La pugna entre Daniel Noboa y Verónica Abad, explicada

Una de las tensiones más evidentes en el gobierno de Daniel Noboa es su complicada relación con su vicepresidenta, Verónica Abad. El más reciente choque entre las dos máximas autoridades del Ejecutivo se dio el 9 de noviembre de 2024, cuando el Ministerio de Trabajo la suspendió por cinco meses mediante un sumario administrativo, responsabilizándola de “abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales”.

Dos días después, el 11 de noviembre de 2024, a través de un comunicado el presidente Daniel Noboa informó que Sariha Moya,  quien era la Secretaria Nacional de Planificación será la vicepresidenta encargada. 

La designación dejó al país, de facto, con dos vicepresidentas. 

Fue el clímax de la pugna entre Noboa y Abad, que ha incluido, entre otros puntos de quiebre, la detención de su hijo por presunto tráfico de influencias, una denuncia por violencia política ante el Tribunal Contencioso Electoral, y el traslado de Abad a Israel apenas quince días después de asumir su cargo, para que sea colaboradora para la paz.

La mañana del miércoles 20 de noviembre de 2024, Abad regresó a Ecuador después de once meses en Tel Aviv, “con sus propios recursos, para dar la cara al país… y pedirle al presidente que recapacite”,  dijo en una intervención desde el aeropuerto de Quito. 

“Se me ha tenido casi encadenada, enterrada en un hotel en Turquía”, habló dirigiéndose a los medios de comunicación. Aseguró que la han dejado en total indefensión y que llega al país en un acto de rebeldía frente a lo que ocurre. 

Habló de una ruptura constitucional, y de la independencia de poderes. Pidió unidad de los ecuatorianos. “No puede ser posible que sigan levantando investigaciones y juicios a mi hijo”, refiriéndose al caso Nene, que investiga un presunto caso de oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de Ecuador.

 “Que el Presidente me diga en la cara, qué es lo que tiene conmigo”, insistió Abad. 

En medio de las preguntas de los periodistas, dijo que pronto acudirá a la Asamblea Nacional donde en sesión del Pleno el 13 de noviembre, condenaron la suspensión de su cargo por parte del Ministerio de Trabajo. 

Tras ese pronunciamiento, la ministra de trabajo, Ivonne Núñez, debía presentarse el 19 de noviembre a comparecer sobre el sumario administrativo, pero horas antes se retractó de asistir. 

La relación entre Daniel Noboa y Verónica Abad se ha deteriorado incluso desde antes de que ambos asumieran el poder. Te contamos cómo ha sido su ruptura. 

El recuento del desmoronamiento del vínculo de Noboa y Abad

Noboa y Abad llegaron a la presidencia y vicepresidencia con el respaldo de la coalición política Acción Democrática Nacional (ADN), una alianza entre los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Mover. Ambos deberían ocupar sus cargos hasta mayo de 2025, cuando sean posesionadas las nuevas autoridades, tras las elecciones de febrero de 2025.

Tan pronto como Noboa y Abad asumieron sus cargos, la tensión, que venía de las últimas épocas de su campaña, comenzó a aumentar. 

El 23 de noviembre de 2023, el presidente Noboa celebró su nueva posición con un almuerzo en Carondelet . Asistieron 600 invitados. No estaba entre ellos la recién posesionada Vicepresidenta, quien almorzó en uno de los mercados de Quito. 

Los rumores del distanciamiento se corroboraron al día siguiente de haber sido posesionados cuando Noboa le asignó a Abad como única función “ser colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina”, por lo que inmediatamente, Abad debía viajar a Israel, enfrascado en una cruenta guerra en Gaza.  

Abad respondió, el 25 de noviembre, en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con un video en el que dijo que la violencia es, entre otras cosas, cuando aun lo envían “a morir en la guerra”. 

Tres días después, Abad dio una rueda de prensa en la Vicepresidencia, aún en Quito, en la que aceptó la misión para viajar a Israel, afirmando que cumpliría con el encargo. 

Pese a anunciar a través de sus redes sociales que estaba en conversaciones con Cancillería para ultimar detalles de su misión en Israel, el 7 de diciembre a través de un comunicado, dijo que no había una planificación ni coordinación interinstitucional para hacerlo. 

Adujo inconsistencias, y anunció que deberá viajar sin seguridad debido a la premura de la decisión del Presidente. 

La tarde del 8 de diciembre de 2023, Abad viajó hacia Israel y, en una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), dijo: “hoy emprendo este viaje, con mucha ilusión de mejores días para nuestro país”. 

