El día en el que el Consejo de la Judicatura anunció los nombres de los 36 jueces que serán formados para convertirse  en jueces anticorrupción y de lucha contra el crimen, Édgar Escobar,  fiscal de la Unidad de Personas y Garantías, fue baleado en Guayaquil. Se convirtió en el tercer fiscal asesinado este año. 

De esos 36 candidatos, quedarán  14. El objetivo de que en Ecuador exista esta unidad especializada es, en palabras del Consejo de la Judicatura, ofrecer una “herramienta para el combate y sanción oportuna” para este tipo de delitos. Si su elección logrará combatir la corrupción y el crimen organizado que ha permeado en buena parte de las instituciones estatales lenta pero sostenidamente desde hace más de una década y media, está por verse. 

La convocatoria al concurso se hizo en abril de 2022 . Cinco meses después, se da la fase final de la selección. Los 36 tendrán que pasar las pruebas de confianza; es decir, las que permitirán conocer qué tanto riesgo tienen los participantes de ser cooptados por el crimen o la corrupción. 

Entre el 1 de enero y el 10 de agosto de 2022, los homicidios intencionales —homicidios, asesinatos, femicidios, y sicariatos— en Ecuador se han duplicado en comparación al mismo periodo en 2021: pasaron de 1.156 a 2.509, según datos oficiales.

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 Aunque las causas de la violencia son diversas, la Policía atribuye el 81% de los homicidios a la violencia criminal. Esa violencia ha aumentado en el Ecuador por la creciente presencia del crimen organizado relacionado al narcotráfico en el país —y en las instituciones estatales; una de las cuales son esenciales para el funcionamiento de una democracia: cortes y fiscales independientes, ya no solo del poder político de turno, sino de las redes del crimen trasnacional. Ante eso, el rol que estos jueces cumplirán podría ser determinante para evitar la impunidad. 

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En agosto de 2022, una explosión en Cristo del Consuelo, un barrio popular en Guayaquil, dejó cinco personas muertas. La versión inicial de la Policía era que el atentado estaba, en realidad, dirigido a alias Cucaracha, supuestamente miembro de la banda delictiva de Los Tiguerones. Pero algunos habitantes de la zona lo contradijeron. Adujeron que el hecho estaba vinculado a un sicariato a un miembro de la banda de Los Lagartos, ocurrido un par de semanas antes. 

En esa misma ciudad, en julio de 2022, dos niños fueron asesinados por sicarios —supuestamente pertenecientes a la banda delictiva Los Pitufos— que huían tras asesinar a un hombre que había cumplido sentencia en la Penitenciaría del Litoral. Las balas que dispararon los sicarios alcanzaron a un niño de diez años y una niña de seis que estaban al interior de una de las casas aledañas. Un mes antes, Víctor Alfonso Zambrano, el hermano menor de alias Rasquiña —fallecido líder de Los Choneros, fue asesinado en la ciudad costera de Manta

Estos son algunos de los episodios de violencia que ha vivido Ecuador en los últimos meses. Todos relacionados al crimen organizado, han engrosado además las cifras de homicidios intencionales  —homicidios, asesinatos, femicidios, y sicariatos— que, hasta agosto pasado,  se duplicaron en comparación al mismo periodo en 2021.

Además, este año se ha registrado el asesinato de tres fiscales, un juez y un exfiscal. El 19 de agosto de 2022, Insight Crime —un medio especializado en crimen organizado y seguridad en América— publicó un reportaje que dice que los fiscales han sido “blancos de asesinatos selectivos” en Ecuador. La nota incluye varias de las muertes violentas recientes de fiscales en el país. A pocas horas de publicar este reportaje, este lunes 19 de septiembre, Édgar Escobar,  fiscal de la Unidad de Personas y Garantías, fue baleado en Guayaquil, y se convirtió así en el tercer fiscal asesinado este año. 

