La pugna entre Daniel Noboa y Verónica Abad, explicada

Una de las tensiones más evidentes en el gobierno de Daniel Noboa es su complicada relación con su vicepresidenta, Verónica Abad. El más reciente choque entre las dos máximas autoridades del Ejecutivo se dio el 9 de noviembre de 2024, cuando el Ministerio de Trabajo la suspendió por cinco meses mediante un sumario administrativo, responsabilizándola de “abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales”.

Dos días después, el 11 de noviembre de 2024, a través de un comunicado el presidente Daniel Noboa informó que Sariha Moya,  quien era la Secretaria Nacional de Planificación será la vicepresidenta encargada. 

La designación dejó al país, de facto, con dos vicepresidentas. 

Fue el clímax de la pugna entre Noboa y Abad, que ha incluido, entre otros puntos de quiebre, la detención de su hijo por presunto tráfico de influencias, una denuncia por violencia política ante el Tribunal Contencioso Electoral, y el traslado de Abad a Israel apenas quince días después de asumir su cargo, para que sea colaboradora para la paz.

La mañana del miércoles 20 de noviembre de 2024, Abad regresó a Ecuador después de once meses en Tel Aviv, “con sus propios recursos, para dar la cara al país… y pedirle al presidente que recapacite”,  dijo en una intervención desde el aeropuerto de Quito. 

“Se me ha tenido casi encadenada, enterrada en un hotel en Turquía”, habló dirigiéndose a los medios de comunicación. Aseguró que la han dejado en total indefensión y que llega al país en un acto de rebeldía frente a lo que ocurre. 

Habló de una ruptura constitucional, y de la independencia de poderes. Pidió unidad de los ecuatorianos. “No puede ser posible que sigan levantando investigaciones y juicios a mi hijo”, refiriéndose al caso Nene, que investiga un presunto caso de oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de Ecuador.

 “Que el Presidente me diga en la cara, qué es lo que tiene conmigo”, insistió Abad. 

En medio de las preguntas de los periodistas, dijo que pronto acudirá a la Asamblea Nacional donde en sesión del Pleno el 13 de noviembre, condenaron la suspensión de su cargo por parte del Ministerio de Trabajo. 

Tras ese pronunciamiento, la ministra de trabajo, Ivonne Núñez, debía presentarse el 19 de noviembre a comparecer sobre el sumario administrativo, pero horas antes se retractó de asistir. 

La relación entre Daniel Noboa y Verónica Abad se ha deteriorado incluso desde antes de que ambos asumieran el poder. Te contamos cómo ha sido su ruptura. 

El recuento del desmoronamiento del vínculo de Noboa y Abad

Noboa y Abad llegaron a la presidencia y vicepresidencia con el respaldo de la coalición política Acción Democrática Nacional (ADN), una alianza entre los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Mover. Ambos deberían ocupar sus cargos hasta mayo de 2025, cuando sean posesionadas las nuevas autoridades, tras las elecciones de febrero de 2025.

Tan pronto como Noboa y Abad asumieron sus cargos, la tensión, que venía de las últimas épocas de su campaña, comenzó a aumentar. 

El 23 de noviembre de 2023, el presidente Noboa celebró su nueva posición con un almuerzo en Carondelet . Asistieron 600 invitados. No estaba entre ellos la recién posesionada Vicepresidenta, quien almorzó en uno de los mercados de Quito. 

Los rumores del distanciamiento se corroboraron al día siguiente de haber sido posesionados cuando Noboa le asignó a Abad como única función “ser colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina”, por lo que inmediatamente, Abad debía viajar a Israel, enfrascado en una cruenta guerra en Gaza.  

Abad respondió, el 25 de noviembre, en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un video en el que dijo que la violencia es, entre otras cosas, cuando aun lo envían “a morir en la guerra”. 

Tres días después, Abad dio una rueda de prensa en la Vicepresidencia, aún en Quito, en la que aceptó la misión para viajar a Israel, afirmando que cumpliría con el encargo. 

