La vida de los otros

El sistema que deja un presunto abusador prófugo, una familia sin alternativas y un niño sin reparación

Un estudiante es abusado sexualmente por su maestro y durante casi cuatro meses sus padres deben enfrentarse a la inoperancia de las instituciones del Estado.
  • denunciar abuso sexual a niños

    Ilustración de Paula de la Cruz.


UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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La pesadilla de Irene*, madre de Julián, comenzó al mediodía del viernes 27 de abril cuando fue a recoger a su hijo a la escuela Junta Nacional de la Vivienda. Julián tiene cinco años, la cara redonda y un problema de lenguaje, secuela de una convulsión. Su madre describe a su segundo hijo como juguetón. “Pero ese día estaba callado en el trayecto a casa que tarda, caminando, unos treinta minutos”. Cuando llegaron, Julián no quiso almorzar. Cuando lo iba a cambiar de ropa para llevarlo donde la psicóloga que lo ayuda con los rezagos que dejó aquella convulsión, su hijo le dijo que no quería. Con sus pequeñas manos presionaba con fuerza su pantalón a los costados de su cintura. Irene le bajó el pantalón y la pantaloneta blanca —que estaban limpios— y cuando le quitó el calzoncillo, vio una mancha de sangre en la parte delantera.

— ¿Qué te pasó ahí? ¿Te golpeaste?, le preguntó, nerviosa, intentando que su hijo no note la angustia que la acompañaría durante meses.

Julián empezó a llorar, mientras su madre, desesperada, sin saber a dónde ir, qué hacer, a quién llamar, decidió llevarlo, como todos los viernes, donde la psicóloga. Camino a la terapia, en el bus, Irene dice que aprovechó de nuevo para conversar.

— ¿Qué pasó?

—Luis tocó.

— ¿Cómo?

—Nada, nada, nada.

El recorrido en el bus era el inicio de un calvario de negligencias estatales, de servidores públicos que no cumplieron su trabajo, de una indolencia generalizada de preferir mantenerse al margen, de cuidar su puesto de trabajo antes que defender los derechos de un niño.

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En la sesión de terapia, Julián le dijo a su psicóloga los nombres de los amigos con los que había jugado ese día y las clases que había tenido. Cuando la psicóloga le preguntó cómo eran sus profesores, el niño respondió “Luis malo”.

Al terminar, la terapista le recomendó a Irene que fuese a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) a denunciar lo que podría ser un abuso sexual. Madre e hijo tomaron un bus al Comité del Pueblo, al norte de Quito, donde está la Dinapen. Allí le dijeron que no podían ayudarla, y que mejor llame a un patrullero.

Cuando lo iba a hacer, le dijeron que no llame desde ahí porque no era del sector, que mejor regrese a su casa y desde allá se comunique con el número de emergencias 911. Irene y su hijo emprendieron el camino de vuelta y, dos buses y dos horas después, llegaron a casa. Irene guardó el interior manchado en una funda, y llamó al 911. Pasadas las seis y media de la tarde tres policías los recogieron para llevarlos a la Fiscalía.

En el camino, ella les contó lo que había pasado.

— Me dijeron, como retándome, ‘¿y por qué no nos llamó antes?’ como si yo supiera qué debía hacer, a dónde tenía que ir.

Cuando llegaron a la Fiscalía ya eran las siete y media de la noche. Los policías repitieron a los funcionarios de la institución lo que Irene les había contado. “¿Está preso?”, le preguntaron. Ella les respondió que no, que no sabía quién había sido.

—No mencionaron nada de la denuncia y nos mandaron a que le hagan un examen físico y uno psicológico.

Irene no recuerda cuántas veces subió y bajó de ese edificio esa noche. En uno de esos ires y venires, le entregaron una copia del oficio en el que el fiscal de turno pedía al Laboratorio de ADN de la Fiscalía un examen para determinar la presencia de espermatozoides y material genético en las muestras biológicas extraídas a Julián.

También le dieron una orden para un peritaje psicológico. Cuando la entregó, la psicóloga le respondió “ese no es mi nombre”, y le dijo que acababa de entrar al turno. Irene bajó a pedir la modificación y subió con el documento corregido. Lo mismo ocurrió con el médico legal: el primer documento no llevaba su nombre. Bajó, de nuevo. Cambió los papeles. El recorrido lo hacía de la mano de Julián, aún asustado, aún en silencio.

La psicóloga y el médico legal interrogaron al niño, dice Irene, de forma brusca, invasiva, indolente.