Desde entonces, Abad estuvo en Tel Aviv, Israel, desde donde continuó confrontándose con Noboa. Fue precisamente un presunto incumplimiento en el desplazamiento ordenado por la Cancillería, para que viajara a la capital turca de Ankara, lo que  desembocaría en la suspensión decretada por el Ministerio de Trabajo, dispuesta en noviembre de 2024. 

La denuncia por violencia política

El 8 de agosto de 2024, la vicepresidenta Verónica Abad presentó una denuncia por presunta violencia política ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra de Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro del Ministerio de Gobierno, Esteban Torres, y la asesora presidencial, Diana Jácome.

En su denuncia, Abad asegura que la Cancillería le negó cinco días de permiso para atender asuntos familiares y de salud, tras asumir el cargo de embajadora en Israel. 

También dice que el Ejecutivo ha mostrado resistencia a que asuma funciones presidenciales, cuando Noboa pida licencia para su reelección, un derecho que Abad defiende como constitucional. 

Asegura que el gobierno inició una campaña en su contra, e incluyó a Jácome y Torres por comentarios sobre ella y su hijo en el caso Nene, que investiga una red de presunto tráfico de influencias para la venta de puestos públicos. 

Tiempo antes, el 27 de mayo de 2024, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, aseguró que sería “nefasto para el país, que una persona que no comulga con la visión y las acciones del presidente, asuma el poder”, tomando en cuenta que para hacer campaña por su reelección, Noboa debe pedir licencia, y Verónica Abad sería la presidenta encargada.

En su denuncia, Abad cita una insinuación que hizo Diana Jácome, en una entrevista con el periodista Jorge Ortiz, en FM Mundo: «Miren ustedes… ¿si tu hijo está preso, tú te regresas? O ¿prefieres mantenerte porque quieres el poder?», dijo Jácome. 

Para Abad, ganar las elecciones en 2023 ha sido una “condena” debido a su condición de mujer, madre y política. “He sido víctima de una persecución contra mi familia, en donde se ha usado a mi hijo como carnada, sin garantizar el principio de inocencia que en toda sociedad democrática y justa debe primar”, dice Abad en su denuncia. 

En ese entonces, Abad solicitó un peritaje para evaluar si los hechos constituyen violencia política de género. 

Mientras, el miércoles 10 de agosto de 2024, en un comunicado, el presidente Daniel Noboa dijo que la denuncia de Abad era un intento de desestabilización para sacarlo del poder y evitar su participación en las próximas elecciones presidenciales.

También el entonces ministro de Gobierno, Michele Sensi, acusó a Abad de buscar acceder al poder de forma desesperada y de deslegitimar la voluntad popular.

Días después, el 15 de agosto de 2024, Diana Jácome presentó una denuncia contra la vicepresidenta Verónica Abad en el Tribunal Contencioso Electoral, también acusándola de violencia política de género y solicitando la suspensión de sus derechos políticos y una multa.

En su denuncia, Jácome alegó que quiere dejar en evidencia a todos los “partidos oscuros” que respaldaban y felicitaban a la Vicepresidenta. “No es posible que esté aliada con esa vieja política que ha estado inmersa en el crimen organizado y en el narcotráfico y quiera seguir generando inestabilidad», dijo Jácome. 

La denuncia de Abad en contra de Noboa y sus funcionarios fue admitida por el juez electoral Fernando Muñoz, quien fijó el 12 de septiembre como la fecha para celebrar la “audiencia única de pruebas y alegatos”. Sin embargo, Fernando Muñoz fue recusado el 28 de agosto por la asesora presidencial Diana Jácome, y el proceso quedó temporalmente suspendido.  

Una recusación es un acción legal destinada a separar a un juez de una causa por cuestionamientos sobre su imparcialidad.  

El 8 de noviembre de 2024, se realizó la audiencia oral de pruebas alegatos en la que Abad y los denunciados presentaron sus pruebas y argumentos de manera oral ante el Tribunal Contencioso Electoral.

En 2018, por primera vez, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres incluyó la definición de violencia política contra las mujeres. 

Esta se da en contra “candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia”. 

Ocurre cuando hay agresiones, amenazas, discriminación a mujeres que participan en la vida política y pública para perjudicar su derecho a participar en la vida política en igualdad de condiciones que los hombres. 

