneta que se estrelló y con la que pretendía llegar a Perú.
Después del accidente en avioneta y de que saliera a la luz su intento de fuga, según su relato, volvieron a pedirle 5000 dólares para enviarlo a casa a recibir las terapias por costillas y una clavícula rota, producto del accidente aéreo, en el que murió el piloto. El resto de ocupantes, Salcedo y Jocelyn Mieles –su novia en ese momento– solo resultaron heridos.
Salcedo se negó a pagar los 5000 dólares y en su testimonio dice que inmediatamente, el 28 de julio de 2020, fue trasladado al Centro Penitenciario de El Inca, en Quito. Salcedo presume que enviarlo a la cárcel pese a estar convaleciente después del accidente aéreo, pudo tratarse de una represalia –no especificó por parte de quien– por haberse negado a pagar.
Entonces, Salcedo se comunicó con el juez Reinaldo Cevallos quien le propuso “mejorar su estadía” haciéndole un traslado a la cárcel 4 de Quito. Esta es una cárcel con poca ocupación que alberga a militares, policías y algunos políticos investigados por corrupción. Por el traslado, Cevallos pidió 100 mil dólares. Negociaron y al final se acordó gestionar su traslado por 70 mil dólares que fueron entregados en la misma casa de Cevallos, dijo Salcedo.
La justicia pidió el traslado de Salcedo en tres ocasiones justificando supuestas “amenazas” que podrían poner en peligro la vida de Salcedo en El Inca. Finalmente, el 4 de noviembre de 2020, Salcedo fue trasladado a la cárcel 4 de Quito.
Fue entonces que hizo un acuerdo por un valor de 150 mil dólares con el juez Henry Morán, quien llevaba su causa por fraude procesal. “A raíz de eso obtuve mi libertad”, dijo en su testimonio.
El 9 de diciembre de 2022, el juez de Manabí, Simón García Tello concedió la excarcelación de Salcedo, al considerar que en cinco procesos penales había caducado la prisión preventiva.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informa: pic.twitter.com/UGD2nv6xsu
— SNAI Ecuador 🇪🇨 (@SNAI_Ec) December 9, 2022
Más adelante el juez Morán le habría vuelto a solicitar a Salcedo 200 mil dólares por juez para tratar su causa por peculado. Salcedo no accedió.
Ya en libertad, cuenta Salcedo que se reunió con el juez Alberto Ramos, quien llevaba su causa por peculado. Esta vez Ramos solicitó 100 mil dólares por darle libertad en esta causa. En una tercera reunión, Salcedo dice que le entregó 4 o 5 mil dólares en billetes de 100. Esto como muestra de que Salcedo no se iba a echar para atrás con el acuerdo que tenían.
Luego, Ramos ya no era quien procesaba la causa de peculado, por lo que ofreció que “le podía hacer llegar a otro juez”. Pero Salcedo se negó.
Estando en libertad, Salcedo dice que se reunió con Fabiola Gallardo, entonces presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas y a quien conoció a través de Mayra Salazar. En este encuentro, Salazar acordó con Gallardo el cobro de 150 mil dólares que serían repartidos entre ella y dos jueces para favorecer sus causas. Algo que para Gallardo, según el testimonio anticipado “estaba sencillo”.
Desde allí, según el testimonio, mantenía conversaciones personalmente con Gallardo en su propia casa.
En medio de esas negociaciones, el juez Johann Medina le solicitó a Salcedo 25 mil dólares a cambio de un trámite de habeas corpus: 5000 para el sorteo en el que él, tras el proceso, fue el juez y 20 mil para dar un resultado favorable. Según Salcedo, el dinero fue entregado. Pero al final Salcedo retiró la acción constitucional porque, a criterio de Gallardo, estaba mal presentada.
Salcedo dice que nunca le devolvieron los 5000 dólares.
También en libertad, Salcedo se reunió con el juez Byron Guillén quien era juez de la Corte Nacional y presidía el Tribunal de su caso por el caso de lavado de activos. Guillén solicitó 140 mil dólares que acordaron entregarse en dos partes. Con los primeros 70 mil dólares, Guillén le habría mencionado a Salcedo que “estaba arreglado el asunto”.
Fue entonces que Salcedo huyó hacia Panamá. Desde allá, Guillén le solicitó el resto del dinero. Como Salcedo no pagó, fue sentenciado el 5 de enero de 2024 a 13 años de cárcel, al ser declarado culpable de lavado de activos. Salcedo pidió que le devolviera el dinero y, según su testimonio, le quedó debiendo 10 mil dólares.
Guillén dice que no conoce a Salcedo.
👋Ante la opinión pública del país, y teniendo como principio que la verdad siempre primara, hago conocer lo siguiente:
— Byron Guillen (@byronguillen2) June 3, 2024
📌El señor Daniel Salcedo, su hermano y otras personas naturales y jurídicas, fueron procesados en una causa penal por el delito de lavado de activos, en donde…
En su testimonio anticipado, Salcedo dice que pagó por una audiencia –por delincuencia organizada– que se dará el septiembre de 2024 en contra de su hermano, Noé Salcedo. Este soborno costaría 40 mil dólares que serán –o fueron– repartidos entre el juez Víctor Vaca (20 mil dólares) y Henry Morán (15 mil dólares).
“Me arriesgo a decirlo porque confío en que, desde hoy, los jueces van a actuar como debe de ser”, dijo.