—¿Qué te pasó?

—¿Cómo te caíste?

—¿Alguien te tocó?

—¿No te golpeaste de frente?

—¿Con algún clavo?

La psicóloga le dijo que veía al niño muy evasivo. “Eso voy a poner en el informe, no puedo hacer más porque el niño no quiere hablar más”. Dice que la médica le vio el pene hinchado e intentó apenas bajarle el prepucio. “Mi hijo gritaba, y ella me dijo ‘¿sabe qué? No le puedo revisar, no le voy a tocar, mandemosle al hospital’”, recuerda Irene con la voz entrecortada.  

Después de los exámenes, bajó con su hijo y preguntó a quienes la habían atendido inicialmente si debía hacer algo más en la Fiscalía. “Me respondieron ‘váyase al hospital’. En ese momento yo pensé más en mi hijo, quería descartar que había sido abuso. Pero ni cuando llegamos ni cuando nos fuimos de la Fiscalía alguien me dijo ‘ponga la denuncia’”.

Con la orden de la Fiscalía, Irene fue al Baca Ortiz —el hospital público pediátrico más grande de Quito. Allí tampoco tuvo mejor guía ni ayuda. “Me dijeron ‘pero esto es una orden judicial’ y les agarró el miedo, preguntaron que por qué venía el niño”. Finalmente llamaron al urólogo de turno, quien lo revisó y pidió que se quede una noche en observación para que al día siguiente lo revise su jefe. Esa noche, Julián durmió en los brazos de su madre, en una silla. A las cinco de la mañana le asignaron una cama.

Al día siguiente, el doctor le dijo que no podía arriesgarse a escribir en el reporte ‘abuso’ porque el niño no le hablaba. “‘Pero le puedo decir a usted que ha sido una erección y le han tocado, y ha pasado ese desgarro”, recuerda Irene que le dijo el médico.

Así fueron las primeras 24 horas de escollos burocráticos, falta de respuestas y angustia.

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Todo lo que vivió Irene es la realidad. La teoría de lo que debió suceder es casi perfecta, como sacada del mundo del deber ser. En su luminosa oficina, el subsecretario Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad, Carlos Cisneros, habla de cómo el Ministerio está comprometido a ayudar a que los casos de violencia sexual se resuelvan. Dice que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) obliga al personal médico a denunciar un abuso sexual si es que sospechan que un paciente ha sido víctima de ese delito, pero que más allá de eso tienen “protocolos específicos y acciones que se siguen dentro de los establecimientos de Salud para identificar casos de violencia sexual”.

Subsecretario Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad

El Subsecretario Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad, Carlos Cisneros, dice que existen protocolos para que el personal médico notifique casos de violencia sexual. Pero no siempre se cumplen. Fotografía de José María León para GK

Luego, como si fuese una lista que ha aprendido de memoria, narra el procedimiento: dice que el primer paso —“desde nuestro deber como el MSP si hay un tema de abuso sexual”— es aplicar protocolos médicos: entregar anticoncepción oral de emergencia para evitar un embarazo producto de la violencia sexual, antirretrovirales por el posible contagio de una enfermedad de transmisión sexual, e inmediatamente una prueba rápida de  VIH. Después de “asegurar la condición de salud del paciente”, se debe derivar el caso al sistema judicial. El personal médico que lo identificó, en coordinación con el jefe de la unidad operativa, debe informar a la autoridad correspondiente, explica y dice, como satisfecho de lo bien que suena la letanía que recita, “el Ministerio de Salud con Fiscalía tienen protocolos definidos”.

Pero el personal que atendió a Julián no hizo nada de eso: no le dio antirretrovirales, ni le hizo una prueba rápida de VIH. Los doctores que lo revisaron —un pediatra y un urólogo— escribieron en el reporte: diagnóstico “herida de prepucio de etiología desconocida”. Julián tenía una desgarro de un centímetro en su pene inflamado que a los médicos y enfermeras que lo atendieron no les causó alerta alguna. El reporte que llenaron tiene cuatro carillas y en ninguna está la frase ‘abuso sexual’ o ‘presunto abuso sexual’.

Tras su triste peregrinaje de la Dinapen a su casa, de su casa a la Fiscalía, de la Fiscalía al Baca Ortiz, los hijos del rigor burocrático despacharon a Julián a casa. Le recetaron Ibuprofeno, para el dolor, y Cefalexina, un antibiótico.  

Cinco días después, el niño de cinco años acudió a un chequeo. El diagnóstico del examen fue “trastorno del pene no especificado”.

