Mauricio Alarcón: “Estamos frente a una nueva propuesta de concentración de poder”

El abogado constitucionalista y presidente ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, habla en esta entrevista sobre los puntos más polémicos de la consulta popular de Guillermo Lasso. Analiza el contenido de los anexos en los que asegura, están los detalles a los que los ciudadanos deberían prestarle atención. Uno de los riesgos que Alarcón señala es la posibilidad de que se concentre demasiado poder en el Presidente de la República.

Una de sus mayores preocupaciones es la propuesta para cambiar la forma de elección de autoridades como fiscal general y contralor del Estado, que hoy se hace a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Las consultas populares suelen ser una medición de la popularidad del presidente. ¿Por qué Guillermo Lasso decide convocarla en este momento, con esta coyuntura política, con sus índices de popularidad en el suelo? 

Definitivamente los últimos 44 años de democracia nos demuestran que sea una consulta popular o un referendo, hay influencia de la credibilidad, del grado de confianza, o de la popularidad del presidente. 

Lo hemos visto en los ochentas, en los noventas y más recientemente, incluso de la mano de aquellos procesos convocados por Rafael Correa. Pensar que acá, simplemente la ciudadanía lee, se ilustra respecto de anexos y vota conscientemente respecto de lo que está propuesto es ingenuo. Quizá por eso es que se puso a consideración de los ecuatorianos esta propuesta de referendo, no de consulta popular, que iría de la mano de las elecciones seccionales de febrero de 2023. 

Mira que el nivel de ingenuidad es tan grande que va de la mano de un proceso en el que el movimiento de gobierno ni siquiera tiene candidatos en todas las provincias del país para las elecciones seccionales, y en aquellas en las que ha candidatizado gente, hay altas posibilidades de que más bien triunfe la oposición. 

Es decir, le están entregando en bandeja de plata a quienes se dicen opositores al Gobierno no solo la alcaldía, la prefectura, las concejalías, sino también un proceso de referéndum, que no es menor. 

¿Podríamos decir que el Gobierno no tiene una lectura política del contexto y de la influencia que éste tiene en las preguntas que está planteando?

El poder convierte a la gente en autosuficiente y parece que en este gobierno lo ha hecho con mucho más fuerza, y parece que creen que quien lo sabe todo es quien gobierna. Quien tiene la mejor lectura política es su equipo asesor. 

Lo cierto es que bastaría revisar las cifras que muchas encuestadoras y empresas de estudios de opinión han puesto a disposición de los ecuatorianos para darnos cuenta que el momento político no es el propicio, por mucho que incluso se intenté incorporar preguntas que podrían sonar populares o ciudadanas, como la reducción en el número de asambleístas o temas medioambientales para tratar de generar empatía con sectores que le fueron simpatizantes al gobierno en su segunda vuelta, pero que durante los últimos meses le han resultado esquivos en su apoyo. 

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, decía que independientemente de la popularidad del gobierno tienen que hacer la consulta popular porque se requieren cambios estructurales. ¿Pero qué pasa si esta consulta no pasa? ¿La imagen y la credibilidad, la palabra del Presidente van a quedar aún más golpeados? 

Yo quisiera irme a una etapa previa que es peor. ¿Qué hubiera dicho Guillermo Lasso o Francisco Jiménez si la pregunta 6 y los anexos de la pregunta 6 eran planteados por Rafael Correa para cambiar la forma de designación de autoridades para concentrar poder en el Presidente de la República o en la Fiscalía General del Estado —que en aquel entonces, recordarás estaba en manos de Galo Chiriboga?

¿Qué estaría diciendo la oposición de entonces, hoy convertida en oficialismo? Estarían poniendo el grito en el cielo. 

¿Son cambios que demanda el país, o son cambios que le vienen bien al gobierno, considerando la coyuntura? 

Yo creo que no podemos ni debemos caer en el juego de quedarnos en lo superficial de la consulta sino empezar a escarbar un poco más respecto de las intenciones reales que se esconden en esa letra pequeña, la de los anexos. 

