Cuando escucha, Petita Albarracín se toca la mano izquierda con la derecha, inquieta. Para hablar, reposa sus dedos, con sus uñas pintadas de rosado pálido, sobre una mesa. Las respuestas de la mamá de Paola Guzmán son cortas. Han pasado casi 20 años desde que su hija ya no está, y apenas uno y medio desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano como responsable de su muerte. “Después de esta sentencia yo me sentí más tranquila”, dice Petita Albarracín, pausada y escueta, en una de las oficinas del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) Guayaquil, en el sur de la calurosa ciudad portuaria. Desde agosto de 2020, cuando se publicó el fallo, hasta hoy, ha repetido en varias entrevistas que con ese documento al fin se limpió el nombre de su hija y se la reconoció como lo que fue: una víctima. 

Petita Albarracín, de ojos delineados y cansados, recuerda los viajes que hizo en la última década en búsqueda de justicia: Estados Unidos, Costa Rica, Colombia. Sonríe cuando menciona a su hija Denisse, a su hermana que vive en Nueva York. Se ríe al hablar de su perrito que parece french poodle y tiene poco más de nueve años. Pero se le corta la voz cada vez que menciona a su Paolita, como a veces le dice a su hija, que hoy tendría 35 años. 

En 2002, Paola del Rosario Guzmán Albarracín se suicidó. La adolescente tenía problemas académicos y el vicerrector del colegio público femenino al que asistía le ofreció ayudarla a cambio de que saliera con él. El acoso, como recoge un detallado reportaje que reconstruye el caso, empezó en 2001, cuando Paola Guzmán tenía 14. Según contó una amiga del colegio para ese reportaje, un día ella entró a la oficina del vicerrector, Bolívar Espín, y él la arrinconó contra su escritorio, la besó y la obligó a tocarle sus genitales. En octubre de 2002 empezó a violarla. Paola Guzmán Albarracín quedó embarazada y, al enterarse, Espín la obligó a abortar. Como condición para practicarle la intervención, el médico al que Espín la llevó, también la violó.

Los abusos que sufrió Paola Guzmán Albarracín la llevaron a que ingiriera diablillos —un compuesto tóxico en forma de pastillas que se usa para fabricar pirotecnia casera— y muriera luego de no ser atendida a tiempo por el personal del colegio y del hospital al que llegó agonizando. Luego de la muerte, su padre, Máximo Guzmán, denunció a Espín por acoso sexual, violación e instigación al suicidio; un año después Petita Albarracín se sumó como denunciante particular.

Petita Albarracín, la mamá de Paola Guzmán, sostiene una foto de su hija Paola, durante la audiencia de la CIDH. Fotografía de la CIDH.

Desde el comienzo, Petita Albarracín sintió que nadie le daba respuestas, ni en el Ministerio de Educación ni en la justicia penal. En 2003, cuando la Fiscalía solicitó la detención de Espín, la orden se cumplió 10 días después. Él ya se había fugado. En diferentes momentos, en 2003 y 2004, el juez encargado ordenó la prisión preventiva de Espín, pero nunca fue detenido. En 2005, una jueza suspendió el procedimiento hasta la comparecencia o captura del vicerrector. 

Entre los documentos del proceso administrativo, hubo uno del Supervisor Provincial de Educación que concluyó que “no existía prueba de que el Vicerrector haya correspondido al ‘enamoramiento’ de Paola”, ignorando el componente de violencia sexual. En otros documentos del Ministerio de Educación a Paola le imputaron conductas de “seducción al vicerrector” ignorando, una vez más, el poder que él —un hombre 50 años mayor y una figura de autoridad en su colegio— tenía sobre ella. 

Agotada por la falta de respuestas de las instituciones públicas, Petita Albarracín denunció al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2006, con el apoyo de Cepam Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos. Fue el primer caso de violencia sexual en el ámbito educativo que admitió este organismo internacional. 

Nueve años después, en 2015, fue la audiencia de fondo en la CIDH —en la que Petita Albarracín tuvo que recordar lo que ocurrió en 2002, y a la que el Estado ecuatoriano no asistió. 

