El viernes 18 de octubre de 2013 Vanessa salió de su casa a las tres de tarde para cobrar a unos clientes a quienes les había vendido ropa. Después de un par de horas llamó a su madre y le dijo que volvería en la noche. Nunca regresó. A las 10 de la noche del día siguiente sonó el teléfono de su madre, quien estaba angustiada por no saber nada de su hija. Del otro lado del teléfono hablaba un desconocido. Le dijo que a Vanessa le había pasado algo. Su madre nunca imaginó que su hija estaría muerta.
Vanessa Landínez tenía 37 años, vivía con su madre y su hija de un año en Ambato, una ciudad de la sierra central del Ecuador. Su cuerpo fue encontrado sin vida la madrugada del 19 de octubre de 2013 en un hotel del centro de Ambato. Según se supo después por los exámenes forenses, murió por una hemorragia interna a causa de un golpe que laceró su hígado.
Han pasado casi cinco años de la violenta muerte y el caso aún no se ha cerrado.
El 25 de abril de 2018 será la audiencia de juzgamiento. Su caso se abrió luego de su muerte en octubre de 2013, pero un año después ese proceso fue declarado nulo por la Corte Provincial de Tungurahua luego de que la Fiscalía apelara el dictamen, en el que se declaró inocente al acusado, al demostrar que existieron irregularidades. Las investigaciones se reanudaron en octubre de 2016 y esta semana será la audiencia final.
Todas las pruebas señalan a un responsable de la muerte de Vanessa. Un testigo también reconoció al sujeto, sin embargo aún no se ha encontrado a un culpable.
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La madrugada del 19 de octubre de 2013 Vanessa estaba en el cuarto de un hotel de Ambato con tres personas que había conocido esa noche en un bar. Se habían reunido para terminarse una botella de whisky que uno de ellos compró. Un testigo que ocupaba otra habitación en el mismo hotel, cuya versión está en el informe de la audiencia de formulación de cargos del 6 de octubre de 2017, escuchó a Vanessa discutir con un hombre. “Se enfrentaron verbalmente y el hombre para defenderse empezó a gritarle ‘drogadicta’ y la golpeó”. Los gritos duraron cerca de quince minutos. Después de eso no se escuchó nada.
El presunto homicida dijo en la audiencia de juzgamiento que Vanessa estaba ebria, que a eso de las 3:00 de la mañana habría querido entrar sin su consentimiento a la habitación que él estaba ocupando junto a su pareja. Él reconoció que discutieron fuera de la habitación unos minutos. Luego él habría entrado al cuarto dejándola a Vanessa afuera. Luego, según el presunto homicida, Vanessa habría insistido en entrar a la habitación golpeando con fuerza la puerta. En esa ocasión, el acusado acompañado de su pareja, habrían salido para pedirle a Vanessa que se retire. Vanessa se habría ido y en ese momento él y su pareja habrían ingresado nuevamente al cuarto del cual no salieron hasta aproximadamente las 5 de la mañana. A esa hora él habría abandonado la habitación para pedir un cargador de celular en la recepción del hotel. Según la declaración del acusado, cuando salió a pedir el cargador, habría encontrado a Vanessa acostada en las escaleras del hotel. Intentó despertarla pero no reaccionaba. Dijo que inmediatamente pidió ayuda a los recepcionistas del hotel y llamó a la ambulancia. Cuando llegó, Vanessa ya estaba muerta, según el paramédico que la iba a atender.
Pero su versión no coincide con la de uno de los huéspedes, quien dice que el acusado salió de la habitación y tuvo una segunda discusión con Vanessa en la que hubo insultos, bofetadas, e incluso agresiones: él le pisó la mano a Vanessa.
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Todo proceso penal se concentra en cuatro etapas: instrucción fiscal, intermedia, juicio e impugnación. El caso de Vanessa ha atravesado todas estas fases y, después de cinco años, aún no existe una resolución final. Estefanía Chávez es abogada defensora de la familia de Vanessa y considera que el primer tribunal “no realizó un examen profundo” de todas las pruebas que tenía y que acreditaban el cometimiento de un delito. Por ejemplo, explica Chávez, en el primer proceso, se omitió analizar exhaustivamente las escoriaciones (piel irritada) del cuello para entender que no fueron “chupones” (como aparece en el primer informe forense) sino lesiones.
El primer informe médico entregado por el médico forense determinó que Vanessa murió por un trauma hepático. Luego, en los siguientes se planteó la probabilidad de que alguien pudo haberle propinado un puntapié que ocasionó un desgarramiento profundo en su hígado.