El subsecretario Cisneros dice que la actuación en este caso “estuvo mal” y que el MSP está modificando reglamentos para mejorar la atención a las víctimas de violencia sexual. Reconoce que para el personal del MSP involucrarse significa convertirse en parte de la investigación: “El que un médico haga una notificación de un caso de violencia sexual implica que el profesional de la salud esté inserto en todo el proceso judicial”. Sybel Martínez, directora de la organización Rescate Escolar —que trabaja para erradicar la violencia del sistema educativo—, ha acompañado a los padres de Julián durante su viacrucis. Dice que en el Baca Ortiz, los médicos no escribieron la palabra ‘abuso’ porque —como admitió el subsecretario Cisneros— hacerlo implica vincularse en el proceso judicial. Y no quieren.

Martínez reprocha también la conducta de la Fiscalía: cuando Irene llegó con su hijo herido y el calzoncillo manchado de sangre, sus funcionarios debieron tratarlo como un delito flagrante. También cree que decir que no podían indagar más porque el niño no hablaba no es más que un pretexto. “La Fiscalía recibe a diario casos de abuso sexual donde deberían estar preparados para que el niño no hable”. Según Martínez, lo correcto era que los peritos tomen en cuenta que Julián tenía parálisis de habla, problemas de aprendizaje, y buscar las maneras de abordarlo. Nada de eso sucedió. Médicos, psicólogos y fiscales fueron lanzándose el caso de un lado a otro, evitando involucrarse.

— Nadie se la juega por los niños en este país, dice Martínez.

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El acusado, Luis, es mecánico automotriz. Para ser maestro en el sector público es necesario tener un título relacionado a la Educación, Pedagogía o afines. El 3 de julio, desde su despacho en la avenida Amazonas, la entonces subsecretaria de Educación, María Augusta Montalvo, habló también desde el mundo de la teoría y las explicaciones burocráticas. Dijo que Luis fue contratado para dar Física. “Una vez dentro de la institución, la autoridad le puede asignar otras tareas. En ese proceso, la autoridad le designó unas horas de Educación Física”. Cuando le dije que en las escuelas primarias no se da Física, Montalvo se justificó diciendo que a la escuela le faltaban profesores, y por eso a Luis se le asignaron esas horas. “No es correcto y estamos revisando y viendo cuáles son los procedimientos que se siguió para cambios de este tipo”, dijo.

Subsecretaría de Educación

La exsubsecretaria de Educación, María Augusta Montalvo, dice que el Ministerio no se demoró en separar al docente de la escuela y que se respetaron los protocolos. Fotografía de Eliot Allaire para GK.

Montalvo confirmó que Luis no rindió las pruebas psicométricas a las que se someten a todos los aspirantes a entrar al sistema educativo. “Nosotros teníamos que llenar una cantidad de docentes que nos estaban faltando en asignaturas específicas: física, matemáticas, biología. Esos perfiles pudimos contratar como Ministerio de Educación, sin que haya concurso. Entran con contrato ocasional y para un contrato ocasional entran sin prueba. Nosotros no podemos dejar el sistema educativo sin docentes”.

— Pero tampoco se puede dejar entrar a cualquiera.

— Por supuesto, para eso hemos hecho algunas valoraciones de las hojas de vida y él cumplía con los requisitos.

Sobre por qué pasó más de una semana entre la denuncia en el Distrito educativo y la separación del profesor de la escuela, dice que se cumplieron los tiempos establecidos y, como si fuese una lista de pendientes completados, lee un papel:

“El 2 de mayo ponen la denuncia en el Distrito 5. El 3 de mayo la DECE distrital acude a la reunión con las autoridades de la institución educativa y le dan a conocer el hecho. El 4 de mayo la psicóloga de la institución educativa le solicita a los familiares el informe de la psicóloga particular. El 7 de mayo hay un abordaje con el estudiante. El 9 la directora de la institución educativa pone la denuncia en Fiscalía. El 10 que ya tenemos completos los dos distritos, tenemos la información, el distrito 5 le pasa el proceso al distrito 3, y el 11 (de mayo) avoca conocimiento y emite las medidas de protección para separación del docente”.

Los días que tardaron en retirarlo a Luis de la escuela, Julián volvió a clases porque la directora había convencido a Irene diciéndole que Luis ya no estaba en la institución. Pero era mentira. Por las pesadillas que tuvo las semanas siguientes y su comportamiento agresivo, Irene está segura que esos dos días, su hijo tuvo contacto con su abusador.

