Los derechos humanos en Ecuador tuvieron avances y retrocesos en los últimos 15 años: desde 2010 hasta 2024. A veces parece que es un juego de suma cero, donde los políticos de turno acceden a ciertos avances para luego retroceder en otros aspectos. En los últimos 15 años, minorías históricamente olvidadas tuvieron más visibilidad, pero ciudadanos inocentes fueron perseguidos por el Estado.
En este tiempo se publicó por primera vez un informe sobre violaciones a los derechos humanos de las últimas dos décadas y se aprobó el matrimonio igualitario, pero también se cometieron atropellos como la negación de la consulta popular a los Yasunidos, en 2014, y la detención de los 10 de Luluncoto.
Para las mujeres han sido 15 años agridulces: se tipificó el femicidio en el Código Penal por primera vez en la historia, se organizaron las primeras marchas para denunciar la violencia de género, se crearon más colectivos y se visibilizó más la lucha feminista. Se creó una coalición de organizaciones sociales para mapear los femicidios en el país, y se cometieron crímenes que movilizaron a todo el país como el de Diana, en Ibarra, en 2019, y el de María Belén Bernal, por parte de su pareja, un policía en servicio activo, en 2022.
Uno de los hitos más importantes para las mujeres en este periodo fue la despenalización del aborto en casos de violación, en 2021.
La población LGBTI logró la aprobación del matrimonio igualitario, una lucha histórica, cuyo tramo final duró seis años.
Las poblaciones indígenas sufrieron atropellos como los desalojos para instalar los proyectos mineros de Mirador y San Carlos Panantza, hubo un sinnúmero de consultas previas no respetadas y la explotación petrolera y extracción minera solo aumentó en los últimos diez años.
En estos 15 años, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado, también empezaron las masacres carcelarias —pese a que el Estado es el encargado de garantizar la vida de los presos— y se reconocieron los derechos de los animales gracias al caso de la Mona Estrellita. El Ecuador también legalizó la eutanasia, con un caso que conmovió a muchos: el ruego de Paola Roldán.
Hubo, por supuesto, años con más de un hito, como 2021 —despenalización del aborto por violación y el inicio de masacres carcelarias— pero elegimos solo uno para mostrar el balance, y los altos y bajos de esta década y media.
2010 – Se presenta el informe de la Comisión de la Verdad
Este año se publicó el primer informe de la Comisión de la Verdad —un organismo creado en 2007 para esclarecer violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1984 y 2008 en el Ecuador.
El informe analizó 118 casos que involucran a 456 víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, abusos y asesinatos, entre otras agresiones. El mayor número de casos ocurrieron durante la presidencia de León Febres-Cordero. El informe permitió imputar responsabilidades en contra de 459 personas.
Entre los principales casos está el de los hermanos Restrepo, durante el gobierno de Febres Cordero. Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, de 14 y 17 años, desaparecieron el 8 de enero después de 1988 salir de su casa en Miravalle, Quito. Ambos habrían sido interceptados y arrestados por la Policía Nacional por no tener licencia de conducir.
Después, los hechos comienzan a oscurecerse. En 1990, una Comisión Especial se encargó del caso y determinó que los hermanos fueron detenidos, torturados, muertos y desaparecidos por la Policía Nacional del Ecuador. Han pasado 37 años de su desaparición y el paradero de sus cuerpos sigue sin conocerse.
Otro caso, de la misma época, es el de “los once del Putumayo”, en el que una patrulla militar fue emboscada cuando realizaba un control antidrogas en esa zona fronteriza.
El ataque fue atribuido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el Ejército detuvo a diez colombianos y un ecuatoriano que presuntamente estaban vinculados con la emboscada. Los once del Putumayo fueron torturados durante ocho días y luego estuvieron dos años en prisión. En 1966, el Estado los puso en libertad y reconoció su inocencia.
El 19 de abril se realizó una manifestación que recorrió las calles de Quito pidiendo la liberación de los tres periodistas. Fotografía cortesía de Periodistas Sin Cadenas.
2011 – Se organiza la primera Marcha de las Putas
Por primera vez se organizó en Quito la Marcha de las Putas. Su consigna fue denunciar públicamente la violencia sexual y otros tipos de violencia de género a la que están expuestas las mujeres todos los días.
Con la marcha exigían también respeto y libertad para ejercer sus derechos económicos, laborales y reproductivos. La manifestación buscaba criticar el uso de la palabra “puta” que durante años ha servido para justificar la violencia contra las mujeres.