Es por ello que en más de una ocasión, he señalado que esto no es una consulta popular y no hay que caer en la trampa de seguirla llamando consulta. Esto es un referendo, no se le está preguntando algo de manera abierta a los ecuatorianos, se le está poniendo en consideración interminables textos que entrarán en vigencia en la Constitución, tan pronto se proclame un resultado positivo. Por ello es que hay que leer la letra pequeña, el diablo está en los detalles y en este caso, la perversidad está en los anexos. 

¿Qué pasa con los anexos de la pregunta 6? Esta propone eliminar la facultad de designar autoridades que ahora tiene el Consejo de Participación Ciudadana, e implementar procesos que garanticen meritocracia. La forma sería a través de la Asamblea Nacional que tendría que elegir una terna enviada por la Presidencia de la República, ¿correcto?

Y no solo eso, porque lo que crean en más de 12 páginas de anexos, es un proceso específico para cada una de las autoridades, incluso cambia la forma en que el Consejo de Participación se integra. Una vez más, aquello que ya cambió en 2018 se propone cambiar nuevamente en 2022. 

Si el Consejo de Participación Ciudadana necesita un cambio, más allá de mover sus atribuciones a otra institución del Estado, ¿por qué se plantea ahora que los miembros sean prácticamente designados de manera directa por el Presidente de la República y por la Fiscalía General del Estado? Este tipo de cuestiones son las que generan preocupación a quienes, como he dicho, hemos leído la letra pequeña. 

Nota de la editora: Uno de los planteamientos de la consulta popular —explicados en los anexos— es el mecanismo para elegir autoridades. Seis autoridades clave: fiscal general, contralor, defensor del pueblo, miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) serían elegidos con este mecanismo. Pasarán a ser electas a partir de ternas enviadas por el Ejecutivo y otras entidades del Estado. Por ejemplo, la elección del Fiscal General se haría a partir de candidatos enviados por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, la propia Fiscalía General y el Presidente de la República, de acuerdo a lo que está explicado en los anexos. Cada institución debe enviar dos candidatos: un principal y un suplente. Así se conforma una terna con sus respectivos suplentes. El Presidente tiene la posibilidad de organizar el orden de la terna de acuerdo a su criterio y ese orden no puede ser cambiado en ningún momento.

En el caso del Contralor General, sería muy similar: quienes envían los candidatos son la propia Contraloría General del Estado, la Fiscalía General y el Presidente de la República. Con esos seis candidatos —tres principales y tres suplentes, una comisión técnica designada por el Presidente define la terna y su orden. 

Para elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, la propuesta, las instituciones que deberán proponer una terna son el Presidente de la República, los asambleístas electos por circunscripción nacional y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).

También, el referéndum propone eliminar el mecanismo actual de elección de los vocales del CPCCS que, desde la aprobación de la consulta popular impulsada por el gobierno de Lenín Moreno en 2018, es la elección por votación popular. Si el referéndum gana, ya no se elegirían a los miembros de este organismo mediante elecciones populares si no a través de una terna que debe enviar la Fiscalía General a la Asamblea Nacional. Los nombres de esa terna deben ser, a su vez, elegidos a partir de ternas enviadas por el Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. 

Mauricio Alarcón: Si tenemos en este caso, 7 miembros titulares del Consejo de Participación Ciudadana y 7 suplentes, un total de 14 integrantes. Imagínate que esos 14 serán designados de una lista de 18 (porque cada postulante tiene, en realidad, un “suplente” por eso se habla de binomios). Es decir, prácticamente el que es nominado es designado. Hay muy altas posibilidades de éxito de grupos que han sido remitidos en este caso por el Presidente de la República, el Defensor del Pueblo y la Fiscal General. ¿Qué tienen que ver estas instituciones en el Consejo de Participación Ciudadana? 

Si pensamos en la designación del Contralor General del Estado, ¿qué tiene que ver la Fiscal General con la Contraloría?

Hay contradicción de la autonomía de las instituciones y esta intromisión para designar un binomio que forme parte de las ternas. Aquí no estamos hablando de meritocracia, aquí estamos frente a una nueva propuesta de concentración de poder. Que si hubiera sido, insisto, planteada por Rafael Correa en 2015, Guillermo Lasso, Francisco Jiménez y otros tantos que están hoy en el gobierno, estarían poniendo el grito en el cielo y diciendo que se consolida una dictadura de control en las instituciones del Estado. Así de incoherente es nuestra política nacional, por ello, es que hay que leer los anexos. 