Dos semanas antes de la publicación de este reportaje, Montalvo dejó su cargo en el Ministerio de Educación.

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Alexandra Funnes, abogada de Julián y su familia, hace un recuento de los errores de la Fiscalía.

El primero fue no recibirle la denuncia a Irene la noche del 27 de abril, el segundo fue demorarse en vincular la prueba del calzoncillo manchado a la denuncia que días después interpuso la directora de la escuela. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto se cometieron durante la indagación previa.

Uno de esos errores retrasó casi un mes la formulación de cargos contra el presunto agresor. El 7 de mayo, la madre de un compañero de Julián le dijo a Irene que su hijo, Pedro, le había contado que el profesor de Educación Física lo había tocado a él. Según su madre, Pedro había visto, también, cómo Luis le había tocado el pene a Julián, sacándole sangre.

La abogada Funnes pidió una valoración psicológica de Pedro. Y esta fue, supuestamente, fijada para el 31 de mayo.  “Luego de dos horas de espera, la psicóloga le dijo que no conocía de esa valoración, que estaba ocupada atendiendo otra víctima. Luego la asistente de la Fiscal me dijo que había sido una confusión”. A Pedro lo citaron para el día siguiente, pero él y su madre no regresaron. Funnes dice que se perdió la oportunidad de tener “el único testimonio que contaba lo que había pasado y señalaba al acusado”.

El 25 de junio, a Julián le hicieron una valoración psicológica y le tomaron el testimonio anticipado en la Cámara de Gessel. La entrevista formal terminó sin que Julián dijese un nombre o contase ello que sucedió. Pero, después, le dijo a la psicóloga, casi susurrando, que Luis le había tocado el pene.

La abogada Funnes pidió que la psicóloga testifique en el proceso judicial. Lo hizo al día siguiente. Un día después, el  27 de junio, el juez dictó prisión preventiva para Luis. Pero era demasiado tarde. “Yo le dije a la Fiscal que, previo a la formulación de cargos, pida la detención, que era la única forma de que no se fugue. Cuando se formula cargos se tiene que notificar a la otra parte para no dejarlo en indefensión, y ahí se fugan, como en este caso”, lamenta Funnes. Desde el 29 de junio pedí —vía correo electrónico, llamada telefónica y mensaje de Whatsapp— una entrevista con la Fiscalía General del Estado para que explique las irregularidades del caso.

En las siete semanas no tuve respuestas a mis preguntas.

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El domingo y lunes después de que Julián salió del hospital fue feriado. La mañana del miércoles 2 de mayo, Irene y su esposo Galo fueron a la oficina de la Fiscalía de la calle Ramón Roca, como le habían indicado la noche del 27 de abril, para preguntar por los resultados de la prueba de ADN.  Les respondieron que tardaría veinticinco días más, y les recomendaron hacer una denuncia en el distrito educativo, porque —les dijeron— su caso era administrativo.

Esa tarde lo hicieron. Al día siguiente, la directora de la escuela Junta Nacional de la Vivienda, y la psicóloga del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) citaron a los padres de Julián. “Nos recibieron muy amables. La directora dijo que no había podido dormir pensando en qué había pasado con nuestro hijo”. Según Irene, la directora les dijo que no habían visto nada, que no sabían qué había pasado. “Pero a los pocos minutos llegó una representante del Distrito 5, donde habíamos puesto la denuncia, y dijo que iban a investigar qué había pasado en la escuela, y a ellas se les deformó la cara porque no tenían idea que venía”.

La directora insistió que Julián regrese a la escuela la semana siguiente. Sus padres accedieron. El día en que Julián volvió a clases, la mamá de Pedro habló con Irene. Enseguida, ella y su esposo Galo fueron donde la directora de la escuela para decirle que Luis, el profesor de Educación Física, era el presunto abusador. Según los padres de Julián, la psicóloga del DECE habría abordado a Pedro y a dos niños más. Dos días después, el 9 de mayo, la directora puso cuatro denuncias en la Fiscalía  por abuso sexual en contra de Luis.

Una semana después de que Galo e Irene se enteraron la identidad del abusador, más de 10 mensajes de voz circularon por los grupos de Whatsapp de los padres de familia de la escuela. En todos se oye la voz de un hombre que se identifica como papá de una niña de primaria. En las grabaciones repite que el profesor ha sido declarado inocente, que no hablen con nadie más, que les puede caer una contrademanda.