Ejemplo de ello es cuando una candidata es criticada por su apariencia o vida personal, desviando la atención de sus capacidades y logros. O que una ministra exitosa pueda ver sus logros minimizados con insinuaciones de que solo ocupa su cargo por cuotas de género o “favores” políticos. 

Esta forma de violencia incluye la obstaculización del acceso a la justicia para proteger sus derechos políticos, la imposición de sanciones injustificadas, y la negación arbitraria de bienes y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

También si se restringe su participación, se limita su derecho a la palabra en el ámbito político, y se les imponen tareas ajenas a sus funciones. 

En resumen, las mujeres son atacadas simplemente por ser mujeres y el objetivo principal es excluirlas del ejercicio del poder. 

El artículo 279 del Código de la Democracia tipifica a la violencia política de género como una infracción electoral muy grave, sancionada con una multa que va desde veintiún hasta setenta salarios básicos unificados, la destitución y/o suspensión de derechos de participación de entre dos y cuatro años.

El cuestionado sumario administrativo que suspendió a Abad

El 11 de julio de 2024, después de permanecer nueve meses en Israel, Abad se pronunció a través de un comunicado en las cuentas de redes sociales de la Vicepresidencia. 

Dijo que las delegaciones diplomáticas se mantienen en alerta debido al conflicto armado en que Israel es parte beligerante. También alerta que el conflicto se había  extendido a otros territorios, y que se había atacado a objetivos civiles y no militares, como las zonas donde se encuentran embajadas y consulados. 

“Estos hechos resaltan el peligro que enfrenta la población civil, incluida la vicepresidenta de la República, cuya seguridad es de vital importancia para mantener la línea presidencial de sucesión de Ecuador”, dice el comunicado. 

En respuesta al comunicado de Abad, el 8 de agosto de 2024, a través del decreto ejecutivo 353 el presidente Noboa solicitó el traslado temporal de Abad a Turquía debido a la escalada de tensiones en Medio Oriente. 

La orden era que, para el 1 de septiembre de ese año, Abad estuviese en Ankara, capital turca. 

El 9 de septiembre de 2024, Abad viajó hacia Turquía en cumplimiento del decreto ejecutivo. La tardía llegada de Abad a Ankara, capital de Turquía, motivaría dos meses después, su suspensión temporal por 15 días.

El Ministerio de Trabajo inició un sumario administrativo por un supuesto abandono injustificado del lugar de trabajo, pues Abad debía presentarse a la embajada en Ankara antes del 1 de septiembre de 2024, y se presentó 8 días después. 

El Ministerio de Trabajo le pidió a Abad un informe técnico motivado sobre su “presunto incumplimiento” en el viaje a Turquía. 

Días antes, ​​el 5 de septiembre, Julio José Neira, secretario de Integridad de la Presidencia, envió una consulta al procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, que desató una controversia. 

Neira le preguntó al Procurador si un servidor público destituido mediante un sumario administrativo por ausentarse más de tres días podía ocupar otro cargo público.

El 11 de septiembre llegó la respuesta: los funcionarios destituidos por abandono injustificado del trabajo por tres días o más quedaban inhabilitados para ejercer otra función pública por un período de dos años.

El lunes 30 de septiembre, la jueza Gloria Mayorga negó una acción de protección presentada por Abad con la que intentaba dejar sin efecto el sumario administrativo. 

Además, Mayorga advirtió al Ministerio de Trabajo que debía adherirse a los artículos 129 y 130 de la Constitución que estipulan que la vicepresidenta solo puede ser destituida a través de un juicio político en la Asamblea Nacional y por causas específicas.

Es decir que no existe una causal constitucional para destituir a la Vicepresidenta mediante un sumario administrativo. 

A las dos y media de la tarde del jueves 7 de noviembre de 2024, se hizo la audiencia virtual para escuchar los cargos por parte de la Presidencia de la República y Cancillería respecto del incumplimiento de Abad. También se escuchó la versión de Abad. 

De hecho, Abad invitó a través de su cuenta de X a que quien quisiese se una a la audiencia desde un link de YouTube del Ministerio de Trabajo, pero la sesión no admitió invitados y hasta ahora el link permanece inhabilitado. 

A las cuatro de la tarde se resolvió, según el informe, sancionar con la suspensión temporal y sin goce de remuneración por 150 días. 

Una vez cumplido el plazo de suspensión, el documento indica que Abad debe regresar al lugar físico de trabajo que la autoridad administrativa disponga. 

Esa noche, la Vicepresidenta habló en un video a través de sus redes sociales personales. 