El nombre de la marcha se originó en Canadá en abril del 2011, después de que un policía dijera en una conferencia que las mujeres deberían dejar de vestirse como putas para evitar ser víctimas de violencia sexual. La palabra tomó un sentido de resistencia feminista. Desde ese año, la Marcha de las Putas se organizó cada año en varias ciudades del Ecuador.
En los últimos años, ya no se organiza esta marcha pero cada año hay, por lo menos, tres marchas feministas para visibilizar los derechos de las mujeres y de las niñas: el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, el 23 de noviembre por el Día para erradicar la violencia contra las mujeres, y el 28 de septiembre por el Día para garantizar un aborto libre y seguro.
Por primera vez se organizó en Quito la Marcha de las Putas.
2012 – Detienen a los diez de Luluncoto
En marzo, diez personas fueron arrestadas mientras estaban reunidas en un departamento en el barrio de Luluncoto, al sur de Quito.
Los estudiantes y trabajadores dijeron que estaban reunidos para hablar sobre política. Al día siguiente de su detención, se realizó la audiencia oral de formulación de cargos. Fueron acusados de la explosión de tres bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca, en diciembre de 2011, durante la visita del entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
La fiscal Diana Fernández dijo que estas personas iban a atentar contra la seguridad del Estado. Un juez les dictó prisión preventiva. En el libro Horizontes de los derechos humanos, publicado en 2012, el constitucionalista Ramiro Ávila escribió que la Policía actuó “de forma inquisidora”, sin una orden legal para el allanamiento del departamento.
El 25 de julio de 2012, el Juzgado Décimo de Garantías Penales llamó a juicio a los diez involucrados. El 20 de diciembre de 2012, la defensa de los Diez de Luluncoto planteó una acción de habeas corpus pero les fue negada.
En febrero del 2013 fueron condenados a un año de prisión por terrorismo organizado, con una figura penal diferente a la que fueron acusados. En un principio se los había investigado por el delito de “actos de terrorismo”. Hasta ese momento, siete de los acusados cumplían diez meses de prisión preventiva.
En 2016, la Corte Nacional de Justicia —el más alto tribunal del Ecuador— declaró extinta la pena. La Corte adujo que el delito por el que fueron sentenciados ya no existía en el nuevo Código Penal y, por lo tanto, no se podía ejecutar una pena por un delito inexistente.
2013 – Karina del Pozo es asesinada y el Ecuador empieza a hablar de femicidio
El 21 de febrero, Karina del Pozo, de 20 años, fue violada por un grupo de supuestos amigos y luego asesinada. Del Pozo estaba en una reunión social, y habría pedido a uno de sus amigos que la llevaran a casa a ella y a una amiga, a quien dejaron primero.
Su cadáver fue encontrado seis días después.
La brutalidad de su asesinato activó una conversación en el Ecuador sobre la violencia contra las mujeres. Su caso sirvió para presionar que se tipifique el femicidio —el asesinato a las mujeres por razones de género— que hasta entonces no era un delito en el Ecuador.
El delito se lo incluyó en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el 10 de agosto de 2014, casi un año después del asesinato de Karina del Pozo. Su agresor fue uno de los primeros en ser condenados por el delito: recibió 25 años de cárcel.
Dos años después, por iniciativa de organizaciones de defensa de los derechos y los familiares de víctimas de femicidio como Karina del Pozo y Vanessa Landínez, se organizó una marcha para visibilizar la violencia contra las mujeres, que luego fue bautizada como Ni una menos, Vivas nos queremos. Tiene lugar cada noviembre, para conmemorar el Día para erradicar la violencia contra las mujeres.
Desde el 2014, que se tipificó el femicidio en el Ecuador, al menos 2.331 fueron asesinadas en el Ecuador, según el Mapeo para los Femicidios del Ecuador, conformado por organizaciones sociales que llevan un registro independiente de estas muertes.
Estas son las cifras de femicidios en Ecuador en 2025. Fotografía de Nicole Moscoso para GK.
2014 – Niegan el pedido de consulta popular a Yasunidos
En mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó el pedido de consulta popular del colectivo Yasunidos —creado después de que el entonces presidente Rafael Correa anunciara que se cancelaba la Iniciativa Yasuní ITT para no explotar el petróleo en esa zona de la Amazonía ecuatoriana.
Los Yasunidos habían pedido al máximo organismo electoral que se hiciera una consulta para preguntar a los ecuatorianos sobre la explotación petrolera del ITT, en el Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta.
El colectivo recogió más de 750 mil firmas, 166 mil más del mínimo establecido en la ley. Pero el CNE invalidó muchas de las firmas entregadas por razones tan cuestionables como que estaban escritas en un papel diferente del permitido y el escáner del organismo no los leía, había nombres en el casillero del apellido, y otros argumentos meramente formales.