¿Cómo se concentraría este poder? Por ejemplo, al momento de designar al Contralor General. ¿En qué cambiaría? ¿Por qué tú dices que hay concentración de poder en donde se ve?

Clarísimo, Sol. Hoy el Contralor General o Contralora General del Estado es designado después de un concurso público. Sí, un concurso que no se ha hecho durante mucho tiempo, pero es un concurso público. Hay una comisión ciudadana de selección que lleva a cabo el proceso, el mejor puntuado es proclamado por el Consejo de Participación Ciudadana y posesionado por la Asamblea Nacional. 

Pero si hay una intervención del presidente, de un asambleísta o lo que sea, en definitiva es indirecta. No es directa porque hay un concurso público, hay postulantes que presentan su carpeta. 

Nos están planteando que, en primer lugar, no se elija simplemente al Contralor, sino que se elija a un binomio, un contralor titular y un contralor suplente. Que este contralor titular y sus respectivos suplentes sean sí, designados por la Asamblea Nacional, pero mediante votación, tras un proceso previo que está a cargo del Presidente de la República. 

El presidente conforma una comisión. Se habla de una comisión que recaba una propuesta de binomio del presidente mismo, una propuesta de binomio de la Fiscalía General del Estado y una propuesta de binomio de la propia Contraloría, pero el binomio de la Contraloría, además para llegar a formar parte de esta propuesta del Ejecutivo, tiene que primero pasar por un concurso público de merecimientos al interior de la Contraloría. Mira lo enredado que resulta. 

El Presidente de la República con esta terna de binomios, conforma después la comisión técnica. Y esta terna, además, tiene un orden fijo, el Presidente pone 1, 2 y 3, evidentemente pondrá, primero al que designa la Presidencia de la República. Imagínate, ya, y se dice que este orden de terna no puede ser alterado, ni revisado, entiéndase, para que se elija en la Asamblea Nacional al tercero, que podría ser de la Contraloría, de la Fiscalía, tendría que primero rechazarse al binomio del Ejecutivo.

Ojo con ese detalle y la diferencia. Además para designar Contralor, necesitas mayoría absoluta, la mitad más uno de los miembros de la Asamblea, para rechazar un miembro de la terna necesitas mayoría calificada de dos tercios, ¿quien termina poniendo Contralor del Estado? El Presidente de la República. 

¿Juez y parte? 

Pero por supuesto, ¿no se supone que la Contraloría está para, entre otras cosas, vigilar las atribuciones de ejecución de gasto y hacer efectivamente control de lo que realiza el Presidente de la República y sus ministros? Ese tipo de designaciones insisto, si hubieran sido planteadas por Rafael Correa, teniendo a Galo Chiriboga en la Fiscalía, o teniendo una asamblea como aquella de 100 de 137 miembros a favor, estaría en este momento en boca de toda la oposición que, escandalizada, diría que estamos frente a una propuesta más concentradora de poder y que atenta contra la independencia de las instituciones públicas. 

Y eso, por citar el ejemplo del Contralor. ¿Qué otras autoridades serían designadas de forma similar y estarían bajo control del Presidente de la República?

Todas, en definitiva, pero vamos al ejemplo de lo que sucedería para designar Fiscal General del Estado. Hoy se designa al fiscal o a la fiscal mediante concurso público. Nuevamente se habla del fiscal general y su suplente. Estamos hablando de binomios. En este caso, quien lleva a cabo el proceso, el Presidente de la República, pide: un binomio a la Corte Nacional de Justicia y un binomio a la Fiscalía General del Estado. 

¿Es decir que la propia Fiscalía propondría a su representante? 

Sí, la propia Fiscalía. En este caso, además, el binomio de la Fiscalía tiene que estar integrado, ojo binomio, pero en este caso estamos hablando que no hay concurso, sino que son los funcionarios mejor puntuados dentro de la denominada carrera fiscal. 

Pero nuevamente, ¿quién arma la terna? El Presidente. 

¿Quién fija el orden de la terna? El Presidente de la República, y el orden no puede ser ni alterado, ni revisado en ninguna etapa del proceso, y de nuevo para poder nombrar, no al que propone el Presidente, sino al que propone la Corte Nacional o el de la Fiscalía, que con seguridad estarán puestos más abajo, primero se tendría que rechazar al primero, que es el del Ejecutivo con el voto de las dos terceras partes. Y así podríamos mencionar otros tantos. 