“La Fiscalía ha estado ahí, le han sacado de culpa. Muchos padres tendrán que indemnizarle al licenciado. Si tienen un inconveniente hablen con la directora. Por favor, señores padre de familia. Es para que se enteren todos que al licenciado le han sacado de culpa, es mentira del niño y de la mamá”.

“El profesor Luis, él tiene sus abogados, él está ahorita siguiéndole un juicio igual a la señora que le ha puesto la denuncia lo cual yo tengo entendido que no hay pruebas. Es por lo que la Fiscalía a la señora le detectaron que está mal de la cabeza. Eso es mis señores. O sea, esto era una contra demanda que está haciéndole el profesor a la madre y a los padres que han puesto una firma para hacerle esta denuncia”.

Después de la difusión de los audios, los pocos padres de familia que apoyaban a Irene y Galo, incluida la madre de Pedro, se retractaron. Llamé a la madre de Pedro pero me dijo que “no quería tener nada que ver con el caso”. Otro padre de familia cuyo hijo fue también presuntamente abusado por el mismo profesor, no respondió mis llamadas ni mensajes de texto. A pesar de haberles pedido insistentemente una entrevista, la directora de la Junta Nacional de la Vivienda nunca respondió. La psicóloga del DECE me dijo vía telefónica que “estaba en su derecho de libertad de hablar” pero que elegía no hacerlo.

El 8 de julio, en una mesa de uno de los restaurantes fuera del centro comercial Quicentro, el abogado de Luis, Hitler Barragán, dice que su cliente es inocente. Que el testimonio de la psicóloga de la Fiscalía —ese que se consideró para la formulación de cargos un día antes de la audiencia— es inválido porque él estuvo detrás del espejo en la Cámara de Gessel durante el testimonio anticipado de Julián y el niño dijo que el profesor no le había hecho nada, y nunca usó la palabra pipí. Que seguramente ella se inventó. También cree que la psicóloga particular de Julián, quien lo atendió el día del supuesto abuso, lo indujo a ciertas respuestas.

— ¿Por qué está prófugo si es que es inocente entonces?

—Si a usted le acusan de algo que usted no ha cometido donde tiene cuatro denuncias de una pena de siete a diez años, le orden una prisión, no le dejan a usted defenderse, ¿usted va a venir a pasar prisión anticipadamente? Dígame una persona aquí en el país que ha hecho eso. ¿Quién le repone el honor, la dignidad?

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Entre que la denuncia fue presentada en la Fiscalía, el 9 de mayo, y la audiencia de formulación de cargos, pasaron 49 días. Según el COIP, la instrucción fiscal puede tardar hasta 90. Si la Fiscalía hubiese receptado la denuncia de Irene como delito flagrante, la instrucción habría durado máximo 30 días. La abogada Gisela Vaca —que ha patrocinado a niños víctimas de abuso sexual— dice que es un trabajo mediocre de la Fiscalía.

—Si hubieran querido detenerlo antes o evitar que se escape, podrían haber pedido una detención con fines investigativos para que declare, cómo lo hicieron con Fernando Alvarado recientemente.

Luego de dieciséis semanas de denuncias, reuniones, visitas al terapista, a la Fiscalía, de pedir una boleta de auxilio tras ser amenazada cerca de su casa por desconocidos, Irene y Galo recibieron, el 24 de julio, otra notificación de la Fiscalía: decía que el abogado del acusado había pedido que los juzguen por fraude procesal. El delito, según el COIP, consiste en inducir a engaño a la o al juez, ocultando “instrumentos o pruebas”, cambiando el estado de las “cosas, lugares o personas”. La pena a la que se enfrentarían Galo e Irene es de uno a tres años de cárcel.

Cuatro meses después de aquella tarde en que tomó un bus hacía la Dinapen, Irene está agotada. Lejos de la reparación que el sistema judicial se supone tiene que dar a las víctimas, ella siente que Julián ha sido revictimizado en el calvario que les ha tocado recorrer. A veces, dice, hubiera preferido no denunciar. A veces —demasiadas veces— los protocolos, manuales, procedimientos son una letra muerta que los funcionarios repiten como un credo memorizado.


*Todos los nombres de las víctimas y sus familiares son protegidos.

Isabela Ponce
(Ecuador, 1988) Idealista y exageradamente curiosa. Periodista con ganas de construir un mundo mejor. Le encanta aprender y escribir sobre ambiente, derechos de las niñas, derechos de las mujeres y minorías. Editora y cofundadora de GK.