Durante la primera audiencia de juzgamiento, en junio de 2014, testigos del acusado intentaron desacreditar a Vanessa por el estado en el que estaba antes de su muerte. Sus argumentos se relacionaron con su presencia en el lugar (“un hotel no es un lugar para que una mujer esté en la noche bebiendo y menos acompañada de personas que apenas conoce”), el alcohol que había consumido esa noche, y la pelea a gritos que supuestamente tuvo.
No solo en las pruebas testimoniales se culpó a Vanessa de su propia muerte, también lo hicieron los medios de comunicación de Ambato. La Hora, en su edición digital, tituló “Una noche de copas terminó en tragedia”, El Ambateño publicó “La mata a puñetes y patadas”. La nota de La Hora decía que “una chica que se identificó como ‘Vanesa’, entre risas y coqueteos empezó a compartir tragos que iban y venían” y que “Vanesa estaba alterada con los tragos y por momentos se tornaba un tanto agresiva”. En el artículo nunca se mencionó que su muerte podía estar vinculada a la violencia machista, a esa violencia que muchas veces mata.
La familia del acusado también emprendió una campaña denominada “si pides justicia, pide la verdad” para defenderlo.
La abogada Estefanía Chávez dice que durante el proceso judicial, los jueces también se encargaron de recalcar que Vanessa estaba alcoholizada, que era violenta, insinuando que se merecía lo que le pasó.
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Al igual que el de Vanessa, el caso de Karina del Pozo, que ocurrió seis meses antes, fue abordado social, jurídica y mediáticamente de una forma en que la culpa se trasladó a la víctima. El de Karina ha sido uno de los casos más emblemáticos de la lucha contra el femicidio. La joven fue asesinada por sus supuestos amigos luego de que asistieran a una reunión social. En la madrugada, Karina habría pedido que la lleven a casa. Estaba con una amiga a quien dejaron primero. Karina continuó su trayecto con sus amigos que le ofrecieron dejarla al final porque primero se quedarían los que vivían en el norte de Quito.
Karina nunca se bajó de la camioneta de su agresor. “¿Quieren ver cómo se mata a una puta?”, fueron las últimas palabras que Karina escuchó de sus femicidas. Su cuerpo fue encontrado el 27 de febrero de 2013, siete días después de la reunión, en la parroquia rural Llano Chico, al noroeste de Quito. Estaba en estado de descomposición y presentaba signos de tortura. Había sido violada y brutalmente asesinada seis días antes, el 21 de febrero. Sus asesinos la estrangularon y la golpearon con una piedra en la cabeza hasta causarle la muerte. Antes de llegar a este veredicto, sin embargo, las amigas de Karina —que fueron testigos del caso— dijeron que los investigadores de la Fiscalía les preguntaron si Karina en realidad era prepago —otra manera de referirse a una prostituta—, les consultaron cómo solía vestir su amiga y les pidieron describir la ropa que llevaba la noche que fue asesinada.
El 10 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha sentenció a la pena máxima de 25 años de prisión a David P. Lo encontraron culpable de ser el autor material y a José S. y Gustavo S. de ser cómplices.
A raíz de ese suceso, la sociedad civil organizó marchas y plantones exigiendo al Estado la tipificación de femicidio como delito. Finalmente se lo incluyó en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el 10 de agosto de 2014, casi un año después del asesinato de Karina y de Vanessa.
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Desde que el femicidio se tipificó en agosto del 2014 hasta diciembre de 2017, según la Subcomisión Técnica Interinstitucional de Seguridad y Justicia, —adscrita al Consejo de la Judicatura— se registraron 246 víctimas por este delito; 93 en el 2017. Pero esas cifras podrían ser más altas como lo expone el registro que realizó el 2017 la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la Red de Casas de Acogida, la Fundación ALDEA, Geografía Crítica y otras organizaciones. Según este conteo independiente, el año pasado hubo 153 víctimas de femicidio, una cada 57 horas.
Karina y Vanessa tuvieron el mismo final trágico y son el rostro visible de las 97 mujeres que fueron asesinadas en 2014, según el Ministerio del Interior. El rostro de las 55 mujeres asesinadas en 2015, las 118 asesinadas en 2016, las 93 asesinadas en 2017. Y las 27 mujeres que han sido asesinadas este año de acuerdo a un mapa de femicidios de la Red Nacional de Casas de Acogida, Fundación ALDEA, Taller Comunicación Mujer y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.