Tras la negativa, los Yasunidos presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Estado ecuatoriano por violar derechos políticos de los ciudadanos. El 25 de enero de 2023, Yasunidos informó que la CIDH admitió el caso.
Desde 2014, los Yasunidos realizan eventos como plantones, conciertos en las afueras del Consejo Nacional Electoral para concientizar a las personas y a las autoridades sobre la importancia de conservar el Yasuní.
El 28 de marzo de 2016 comenzó la perforación del primer pozo para extraer crudo del eje de campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT).
En 2019, el CNE volvió a negarles su pedido de consulta, pero finalmente el 19 de octubre de 2023, la Corte Constitucional aceptó la propuesta de consulta popular presentada por Yasunidos. Así junto con las elecciones presidenciales anticipadas de 2023 fue la consulta popular: el 59% de los ecuatorianos votaron SÍ para dejar de explotar el bloque.
La Corte Constitucional aceptó la propuesta de consulta popular presentada por Yasunidos. Fotografía obtenida de la cuenta de Facebook de Yasunidos.
2015 – Aumenta la migración venezolana a Ecuador
Producto de la crisis política y económica en Venezuela, este año empezó el éxodo de venezolanos a Colombia, Perú y Ecuador: en nuestro país, la cifra creció de 3.112 en 2014 a 8.078 en 2015.
Pero no todos se quedan: Ecuador es un país de paso para llegar a destinos como Perú, Chile, Argentina o Brasil.
Desde el 26 de agosto de 2019, Ecuador exige una visa a los migrantes venezolanos. La medida, según Christian Krüger Sarmiento, director de Migración Colombia, “está desintegrando familias, incentivando la irregularidad y la ilegalidad”.
Para finales 2024, en Ecuador vivían 44.778 migrantes y refugiados venezolanos, según R4V, la plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de la ONU.
2016 – Una comunidad shuar es desalojada violentamente para instalar un campamento minero
El 11 de agosto, la comunidad shuar de Nankints —en la provincia amazónica de Morona Santiago— fue desalojada por militares y policías para instalar allí el campamento minero La Esperanza. Ocho familias fueron desplazadas de forma violenta, sus casas fueron destruidas, y tuvieron que refugiarse en comunidades cercanas.
El desalojo se justificó con un documento que decía que el área donde estaba Nankints —territorio ancestral de la nacionalidad indígena Shuar— le pertenecía a la minera Explorcobres S.A., una compañía con capitales chinos.
Cuatro meses después, un grupo de indígenas shuar —entre ellos algunos de los desplazados— volvieron al campamento La Esperanza para, según ellos, “recuperar su tierra”. El campamento lo custodiaban miles de policías y militares. El enfrentamiento fue violento y el cruce de balas dejó heridos dos militares, cinco policías y dos shuar.
El policía José Luis Mejía murió de un disparo que las autoridades dicen fue shuar y que los shuar dicen fue militar. Después del enfrentamiento, 43 personas fueron acusadas de asesinar a Mejía.
En una sabatina de diciembre, luego del enfrentamiento, el entonces presidente Rafael Correa dijo que los shuar eran parte de “un grupo armado extremadamente violento” y negó que ese espacio fuera territorio ancestral.
En los años siguientes se sumarían más conflictos socioambientales entre comunidades indígenas y los gobiernos por temas de minería.
El campamento La Esperanza está rodeado de una cerca metálica reforzada con alambre de púas. Fotografía de José María León.
2017 – Se destapan los primeros casos de abuso sexual en el sistema educativo
En mayo salió a la luz el primer caso masivo de abuso sexual masivo a niños y niñas dentro de una institución educativa en Quito.
En el caso, que se conoció como Aampetra —por las siglas del nombre de la escuela (Academia Aeronautica Mayor Pedro Traversari). Allí un profesor abusó sexualmente de 41 niños entre 2010 y 2011. Cinco meses después se destapó otro caso de abuso sexual a más de 100 menores de edad en el colegio réplica Aguirre Abad en Guayaquil.
El caso Aampetra marcó un precedente y llegó hasta la Asamblea Nacional: se creó la Comisión Aampetra. Esta identificó negligencias y responsabilidades sobre estos casos a los ex ministros de Educación Augusto Espinosa, Freddy Peñafiel y Fander Falconí.
Se determinó que durante la gestión de los ex ministros Espinosa y Peñafiel, la cobertura de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) fue insuficiente y que los procesos de selección de directivos y miembros de unidades educativas públicas no fueron regulados.