Dijo que después de lo que considera ataques por parte del presidente Daniel Noboa y su círculo cercano, ocurrió una nueva violacion a la Constitución. En el video denunció que el sumario administrativo no es aplicable a funcionarios electos en las urnas, y que no hay pruebas para la falta que se le atribuye. 

“Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa y sus ministros han preparado la ruptura del orden constitucional y el evento golpe de estado que se prepara para el 6 de enero”, dijo Abad asegurando que su suspensión es un ejemplo de cómo el gobierno se ha desviado de su propósito y que ha optado por el camino de la “represión”. 

El lunes 11 de noviembre de 2024, la defensa de la vicepresidenta Veronica Abad presentó un pedido de fiscalización a la Presidencia de la República ante la Asamblea Nacional por el sumario administrativo que determinó la suspensión de Abad por 5 meses. 

También solicitó una acción de protección, que es una garantía constitucional para cuando se vulneran los derechos reconocidos en la Constitución. 

El viernes 29 de noviembre de 2024, en el Complejo Judicial Norte, la jueza de la Unidad de la Familia Quito, Nubia Vera Cedeño, instaló la audiencia para resolver el recurso.

Damián Armijos y Dominique Dávila, abogados de la vicepresidenta, cuestionaron que el Ministerio de Trabajo impusiera una sanción a una autoridad de elección popular y que la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores actuaran como partes procesales. Por ello, solicitaron que se aceptara la acción de protección. 

Dávila también solicitó disculpas públicas para Abad, a través de un mensaje a la nación. 

Tras un receso, el delegado del Ministerio de Trabajo, Andrés Castillo, defendió la potestad de la institución para procesar, mediante sumarios administrativos, las faltas disciplinarias de los funcionarios públicos. En este caso, el de la vicepresidenta. 

Sin embargo, Castillo no supo justificar en qué normativa o reglamento se establecía la sanción de suspensión de 150 días, que provocó críticas. 

A las 17:30, luego de la presentación de amicus curiae (aquellos que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica a favor de algunas de las partes), se suspendió la audiencia. Inicialmente, la reinstalación estaba prevista para el 9 de diciembre, pero se adelantó al 5 de diciembre, a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte.

La audiencia de acción de protección

A las 08 de la mañana del 5 de diciembre, policías del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) con sus perros empezaron los barridos para detectar explosivos en los alrededores del Complejo Judicial Norte. Poco después, se colocaron vallas en los exteriores del edificio, y cinco militares se apostaron en los extremos del ingreso. 

Una hora más tarde, la Vicepresidenta —cabello recogido, traje negro y blusa celeste— se bajó de un carro blindado y entró rodeada por su cerco de seguridad. Solo dijo: “¡Justicia!”. 

Subió en el ascensor hasta el piso 11. En la sala de audiencia, Abad se sentó junto a dos sillas vacías y frente a la jueza Vera Cedeño. Allí pidió que le informaran cuál había sido la razón para cambiar “abruptamente” la fecha de la diligencia —la cual inicialmente estaba prevista para el 9 de diciembre— y cuántas intervenciones de amicus curiae faltaban. 

La jueza respondió que se había adelantado la audiencia porque se abrió un espacio en la agenda y añadió que aún quedaban por revisar 41 amicus curiae. 

En una pantalla colocada al extremo derecho de la sala, estaba la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez conectada telemáticamente. Durante una corta intervención, dijo que había ingresado un documento de 459 hojas con su exposición. 

La jueza —nuevamente— respondió que ya el delegado del Ministerio de Trabajo había tenido más de 40 minutos para su exposición. Que quedaban las réplicas y las contrarréplicas. 

Una hora después de que empezara, la Vicepresidenta solicitó que se aplace la audiencia. Argumentó que se debía respetar el derecho a la defensa, ya que sus abogados no habían podido presentarse en esta diligencia. La jueza decidió suspender la audiencia. Se retomará el 9 de diciembre y dijo que se retomaría el 9 de diciembre.

Ese día, la audiencia, luego de cinco horas, también se suspendió. Esta vez se aplazó para el  16 de diciembre de 2024. 

En los exteriores del Complejo Judicial Norte de Quito, la mañana del 9 de diciembre, la seguridad fue mayor a la de la semana anterior. Policías y militares resguardaron el ingreso. La Vicepresidenta llegó a las 09:00, entró y poco después se instaló la diligencia.  

Enseguida empezaron las intervenciones de los 17 amicus curiae (amigos de la Corte que opinan sobre el proceso). Luego de escucharlos durante cinco horas, tocaba el momento de la réplica y contrarréplica de las partes. Pero no ocurrió. 