Vanessa no solo es Vanessa también es Samira, Lorena, Irene, Rosa, Cristina, Emilia, María, Paola, Jessica, Ximena, Johanna, María José, Marina, Gina, Blanca, Michelle, Gloria, Ana, Daniela, Yudelkys, Lázara, Yudeisy, Nancy, Rocío, Ericka, Ana, Irene —y el bebé que llevaba en su vientre—, Marianela, Mayra, Nelly, Valeria, Letty, Brenda, Rosa, Verónica, Cristina, Jenny, Blanca, Jessica, Lorena, Evelyn —de apenas once meses de edad—, Zoila, Elvira, Sandra, Flor, Betty, Esther, Tania, Kerly, Alicia y Victoria.
Vanessa es un sinnúmero de mujeres que también fueron silenciadas por la violencia machista.
Su prima Rosa Ortega dice que la sociedad ha naturalizado la violencia de género y que esto dificulta los procesos judiciales porque se tiende a culpar a las víctimas por su muerte, y a estigmatizar a sus familias cuando exigen justicia. Pocos entienden que es posible defender a una mujer que no se comporta como la sociedad (machista) manda. Las familias se enfrentan constantemente con acciones que entorpecen la investigación como los largos procesos y la falta de respuestas. En el caso específico de Vanessa, Rosa dice que en casi cinco años han tenido tres fiscales que no se preocuparon de realizar una investigación especializada en género —en la que se pueda determinar que Vanessa fue asesinada por el machismo de su agresor— y considera que el proceso ha sido “inoperante e ineficaz” y ha retrasado el caso.
En casi cinco años la madre, la hija, la prima y el resto de familiares de Vanessa no han accedido a la verdad de los hechos, no ha encontrado reparación y tampoco han podido continuar con sus proyectos de vida. Rosa cree que las acciones de lucha y activismo de las familias son importantes en el proceso de juzgamiento o desarrollo de un caso de femicidio porque permiten que la memoria y la existencia de las víctimas permanezcan visibles hasta por lo menos cerrar el caso. Si los familiares no articularan esfuerzos “las víctimas quedarían en el anonimato y sus casos en la impunidad”.
Como una medida alterna de lucha, en 2013 Rosa impulsó la creación de la plataforma Justicia para Vanessa en la que acompañada de jóvenes, mujeres de la sociedad civil y activistas buscó denunciar el feminicidio en el país. En el 2016 la plataforma ‘Vivas nos queremos’ se sumó a esta causa para acompañar a la familia y ayudar con la movilización social. “Si la justicia del Estado no responde, nosotras nos organizamos, visibilizamos la problemática y acompañamos a las víctimas de la violencia femicida, para alcanzar esa justicia y reparación que el Estado no nos está dando”, dice Rosa. Ahora Justicia para Vanessa y Vivas nos Queremos trabajan en la recolección de fondos y en el acompañamiento de las familias, especialmente de los hijos de las mujeres víctimas de femicidio.
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El asesinato de Vanessa no fue calificado como femicidio porque ocurrió antes de que se tipifique como delito. Su caso se está tratando como un homicidio preterintencional —cuando el agresor solo quiso provocar lesiones a la otra persona, pero termina provocándole la muerte. Desde las perspectivas de género el caso de Vanessa encaja con la figura de feminicidio. La antropóloga e investigadora mexicana Marcela Lagarde lo define como la acción de asesinar a una mujer solo por ser mujer. Pero esta definición se diferencia de femicidio porque tiene una connotación política que incluye la inactividad del Estado contra los crímenes y sus autores. Hay feminicidios cuando el Estado no garantiza la vida de las mujeres, cuando no brinda seguridad para las mujeres en las sociedades, en el hogar, en el trabajo, en la vía pública o en lugares de ocio. Según Rosa, en el caso de su prima, el Estado no ha garantizado “justicia ni celeridad”.
Francisca Luengo, docente e investigadora de género, dice que cuando se habla de feminicidio la primera relación que se establece es el poder que existe a través de la violencia. La sociedad es machista por lo que en todas las instituciones se utiliza una serie de discursos y argumentos que intentan demostrar que una mujer es mala y que lo que le pasó fue por su culpa. Según la abogada Estefanía Chávez, en el caso de Vanessa, los jueces que declararon la inocencia del acusado y dijeron que ella estaba ebria, cuestionaron su presencia en el hotel, quisieron explicar a través de su sentencia que era una mujer mala, a la que le iba a pasar eso.