Los representantes del Estado ecuatoriano estuvieron ausentes en audiencia de la CIDH en el caso de Paola Guzmán Albarracín, en 2015. Fotografía de la CIDIH.

En 2019 la Comisión lo remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en 2020, la Corte publicó su sentencia en la que reconoció la vulneración de los derechos de Paola y la responsabilidad del Estado, por el derecho a la vida, la integridad personal, la protección de la honra y dignidad, a la educación, y a vivir una vida libre de violencia y discriminación basada en género. 

Una sentencia que hoy, dice Petita Albarracín, sentada en la oficina de Cepam que lleva su nombre, la hace sentir “alegre por ella y por su familia”.  

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En la sentencia del caso Guzmán Albarracín y otras vs Ecuador, la Corte IDH —como lo ha hecho desde que se fundó en 1979— incluyó reparaciones. En este caso, para Petita Albarracín y sus hijas Paola y Denisse Guzmán. 

Las reparaciones son las obligaciones que impone la sentencia a los Estados y consisten —como su nombre lo dice— en reparar los daños ocasionados por la violación a derechos humanos. Hay seis tipos: restitución, rehabilitación, obligación de investigar, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. 

Sobre el impacto de las reparaciones, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Ventura Robles, escribió en un artículo que “la sentencia busca mediante la reparación, la restitución del derecho conculcado, la indemnización, la satisfacción, la rehabilitación de las víctimas y medidas de no repetición. La sentencia constituye per se una forma de reparación”.

La sentencia de Paola Guzmán Albarracín incluyó cuatro: rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición. Dejó por fuera las de restitución (porque no aplica cuando se ha producido una muerte) y la obligación de investigar —porque el caso fue archivado por la justicia ecuatoriana, y la Corte determinó que no era procedente la reapertura del proceso penal. 

Con la publicación de cada fallo, la Corte IDH empieza con un proceso llamado supervisión de cumplimiento para darle seguimiento a las reparaciones. En un repositorio en línea publica los documentos; en este caso los enviados por el Estado ecuatoriano y por las organizaciones que representan a Petita Albarracín.

Las reparaciones que el Estado ecuatoriano cumplió en el 2020, pocos meses después de publicado el fallo fueron, principalmente, las de satisfacción. Según la Corte, el objetivo de este tipo de reparación es “reintegrar la dignidad de las víctimas y ayudar a reorientar su memoria”.  

En el fallo, la Corte IDH ordenó que un resumen oficial de la sentencia —elaborado por la institución— se publique en un diario de amplia circulación nacional; y se publicó en diario El Comercio el 25 de noviembre de 2020, a través de la entrega de 20 mil suplementos. Para Lita Martínez, directora de Cepam Guayaquil, fue un cumplimiento a medias porque los suplementos no son parte de las secciones del periódico en sí (que es lo que se lee). Además, recuerda que El Comercio es un diario que casi no circula en Guayaquil —la ciudad donde ocurrieron los hechos— sino en Quito. 

Otra de las medidas de satisfacción cumplidas fue publicar la sentencia completa en el sitio web del Ministerio de Educación durante un año; 20 meses después, sigue en la página. 

La reparación para Petita Albarracín que quizás tuvo mayor cobertura mediática en este año y medio fue las disculpas públicas y la entrega del título de bachiller póstumo de Paola. Ambos se cumplieron el mismo día. 

Una de las reparaciones de la sentencia de la Corte IDH fue entregar el título póstumo de bachiller a la mamá de Paola Guzmán Albarracín.

En una mesa con mantel azul oscuro, flanqueada por ramos de rosas y flores blancas y una fotografía de Paola vestida del mismo color, Petita Albarracín se sentó con el entonces presidente Lenín Moreno y su ministra de Educación, Monserrate Creamer. Fue el 9 de diciembre del 2020, durante el acto público —que por la pandemia fue cerrado, sin asistentes— en el que Moreno reconoció la responsabilidad del Estado en la muerte de Paola, y Petita Albarracín recibió el diploma de su hija.