Pese a anunciar a través de sus redes sociales que estaba en conversaciones con Cancillería para ultimar detalles de su misión en Israel, el 7 de diciembre a través de un comunicado, dijo que no había una planificación ni coordinación interinstitucional para hacerlo. 

Adujo inconsistencias, y anunció que deberá viajar sin seguridad debido a la premura de la decisión del Presidente. 

La tarde del 8 de diciembre de 2023, Abad viajó hacia Israel y, en una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), dijo: “hoy emprendo este viaje, con mucha ilusión de mejores días para nuestro país”. 

Desde entonces, Abad estuvo en Tel Aviv, Israel, desde donde continuó confrontándose con Noboa. Fue precisamente un presunto incumplimiento en el desplazamiento ordenado por la Cancillería, para que viajara a la capital turca de Ankara, lo que  desembocaría en la suspensión decretada por el Ministerio de Trabajo, dispuesta en noviembre de 2024. 

La denuncia por violencia política

El 8 de agosto de 2024, la vicepresidenta Verónica Abad presentó una denuncia por presunta violencia política ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra de Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro del Ministerio de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora presidencial, Diana Jácome.

En su denuncia, Abad asegura que la Cancillería le negó cinco días de permiso para atender asuntos familiares y de salud, tras asumir el cargo de embajadora en Israel. 

También dice que el Ejecutivo ha mostrado resistencia a que asuma funciones presidenciales, cuando Noboa pida licencia para su reelección, un derecho que Abad defiende como constitucional. 

Asegura que el gobierno inició una campaña en su contra, e incluyó a Jácome y Torres por comentarios sobre ella y su hijo en el caso Nene, que investiga una red de presunto tráfico de influencias para la venta de puestos públicos. 

Tiempo antes, el 27 de mayo de 2024, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, aseguró que sería “nefasto para el país, que una persona que no comulga con la visión y las acciones del presidente, asuma el poder”, tomando en cuenta que para hacer campaña por su reelección, Noboa debe pedir licencia, y Verónica Abad sería la presidenta encargada.

En su denuncia, Abad cita una insinuación que hizo Diana Jácome, en una entrevista con el periodista Jorge Ortiz, en FM Mundo: «Miren ustedes… ¿si tu hijo está preso, tú te regresas? O ¿prefieres mantenerte porque quieres el poder?», dijo Jácome. 

Para Abad, ganar las elecciones en 2023 ha sido una “condena” debido a su condición de mujer, madre y política. “He sido víctima de una persecución contra mi familia, en donde se ha usado a mi hijo como carnada, sin garantizar el principio de inocencia que en toda sociedad democrática y justa debe primar”, dice Abad en su denuncia. 

En ese entonces, Abad solicitó un peritaje para evaluar si los hechos constituyen violencia política de género. 

Mientras, el miércoles 10 de agosto de 2024, en un comunicado, el presidente Daniel Noboa dijo que la denuncia de Abad era un intento de desestabilización para sacarlo del poder y evitar su participación en las próximas elecciones presidenciales.

También el entonces ministro de Gobierno, Michele Sensi, acusó a Abad de buscar acceder al poder de forma desesperada y de deslegitimar la voluntad popular.

Días después, el 15 de agosto de 2024, Diana Jácome presentó una denuncia contra la vicepresidenta Verónica Abad en el Tribunal Contencioso Electoral, también acusándola de violencia política de género y solicitando la suspensión de sus derechos políticos y una multa.

En su denuncia, Jácome alegó que quiere dejar en evidencia a todos los “partidos oscuros” que respaldaban y felicitaban a la Vicepresidenta. “No es posible que esté aliada con esa vieja política que ha estado inmersa en el crimen organizado y en el narcotráfico y quiera seguir generando inestabilidad», dijo Jácome. 