Este tipo de argumentos hacen que exista un sesgo en las instituciones y que se hagan más evidentes las inequidades sociales. “Ella por el simple hecho de ser mujer y por haber ingerido alcohol, ya es estereotipada y se fortalece el argumento que la culpabiliza, si esto le pasaba a un hombre hubiesen dicho lo mataron y ya. No hubieran dicho que estaba alcoholizado, tampoco hubieran cuestionado la forma en que estaba vestido. Pero en las mujeres eso sí es importante a la hora del veredicto”, dice Luengo.
Por lo general los casos como el de Vanessa están plagados de sesgos y estereotipos que cuestionan a las mujeres por lo que estaban haciendo. Luengo dice que el hecho de que esos argumentos sean usados por la justicia muestra que las relaciones de poder están cimentadas en estructuras sociales inequitativas y que en la práctica hacen evidente cuán importante es para la sociedad mostrar que todas aquellas mujeres que no encajan con lo socialmente establecido son malas y les va a pasar cosas malas, justificando la violencia en su contra.
Las relaciones de poder en el ámbito personal se pueden definir fácilmente si son entre una pareja, amigos, en situaciones que involucren una relación cercana entre la víctima y el victimario. Pero en el caso de Vanessa la relación de poder solo está en el ámbito físico y esto es menos simbólico. Solo se puede explicar entendiendo que hubo una persona más fuerte que ella, que la hirió hasta la muerte aprovechándose de que ella había ingerido alcohol .
No se puede saber por qué en el caso de Vanessa las instituciones no garantizaron justicia. Pero es posible que no lo hicieron porque se trató de una madre soltera que ese día estaba ebria en un hotel. Luengo dice que esto revela una clara discriminación en decir qué vidas son importantes y cuáles no. Karina del Pozo fue una joven modelo de clase media cuyo caso se hizo visible a través de redes sociales. Por eso existió presión social y concluyó con una sentencia en contra de sus asesinos. En el caso de Vanessa hubo incidencia por el trabajo de sus familiares. Quizás sin ese esfuerzo, el caso no se hubiera conocido porque la provincia donde queda Ambato, Tungurahua, es la segunda con mayores índices de violencia contra las mujeres (70,9%), en donde el 91,0% de las mujeres ha sufrido violencia física en sus relaciones de pareja y donde aproximadamente 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual. “En lo que sí se asemejan es en que de las dos dudaron por las circunstancias en las que ocurrieron sus muertes”, dice Luengo.
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Cuando Vanessa fue asesinada tenía 37 años, un título en ingeniería comercial y una hija de un año y medio. Su prima Rosa Ortega la describe como una mujer alegre y amable. Su relación era muy cercana.“Más que primas éramos hermanas”. A Vanessa le gustaba cocinar y le encantaba bailar salsa. Su prima la describe como cálida, sensible, sencilla y siempre bondadosa.
Según los que la conocieron, Vanessa era graciosa y ese carácter lo heredó su hija que ahora tiene cinco años. La pequeña guarda con mucho cariño las fotografías de su madre. Rosa dice que con frecuencia le pregunta cómo era ella. La dibuja en base a las fotografías y en los testimonios de la familia. La hija de Vanessa sabe que su madre murió, visita la tumba y le lleva flores. Lo que no conoce son las condiciones en las que se produjo su deceso. Aunque aún no pregunta al respecto, Rosa sabe que pronto empezará a hacerlo y espera que cuando ese momento llegue, la justicia le dé las herramientas necesarias para contárselo.
*Actualización
En mayo de 2018, la Fiscalía General del Estado publicó un boletín de prensa informando que el Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua sentenció al responsable, Esteban G., a «tres años de reclusión menor por el homicidio inintencional de Vanessa Landínez » y debía pagar 20 mil dólares como reparación integral a la víctima. Además, los medios de comunicación de Tungurahua deberán pedir disculpas públicas por el manejo de la información sobre la imagen de Vanessa, ya que la culpaban por su propia muerte. Pero esta sentencia fue apelada por Fiscalía y por las abogadas de la víctima porque hubieron varias circunstancias agravantes —que Vanessa estuvo en el piso sin poder defenderse, conocimiento previo entre Vanessa y su agresor, y la violencia extrema utilizada en su muerte— que no fueron consideradas en el juicio.
En julio de 2018, la Corte Provincial confirmó que Esteban G. era culpable y aumentó la sentencia a 6 años de prisión y una reparación integral a la víctima de 50 mil dólares.