En diciembre de 2020, el entonces presidente Lenín Moreno pidió disculpas públicas a Petita Albarracín, mamá de Paola Guzmán. Quien estuvo acompañada por Lita Martínez, directora del Cepam Guayaquil. Fotografía de la Presidencia de la República.

Entre las reparaciones de satisfacción, la Corte también obligó al Estado (que había propuesto esta medida) a declarar un día oficial: en el Ecuador, el 14 de agosto —la fecha en que se publicó la sentencia— es el Día de lucha contra la violencia sexual en las aulas, que ha sido reconocido por la Unesco. 

Sobre estos eventos y reconocimientos, Petita Albarracín recuerda que solo se lograron por la sentencia. “Sino no hubiesen hecho nada aquí, en mi país. Yo tuve que buscar en otro lado, recorrer tantos años de sufrimiento porque este país no me ayudó. Yo conseguí justicia afuera”, dice recordando con indignación los años que, asegura, las instituciones ecuatorianas le dieron la espalda. 

“A veces no había plata, dejaba a mi hija chiquita con mis hermanos, o si la llevaba a la Fiscalía, la dejaba encargada con la señora que vendía chicles afuera”, cuenta sobre los primeros años en los que tocó demasiadas puertas para pedir que se investigue la muerte de su hija. 

Los gastos en los que tienen que incurrir los familiares de las víctimas también son considerados en los fallos, en las reparaciones de indemnización. En el caso del de Paola Guzmán también fue una de las medidas cumplidas por el anterior gobierno. En la sentencia, la Corte divide estos daños en materiales e inmateriales. En los materiales dice que «es razonable asumir que la muerte de Paola, y las acciones de búsqueda de justicia, originaron erogaciones». En esta misma categoría, la Corte calculó cuánto habría generado Paola Guzmán con su actividad laboral, tomando en cuenta la expectativa de vida en Ecuador y el salario mínimo. Así, obligó al Estado a pagarle a Petita Albarracín, y su hija Denisse Guzmán, por esos daños. 

Durante el evento de disculpas públicas a Petita Albarracín, había una fotografía de su hija Paola Guzmán, flanqueada por ramos de rosas blancas. Fotografía de la Presidencia de la República bajo licencia CC.

“Al principio cuando se murió mi hija fue terrible”. No recuerda las fechas específicas pero sí describe momentos concretos con el ceño fruncido. “No tener plata, no tener quién te ayude, buscar a la defensoría que te ponga un abogado. Es terrible cuando él tenía tres abogados, dos que le puso el colegio y uno, sus familiares. Y uno nada”. Él es Bolívar Espín, el vicerrector del colegio Miguel Martínez Serrano de Guayaquil y agresor de su hija. 

Además de los daños materiales que la Corte reconoce que las familias se enfrentan, están los inmateriales. En este caso, la Corte los definió como “los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas”. 

La sentencia reconoce que Paola sufrió “graves actos de violencia sexual que se vieron relacionados con su suicidio” y Petita Albarracín y Denisse Guzmán, la afectación de estos hechos por la “impunidad del caso y las circunstancias revictimizantes”. Por esto, la Corte fijó la indemnización, de manera diferenciada, a favor de Paola y Denisse Guzmán Abarracín, y su madre Petita Albarracín. 

A las reparaciones de satisfacción e indemnización que Petita Albarracín y su hija Denisse Guzmán recibieron, se sumaron también las de rehabilitación. 

La Corte determinó que el Estado debía entregar, gratis, los medicamentos necesarios para tratamientos en la salud física y mental de Petita Albarracín y su hija Denisse Guzmán, incluido transporte y cualquier gasto relacionado. Ambas debían responder si aceptaban o no esa asistencia. Según Cepam Guayaquil, la respuesta fue positiva, pero en vez de recibir atención psicológica por parte del Estado, decidieron tenerla en esta organización.

La atención para salud física, en cambio, sí la están recibiendo desde el Estado. 

Petita Albarracín tiene diabetes y cree que todas sus dolencias fueron por descuido. “Prácticamente por eso mismo me enfermé, me descuidé. Mi hija Denisse quedo chiquitita. Vinieron las enfermedades, las emociones. El caso de mi hija Paola, chúticas, fue una cosa terrible para nosotros, la familia”, dice y sus ojos se entristecen, como cada vez que detalla un momento doloroso del pasado, sin que se le haya preguntado. 