La defensa de Abad pidió más tiempo. ¿Por qué? 

El 5 de diciembre, antes de que comenzara la audiencia, el Ministerio de Trabajo ingresó 459 hojas al proceso. La ministra Ivonne Núñez explicó —vía telemática— que era su futura exposición. 

Finalmente, ese día la audiencia no se llevó a cabo y se pospuso para el 9 de diciembre. 

En la audiencia reinstalada del 9 de diciembre, los abogados de Abad, Dominique Dávila y Damián Armijos, le dijeron a la jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia que aún no habían revisado la documentación.

La jueza Nubia Vera Cedeño concedió a los abogados dos horas para que la chequearan, mientras los demás salían a un receso a al mediodía.

A las 15:00, tras regresar a la sala, Dávila y Armijos pidieron que la diligencia se difiriera. 

“El Ministerio no sólo ha adjuntado 459 fojas, sino que el expediente que era de siete cuerpos (cuadernos legales) ahora es de 17. Entonces, es imposible que se realice, en al menos 24 horas, una defensa técnica con altura”, dijo Dávila, quien subrayó que el ingreso de un escrito tan amplio solo busca dilatar el proceso. 

Dijo que encontró errores procesales y que en la documentación hallaron sentencias de aborto y matrimonio igualitario, algo que la Vicepresidenta calificó como “cosas tremendas”. 

Armijos sostuvo que: “Necesitamos tiempo para tratar de comprenderla (…) Pensamos que iba a ser documentación con la cual podríamos estar familiarizados, información relacionada con la sustanciación del sumario administrativo”. Pero no. 

La jueza puso una nueva fecha. Abad se marchó en medio de sus escoltas mientras, en los exteriores del Complejo, simpatizantes de la Vicepresidenta gritaban: “No a la dictadura”. 

Ellos mismos se plantaron, a las 9 de la mañana del 16 de diciembre de 2024, junto a la puerta de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en Quito, donde fue convocada la reinstalación de la audiencia de acción de protección de Abad. Llevaban un cartel con el rostro de la Vicepresidenta sonriente. 

En la sala uno del cuatro piso, Abad se sentó junto a su abogada Dominique Dávila. Tenía en su computadora una pestaña abierta con el texto de su próxima intervención. 

Todo apuntaba a que sería el último día de audiencia en el que la jueza Nubia Vera daría su resolución: si concede o no la acción de protección. Pero se aplazó hasta el 18 de diciembre.

Luego de que la secretaria de la sala tomara lista a los presentes y a quienes estaban conectados por Zoom, entre ellos, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, Dávila se refirió a una acción de protección anterior, presentada por Abad. Esa acción pretendía frenar el sumario administrativo pero fue negada el 30 de septiembre de 2024 .

La sentencia fue apelada y enviada para su análisis a la Sala especializada penal que investiga corrupción y crimen organizado de la Corte provincial de Justicia de Pichincha y a la Corte Constitucional. Sobre este proceso, la abogada de Abad pidió a la jueza Nubia Vera que exija a las cortes que envíen los documentos relacionados con la consulta. “Es clave para que la autoridad dirima”, dijo la abogada Dávila. 

Dávila explicó que la ministra Núñez ha señalado últimamente a Abad y a su equipo de abogados de perjurio, fraude procesal e, incluso, abuso del derecho porque presentaron una acción de protección contra el sumario administrativo que abrió el Ministerio de Trabajo y que suspendió a la Vicepresidenta, pese a que previamente ya les habían negado otra acción de protección —supuestamente— sobre el mismo sumario. 

En Derecho, no puede haber más de una acción de protección por los mismos hechos y derechos vulnerados. 

Dávila dijo que sí hay una distinción entre las dos acciones de protección que presentaron. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo mantiene que son idénticas. 

Por esa razón, Dávila dijo que es importante que los documentos de las cortes sean incorporados al expediente, y que quede constancia de que no estarían abusando del derecho, al ser dos solicitudes diferentes. 

Para la ministra Núñez, el pedido de Dávila es una muestra de que se quiere dilatar el proceso, pues es la cuarta vez que se suspende la audiencia. La vez anterior se pospuso porque los abogados de Abad pidieron tiempo para analizar un escrito de 459 hojas que ingresó al expediente por parte del Ministerio.