Se ha dicho que esto es en función de generar pesos y contrapesos y colaboración entre funciones del Estado, pero cuando la última palabra, en definitiva la tiene el Ejecutivo, termina designando a Contralor, a Fiscal General, a Defensor del Pueblo, a Defensor Público, y eso bajo ningún concepto debería ser aceptado. 

Es decir, estamos volviendo al hiperpresidencialismo que, en la época de Rafael Correa, fue tan cuestionado. ¿Mismo escenario con diferentes actores? 

Por supuesto, y eso que estamos hablando de algo que suena complicado, pero no es lo más complejo de lo planteado en el anexo 6. La integración del Consejo Nacional Electoral resulta bastante más enredada y precisamente eso podría generar después consecuencias y que en cuatro años, algún otro iluminado, se le ocurra plantear un nuevo referendo para deshacer lo hecho o, en definitiva, crear una nueva novelería que afecte a la institucionalidad del país. 

¿Podrían pasar meses sin que se elijan estas autoridades? Tomando en cuenta que haya un bloque en la Asamblea porque el Presidente no tiene mayoría, como en este periodo. 

Con los vacíos consiguientes, que ya nuestra historia reporta, recuerda tú que en la Contraloría, tuvimos un Contralor Subrogante o encargado más de cuatro años, el doctor Genaro Peña, o lo que estamos viviendo en este momento, donde el titular de la Contraloría es una persona que es producto de una doble o triple subrogación, y la inestabilidad en la titularidad de las instituciones afecta gravemente los procesos, más aún si está de por medio la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

También ha habido preocupación alrededor de la pregunta 5 sobre movimientos políticos. Se busca que haya auditorías permanentes. El argumento es que el CNE solo hace un control al momento de registrar al movimiento pero pasado un tiempo, ya nadie controla y según el gobierno hay movimientos de una persona que reciben fondos del Estado. Otro argumento es la permeabilidad del crimen organizado en estas estructuras. 

Sin embargo, parece insuficiente hacer una simple veeduría cada cierto tiempo. 

Lo que nos están planteando no es nada nuevo, normas que incluso forman parte del Código de la Democracia. Lo que falla en nuestro país no es la normativa. En muchos casos, lo que falla es la ejecución de la competencia. Si el Consejo Nacional Electoral no lleva a cabo un ejercicio responsable de control en cuanto a los miembros de las organizaciones políticas, la consecuencia es tener más de 270 movimientos políticos con posibilidad de presentar candidatos, o de contar con recursos públicos —que nos pertenecen a todos— para hacer campaña, esto no va a cambiar por constitucionalizar los textos. 

Mucho menos del hecho de que, cómo se nos vende al estilo solución mágica, contar con un registro biométrico, si ya hemos visto que el Ministerio de Economía y Finanzas regatea los recursos del Consejo Nacional Electoral para algo tan básico como la renovación de equipos. Cuando se hablaba de estos temas de blockchain en el proceso electoral, los recursos ya se decían no alcanzarían, no son suficientes. Después vendrá el pretexto de que como no hay plata, no hay cómo poner en acción este registro biométrico. 

Mira, insisto, lo que ha pasado en los procesos electorales, si no hay autonomía presupuestaria y no se garantizan recursos suficientes a las instituciones del Estado, para que hagan su trabajo, podremos poner la más maravillosa solución en la Constitución, que nada de lo que estamos viviendo cambiará. 

¿Seguimos entonces con cambios en el papel?

 Se ve que no se leen las normas y que se cree que simplemente, por percepción, esto no es aplicable. La atribución de controlar el uso de recursos públicos en materia electoral, además, no está solo en el Consejo Nacional Electoral, sino la Contraloría General del Estado que debe auditar el uso de los recursos del fondo partidario permanente y vigilar la implementación plena del fondo de promoción electoral. Que nos vengan a decir que no está establecido normativamente el tema del control propiamente dicho, es iluso. 

