¿Quién es Fausto Murillo, ex presidente del Consejo de la Judicatura?

Fausto Murillo es un abogado riobambeño que fue presidente temporal del Consejo de la Judicatura entre febrero de 2022 y enero de 2023.  El 29 de febrero de 2024, Murillo fue destituido como vocal del Consejo de la Judicatura y censurado en un juicio político por incumplimiento y arrogación de funciones al asumir la presidencia de la institución cuando no le correspondía.

La situación de la presidencia del Consejo de la Judicatura

El 3 de febrero de 2022, Murillo fue designado como el nuevo presidente temporal del Consejo de la Judicatura. Murillo debía estar en el cargo hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designe al definitivo. La decisión se tomó luego de una sesión extraordinaria, realizada el 3 de febrero de 2022, luego de la renuncia de María del Carmen Maldonado como cabeza del Consejo.

Los miembros del pleno ampararon su decisión en el Código Orgánico de la Función Judicial que, en su artículo 262, establece que la Judicatura será presidida por el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia y, en “caso de ausencia o impedimento de éste, por su alterno”. Además, la normativa dice que “en caso de ausencia o impedimento de ambos, por el miembro que designe el pleno”. 

Cuando Maldonado renunció, anunció que el abogado Álvaro Román, su alterno, asumiría su cargo. Sin embargo, fue descartado, porque Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, dijo que Román constaba en una terna para la integración del Consejo de la Judicatura enviada por la Fiscalía —esta institución también puede enviar una terna con candidatos para el Consejo (igual que la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República). Pero la presidencia del Consejo solo pueden asumirla los candidatos de la terna enviada por el alto tribunal para esa elección.

Esto generó una larga controversia sobre quién debía estar a cargo de la institución de justicia. 

La presidencia de Murillo duró hasta el 25 de enero de 2023, cuando Álvaro Román fue designado como la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura. Tras la salida de Maldonado, Román consideraba que le correspondía a él asumir el cargo e interpuso una acción de protección para ocuparlo.

Finalmente, la polémica sobre quién debía ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura de forma temporal se resolvió con la decisión de la Corte Constitucional. El fallo del 22 de septiembre de 2022 debía obligar al pleno del Consejo de la Judicatura a posesionar a Román en lugar de Murillo. 

Pero Román no pudo ejercer el cargo hasta el 25 de enero de 2023. Porque el CPCCS decidió que Román no podía ser Presidente. Hasta que el 23 de enero de 2023, la Corte Constitucional destituyó a los vocales del CPCCS por no cumplir con la resolución del 22 de septiembre de 2022. 

Eso permitió que Román llegue a la presidencia del Consejo de la Judicatura, cargo que ocupa hasta febrero de 2024. 

El juicio político contra Fausto Murillo

El 25 de enero de 2023, cuando Román asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura, Murillo regresó a ser vocal de la institución. Sin embargo, en abril de 2023 se presentó  un pedido de juicio político en su contra. 

El 22 de febrero de 2024, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó un informe en el que recomendó enjuiciar políticamente a Fausto Murillo y a Juan José Morillo, ex vocal del Consejo de la Judicatura. 

Las causales del juicio político contra Murillo, según la Asamblea, son que incurrió en arrogación de funciones al asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura, cuando no le correspondía. 

Además, lo acusaban de incumplimiento de funciones porque, mientras estuvo en el cargo, no ejecutó acciones para solucionar la homologación salarial de los empleados de la Función Judicial. Ni tampoco, dice lo aprobado por la Comisión de Fiscalización, logró gestionar los recursos suficientes para cubrir las necesidades del sistema judicial. Ni se logró terminar la reconstrucción del Palacio de Justicia de Manabí, una de las provincias más impactadas por la crisis de violencia e inseguridad en Ecuador, que hasta ahora sigue sin funcionar. 

La sesión del juicio político contra Murillo y Morillo comenzó el 28 de febrero de 2024. Ese día, el interpelante Carlos Vera, asambleísta por Manabí del Partido Social Cristiano, expuso los argumentos para demostrar que Murillo incumplió sus funciones. Además, expuso la evidencia de que se arrogó funciones al asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura cuando el cargo le correspondía a Román. 