Después de 20 minutos, la jueza acogió el pedido de Dávila y pidió a la Corte Provincial y a la Corte Constitucional que entreguen la documentación sobre la acción de protección anterior. La audiencia, en la que aún queda la réplica y la contrarréplica de las partes, se reinstalará el 18 de diciembre. Se espera ya una resolución.  

Abad, antes de irse, dijo que “no es suficiente con toda la persecución de este gobierno contra la Vicepresidenta”, sino que además la ministra Núñez ha hecho acusaciones que no existen. “Nos está calumniando”, precisó. Sobre ello, dijo que hablará con sus abogados para analizar y saber si hay responsabilidad penal.

El 18 de diciembre de 2024, en la sala uno, piso 4, de la Unidad Judicial de la Mujer, Familiar, Niñez y Adolescencia de Quito, se reinstaló —tras cuatro suspensiones— la audiencia de acción de protección. Esta vez, policías y 35 militares rodearon el edificio mientras Abad ingresaba, escoltada por su círculo de seguridad, por una puerta trasera. 

Como de costumbre, simpatizantes aplaudían y gritaban en apoyo de la Vicepresidenta suspendida —hasta ahora. 

En la audiencia, los abogados de Abad, Dominique Dávila y Damián Armijos, pidieron a la jueza Nubia Vera que extendiera el tiempo de la réplica de 10 minutos a 60. En ese lapso, ambos dijeron que la suspensión vulnera los derechos políticos de su defendida y también de la sociedad ecuatoriana, “protegida por la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, ya que el gobierno no estaría respetando el mandato ciudadano. 

También rechazaron —como ya lo habían hecho antes— que se haya suspendido a Abad con una sanción que no consta, al parecer, en una normativa, y porque además es una funcionaria de elección popular. Algo que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, intentó sostener durante sus 60 minutos de exposición —vía telemática. Hizo referencia al artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), numeral b, que establece la destitución por “abandono injustificado del trabajo”. 

La jueza Nubia Vera insistió en que en ese artículo se habla de la destitución, pero no de la suspensión. Núñez, en cambio, dijo que para la suspensión de la Vicepresidenta se aplicó el principio de proporcionalidad, según el artículo 76 de la Constitución. 

Al final, no quedó clara la explicación de Núñez. 

Tras una intervención de Abad, que duró 12 minutos y en la que pidió a la jueza que aceptara la acción de protección en honor a la democracia, Vera difirió la audiencia para el 23 de diciembre de 2024, a las 11 de la mañana.

La sentencia de la acción de protección

El 23 de diciembre de 2024, a las 11:11 de la mañana, se instaló la audiencia en la que la jueza Nubia Vera dictó la sentencia sobre la acción de protección de Verónica Abad. La jueza aceptó el recurso de la Vicepresidenta y dispuso al Ministerio de Trabajo dejar sin efecto el sumario administrativo contra Abad y que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, pida disculpas públicas. 

La jueza, en su intervención, solicitó proyectar el acuerdo ministerial del Ministerio del Trabajo del 11 de septiembre de 2024, específicamente el artículo 2, que “regula el procedimiento administrativo oral y motivado para la sustanciación de los sumarios administrativos por faltas graves”. 

Según ese acuerdo, los funcionarios del Servicio Exterior —diplomáticos— quedan excluidos del procedimiento. Es decir, Abad no podía ser sujeta al sumario administrativo, ya que ella fue designada como embajadora en Israel por el presidente Noboa. Además, según la Ley de Servicio Exterior que leyó Vera en la audiencia, dice que los funcionarios diplomáticos tendrán un plazo de 30 días luego de su designación para viajar al sitio de su nuevo cargo.

Vera también dijo que la suspensión debe ser de máximo 30 días y no de 150 como determinó el Ministerio del Trabajo y que Abad al ser una funcionaria de elección popular queda excluida de ser sometida a un sumario administrativo.

Luego de la decisión de la jueza, Verónica Abad y su equipo fueron hasta la Vicepresidencia de la República, en el centro de Quito; sin embargo, no le abrieron las puertas ni la dejaron entrar. Luego de una hora, Abad y sus abogados fueron a la Fiscalía de Flagrancia para poner una denuncia por incumplimiento de decisiones legítimas, luego de que no la dejaran entrar a la Vicepresidencia.

Al mismo tiempo, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, publicó el decreto 490 en el acataba la decisión de la jueza Nubia Vera, pero el presidente Noboa le asignó la función de encargarse de las relaciones económicas con Turquía. Y que deberá empezar con sus funciones allá desde el 27 de diciembre de 2024.