El culpable y agresor de los niños de Aampetra fue condenado a 16 años de cárcel. Desde ese año, más casos de violaciones a los derechos de los niños en escuelas y colegios se han destapado.
En 2018, en GK contamos la historia de Julián, un niño abusado por su profesor de gimnasia quien recientemente, después de 20 meses de negligencias, fue condenado a más de 13 años de prisión.
El niño de 8 años habría sido abusado por otro estudiante del mismo establecimiento. Fotografía obtenida de Unicef.
2018 – Un equipo periodístico es asesinado en la frontera con Colombia
El 26 de marzo, el fotógrafo Paúl Rivas, el conductor Efraín Segarra y el periodista Javier Ortega fueron secuestrados por el frente Óliver Sinisterra, una disidencia de las FARC, en Mataje, provincia de Esmeraldas. El 13 de abril de 2018, el entonces presidente Lenín Moreno confirmó que Paúl, Javier y Efraín habían sido asesinados.
Era la primera vez en la historia del país en que periodistas fueron secuestrados y asesinados a manos de guerrillas extranjeras.
Hasta noviembre de 2025, más de un gobierno ha negado el acceso a la información para que las familias tengan respuestas concluyentes sobre el caso, del posible y fallido rescate de los tres periodistas, y de la falta de actuación de los gobiernos ecuatoriano y colombiano para negociar la liberación del equipo periodístico. En 2024, la Corte Constitucional ordenó desclasificar las actas del caso, pero los familiares denunciaron que recibieron información “mutilada” e “incompleta”.
El 19 de abril se realizó una manifestación que recorrió las calles de Quito pidiendo la liberación de los tres periodistas. Fotografía cortesía de Periodistas Sin Cadenas.
2019 – Se aprueba el matrimonio igualitario en el país
El 12 de junio, después de un proceso legal y lucha ciudadana de muchos años, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Ecuador, con 5 votos a favor y 4 en contra. Ecuador se convirtió en el país 30 del mundo y el quinto en América Latina en aprobar el matrimonio igualitario.
La lucha se inició en 2013, cuando Pamela Troya y su novia Gabriela Correa se presentaron ante el registro civil para casarse. Cuando les negaron su pedido, en junio de 2014 interpusieron una acción de protección extraordinaria ante la Corte Constitucional en contra de la Dirección Provincial del Registro Civil de Pichincha.
Tres meses después, las parejas del mismo sexo pudieron —solamente— registrar su unión de hecho en el Registro Civil para que conste de forma legal en su cédula de identidad.
En enero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Opinión Consultiva OC17-24, que dice que es un deber de todos los Estados permitir que las parejas LGBTI se casen. En mayo, Efraín Soria y Javier Benalcázar llegaron hasta el Registro Civil en Quito para casarse. Su pedido fue rechazado, al igual que el de Troya y Correa en 2013.
Después de la negativa, Efraín Soria y Javier Benalcázar presentaron una demanda ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La Corte Provincial de Pichincha preguntó a la Corte Constitucional si debía aplicarse en Ecuador la Opinión Consultiva OC17-24. La Corte falló a favor del matrimonio de personas del mismo sexo.
2020 – El Estado es responsable de la violación sexual a Paola Albarracín
En junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió su sentencia en el caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador, declarando al Estado ecuatoriano responsable por la violencia sexual sufrida por Paola, cuando era adolescente en un colegio público.
La Corte determinó que no solo hubo abuso sexual reiterado por parte del vicerrector en 2001, sino también omisión institucional, es decir, personal y autoridades del plantel conocían la situación y no actuaron.
Esa violencia institucional derivó en el suicidio de Paola en diciembre de 2002.
Como parte de la decisión, la Corte ordenó reparaciones: indemnizaciones, atención psicológica a la madre y hermana, publicación de la sentencia, acto público de disculpas del Estado, grado póstumo de bachiller para Paola, y la declaración de un día oficial contra la violencia sexual en las aulas.
Este caso marcó un hito: fue la primera vez que la Corte IDH juzgó violencia sexual contra una adolescente en el ámbito educativo, estableciendo precedentes regionales de protección a niñas, niños y adolescentes en escuelas.
En diciembre de 2020, el entonces presidente Lenín Moreno pidió disculpas públicas a Petita Albarracín, mamá de Paola Guzmán. Quien estuvo acompañada por Lita Martínez, directora del Cepam Guayaquil. Fotografía obtenida de la Presidencia de la República.
2021 – Empiezan las masacres carcelarias
El 23 de febrero de 2021 hubo la primera masacre carcelaria en la historia reciente del Ecuador. La violencia se desató de forma simultánea en cuatro cárceles del país. Hubo 79 reos asesinados.
