El caso Goleada investiga una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Entre los investigados están el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, y otros empresarios y funcionarios vinculados al sector de combustibles y a entidades públicas locales.
El 10 de febrero de 2026 se conoció públicamente la investigación. Esa madrugada, la Fiscalía ejecutó un operativo en la provincia del Guayas en coordinación con la Policía. Se realizaron allanamientos en varias viviendas, incluida la del alcalde. Según la Fiscalía, se incautaron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, dinero en efectivo y documentos.
Los once procesados fueron trasladados a Quito para la audiencia de formulación de cargos, que se desarrolló el 11 de febrero en el Complejo Judicial Norte. El juez Jairo García dictó prisión preventiva para seis de ellos y medidas sustitutivas para los otros cinco. El caso se encuentra en etapa inicial y aún no existe sentencia.
#AHORA | #CasoFachada: en el marco de una investigación por #DelincuenciaOrganizada, #TráficoDeInfluencias y otros delitos –que involucraría a jueces anticorrupción y abogados–, #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador (Unidt) ejecutan allanamientos en #Pichincha y #Esmeraldas (desarrollo). pic.twitter.com/vHJZ5ewJKX
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 16, 2025
¿Qué investiga la Fiscalía?
La Fiscalía sostiene que existiría una estructura organizada que habría cometido delitos de manera contínua desde el 2020.
Según su hipótesis, las personas investigadas habrían actuado coordinadamente con el objetivo de obtener beneficios económicos. Eso es lo que la ley tipifica como delincuencia organizada: cuando varias personas se asocian para cometer delitos de forma estructurada.
Esa delincuencia organizada habría servido para cometer dos delitos más. El primero, lavado de activos, que consiste en intentar ocultar o dar apariencia legal a dinero que tendría origen ilícito. El segundo, defraudación tributaria, es decir, un posible engaño al Estado para pagar menos impuestos de los que corresponderían o evitar su pago.
¿Cómo operaban, según la Fiscalía?
De acuerdo con la Fiscalía, la presunta organización habría operado desde el 2020 en Guayaquil y estaría liderada por los hermanos Álvarez Henríques.
En el esquema aparecen dos empresas clave:
- Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., una compañía dedicada al comercio al por mayor de petróleo y productos derivados, que provee combustible —principalmente diésel— al sector naviero.
- Flota Naviera Petrolera Flonape Overseas S.A., registrada en Panamá y domiciliada en Guayaquil que, según la hipótesis fiscal, habría funcionado como empresa de papel dentro del entramado.
La acusación sostiene que Ternape compraba diésel subsidiado al Estado ecuatoriano bajo el argumento de que sería destinado al segmento naviero nacional. Sin embargo, ese combustible habría sido revendido a embarcaciones internacionales a precio normal, es decir, sin subsidio.
La diferencia entre el precio subsidiado y el precio internacional habría generado ganancias millonarias y un perjuicio estimado en alrededor de 100 millones de dólares para el Estado.
El siguiente paso, según la Fiscalía, era justificar el dinero que ingresaba por esas ventas. Para hacerlo, las empresas habrían registrado deudas ficticias entre compañías que pertenecían a los mismos dueños.
Aunque la Fiscalía no especifica de qué manera se hubiera registrado esta deuda, podría ser con la manipulación del balance general.
Es decir, Ternape recibía más dinero del que debía por la venta de combustible, pero no registraba ese valor completo. Una parte, la incluía en el balance general, como pasivo, es decir como una deuda. ¿Deuda a quién? A Flonape.
De ese modo el dinero no aparecería como algo que la empresa tenía —un activo— sino como algo que supuestamente debía —un pasivo.
Así, cuando se realizaran las cuentas finales del año, al restar activos menos pasivos, no habría aparecido ningún excedente. En el papel no habría ganancia y, por lo tanto, no se encenderían alertas, ni se reflejaría un mayor pago de impuestos.