El texto de Insight Crime dice que no solo son los fiscales los blancos de esos ataques. Los jueces y otros trabajadores judiciales también han recibido amenazas e intimidaciones con cartas, ramos fúnebres, animales muertos, mensajes, llamadas telefónicas, entre otras. En los casos más extremos, han sido víctimas de atentados contra sus vidas, aunque no todos terminaron en muertes.

Eso pone a los funcionarios judiciales en una situación delicada y termina comprometiendo la independencia de la justicia. O son cooptados por el crimen o sus vidas están en riesgo.  “En la provincia de Esmeraldas, por dar un ejemplo, nadie quiere ser juez penal porque ese juez está sujeto a muchas amenazas. O te corrompes o te mueres”, dice Santiago Peñaherrera, director jurídico del Consejo de la Judicatura. 

Por eso, una de las propuestas para la nueva unidad anticorrupción es que los jueces seleccionados, sin importar de dónde sean los casos que tienen que juzgar, estén basados en Quito. 

Las etapas del concurso

La convocatoria al concurso fue hecha en abril pasado y las impugnaciones —la etapa final— terminaron en septiembre. Iniciaron 425 postulantes y al final, quedaron 36, que fueron anunciados este lunes 19 de septiembre.

De los 425 postulantes iniciales, 350 cumplieron con los requisitos. De esos 350, 109 presentaron toda la documentación de respaldo que les permitía calificar en méritos, es decir, los documentos que probaban que tenían las horas requeridas de docencia universitaria o las publicaciones en revistas especializadas. 114 pasaron a la siguiente etapa, en la que debían presentarse a la prueba psicológica, pero solamente 109 se presentaron y pasaron a la prueba de oposición. Solo 53 la pasaron las pruebas teóricas. Los 53 presentaron a las pruebas prácticas y ahí pasaron 37 a la etapa final. Hubo siete impugnaciones pero ninguna fue aceptada. Uno fue descalificado en la etapa final y quedaron 36 para el curso de formación. 

jueces anticorrupción

Estas son las etapas del concurso para seleccionar jueces anticorrupción.

Muchos de quienes participaron ya han sido o son funcionarios judiciales. Entre los finalistas había 7 jueces, 14 fiscales y 2 defensores públicos que ya conocen cómo funciona el sistema judicial, en general, y que ahora pretenden ser parte de esta unidad.

Los 36 jueces finalistas tendrán ahora que pasar un curso de formación que iniciará el 26 de septiembre de 2022 y durará 52 días, tras el cual deberán pasar una prueba más. Quienes obtengan al menos 80 puntos sobre 100 en la evaluación final, pasarán a ser los 14 jueces anticorrupción. Los otros, serán parte del banco de elegibles, es decir, podrán reemplazar a cualquiera de los jueces principales en caso de ausencia o renuncia.

postulantes para jueces anticorrupción

Este es el listado de finalistas para ocupar las 14 vacantes para jueces anticorrupción.

Los cuestionamientos al concurso

Aunque el Consejo de la Judicatura ha intentado posicionar que se trata de un concurso transparente, en el que además han tenido la colaboración de organismos internacionales como el Programa de la Unión Europea para la Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, PAcCto, ha habido cuestionamientos. 

“Este es un proyecto emblemático para el país”, dijo Fausto Murillo, Presidente del Consejo de la Judicatura en la rueda de prensa en la que se anunciaron los nombres de los 36 postulantes que pasarán a ser parte del banco de elegibles, es decir, quienes pasarán a hacer el curso de formación. De esos 36 jueces, 14 serán los encargados de conformar la unidad judicial, el tribunal y la Corte Provincial.

Las comisiones calificadoras han sido compuestas por profesionales con trayectoria y respetados en el mundo del derecho, según el Consejo de la Judicatura, sin embargo, los méritos y la trayectoria pueden, quizás, garantizar credenciales académicas y profesionales, pero no probidad, honestidad o ética.

La Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha seguido de cerca el concurso. Marcelo Espinel, subdirector de la organización dedicada a vigilar la transparencia en las instituciones, dice que es difícil calificar la probidad de un funcionario; para él las pruebas psicológicas o de polígrafo son insuficientes. Las primeras porque tienen una alta carga de subjetividad, la segunda porque no es una herramienta de medición confiable. “La única manera de poder promover auditabilidad de esa probidad es a través de mecanismos de transparencia”, dice. 

Entre estos, dice, deben ser públicas sus hojas de vida completas y accesibles y su trayectoria disciplinaria en el ámbito judicial. 

De los 37 postulantes que habían quedado en la fase final, uno tuvo que ser retirado del proceso porque, a pesar de haber pasado todos los filtros del concurso, no cumplía con un requisito básico: no haber sido destituido como funcionario judicial por una sanción disciplinaria. 

Leonardo Vinicio Rosillo Abarca fue destituido el 11 de diciembre de 2012 por el Consejo de la Judicatura de esa época por abandono del cargo por un periodo de más de 3 días. En mayo de ese año, mientras ostentaba el cargo de fiscal provincial, Rosillo Abarca había sido detenido en flagrancia, en un motel en la vía Quito-Quevedo, después de, supuestamente pedir favores sexuales a una estudiante de una universidad de la que él es profesor. Las autoridades hicieron un allanamiento después de que la joven denunciara y presentara grabaciones en las que supuestamente el fiscal la extorsionaba a cambio de “ayudarla” con las notas en la materia que él dictaba. 

Aunque la justicia ordinaria posteriormente absolvió a Rosillo, el proceso administrativo en la Judicatura continuó y fue finalmente destituido del cargo. El artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que un funcionario que haya sido destituido no puede desempeñar ningún cargo en la función judicial.

“El Consejo de la Judicatura tendría que informar sobre los procesos disciplinarios que hayan podido enfrentar los candidatos, si hubo sanciones, incluso menores o si es que hay procesos disciplinarios abiertos en contra de alguno de los postulantes”, dice Espinel. Esa información sobre todos los candidatos no ha hecho pública la Judicatura. 

Tampoco se han hecho públicos los procesos judiciales que enfrentan o han enfrentado los postulantes. Entre los participantes hay al menos seis que han enfrentado procesos por contravenciones o lesiones en accidentes de tránsito; dos por pensiones de alimentos; uno por abuso de confianza y uno por daño moral. 

Marcelo Espinel dice también que el concurso debería hacer públicos los conflictos de intereses que puedan tener los postulantes. Por ejemplo, si su esposa trabaja en determinada empresa o si tiene parientes en cargos políticos o de funciones públicas. 

También dice que es fundamental que sus declaraciones de bienes sean auditables y para eso no es suficiente que se hagan declaraciones públicas únicamente al ingreso y a la salida de su cargo, como establece la ley. “Ellos van a tratar casos que pueden involucrar millones y millones de dólares, ¿por qué no pensar en un mecanismo para que hagan declaraciones de bienes anuales?”, cuestiona Espinel.

Además, dice Espinel, de acuerdo a estándares internacionales no es recomendable tener jueces especializados anticorrupción porque, dice, así es mucho más fácil que permee la corrupción. “El hecho que sepas que hay 14 jueces que son los mandamases en anticorrupción los hace  un blanco mucho más identificable para sobornar, para extorsionar o presionar.”

Luis Muñoz, ex presidente de los Trabajadores Judiciales , cree que un Consejo de la Judicatura que ha sido cuestionado —tres de sus vocales se salvaron de ser destituidos en un juicio político por apenas cinco votos— no debería haber dado paso al concurso. “Este Consejo no es probo”, dice Muñoz y dice que él es denunciante particular en contra de los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno por unos audios que se filtraron en los que, supuestamente, había presiones por parte de los dos vocales hacia el juez Gustavo Osejo para que este falle en favor de la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori.