Lo que hay que hacer es revisar las normas, y el Consejo Nacional Electoral tiene atribuciones de sobra respecto de la creación y el control de las organizaciones políticas en el Código de la Democracia. Así que no nos digan que lo que hoy nos están planteando es una cosa innovadora y maravillosa, cuando ya hemos tenido esos casos y simplemente se demanda tanto de voluntad política, como de recursos, para llevar a cabo algo como lo que hoy intenta el Consejo Nacional Electoral, que es habilitar una herramienta digital para que cualquier persona, después de un complejo proceso, pueda ver si está o no está registrado en una organización política. 

¿Es innecesaria entonces la pregunta 5?

Es innecesaria por completo. 

Si el gobierno nacional tiene preocupación de lo que está haciendo o lo que no está haciendo el Consejo Nacional Electoral en función de sus atribuciones, el Ministerio de Economía y Finanzas le asigne recursos para implementar esto, bastaría con el Código de la Democracia, una resolución del Consejo Nacional Electoral para hacer, lo que en este caso nos están queriendo plantear por la vía del referéndum. 

Si revisamos la pregunta 4 que plantea reducir el número de asambleístas, vemos que el gobierno hacía el cálculo de que con el crecimiento de la población para las próximas elecciones legislativas, el número de asambleístas podría no variar mucho. Es decir habría tres o cuatro asambleístas menos. ¿Entonces, cuál es el propósito de plantear eso? 

Es parte de ese discurso demagógico de decirle a la gente “reduzcamos el poder del Estado en el que menos credibilidad y confianza tienes”. 

Si vemos presupuestariamente, la Asamblea Nacional es la institución que menos recursos recibe dentro de las funciones del Estado. Lo hemos dicho nosotros a propósito de informes, tanto de nuestro Observatorio Legislativo, como de nuestro Observatorio de Gasto Público. Y esto podrá sonar muy poco popular, pero lo cierto es que la Asamblea no nos cuesta tanto como creemos a los ecuatorianos. Nuestro nivel de indignación viene por la falta de trabajo de calidad por parte de quienes se dicen nuestros representantes. 

Es tan simpática la propuesta del Ejecutivo que, por citar un ejemplo, hoy elegimos a 15 asambleístas nacionales y nos están planteando elegir 36, porque nos están diciendo que dos por cada millón de habitantes y Ecuador en este momento, según el INEC, ya tiene más de 18 millones. 

Es decir, ahí, por ejemplo, no estamos reduciendo, sino aumentando. Y qué es lo que se pretende: reducir de manera efectiva o cambiar a conveniencia a una forma de elección porque meter lo que se ha metido a propósito de los asambleístas representantes de los ecuatorianos en el exterior es iluso, por utilizar simplemente un término. 

Recordemos que en Ecuador elegimos en este caso dos representantes, por ejemplo, por el distrito denominado América Latina, el Caribe y África que ahí hay aproximadamente 30 mil electores registrados, y se está planteando en este caso elegir un legislador por cada 500 mil habitantes. Cuando el país no ha hecho un censo de ecuatorianos habitantes en el exterior, ni los otros países cuentan, considerando que hay mucha migración irregular, que se hace por vías que después hacen que se pierda del radar a esos ecuatorianos. 

Así que aquí lo que se está haciendo es eliminar en definitiva esa representación de los ecuatorianos en el exterior, que podemos estar a favor o en contra, pero simplemente no hay que disfrazar la decisión con reglas idiotas como las que se está planteando, y totalmente inaplicables por supuesto. 

El cambio incluye la representación provincial de los asambleístas que se reduciría al mínimo. En un conversatorio con el ministro Jiménez periodistas le preguntamos qué pasaría en las provincias que requieren representación como la Amazonía por temas petroleros, comunidades de indígenas.

¿Qué va a pasar si concentramos la representación de legisladores que deben tener votación nacional? Por lo tanto, lo más probable es que surjan de Quito, Guayaquil, máximo de Cuenca, y no más? 

La calidad de los asambleístas mejorará cuando las organizaciones políticas hagan efectivamente su trabajo, asuman la responsabilidad de darnos buenos candidatos y no como lo ha hecho incluso el movimiento de gobierno, nos postulen a cualquier persona procesada por la justicia, por citar un caso. 