Estos movimientos se habrían hecho en el balance general que las empresas deben presentar cada año, donde se detalla todo lo que poseen, todo lo que deben y cuál es su patrimonio.
De ese modo, el dinero no aparecía como producto de una operación irregular, sino como el pago de una obligación empresarial.
Posteriormente, según la Fiscalía, Flonape decidió que el dinero que Ternape le tenía que pagar, ya no la recibiría la empresa sino sus dos socios, dividido de esta manera: Aquiles debía recibir 800.000 dólares y Antonio, 1,9 millones.
Pero ese dinero nunca fue cobrado. Es decir, quedó en las cuentas de Ternape, y se registró como aumento de capital de la empresa.
La estructura también habría contado con colaboradores encargados de contactar embarcaciones internacionales, coordinar la logística y gestionar la documentación necesaria para concretar el desvío del combustible y evitar controles.
¿Quiénes están involucrados?
En la audiencia de formulación de cargos se les dictó prisión preventiva a:
- Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.
- Antonio José Álvarez Henríques, directivo del Barcelona Sporting Club y hermano del alcalde.
- Xavier Mario Álvarez Henríques, también directivo del Barcelona Sporting Club y hermano del alcalde.
- César Emilio Bravo Ibáñez, representante legal de la empresa Fuelcorp, que opera estaciones de servicio y comercializa combustibles.
- Fernando Patricio Peñaherrera Venegas, representante de Ternape Petroleum, empresa dedicada al comercio al por mayor de petróleo y derivados.
Se les dictó medidas sustitutivas (presentación periódica y prohibición de salida del país) a:
- Pedro Juan Hidalgo Elinan, tío de Aquiles Álvarez, gerente general y representante legal de Pesca Barva S.A., empresa vinculada a la comercialización de combustible en el sector naviero.
- Pablo Ricardo Pita Rendón, exgerente general de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
- Carlos Andrés Asanza Colmont, gerente general de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, entidad que administra la terminal terrestre de la ciudad.
- David Andrés Álvarez Kronfle, primo del alcalde y presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona SC.
- Ricardo Fabio Bruzzone Puig, ciudadano procesado dentro de la investigación.
- Gastón Aparicio Loy Correa, ciudadano procesado que, según la Fiscalía, habría colaborado en la gestión de documentación vinculada al combustible.
El 27 de marzo de 2026, la Fiscalía pidió vincular al asambleísta Raúl Chávez al caso Goleada. Según el fiscal, hay indicios de que habría participado en la presunta estructura investigada por delincuencia organizada. La Fiscalía solicitó también al juez que ordene su detención preventiva. La decisión quedó pendiente, ya que el juez suspendió la audiencia para analizar si lo incorpora formalmente al proceso.
Chávez es cercano políticamente a Álvarez, uno de los principales procesados en esta causa: ambos llegaron a cargos de elección popular impulsados por el movimiento RETO, en alianza con la Revolución Ciudadana; Álvarez a la Alcaldía de Guayaquil y Chávez a la Asamblea Nacional.
Horas antes, en la mañana del mismo día, Chávez reapareció en un video difundido en su cuenta de la red social X, antes de la audiencia, luego de una semana sin asistir a la Asamblea Nacional.
El legislador y presidente del movimiento RETO aseguró que enfrentará el proceso en libertad, sin decir si aún continúa en el Ecuador; negó las acusaciones y sostuvo que su inclusión en el caso responde a motivaciones políticas.
También dijo que ya rindió una versión voluntaria el 20 de marzo y que un cooperador eficaz habría pedido a la Fiscalía que lo vincule al caso Goleada.
¿Qué pasa ahora?
El caso está en fase de instrucción fiscal. En esta etapa, la Fiscalía recopila pericias, testimonios y documentos que servirán para determinar si existen elementos suficientes para que el proceso avance a juicio.
Si considera que las pruebas son sólidas, solicitará el llamado a juicio. Si no, podría pedir el archivo de la causa.