Muñoz dice también que Fausto Murillo, su presidente, está ejerciendo el rol como encargado e incluso su encargo está en disputa. La Corte Constitucional tratará este lunes 19 de septiembre el pedido de Álvaro Román, quien considera que él debió ocupar el cargo de Murillo cuando María del Carmen Maldonado renunció a la presidencia del Consejo de la Judicatura

“Yo asumí una responsabilidad, no he ambicionado ni buscado ser presidente de la Judicatura. Todo lo que ha estado planificado ha seguido desarrollándose”, dijo Murillo al ser cuestionado sobre esto en la rueda de prensa en la que anunció los finalistas del concurso. “Esperamos que la Corte Constitucional resuelva lo que corresponda y Fausto Murillo sabrá acatar todas las decisiones”, dijo hablando en tercera persona sobre sí mismo. “No debe haber preocupación alguna porque los procesos que han seguido con reglas claras”, dijo Murillo. 

Jueces, fiscales y funcionarios judiciales en riesgo

El fiscal Escobar, asesinado la mañana del 19 de septiembre de 2022, tenía a su cargo causas relacionadas a Leandro Norero, alias El Patrón, un presunto narcotraficante que fue detenido en marzo de 2020, junto a otras seis personas, por presunto lavado de activos. En sus manos también estuvo el caso de Jaime Villágomez, un joven guayaquileño que falleció luego de que un sicario detonara un arma sobre él, en el restaurante ubicado en el Buijo Histórico, en Samborondón, en mayo pasado.

En un contexto en el que la presencia del crimen organizado profundiza los riesgos para quienes están al frente de casos relacionados al narcotráfico, la protección a jueces, fiscales y trabajadores judiciales es impostergable. Sin garantías para que puedan ejercer su trabajo con celeridad y transparencia, todo el sistema de justicia se ve afectado.

“En la provincia de Esmeraldas, tú te enfrentas a una realidad y cuál es esa realidad, que nadie quiere ser juez penal en Esmeraldas, por el riesgo, porque ese juez está sujeto a muchas amenazas, o te corrompes o te mueres”, dice Santiago Peñaherrera, director jurídico del Consejo de la Judicatura. 

A inicios de septiembre, tres cabecillas de la organización delictiva Los Tiguerones, Washington Carvajal, Darwin Quintero y Jhon Batalla, amenazaron a los tres jueces que los condenaron, al fiscal y a varios policías, según informó el portal Código Vidrio. El portal afirma, además, que uno de los jueces ya había recibido amenazas telefónicas durante la audiencia del 8 de septiembre.

Según información del Consejo de la Judicatura, entre 2019 y agosto de 2022, el organismo recibió 56 pedidos de servidores judiciales —incluyendo a jueces, secretarios, ayudantes judiciales y administrativos— que solicitaban seguridad individual. El mayor número de pedidos se hizo en los ocho meses de este 2022: 56.

jueces anticorrupción

56 jueces han pedido protección desde 2019.

A pesar de las alertas, en el presupuesto contemplado para los jueces anticorrupción, no está considerara la seguridad personal. 

Los 14 jueces que quedarán, una vez que concluya el curso de formación y pasen el último filtro, estarán a cargo de esta unidad anticorrupción y de lucha contra el crimen. 

Aún hay algunos blindajes que podrían tomarse para garantizar que los ciudadanos puedan hacer vigilancia sobre las decisiones de los jueces: declaraciones públicas anuales sobre el estado de su patrimonio; declaraciones de conflictos de intereses y justicia abierta —mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a los fallos, por ejemplo. 

Estos mecanismos son los que permitirán que haya una mayor vigilancia por parte de los ciudadanos hacia las decisiones de los jueces que serán las que, finalmente, hablen por ellos. 

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María Sol Borja
Periodista. Ha publicado en New York Times y Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y fue finalista en los premios Jorge Mantilla Ortega, en 2021, en categoría Opinión. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Es editora asociada y editora política en GK.
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