Nos presentan a candidatos porque son tiktokers o youtubers. La responsabilidad de mejorar la calidad de la representación no va por el número de legisladores. No va porque son 50, 100, 200. Tú tienes payasos en un circo de 100 y tienes payasos en un circo de 20, mientras no restrinjas el acceso de payasos mediante el voto, los vas a seguir teniendo. 

Hay una responsabilidad de los partidos y movimientos políticos en presentar buenos candidatos y hay una responsabilidad mayor en nosotros los ciudadanos para dejar de votar por aquellos que nos avergüenzan hoy en la Asamblea Nacional.

Es nuestro deber castigarlos con el voto, de tal forma que las organizaciones políticas entiendan que ese tipo de candidatos no son consumibles o consumidos por parte de la ciudadanía. Es así de simple, no importa la cantidad para mejorar la calidad del trabajo, debe ser enfocado en otros temas. 

¿Qué debería incluir este fortalecimiento a las organizaciones políticas? Esa propuesta queda por fuera. 

Por supuesto, y eso no se corrige de ninguna manera ni con la pregunta cuatro, ni con el anexo de la pregunta cuatro. Es más, nuevamente leamos la letra pequeña de los anexos para darnos cuenta que, por ejemplo, en esta pregunta y en este anexo hay esa gran preocupación respecto de lo que podría ser una muerte cruzada y una disolución de la Asamblea Nacional. Sino ¿por qué razón en la disposición transitoria tercera hablar de “en caso de existir elecciones anticipadas”?  

Ese tipo de cuestiones, que a veces pasan por debajo del radar, son las que deberían ser discutidas a profundidad en los medios de comunicación. 

¿Qué es lo que refleja? Justamente parece que el secreto está en los anexos, que son pesados, difíciles de entender, requieren tiempo. Solo la propuesta enviada por el Gobierno tiene cerca de 470 páginas. 

Y mira que las 470 páginas son la argumentación principalmente, pero si sumamos las páginas de anexos, superamos las 30. Y 30 que podrían considerarse una lectura ligera, pero el ciudadano común no las va a leer. Considerando que los anexos deberían formar parte integral de la papeleta que votarían los ecuatorianos al momento de acudir a las urnas. Estamos hablando que se le va a entregar un libro. 

¿Va leer el libro en ese momento uno por uno, página por página antes de rayar? Yo creo que estamos frente a una propuesta realmente absurda y no podemos en este momento, además decir, vamos por el sí o vamos por el no. Cuando está pendiente el dictamen de la Corte Constitucional, que probablemente module las preguntas y menciona temas que incluso nosotros en este momento por mucho que leamos y analicemos, no hemos visto. 

Específicamente en la pregunta 4 que menciona la muerte cruzada, ¿por qué hay preocupación en los anexos?

Por la frase que te comento. Se menciona en la disposición transitoria tercera del anexo cuatro: “en caso de existir elecciones anticipadas”. Y nos dirán que siempre hay que jugar con escenarios en la constitución porque la figura de la muerte cruzada está presente, pero por qué ponerlo en este punto. 

Es que acaso el presidente considera que una vez obtenido el resultado positivo del referendo puede ir a muerte cruzada, disolver la Asamblea y anticipar elecciones. Es una pregunta que queda en el ambiente y que como digo, lamentablemente no ha sido discutida a profundidad en los medios de comunicación y por parte de los analistas. 

Otra pregunta aborda la extradición para personas involucradas en delitos relacionados al crimen organizado.  Una preocupación que se planteaba en el conversatorio con Jiménez era si es que el Gobierno ha analizado los escenarios si esto se aprueba. Como pasó en Colombia que una vez que la extradición fue viabilizada, empezaron a poner bombas en medios de comunicación, en entidades del Estado. Es decir, la violencia se vio reflejada de otra manera incluso más cruenta. 

¿Cómo ves tú esta posibilidad que probablemente tenga alta aceptación de la gente? ¿Están pensando en las consecuencias?

Por supuesto, y eso que tú estás hablando de un tema que para el ciudadano común resulta muy complejo, como el entendimiento de la extradición. De nuevo, y yo te pregunto, ¿qué pasó en diciembre de 2015? Cuando la Asamblea Nacional, entre otros, como la reelección indefinida, aprobó efectivamente este rol complementario en seguridad integral del Estado de las Fuerzas Armadas. 