Unas horas más tarde, Verónica Abad publicó un comunicado en su cuenta oficial de X. “El Presidente de la República ha emitido el decreto en contra de toda lógica y razón, cuya disposición es un nuevo insulto a los ecuatorianos, buscando mi destierro a ‘Türkie’ de manera inmediata, con el solo efecto de tener ventaja sobre los otros candidatos presidenciales”, dijo.

Abad también hizo un llamado a los organismos internacionales a observar de cerca “estas serias violaciones que atentan contra la Constitución”. Abad agregó: “Hemos perdido el miedo y no estamos solos en este caminar”.  

Cuatro días después, el 26 de diciembre de 2024, el Ministerio de Trabajo publicó en su página oficial las disculpas públicas a Abad, pese a que la ministra Ivonne Núñez dijo que apelaría la sentencia de la jueza Nubia Vera.  

Sin embargo, el abogado de Abad, Damián Armijos, dijo que las disculpas públicas no se adaptan a los estándares jurisprudenciales de la sentencia. 

Por ejemplo, que “sean acordadas con la víctima”, “que se lleven a cabo donde sucedieron los hechos”, “que se reconozca la responsabilidad por los derechos violentados”, “que sean transmitidas y divulgadas en todo el país”, entre otros. 

Hasta el 26 de diciembre de 2024, Abad no había confirmado si se trasladará a Turquía tras la orden de Daniel Noboa, donde debe presentarse, a más tardar, el 27 de diciembre.

Para esa fecha también estaba prevista la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la denuncia de violencia política de género planteada por la ex asesora presidencial Diana Jácome contra la Vicepresidenta. 

Jácome inició este proceso contra Abad en respuesta a la denuncia por violencia política de género que la Vicepresidenta interpuso contra la exasesora, el presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld y el ex viceministro de Gobierno, Esteban Torres, pero fue negada por el TCE. 

A las 10 de la mañana del 27 de diciembre de 2024, Jácome llegó al tribunal, en el norte de Quito, pero Abad y sus abogados no. La jueza del TCE, Ivonne Coloma, suspendió la diligencia. Más tarde se conoció que la Vicepresidenta había pedido el diferimiento, ya que sus abogados tenían otra audiencia en Guayaquil que ya había sido agendada. Aún no hay una nueva fecha. 

Sobre su traslado a Turquía, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, dijo en un medio radial que la Vicepresidenta tiene hasta la medianoche del 27 de diciembre para cumplir con el mandato presidencial. Si no lo hiciera, “analizaremos con calma qué corresponde ahora”, dijo. Abad, en cambio, dijo en una entrevista a CNN que aún espera que le abran las puertas de la Vicepresidencia. 

Además, Abad fue convocada por la Asamblea Nacional para comparecer sobre la denuncia de la jueza Nubia Vera contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy. 

Días más tarde, el 2 enero de 2025, en medio del feriado por fin de año, el ministro De la Gasca anunció que Abad no había cumplido con la disposición de viajar a Turquía y que Sariha Moya, quien fue inicialmente designada como el reemplazo de la Vicepresidenta debido a la sanción, asumía nuevamente las funciones hasta el 22 de enero, o hasta que Abad se presentara en la Embajada de Ecuador en Turquía.

Pese a ello, el 4 de enero de 2025, Verónica Abad publicó un video en su cuenta de X y dijo que el 5 de enero asumiría, como obligación constitucional, la Presidencia después de que Daniel Noboa tomara una licencia para realizar su campaña para las Elecciones Generales 2025. Horas más tarde, Sariha Moya renunció al encargo por problemas de salud y Noboa inmediatamente buscó otra opción: Cynthia Gellibert, secretaria general de Administración Pública y Gabinete Presidencial, quien fue designada como la tercera vicepresidenta —en menos de diez días— bajo el decreto 494. 

La Policía y las Fuerzas Armadas respaldaron al Presidente. Noboa no pidió licencia. Y Abad no dijo nada más. Hasta el 9 de enero.  

Anunció un supuesto golpe de Estado

El 9 de enero de 2025, el equipo de comunicación de Verónica Abad convocó a una rueda de prensa en el Hotel Holiday Inn, en el norte de Quito. A la una de la tarde, Abad entró en un salón abarrotado de periodistas. Se sentó frente a las cámaras y dijo: “Ecuatorianos, en pocas horas se consumará el golpe de Estado planificado y anunciado por el presidente Daniel Noboa y su gabinete”. Se refería al polémico decreto 500, publicado el 7 de enero de 2025, con el que Noboa dijo que encargaría la Presidencia a Cynthia Gellibert, desde las 5 de la tarde del jueves 9 de enero hasta las 4 y 59 del domingo 12 de enero por “fuerza mayor”.