La denuncia de Abad en contra de Noboa y sus funcionarios fue admitida por el juez electoral Fernando Muñoz, quien fijó el 12 de septiembre como la fecha para celebrar la “audiencia única de pruebas y alegatos”. Sin embargo, Fernando Muñoz fue recusado el 28 de agosto por la asesora presidencial Diana Jácome, y el proceso quedó temporalmente suspendido.  

Una recusación es un acción legal destinada a separar a un juez de una causa por cuestionamientos sobre su imparcialidad.  

El 8 de noviembre de 2024, se realizó la audiencia oral de pruebas alegatos en la que Abad y los denunciados presentaron sus pruebas y argumentos de manera oral ante el Tribunal Contencioso Electoral.

En 2018, por primera vez, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres incluyó la definición de violencia política contra las mujeres. 

Esta se da en contra “candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia”. 

Ocurre cuando hay agresiones, amenazas, discriminación a mujeres que participan en la vida política y pública para perjudicar su derecho a participar en la vida política en igualdad de condiciones que los hombres. 

Ejemplo de ello es cuando una candidata es criticada por su apariencia o vida personal, desviando la atención de sus capacidades y logros. O que una ministra exitosa pueda ver sus logros minimizados con insinuaciones de que solo ocupa su cargo por cuotas de género o “favores” políticos. 

Esta forma de violencia incluye la obstaculización del acceso a la justicia para proteger sus derechos políticos, la imposición de sanciones injustificadas, y la negación arbitraria de bienes y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

También si se restringe su participación, se limita su derecho a la palabra en el ámbito político, y se les imponen tareas ajenas a sus funciones. 

En resumen, las mujeres son atacadas simplemente por ser mujeres y el objetivo principal es excluirlas del ejercicio del poder. 

El artículo 279 del Código de la Democracia tipifica a la violencia política de género como una infracción electoral muy grave, sancionada con una multa que va desde veintiún hasta setenta salarios básicos unificados, la destitución y/o suspensión de derechos de participación de entre dos y cuatro años.

El cuestionado sumario administrativo que suspendió a Abad

El 11 de julio de 2024, después de permanecer nueve meses en Israel, Abad se pronunció a través de un comunicado en las cuentas de redes sociales de la Vicepresidencia. 

Dijo que las delegaciones diplomáticas se mantienen en alerta debido al conflicto armado en que Israel es parte beligerante. También alerta que el conflicto se había  extendido a otros territorios, y que se había atacado a objetivos civiles y no militares, como las zonas donde se encuentran embajadas y consulados. 

“Estos hechos resaltan el peligro que enfrenta la población civil, incluida la vicepresidenta de la República, cuya seguridad es de vital importancia para mantener la línea presidencial de sucesión de Ecuador”, dice el comunicado. 

En respuesta al comunicado de Abad, el 8 de agosto de 2024, a través del decreto ejecutivo 353 el presidente Noboa solicitó el traslado temporal de Abad a Turquía debido a la escalada de tensiones en Medio Oriente. 

La orden era que, para el 1 de septiembre de ese año, Abad estuviese en Ankara, capital turca. 

El 9 de septiembre de 2024, Abad viajó hacia Turquía en cumplimiento del decreto ejecutivo. La tardía llegada de Abad a Ankara, capital de Turquía, motivaría dos meses después, su suspensión temporal por 15 días.

El Ministerio de Trabajo inició un sumario administrativo por un supuesto abandono injustificado del lugar de trabajo, pues Abad debía presentarse a la embajada en Ankara antes del 1 de septiembre de 2024, y se presentó 8 días después. 

El Ministerio de Trabajo le pidió a Abad un informe técnico motivado sobre su “presunto incumplimiento” en el viaje a Turquía. 

Días antes, ​​el 5 de septiembre, Julio José Neira, secretario de Integridad de la Presidencia, envió una consulta al procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, que desató una controversia. 

Neira le preguntó al Procurador si un servidor público destituido mediante un sumario administrativo por ausentarse más de tres días podía ocupar otro cargo público.