Los 19 llamados a juicio
El 22 de enero de 2025, pasadas las 5 de la tarde se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra 23 personas procesadas en el caso Purga. Pasadas las 2 de la madrugada del 23 de enero, el juez nacional Javier de la Cadena acogió el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio a 19 de los procesados.
Entre ellos están Pablo Muentes, Fabiola Gallardo, Johan Gustavo Marfetan y Mercedes Villarreal en calidad de líderes de la organización. Los otros 15 están como “colaboradores del delito de delincuencia organizada”.
#CasoPurga#DelincuenciaOrganizada#LlamadosAJuicio pic.twitter.com/PrPJ3BacHf
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 23, 2025
Los 19 llamados a juicio son:
- Pablo Bolívar Muentes, ex asambleísta por el Partido Social Cristiano, en calidad de autor (líder) del delito de delincuencia organizada.
- Johan Gustavo Marfetan, ex juez de la Corte Provincial de Guayas, en calidad de autor (líder) del delito de delincuencia organizada.
- Pedro Guillermo Valarezo, ex juez de la Corte Provincial de Guayas, en calidad de autor (colaborador) del delito de delincuencia organizada.
- Reinaldo Efraín Cevallos, ex juez de la Corte Provincial de Guayas, en calidad de autor (colaborador) del delito de delincuencia organizada.
- María Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte Provincial de Guayas, en calidad de autora (líder) del delito de delincuencia organizada.
- Jóse Daniel Poveda, ex juez de la Corte Provincial de Guayas, en calidad de autor (colaborador) del delito de delincuencia organizada.
- Alberto Ramos, ex juez de los civil, en calidad de autor (colaborador) del delito de delincuencia organizada.
- Nelson Mencías, ex juez de lo civil, en calidad de autor (colaborador) del delito de delincuencia organizada.
- Henry Robert Taylor Terán, ex juez de la Corte Provincial de Guayas, en calidad de autor (colaborador) del delito de delincuencia organizada.
- Ruth Catalina Solano, ex procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en calidad de autora (colaboradora) del delito de delincuencia organizada.
- Esteban Andrés Chávez, asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en calidad de autor (colaborador) del delito de delincuencia organizada.
- Mercedes Leonor Villarreal, ex directora del Consejo de la Judicatura de Guayas, en calidad de autora (líder) del delito de delincuencia organizada.
- Saúl Alberto Mero, ex asesor y mano derecha de Mercedes Villarreal, en calidad de autor (colaborador) del delito de delincuencia organizada.
- Fausto Alfonso Alarcón, primo de Pablo Muentes, en calidad de autor (colaborador) del delito de delincuencia organizada.
- Juan Xavier Riofrío, ex comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en calidad de autor (colaborador) del delito de delincuencia organizada.
- Tatiana Carolina Villafuerte, ex asesora de Pablo Muentes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en calidad de autora (colaboradora) del delito de delincuencia organizada.
- Andrea Mercedes Patiño, ex jueza de Durán, en calidad de autora (colaboradora) del delito de delincuencia organizada.
- Susana Vanessa Batalla, funcionaria del Consejo de la Judicatura de Guayas responsable del sorteo de causas, en calidad de autora (colaboradora) del delito de delincuencia organizada.
- Jackeline Vernise Domínguez, coordinadora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en Guayas, en calidad de autora (colaboradora) del delito de delincuencia organizada.
Los otros 4 procesados —Mónica Alvarado, esposa de Pablo Muentes; Hugo González, ex presidente de la Corte del Guayas; Freddy Játiva, ex comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y Silvia Orozco, Silvia Orozco fueron sobreseídos. Es decir, el juez suspendió el proceso penal para cada uno al no encontrar elementos suficientes que muestren su participación.
Con la decisión, levantó las medidas cautelares de los cuatro investigados.
Audiencia de juicio del caso Purga
El 5 de febrero de 2025 empezó la audiencia de juicio contra 13 de los 19 procesados por delincuencia organizada. Los otros seis están prófugos. Daniella Camacho, Felipe Córdova y Marco Aguirre conformaron el tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
A la diligencia llegaron Pablo Muentes, ex asambleísta; Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, y otros implicados junto a sus abogados.
#AHORA | #CasoPurga: con la presencia del fiscal general (s), Wilson Toainga, se instala la audiencia de juicio contra 13 procesados por presunta #DelincuenciaOrganizada, incluidos el exasambleísta Pablo M. y Fabiola G., expresidenta de la Corte de #Guayas. pic.twitter.com/HPhxJGDDHK
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 5, 2025
El fiscal Wilson Toainga dijo que en el juicio demostrará que los procesados, entre ellos, Muentes, Gallardo, Johann Marfetán —ex juez de la Corte Provincial del Guayas— y otros procesados habrían ejecutado un plan para controlar el Sistema de Justicia del Guayas.
La pruebas de la Fiscalía se centrarán, dijo, en demostrar que los implicados supuestamente manipularon procesos judiciales mediante el abuso y “desnaturalización” del derecho.
Después de un receso, a las 3 de la tarde, el primero en exponer sus alegatos fue Diego Chimbo, abogado de Pablo Muentes, quien dijo que demostrará que el caso Purga fue un montaje de la Fiscalía con la ayuda de Mayra Salazar, procesada por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Ella aceptó colaborar con la Justicia y entregó información a la Fiscalía sobre esta presunta red.
La audiencia continúa.
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