La votación para destituir y censurar a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura tuvo 87 votos a favor, 49 abstenciones, 0 en blanco y 0 en contra. Se necesitaban mínimo 92 votos a favor. Es decir, no hubo los votos suficientes. Sin embargo, la sesión del 1 de septiembre de 2022 se suspendió antes de que los asambleístas pudieran pedir la reconsideración del voto. 

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El 5 de septiembre, durante una rueda de prensa, el presidente del legislativo, Virgilio Saquicela dijo que el jueves 8 y el domingo 11 de septiembre convocará a sesiones del pleno —cuando normalmente la Asamblea sesiona los martes—.  Saquicela aseguró que ya estaba planificado sesionar en estas fechas porque el domingo se celebra el día de la Patria. Cuando le preguntaron sobre la reconsideración de la votación del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, respondió que “no existe una camisa de fuerza” y los legisladores podrán solicitarlo. 

Los cuestionamientos por el cambio de fecha de las sesiones no se hicieron esperar de las diferentes bancadas. Ricardo Vanegas, Pachakutik, dijo: “no logran tener los votos, por esa razón no hay convocatoria para este martes“.  Juan Fernando Flores, de CREO,  aseguró que se están tratando de cambiar los votos de Pachakutik. En el juicio político, varios de sus legisladores se abstuvieron de votar por la destitución de los vocales.

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Si en esa votación de la reconsideración se suman cinco votos más, los vocales sí serían destituidos. 

El juicio político

El juicio político empezó la noche del 31 de agosto en el pleno, se extendió hasta la 1:30 de la madrugada del 1 de septiembre, y se retomó a las 10 de la mañana de ese mismo día. En esa segunda jornada, los asambleístas debatieron hasta pasadas las seis de la tarde. El llamamiento a juicio había sido aprobado cuatro días antes. 

Si los asambleístas no piden reconsideración y la votación de la noche del 1 de septiembre queda en firme, los tres vocales que fueron llamados a juicio político —Fausto Murillo, Juan José Morillo y Maribel Barreno— seguirán en su cargo. Ellos deberán estar en el cargo hasta 2025 ya que la posesión de los vocales y suplentes fue el 29 de enero de 2019 y, según el artículo 179 de la Constitución, el tiempo en funciones es de seis años. 

El abogado Pablo Encalada explica que los vocales sí podrían ser llamados a juicio político otra vez por la Asamblea Nacional siempre y cuando sea por otra causal. Sin embargo, dice que el Legislativo debe resolver “un juicio político a la vez y actualmente hay algunos en cola”. Por tiempos, al menos lo que resta del 2022 es muy probable que los vocales sigan en su cargo. 

El origen de la acusación

En enero de 2022, el entonces asambleísta correísta Fausto Jarrín —quien renunció a su curul el 14 de julio de ese mismo año— y su coidearia, la asambleísta Viviana Veloz, presentaron una denuncia contra cuatro funcionarios: 

  • María del Carmen Maldonado, quien fue presidenta del Consejo de la Judicatura hasta el 2 de febrero de 2022. Ese día presentó su renuncia al cargo. 
  • Fausto Murillo, quien era vocal del Consejo cuando los legisladores Jarrín y Veloz plantearon la solicitud de juicio político. El 3 de febrero, un día después de que Maldonado dejara su cargo, fue designado como presidente temporal de la institución. 
  • Juan José Morrillo, actual vocal del Consejo. 
  • Maribel Barreno, actual vocal del Consejo. 

Jarrín y Veloz pidieron el juicio político tras recoger 36 firmas de respaldo de la banda de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES). 

La solicitud de juicio político por presunto incumplimiento de funciones estaba argumentada, de acuerdo con los interpelantes, en siete cargos. 

Según sus acusadores, ese incumplimiento se habría dado principalmente en el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia que terminó con la destitución de magistrados. 

De ahí nacen todos los demás señalamientos. Jarrín y Veloz adujeron una supuesta “extralimitación” de competencias por parte del Consejo en el concurso de jueces de la Corte Nacional. Según los interpelantes, ha habido “inconstitucionalidad” en varias resoluciones del Consejo. 

Otro punto en el que alegan que hubo incumplimiento de funciones es en el nombramiento de conjueces temporales, el concurso de selección de jueces de la Corte en 2020, no haber hecho la renovación parcial de la Corte Nacional. Finalmente, dicen que también faltaron a sus obligaciones al hacer nombramiento de fiscales provinciales posesionados como funcionarios encargados. 

Un juicio político enmarañado en acusaciones y pugnas

El proceso de juicio político contra los vocales se ha hundido en la polémica y alterado la dinámica política en el país. Durante los últimos meses, audios filtrados, alianzas entre bancadas legislativas y la incertidumbre han marcado al accidentado procedimiento. 

El 23 de agosto de 2022, se filtró un audio en el que supuestamente Morillo asegura que el movimiento Pachakutik iba a apoyar a los vocales de la Judicatura. Aquello podría evidenciar el cabildeo entre funciones del Estados y, además, una ruptura de la alianza que una facción de ese bloque mantenía con el correísmo, el PSC, y la Izquierda Democrática

Morillo no ha respondido por la filtración de audio, pero sí ha dicho quela evaluación a la Corte Nacional nos cuesta un juicio político y un ataque de sectores interesados en infiltrarse en la administración de justicia. Afrontaremos el juicio político con fundamentos jurídicos”. Morillo no especificó a quién se refería. 

La asambleísta Viviana Veloz dijo que las conversaciones continuarían en torno a los votos del juicio político. Adujo, además, que los vocales de la Judicatura habrían ofrecido notarías y cargos dentro de las estructuras de la función judicial, a cambio de votos que los exculpen.

Eso no es todo. Mientras el proceso llega a su conclusión, el Consejo de la Judicatura sigue en pugnas con la Corte Nacional de Justicia. En especial, con su presidente, Iván Saquicela. El juez Saquicela fue suspendido de funciones en mayo de este año por el Consejo, pero volvió al cargo. Ahora es uno de sus principales detractores. 

Hay incluso acusaciones como las del legislador Dalton Bacigalupo, que dijo haber recibido una llamada del juez Saquicela, para presionarlo y promover el voto contra los vocales de la Judicatura. 

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