El 11 de septiembre llegó la respuesta: los funcionarios destituidos por abandono injustificado del trabajo por tres días o más quedaban inhabilitados para ejercer otra función pública por un período de dos años.

El lunes 30 de septiembre, la jueza Gloria Mayorga negó una acción de protección presentada por Abad con la que intentaba dejar sin efecto el sumario administrativo. 

Además, Mayorga advirtió al Ministerio de Trabajo que debía adherirse a los artículos 129 y 130 de la Constitución que estipulan que la vicepresidenta solo puede ser destituida a través de un juicio político en la Asamblea Nacional y por causas específicas.

Es decir que no existe una causal constitucional para destituir a la Vicepresidenta mediante un sumario administrativo. 

A las dos y media de la tarde del jueves 7 de noviembre de 2024, se hizo la audiencia virtual para escuchar los cargos por parte de la Presidencia de la República y Cancillería respecto del incumplimiento de Abad. También se escuchó la versión de Abad. 

De hecho, Abad invitó a través de su cuenta de X a que quien quisiese se una a la audiencia desde un link de YouTube del Ministerio de Trabajo, pero la sesión no admitió invitados y hasta ahora el link permanece inhabilitado. 

A las cuatro de la tarde se resolvió, según el informe, sancionar con la suspensión temporal y sin goce de remuneración por 150 días. 

Una vez cumplido el plazo de suspensión, el documento indica que Abad debe regresar al lugar físico de trabajo que la autoridad administrativa disponga. 

Esa noche, la Vicepresidenta habló en un video a través de sus redes sociales personales. 

Dijo que después de lo que considera ataques por parte del presidente Daniel Noboa y su círculo cercano, ocurrió una nueva violacion a la Constitución. En el video denunció que el sumario administrativo no es aplicable a funcionarios electos en las urnas, y que no hay pruebas para la falta que se le atribuye. 

“Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa y sus ministros han preparado la ruptura del orden constitucional y el evento golpe de estado que se prepara para el 6 de enero”, dijo Abad asegurando que su suspensión es un ejemplo de cómo el gobierno se ha desviado de su propósito y que ha optado por el camino de la “represión”. 

El lunes 11 de noviembre de 2024, la defensa de la vicepresidenta Veronica Abad presentó un pedido de fiscalización a la Presidencia de la República ante la Asamblea Nacional por el sumario administrativo que determinó la suspensión de Abad por 5 meses. 

También solicitó una acción de protección, que es una garantía constitucional para cuando se vulneran los derechos reconocidos en la Constitución. 

El viernes 29 de noviembre de 2024, en el Complejo Judicial Norte, la jueza de la Unidad de la Familia Quito, Nubia Vera Cedeño, instaló la audiencia para resolver el recurso.

Damián Armijos y Dominique Dávila, abogados de la vicepresidenta, cuestionaron que el Ministerio de Trabajo impusiera una sanción a una autoridad de elección popular y que la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores actuaran como partes procesales. Por ello, solicitaron que se aceptara la acción de protección. 

Dávila también solicitó disculpas públicas para Abad, a través de un mensaje a la nación. 

Tras un receso, el delegado del Ministerio de Trabajo, Andrés Castillo, defendió la potestad de la institución para procesar, mediante sumarios administrativos, las faltas disciplinarias de los funcionarios públicos. En este caso, el de la vicepresidenta. 

Sin embargo, Castillo no supo justificar en qué normativa o reglamento se establecía la sanción de suspensión de 150 días, que provocó críticas. 

A las 17:30, luego de la presentación de amicus curiae (aquellos que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica a favor de algunas de las partes), se suspendió la audiencia. Inicialmente, la reinstalación estaba prevista para el 9 de diciembre, pero se adelantó al 5 de diciembre, a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte.

La audiencia de acción de protección

A las 08 de la mañana del 5 de diciembre, policías del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) con sus perros empezaron los barridos para detectar explosivos en los alrededores del Complejo Judicial Norte. Poco después, se colocaron vallas en los exteriores del edificio, y cinco militares se apostaron en los extremos del ingreso. 