El juez del caso Goleada
El juez anticorrupción Jairo García Mosquera tiene a su cargo el caso Goleada.
Su nombre no es nuevo. Apareció un año antes en la investigación por presunta corrupción judicial. En enero de 2025 su casa fue allanada por la Fiscalía dentro del caso Fachada, y se lo vinculó como parte de una organización criminal. Esa investigación, hasta febrero de 2026, continúa abierta.
Apelación a la prisión preventiva
El 13 de febrero, Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, dijo que la justicia aceptó analizar la apelación contra la orden de prisión preventiva dictada en el caso. Esto significaba que un tribunal debía revisar si Álvarez y otros cuatro detenidos podrían defenderse en libertad y cumplir otras medidas.
La audiencia fue convocada para el 2 de marzo de 2026 y estaría a cargo del primer tribunal de la Sala Penal Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha, integrado por los jueces Silvana Velasco, Byron Uzcátegui y Wiler Chóez Avilés. Sin embargo, el fiscal Dennis Villavicencio no llegó y la audiencia no pudo instalarse.
Ante esto, el Tribunal pidió formalmente a la Fiscalía General del Estado que garantice la presencia de un fiscal en la siguiente convocatoria y solicitó al SNAI que facilite la comparecencia virtual de los detenidos para evitar nuevas suspensiones. La diligencia fue reprogramada para el 5 de marzo a las 2 de la tarde.
Dos días antes de esa nueva fecha, el 3 de marzo, el Consejo de la Judicatura resolvió, en una sesión extraordinaria, enviar a Panamá a dos de los jueces del tribunal: Velasco y Uzcátegui, tras una invitación de la Fiscalía para asistir a una asamblea internacional.
Aunque la Judicatura sostuvo que la ausencia de los jueces no afectaría el funcionamiento de los juzgados ni retrasaría procesos, en la sesión no se revisó si tenían audiencias programadas o decisiones pendientes de emitir.
El 4 de marzo, Ramiro García, la defensa, pidió que la audiencia se haga de manera telemática o que los jueces se excusen del viaje. El Consejo de la Judicatura decidió reemplazarlos por Esteban Coronel (ponente), Mabel Tapia y Wiler Chóez Avilés.
Pero la audiencia no ocurrió porque, ese mismo 4 de marzo, la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte de Justicia de Pichincha informó que la diligencia no podía instalarse porque los jueces que fueron reemplazados en el tribunal ya tenían convocadas otras dos audiencias para esa misma fecha.
Ramiro García cuestionó ambas decisiones: primero, la del Consejo de la Judicatura de autorizar el viaje a Panamá de los jueces Silvana Velasco y Byron Uzcátegui; y segundo, los reiterados diferimientos de la audiencia.
“Eso es lo que buscaba el Consejo de la Judicatura”, escribió en su cuenta de X. Según el abogado, las decisiones impidieron que la audiencia se instale y responden a un intento de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continúe en prisión.
El 2 de abril de 2026, el tribunal de la Sala Especializada de la Corte Provincial de Pichincha revocó la prisión preventiva contra Aquiles Álvarez, sus hermanos Antonio José y Xavier Mario Álvarez Henríques, y otros dos procesados, por lo que saldrían de la cárcel y pasarían a cumplir medidas sustitutivas de presentación periódica y prohibición de salida del país.
La revocatoria es la liberación de los procesados —entre ellos los hermanos del alcalde—, aunque Aquiles no recuperará la libertad porque mantiene otra orden de prisión preventiva en el caso Triple A.
La decisión se adoptó cerca de 45 minutos después de que se reinstalara la audiencia de apelación solicitada por las defensas.
En la audiencia, los jueces concluyeron que los elementos presentados por la Fiscalía en la formulación de cargos no son suficientes para sustentar el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, y señalaron inconsistencias entre lo expuesto inicialmente y lo argumentado después, incluyendo menciones que se realizaron posteriormente, al club Barcelona SC y evidencias no presentadas en la audiencia original.
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