Esta primera masacre llegó apenas dos meses después del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en diciembre de 2020, líder de Los Choneros. El detonante fue un fallido intento de asesinato contra alias Fito, líder de Los Choneros, en La Regional de Guayaquil. Al 9 de diciembre de 2025, el narcotraficante está detenido en una cárcel de Estados Unidos, tras ser extraditado.
Luego, entre julio y septiembre, hubo 144 presos asesinados en la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Cotopaxi.
El 12 y 13 de noviembre de 2021, otra masacre ocurrió en la Penitenciaría del Litoral, con 68 muertos. Fue el cierre trágico de un año dominado por la guerra criminal entre facciones. Según un informe del Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles, 293 personas fueron asesinadas dentro de los centros penitenciarios ecuatorianos solo en 2021.
En los años siguientes continuaron.
Entre 2021 y 2025 ha habido al menos 500 presos muertos, según una publicación de la BBC. Las últimas masacres, en 2025, han ocurrido en las cárceles de las provincias de El Oro y Esmeraldas.
Esa crisis no solo ha evidenciado el colapso del sistema penitenciario, sino también fallas del Estado en garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad —lo que lo convierte en un hito negativo en materia de derechos humanos.
En septiembre hubo dos masacres que dejaron 31 reos muertos. En la imagen, militares retoman el control en la cárcel de Esmeraldas. Fotografía tomada de la cuenta oficial del Ejército.
2022 – La mona Estrellita: los animales silvestres son sujetos de derechos de protección
La resolución del caso de la mona Estrellita marcó un hito al reconocer que animales silvestres pueden ser sujetos de derechos de protección jurídica, es decir que no debe ser tratado como una cosa sino como un ser con derechos que las personas deben respetar y proteger.
Estrellita había vivido durante 18 años en un hogar en Ambato en la provincia de Tungurahua, con Ana Beatriz Burbano, mujer que se percibía como su madre. Pero tras una denuncia fue decomisada por autoridades en 2019. Tras su traslado a un zoológico, Estrellita murió poco después por desnutrición y problemas de salud.
Ante la muerte de Estrellita, Burbano presentó un hábeas corpus. La Corte Constitucional declaró la vulneración de los derechos de la naturaleza y ordenó al Ecuador crear nuevas normas para la custodia de fauna silvestre, así como la creación de marcos legales de protección a animales.
La Corte estableció que seres no humanos como animales silvestres merecen protección jurídica.
2023 – El asesinato de Fernando Villavicencio
El 9 de agosto de 2023, el país fue sacudido por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, un hecho que conmocionó al Ecuador y puso en evidencia graves fallas en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
El crimen ocurrió 11 días antes de las elecciones presidenciales anticipadas de 2023.
El 12 de julio de 2024, dos personas fueron sentenciadas a 34 años y 8 meses de prisión como autores materiales del asesinato. Casi dos años después, el 18 de agosto de 2025, la Fiscalía formuló cargos contra cuatro presuntos autores intelectuales, esta investigación todavía está en curso.
La muerte de Villavicencio generó alarma nacional e internacional: mostró cómo la violencia política puede ser usada como mecanismo de intimidación, y evidenció debilidades estructurales para proteger la vida, la libertad de expresión y los derechos democráticos en el país.
Un día después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio hubo un memorial público para que sus seguidores se pudieran despedir. Fotografía de Vanessa Terán Collantes para GK.
2024 – Ecuador legaliza la eutanasia
El 5 de febrero, la Corte Constitucional (CC) del Ecuador hizo historia cuando legalizó la eutanasia, y el país se convirtió en el noveno del mundo en permitir la muerte digna. Un día antes, era homicidio con prisión de hasta 13 años, según el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La discusión sobre la eutanasia empezó en octubre de 2023, después de que Paola Roldán presentara una demanda en la CC para acceder a la muerte asistida. Con 42 años, esposa y madre, sufría esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa e incurable.
Ya no podía caminar ni respirar sin la ayuda de un respirador. Ramiro Ávila, uno de sus abogados, explica que el cuerpo de Paola fue colapsando de a poco. Durante dos años buscó “milagros, magia, medicina tradicional y experimental”, pero nada sirvió.
Aunque hubo trabas por parte de un grupo conservador durante el proceso, la Corte Constitucional falló a su favor y estableció un precedente: una persona que asiste a otra a morir no será sancionada por homicidio. Ecuador se sumó a la lista de los países donde la eutanasia es legal.
El 11 de marzo de 2024, Paola Roldán murió a causa de la enfermedad. “Su legado permanece”, escribió su familia en una carta que se difundió en las redes.
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