El pleno del Consejo de la Judicatura lo hizo oficial: el abogado Fausto Murillo Fierro es el nuevo presidente temporal de la institución hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe al definitivo. La decisión se tomó luego de una sesión extraordinaria, realizada el 3 de febrero de 2022, luego de la renuncia de María del Carmen Maldonado como cabeza del Consejo.

Los miembros del pleno ampararon su decisión en el Código Orgánico de la Función Judicial que, en su artículo 262, establece que la Judicatura será presidida por el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia y, en “caso de ausencia o impedimento de éste, por su alterno”. Además, la normativa dice que “en caso de ausencia o impedimento de ambos, por el miembro que designe el pleno”. 

Cuando Maldonado renunció, anunció que el abogado Álvaro Román, su alterno, asumiría su cargo. Sin embargo, fue descartado, porque Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, dijo que Román constaba en una terna para la integración del Consejo de la Judicatura enviada por la Fiscalía —esta institución también puede enviar una terna con candidatos para el Consejo (igual que la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República) pero la presidencia del Consejo solo pueden asumirla los candidatos de la terna enviada por el alto tribunal para esa elección.

Ahora, será el Consejo de Participación Ciudadana, según lo dicta la Constitución, quien deberá designar el nuevo miembro, una vez que la Corte Nacional envíe una terna compuesta por tres candidatos. Mientras tanto, Murillo es la nueva cabeza de la Judicatura. Este es un breve perfil del presidente temporal. 

¿Quién es Fausto Murillo? 

Fausto Roberto Murillo Fierro es un abogado riobambeño, nacido el 3 de julio de 1961. Tiene más de 30 años de trayectoria profesional. 

En 1987, se graduó como abogado de los tribunales y juzgados en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Logró un doctorado en jurisprudencia y se especializó derecho procesal y derecho tributario en la Universidad Andina Simón Bolívar. También es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. 

El abogado Murillo comenzó carrera profesional en la Ex corte Suprema de Justicia, que ahora es la Corte Nacional de Justicia, en 1988. Primero lo hizo como asesor jurídico, luego como secretario, hasta llegar a ser secretario de la sala de lo fiscal hasta 2004. 

En el antiguo Tribunal Distrital de lo Fiscal —ahora Tribunal de Justicia— fue ministro juez de la primera sala y llegó a ser presidente del tribunal entre 2008 y 2009. Volvió a ser ministro juez de 2009 a 2012. Desde octubre de ese año, asumió su oficio en libre ejercicio en firmas jurídicas como Lexadvisor Consultores y Abogados Asociados. 

También fue docente de la Universidad Andina Simón Bolívar durante casi diez años, desde el 2009 hasta el 2018. Un año después, en 2019, fue designado como vocal del Consejo de la Judicatura. 

El 23 de abril de 2021, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), liderado por Sofía Almeida, a quien ahora buscan destituir, removió a Murillo de su cargo. El CPCCS dijo que había un impedimento legal para que Murillo ejerza ese cargo. 

Aquella destitución, que Murillo calificó de arbitraria, fue un pedido del entonces ministro de Trabajo, Andrés Isch. Según él, Murillo se había acogido a un plan de desenrolamiento por renuncias voluntarias en la Función Judicial. En un oficio dirigido al CPCCS, el 20 de abril de 2021, Isch dijo que Murillo recibió más de treinta mil dólares como compensación por sus más de 25 años como juez. 

El exministro dijo que Murillo solo podía volver al sector público sin devolver aquella indemnización solo para ocupar cargos de nombramiento provisional y de libre nombramiento. 

Pero dos años antes, en 2019, Murillo ya había sido designado como vocal de la Judicatura, por el Consejo de Participación Ciudadana, hasta el 2025. 

Ante el pleno del Consejo, Murillo recordó que el CPCCS organizó un concurso para designar a los vocales y que la Comisión Técnica lo había declarado como postulante idóneo. Tampoco recibió una impugnación a su candidatura. 

La pugna entre Murillo y el Consejo llegó a la Corte Provincial de Pichincha que, en junio de 2021, dejó sin efecto la resolución de la entidad liderada por Sofía Almeida. El tribunal de la Corte dijo que se había vulnerado el derecho a la defensa de Murillo y ordenó, además, una compensación económica de casi siete mil dólares. 

El 23 de junio, el pleno del Consejo de la Judicatura lo reincorporó a su cargo. Actualmente, ocupará la presidencia temporal de la institución hasta que el CPCCS escoja al candidato definitivo.