Nota de la editora: En 2015, la Asamblea Nacional dio paso a una serie de enmiendas que incluían la posibilidad de que el Presidente de la República se reelija indefinidamente y cambios en la misión de las Fuerzas Armadas para que “apoyen la seguridad integral del Estado”. Aunque la Corte Constitucional de esa época —presidida por Patricio Pazmiño y considerada obsecuente al poder ejecutivo— aprobó las enmiendas, en 2018, la Corte Constitucional, presidida por Alfredo Ruiz, las declaró inconstitucionales. 

Ahí fue cuando la Corte Constitucional frenó esa participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad pública también. 

Pero no solo eso. La oposición puso el grito en el cielo. Y se dijo que lo que buscaba el entonces gobierno era sacar a los militares a reprimir a los ciudadanos. Después, la Corte Constitucional se bajó este paquete de enmiendas, inicialmente aceptado, y ahora se está planteando lo mismo, palabras más, palabras menos. Ahí volvemos a ver la incoherencia de nuestros actores políticos. 

En el tema de la extradición y el control de las Fuerzas Armadas, ya hemos visto en los ejemplos de otros países que no hay dinero que le haga peso al dinero del narcotráfico, no hay cooperación internacional que haga peso al narcotráfico, por lo tanto, ¿esto va a ser efectivo?

Muy poco efectivo. Si es que hubiera algún resultado positivo en la materia, podríamos decir entonces que Colombia y México son los países más seguros de América Latina. En esos países está autorizada la extradición de sus nacionales, y los militares están afuera controlando la seguridad y el orden público. Y mira lo que pasa en esos dos países. 

Cuando el gobierno no planifica, cuando no tiene políticas públicas, cuando no hay planes en concreto a los que se les destina recursos públicos suficientes en beneficio de la ciudadanía, cualquier medida demagógica o populista será el camino más fácil para tratar de decir que se hace algo en beneficio de los ecuatorianos. 

La pregunta 3 dice ¿Está usted de acuerdo que garantiza la autoridad de la Fiscalía General del Estado para que seleccione, evalúe, ascienda, capacite, sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Plantea una especie de organización similar al Consejo de la Judicatura, que evalúa a los jueces, pero aplicada para los fiscales. 

Mira lo gracioso que resulta, que lanzan la pregunta y la propia Fiscalía en un comunicado le dice al Ejecutivo “usted está planteando algo que ni siquiera me preguntó y con lo que no estoy de acuerdo”. Ese es el nivel de coordinación de un Ejecutivo que busca imponer, que no busca dialogar con instituciones, incluso respecto de las cuales está decidiendo, y eso es algo que en otras condiciones y en otras circunstancias ya hubiera generado un incendio en el país, pero hoy ¿por qué no se lo hace? Porque es Guillermo Lasso. 

Hay que recuperar la coherencia. Lo que se está generando en este caso además, como bien lo ha dicho la fiscal, es la creación de una instancia paralela, con un montón de gente puesto a dedo por la Fiscal General en este caso, para que lleve a cabo los procesos que se está diciendo. 

¿Es eso lo óptimo? Definitivamente no. Y creo que la autoridad de la Fiscalía, muy responsablemente lo ha hecho notar a propósito de este tema. 

Con todo este panorama, y dejando de momento las preguntas sobre el medioambiente de lado, ¿esta consulta podría ser una medición de popularidad del Gobierno?

Yo creo que esto es más improvisación de un gobierno que no acierta en algo positivo. La falta de planificación, la improvisación y la ingenuidad han estado a la orden del día. Creo que lo único que lograron hacer que funcione fue el proceso de vacunación y a partir de ahí han sido simplemente decisiones erráticas que no han traído beneficio a los ecuatorianos, sino porque hay tan poca credibilidad y confianza. No es un tema de de un triunvirato de conspiración o de una Asamblea Nacional que permanentemente obstruye las decisiones del poder. Si el Gobierno está condenado en este punto es por sus propios errores y desaciertos. 

Uno de los argumentos que ha usado el gobierno es que la Asamblea no ha dado paso a proyectos importantes y que para eso es necesaria la consulta popular. Sin embargo, lograr pasar leyes es también saber gestionar la política. Por lo tanto, el trabajo del gobierno también falla. 