Hoy casi no llega a la entrevista porque le dolía mucho el pie. “Se me hincha cada tanto”, se queja. Cuenta que hace algunos años le cayó una mesa encima pero no se atendió enseguida. “A los tres días o una semana me hice chequear. Cuando fui, el doctor me dijo ‘no vas a tener los 4 mil dólares que necesitas para la operación’, y si te haces algo, vas a quedar peor. El doctor no me enyesó ni nada. Pasó el tiempo, me hice ver de uno, de otro, pero no me dieron esperanza”, se lamenta y recuerda que, en ese entonces, no tenía la indemnización que tiene ahora. 

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“Para mí la sentencia ha sido lo más importante que pudo haber pasado. Fue lo final”, dice la mamá de Paola Guzmán Alabrracín, y recuerda cuando su hermana la llamó gritando desde Nueva York. “Estaba contenta; me contó que empezó a gritar y el yerno le dijo ‘qué pasa’ y ella seguía gritando ¡ganamos! Yo en cambio, soy más tranquila”, se ríe Petita Albarracín y dice que ella no gritó cuando recibió la noticia. 

Lita Martínez, del Cepam Guayaquil (una de las organizaciones que patrocinó a Petita en su demanda al Estado), reconoce que la sentencia en sí misma es una reparación “porque rompe con el círculo perverso de estereotipos en el que se culpabiliza a la víctima”. 

“La sentencia deja abierta la posibilidad de seguir creyendo que es posible encontrar justicia. Y eso a nosotras nos dejó súper claro porque una vez que salió, e hicimos la presentación más pública del fallo, al día siguiente recibimos cinco denuncias”, explica la abogada Martínez, en su oficina al sur de Guayaquil.

La directora de Cepam Guayaquil, Lita Martínez, dice que la reparación que el Estado aún no cumple son las garantías de no repetición. Fotografía de Verónica Aumala para GK.

Lita Martínez dice que Paola haya sido reconocida como una víctima, no solo es una reparación para Petita Albarracín, sino para todas. “Que la sentencia haya reconocido que ninguna niña, adolescente, mujer víctima de violencia sexual pueda ser culpabilizada, y que todas sean reconocidas como víctimas, marca un antes y un después de lo que el Estado tiene que hacer en todas las instancias. Por eso, las medidas de no repetición son las más complejas”, explica.

Esta parte de las reparaciones de la sentencia, que implica todo lo que el Estado debe hacer para evitar que una situación como la de Paola se repita, está incumplida, dice Lita Martínez. 

Las garantías de no repetición en el caso de Paola, en resumen, obligan al Estado a tener información estadística actualizada sobre situaciones de violencia sexual contra niños en el ámbito educativo, a detectar casos de violencia sexual contra niños en ese ámbito y su denuncia, a capacitar al personal en escuelas y colegios sobre cómo abordar y prevenir situaciones de violencia sexual, y a proveer orientación, asistencia y atención a las víctimas de violencia sexual en instituciones educativas, y a sus familiares. 

Catalina Martínez, abogada del Centro de Derechos Reproductivos —una de las organizaciones que patrocinó la demanda de Petita Albarracín—, dice que las decisiones de la Corte deben ser leídas en “todo su conjunto”. Dice que la sentencia es enfática en la necesidad de la educación sexual integral. “La vuelve un derecho humano, y crea una obligación en los Estados de brindarla como parte de sus obligaciones frente al derecho a la educación”. Por eso, explica Martínez, el Estado debe tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia sexual en los colegios, que se mencionan en las garantías de no repetición, y “por supuesto, una tiene que ser poder garantizar la educación sexual integral como parte de las medidas que se tomen para erradicar la violencia sexual”. 

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Las garantías de no repetición que para Lita Martínez están incumplidas, para el Estado, sí están cumplidas.