Una hora más tarde, la Vicepresidenta —cabello recogido, traje negro y blusa celeste— se bajó de un carro blindado y entró rodeada por su cerco de seguridad. Solo dijo: “¡Justicia!”. 

Subió en el ascensor hasta el piso 11. En la sala de audiencia, Abad se sentó junto a dos sillas vacías y frente a la jueza Vera Cedeño. Allí pidió que le informaran cuál había sido la razón para cambiar “abruptamente” la fecha de la diligencia —la cual inicialmente estaba prevista para el 9 de diciembre— y cuántas intervenciones de amicus curiae faltaban. 

La jueza respondió que se había adelantado la audiencia porque se abrió un espacio en la agenda y añadió que aún quedaban por revisar 41 amicus curiae. 

En una pantalla colocada al extremo derecho de la sala, estaba la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez conectada telemáticamente. Durante una corta intervención, dijo que había ingresado un documento de 459 hojas con su exposición. 

La jueza —nuevamente— respondió que ya el delegado del Ministerio de Trabajo había tenido más de 40 minutos para su exposición. Que quedaban las réplicas y las contrarréplicas. 

Una hora después de que empezara, la Vicepresidenta solicitó que se aplace la audiencia. Argumentó que se debía respetar el derecho a la defensa, ya que sus abogados no habían podido presentarse en esta diligencia. La jueza decidió suspender la audiencia. Se retomará el 9 de diciembre y dijo que se retomaría el 9 de diciembre.

Ese día, la audiencia, luego de cinco horas, también se suspendió. Esta vez se aplazó para el  16 de diciembre de 2024. 

En los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito, la mañana del 9 de diciembre, la seguridad fue mayor a la de la semana anterior. Policías y militares resguardaron el ingreso. La Vicepresidenta llegó a las 09:00, entró y poco después se instaló la diligencia.  

Enseguida empezaron las intervenciones de los 17 amicus curiae (amigos de la Corte que opinan sobre el proceso). Luego de escucharlos durante cinco horas, tocaba el momento de la réplica y contrarréplica de las partes. Pero no ocurrió. 

La defensa de Abad pidió más tiempo. ¿Por qué? 

El 5 de diciembre, antes de que comenzara la audiencia, el Ministerio de Trabajo ingresó 459 hojas al proceso. La ministra Ivonne Núñez explicó —vía telemática— que era su futura exposición. 

Finalmente, ese día la audiencia no se llevó a cabo y se pospuso para el 9 de diciembre. 

En la audiencia reinstalada del 9 de diciembre, los abogados de Abad, Dominique Dávila y Damián Armijos, le dijeron a la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia que aún no habían revisado la documentación.

La jueza Nubia Vera Cedeño concedió a los abogados dos horas para que la chequearan, mientras los demás salían a un receso a al mediodía.

A las 15:00, tras regresar a la sala, Dávila y Armijos pidieron que la diligencia se difiriera. 

“El Ministerio no sólo ha adjuntado 459 fojas, sino que el expediente que era de siete cuerpos (cuadernos legales) ahora es de 17. Entonces, es imposible que se realice, en al menos 24 horas, una defensa técnica con altura”, dijo Dávila, quien subrayó que el ingreso de un escrito tan amplio solo busca dilatar el proceso. 

Dijo que encontró errores procesales y que en la documentación hallaron sentencias de aborto y matrimonio igualitario, algo que la Vicepresidenta calificó como “cosas tremendas”. 

Armijos sostuvo que: “Necesitamos tiempo para tratar de comprenderla (…) Pensamos que iba a ser documentación con la cual podríamos estar familiarizados, información relacionada con la sustanciación del sumario administrativo”. Pero no. 

La jueza puso una nueva fecha. Abad se marchó en medio de sus escoltas mientras en los exteriores del Complejo gritaban: “No a la dictadura”. 

A tres meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, la pugna entre Noboa y Abad continúa abierta. Su desenlace parece, también, lejano.