Verónica Abad dio una rueda de prensa en el hotel Holiday Inn, en Quito. Fotografía de Emerson Rubio para GK.

El secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, dijo que “hacer campaña o proselitismo político no es una causa de fuerza mayor”. El Legislativo anunció que reconoce como Vicepresidenta únicamente a Verónica Abad. 

En su discurso, Abad dijo que Noboa pretende gobernar con los decretos como si “fueran servilletas de cocina”. E hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral y a la Corte Constitucional para que ejerzan un control sobre las decisiones del Presidente.  Pidió también el seguimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que se active la Carta Democrática Interamericana.  

Dominique Dávila, abogada de Abad, dijo que esa mañana presentaron una acción de protección con medida cautelar, en el Tribunal de Garantías Penales de Quito, por los derechos vulnerados de la Vicepresidenta, tras los decretos con los que Noboa designó a Gellibert como Vicepresidenta y luego la encargó como Presidenta, mientras él hacía campaña. 

“Es la primera acción que ya hemos tomado y que está formalmente ingresada en la Función Judicial”, continuó Dávila. Dijo que con este recurso legal buscan la suspensión temporal de los decretos. La respuesta, dijo, la tendrán hasta el 10 de enero de 2025. 

Sin embargo, apenas la mañana del 29 de enero de 2025 se instaló la audiencia de acción de protección. “Pedimos un pare al abuso del poder”, dijo Verónica Abad a la entrada. También dijo que —aunque está en sus “plenas funciones”— desde noviembre de 2024 no ha recibido su sueldo y ni siquiera tiene habilitado un correo institucional. 

En la audiencia, los abogados de la Vicepresidenta pidieron a los jueces del Tribunal de Garantías Penales, Karen Matamoros, Ivonne Guzmán y Fausto Lana Vélez, que aceptaran la acción de protección porque, dijeron, el presidente Noboa violó los derechos políticos y constitucionales de Abad con cinco decretos:

• Número 27, del 24 de noviembre de 2023, con el que le asignaron, como única función, colaborar en calidad de embajadora de Ecuador por la paz en Israel. 
• Número 61, del 4 de diciembre de 2023, con el que la nombraron como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador ante el Estado de Israel. 
• Número 490, del 23 de diciembre de 2024, con el que le asignaron funciones económicas como consejera temporal en la Embajada de Ecuador en Turquía. 
• Número 494, del 4 de enero de 2025, con el que Noboa designó como vicepresidenta a Cynthia Gellibert hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que Abad se presentara en la Embajada de Ecuador en Turquía. 
• Número 500, del 7 de enero de 2025, con el que Daniel Noboa encargó la presidencia a Cynthia Gellibert, desde el 9 de enero hasta el domingo 12 de enero de 2025. 

Dávila dijo, además, que con los decretos se violaron los derechos a la no discriminación y dignidad humana, y a la seguridad jurídica de su defendida. 

Una de las principales peticiones de Abad fue que le asignaran funciones de acuerdo a su cargo como Vicepresidenta. Y pidió que se aceptaran las medidas de reparación integral, como ordenar a Noboa que se abstenga de cualquier acto de persecución y hostigamiento contra ella, el pedido de disculpas públicas del Presidente, entre otras. 

Mientras que los abogados enviados por el gobierno de Noboa pidieron a los jueces del tribunal que archivara la acción de protección. 

La tarde del 29 de enero, el tribunal pidió un receso. A las 8 de la noche se instaló la audiencia en la que los jueces negaron la acción de protección. Explicaron que los decretos con los que Noboa asignó a Abad como la embajadora de Ecuador en Israel ya fueron derogados y, por tanto, la acción ya no tiene efecto sobre ellos. 

En cuanto al decreto con el que el Presidente nombró a Cynthia Gellibert como Vicepresidenta dijeron que, según el artículo 147 de la Constitución, son atribuciones del Jefe de Estado. Sobre el encargo de funciones a Gellibert, señalaron que eso está en manos de la Corte Constitucional. Y dijeron que las funciones diplomáticas que le asignó Noboa no son incompatibles con su cargo, por lo que no hay afectación de derechos. 

Al finalizar, los abogados de Abad dijeron que apelarán la decisión del tribunal.