Pero además, ¿cuántos proyectos han sido negados por la Asamblea Nacional? ¿Cuántas acciones de bloqueo se han producido por parte de la Asamblea Nacional? 

Guillermo Lasso sabía que no iba a tener mayoría en la Asamblea, sabía que sus asambleístas ni siquiera podían formar bancada por sí solos. 

Nos dijo que iba a gobernar por la vía del decreto, ¿qué ha hecho al respecto? ¿Dónde están esas soluciones que iban a implementarse durante los 100 primeros minutos de gobierno? ¿Cuántos meses han pasado? Estamos ya en el mes 17. Echarle la culpa a la Asamblea, echarle la culpa al pasado, al triunvirato de la conspiración, cuando las decisiones erráticas por parte del poder, son las que en muchas cuestiones nos tienen donde estamos. 

La consulta popular, como la denominan a este referendo que se está planteando, de ninguna manera es una varita mágica que va a solucionar de la noche a la mañana: la inseguridad, la falta de empleo o la situación económica del país. Lo que se está planteando es un juego político que puede terminar, como he dicho, bastante mal para el Gobierno. Yo creo que si hay un resultado positivo, el gobierno se sorprendería, y lo que diría es ¿y ahora qué? 

¿Crees que ni siquiera está planificado ese escenario?

Yo creo que el gobierno nacional ni siquiera ha jugado con escenarios positivos y negativos en este momento. La improvisación ha llegado al punto en el que se sigue mencionando la posibilidad de incluir otras preguntas y eso lo que quizás responde es al hecho de que ya se dieron cuenta que no es positivo que una reforma de estas características vaya de la mano de las elecciones seccionales. Por eso podrían estar buscando presentar 2 o 3 preguntas más para cambiar las fechas o buscar que esto sea posterior a las elecciones seccionales. 

Ya lo han mencionado con un nivel total de improvisación, están convocando a espacios de diálogos respecto a la consulta con organizaciones y actores sociales, ¿para qué — si ya se han mandado 8 enmiendas— se va a meter algún tema adicional, se va a hacer otra consulta posterior, se van a juntar las preguntas?

Esta falta de planificación que incluso va a ser notoria el día posterior a que se lleve a cabo el proceso, independientemente del resultado positivo o negativo, creo que muchos empezarán a correr en círculos sin nisiquiera saber la barbaridad que habían propuesto en las preguntas. 

La convocatoria, dicen ellos, es para estas preguntas. Sin embargo, la Corte Constitucional ni siquiera las ha calificado todavía. Hay la posibilidad de que algunas no pasen el control de la Corte.

No nos olvidemos que la Corte Constitucional hace varios controles antes de emitir su dictamen. Controles que no solo van en función de los precedentes, sino controles, incluso a la redacción. 

La Corte Constitucional —creo que es un hecho— eliminará estas frases, que se denominan frases introductorias y que de una u otra manera están induciendo al voto. Eso es algo que ellos tienen que modificar y así se lo ha dicho y así se lo ha hecho en procesos anteriores. 

Por ejemplo, en la pregunta 5, sobre los movimientos políticos, dice: “actualmente existen 272 movimientos políticos, no garantizan la representación ciudadana ni una adecuada participación de sus miembros”. ¿Eso ya es inducir a una respuesta del votante? 

Esa es una frase que induce y esa frase con mucha probabilidad va a ser eliminada por la Corte Constitucional, que modulará anexos, hará observaciones. No se trata simplemente de dar de baja preguntas o de aceptarlas todas.

Yo creo que hay altas probabilidades de que al menos 2 preguntas no superen el filtro de la Corte Constitucional, por ser regresivas en materia de derechos y por precedentes que ya han sido emitidos en la materia y otras que con seguridad van a ser moduladas.

¿Cuáles podrían no pasar el control constitucional, además de la que pretende dar potestad a los militares para el control de seguridad interna? 

La del extradición. E incluso si nos vamos hilando un poco más fino, la reducción en la representación en las provincias amazónicas o de los ecuatorianos residentes en el exterior, podrían considerarse también una regresión en materia de derechos, con lo cual la Corte tiene un trabajo muy duro.

Lo veremos de efectivamente ya en cuestión de semana y media este término, que está corriendo de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, simplemente llegará a su fin después del feriado de 10 de octubre.