En estos 20 meses, el Estado presentó tres informes ante la Corte. En el segundo, que es el más extenso y es de agosto de 2021, dice que en 2020 creó la Mesa Interinstitucional para construir una política integral para la prevención y la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo. 

Lita Martínez dice que desde el 2020 esperaron la invitación para ser parte de la mesa. Pero que la primera reunión se concretó apenas este 2022. Como no es pública aún, dice que no puede dar detalles de la política pero dice que, como representantes de Petita Albarracín, dieron recomendaciones al documento. “La política debe tener indicadores de medición, evaluación, de impacto. No puede ser un mero enunciativo”, recalca Martínez. 

Lita Martínez, de Cepam Guayaquil, y Catalina Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015. Fotografía de la CIDH bajo licencia CC BY-SA.

La Procuraduría General del Estado —como representante judicial del Estado frente a la Corte IDH— en un documento de cinco páginas detalló cómo ha cumplido con las cuatro medidas. Menciona una Estrategia nacional para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo 2021-2025 —que fue elaborada con niños, niñas y adolescentes, y al Registro interno de los casos de violencia sexual detectados o cometidos en el Sistema Educativo Nacional para registrar y dar seguimiento a los casos de violencia en el ámbito educativo. 

También incluye números de talleres, docentes formados, estudiantes capacitados. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, en 2020,  contrató a 9 profesionales para formar a funcionarios de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE); en ese año capacitó a 10158. Y en marzo de 2021, el mismo ministerio contrató a analistas de Educación Integral en Sexualidad que capacitaron a 1879 docentes quienes han implementado la metodología de Oportunidades Curriculares con 10865 estudiantes. La Secretaría de Derechos Humanos también hizo un curso MOOC (capacitaciones on line masivas y abiertas) sobre Oportunidades curriculares en Educación Integral en Sexualidad; hasta marzo de 2021, lo habían tomado 34099 docentes en todo el país. 

“Una cosa es decir capacitamos a 2 mil profesores, y otra es decir capacitamos a 2 mil profesores que entraron con estos conocimientos y salieron con estos conocimientos, y están poniendo en práctica estas estrategias”, explica Martínez. 

Para darle un seguimiento a que el Estado cumpla con las garantías de no repetición de la sentencia, en marzo de 2022 se anunció la creación del Observatorio Paola Guzmán Albarracín. Sentada en un café en el centro norte de Guayaquil, Valeska Chiriboga, la coordinadora del proyecto, dice que tienen una convocatoria abierta para que se sumen organizaciones de la sociedad civil y la Academia, no solo en Ecuador sino en toda la región. 

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El observatorio tiene dos objetivos principales: que la sociedad civil conozca que existen estas reparaciones, y se vincule a exigir que se cumpla la sentencia; y convertirse en la institución con la que el Estado mantendrá las conversaciones sobre el seguimiento del fallo. 

“A la larga, las medidas de no repetición son las que implican que el Estado haga política pública, y son las que van a garantizar que lo que le pasó a Paola, no se repita”, explica Chiriboga. Ella dice que es clave que la ciudadanía entienda que más allá de la sentencia, que ya es una reparación, existen estas acciones específicas que el Estado está obligado a cumplir, por eso quieren llevar los informes y materiales muy formales a un lenguaje más asequible a la ciudadanía. 

Petita Albarracín, con sus manos inquietas que ahora reposan sobre una cartera pequeña café, dice que de las reparaciones lo que está pendiente es “que no vuelva a ocurrir”. 

“Que haya nuevas leyes que protejan a las niñas y adolescentes porque no solo fue mi hija, hay muchas niñas más que lo callan por miedo, por vergüenza o porque no tienen la facilidad ni el apoyo suficiente”.

Aunque reconoce lo pendiente, Petita Albarracín dice que ahora puede estar más tranquila. “Ya no estamos en esa lucha, de estar saliendo para una cosa, y otra cosa. Sé que ahora puedo estar pendiente de mí, de mi salud, de todo eso, para llevar una vida estable”.

Este reportaje se hizo gracias a la beca de investigación periodística Red Dialoga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Programa Estado de Derecho para América Latina Fundación Konrad Adenauer.