Murillo asistió al pleno de la Asamblea para presentar su defensa. Ahí dijo que el juicio político en su contra no “tiene fundamento”. Murillo criticó que por un lado se lo acusa de arrogarse funciones como Presidente y que por otro lo acusan de no haber cumplido las funciones del cargo. 

El 29 de febrero de 2024, el pleno de la Asamblea Nacional decidió —con 102 votos a favor— censurar y destituir a Murillo, como vocal del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de funciones. Además, decidieron censurar a Juan José Morillo. Es decir, ninguno podrá ejercer un cargo público por dos años.

Este no es el primer pedido de juicio político contra Murillo y Morillo. En octubre de 2022, la Asamblea archivó un pedido de juicio político contra los dos consejeros y contra María del Carmen Maldonado, ex presidenta del Consejo de la Judicatura. En este proceso se los acusaba de incumplimiento de funciones en 7 causales, principalmente relacionadas con la evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia que terminó con la destitución de magistrados. 

Este proceso de juicio político se dio en medio de una pugna por las instituciones de justicia. Aquí puedes leer más sobre el pedido de juicio político que fue archivado por la Asamblea en 2022. 

Fausto Murillo, actual presidente del Consejo de la Judicatura, durante el anuncio de los 36 finalistas a jueces anticorrupción. Fotografía tomada de redes sociales del Consejo de la Judicatura.

¿Quién es Fausto Murillo? 

Fausto Roberto Murillo Fierro es un abogado riobambeño, nacido el 3 de julio de 1961. Tiene más de 30 años de trayectoria profesional. 

En 1987, se graduó como abogado de los tribunales y juzgados en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Logró un doctorado en jurisprudencia y se especializó derecho procesal y derecho tributario en la Universidad Andina Simón Bolívar. También es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. 

El abogado Murillo comenzó carrera profesional en la Ex corte Suprema de Justicia, que ahora es la Corte Nacional de Justicia, en 1988. Primero lo hizo como asesor jurídico, luego como secretario, hasta llegar a ser secretario de la sala de lo fiscal hasta 2004. 

En el antiguo Tribunal Distrital de lo Fiscal —ahora Tribunal de Justicia— fue ministro juez de la primera sala y llegó a ser presidente del tribunal entre 2008 y 2009. Volvió a ser ministro juez de 2009 a 2012. Desde octubre de ese año, asumió su oficio en libre ejercicio en banquetes jurídicos como Lexadvisor Consultores y Abogados Asociados.

También fue docente de la Universidad Andina Simón Bolívar durante casi diez años, desde el 2009 hasta el 2018. Un año después, en 2019, fue designado como vocal del Consejo de la Judicatura. 

El 23 de abril de 2021, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), liderado por Sofía Almeida, a quien ahora buscan destituir, removió a Murillo de su cargo. El CPCCS dijo que había un impedimento legal para que Murillo ejerza ese cargo. 

Aquella destitución, que Murillo calificó de arbitraria, fue un pedido del entonces ministro de Trabajo, Andrés Isch. Según él, Murillo se había acogido a un plan de desenrolamiento por renuncias voluntarias en la Función Judicial. En un oficio dirigido al CPCCS, el 20 de abril de 2021, Isch dijo que Murillo recibió más de treinta mil dólares como compensación por sus más de 25 años como juez. 

El exministro dijo que Murillo solo podía volver al sector público sin devolver aquella indemnización solo para ocupar cargos de nombramiento provisional y de libre nombramiento. 

Pero dos años antes, en 2019, Murillo ya había sido designado como vocal de la Judicatura, por el Consejo de Participación Ciudadana, hasta el 2025. 

Ante el pleno del Consejo, Murillo recordó que el CPCCS organizó un concurso para designar a los vocales y que la Comisión Técnica lo había declarado como postulante idóneo. Tampoco recibió una impugnación a su candidatura. 

La pugna entre Murillo y el Consejo llegó a la Corte Provincial de Pichincha que, en junio de 2021, dejó sin efecto la resolución de la entidad liderada por Sofía Almeida. El tribunal de la Corte dijo que se había vulnerado el derecho a la defensa de Murillo y ordenó, además, una compensación económica de casi siete mil dólares.