Estafa, concusión, venta de cargos públicos, usurpación, simulación de funciones públicas, abuso de confianza, calumnia, paralización de servicios públicos, robo de combustible, violencia intrafamiliar, delincuencia organizada y asesinato. Estos son algunos de los supuestos delitos por los que han sido procesados 236 de los 2.089 candidatos a la Asamblea Nacional.
Es decir, el 11% de los aspirantes a asambleístas tienen denuncias penales desde el 2014, cuando entró en vigor el nuevo Código Integral Penal (COIP), y que es el periodo analizado por esta alianza periodística para las elecciones generales del 9 de febrero de 2025.
En su mayoría, estos procesos han sido archivados por distintos motivos y son muy pocos los que terminaron en sentencia condenatoria. Sin embargo, en algunos casos que siguen activos los candidatos notificaron a los jueces que habían sido calificados para las elecciones de 2025 para suspender los procesos en su contra. Según el artículo 108 del Código de la Democracia, los candidatos “no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar”.
De ser ganadores, los asambleístas gozarán de fuero de corte nacional. Es decir, sólo podrán ser juzgados por la mayor unidad judicial.
Esta alianza periodística también revisó la información tributaria de los candidatos. De los 2.089 que compiten para asambleístas nacionales y provinciales (sin contar las curules del exterior), 733 no han presentado sus declaraciones de impuesto a la renta al menos una vez, entre el 2017 y 2023, y 153 han registrado deudas con el fisco, según el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Este año el Legislativo estará compuesto por 15 legisladores nacionales, 130 provinciales (con Guayas, Manabí y Pichincha divididas en circunscripciones) y seis de las circunscripciones del exterior.
Es en la Asamblea Nacional donde se propone, se debate y se consensúa el marco legal que nos rige a todos los ecuatorianos, y donde se fiscaliza a los otros poderes del Estado. Junto con las elecciones seccionales, las legislativas son el pulso democrático en el que partidos y movimientos políticos nacionales y locales miden sus fuerzas y donde se supone que presentarán a sus mejores líderes y competidores.
El proceso electoral de 2025 marcará un récord histórico desde el retorno a la democracia en Ecuador por el alto número de candidatos a asambleístas para ocupar las 151 curules del Legislativo: más de 2 mil.
Esta es una investigación realizada por 38 periodistas del Proyecto VER (Veracidad, Ética y Rigor periodísticos), liderado por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC). GK y otros 30 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Denuncias y procesos penales
De acuerdo con los archivos de la Función Judicial, 236 candidatos han enfrentado procesos penales desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en 2014. En al menos seis casos, los candidatos han detenido el avance del proceso por su postulación electoral.
El primero en hacerse público está asociado a la investigación Metástasis porque Armando Flor Izaguirre, candidato por Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), fue llamado a juicio pero no pudo ser juzgado por ser candidato en la lista nacional de asambleístas. El ahora aspirante a legislador estaba acusado de ser el supuesto testaferro del narcotraficante Leandro Norero.
Otro proceso es el de Laura Guato Yupanqui, del Partido Social Cristiano (PSC), aspirante a asambleísta en Chimborazo, quien fue detenida en flagrancia en diciembre de 2024 por supuesta perforación del poliducto de Petroecuador en el sector de Las Lajas, cantón Mocha, en la provincia de Tungurahua. La Fiscalía solicitó una audiencia para formular cargos en su contra, pero no pudo hacerlo porque es candidata. El caso quedó suspendido, en investigación previa.
En Manabí está el caso del ex alcalde de Montecristi, Wilver Arteaga Palacios, de la alianza Camino Manabita (PSC y Cambio), que enfrenta un proceso por presunto peculado, y hoy busca llegar a la Asamblea Nacional. La Fiscalía ha asegurado que el perjuicio fue de 687.726 dólares. Ya se le levantó la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad por su participación en el actual proceso electoral.
También se cuentan dos candidatos procesados del caso conocido como Depuración I, en el que se realizaron allanamientos a mediados de 2022 contra una supuesta red que operaba en Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, cometiendo presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Ambos se han postulado por el PID para asambleístas de Cotopaxi: Pablo Naranjo Cruz como principal, y Pablo Albán Roura como suplente.
En Morona Santiago se suspendió la audiencia de juzgamiento que estaba prevista para el 27 de enero en un proceso por presunto asesinato debido a que el sospechoso, Elvis Nantip Kajekai, es candidato provincial por la Izquierda Democrática (ID).
El aspirante que más procesos tiene es Dick Borja Quiñónez, candidato en Esmeraldas por RETO. En el historial de la Función Judicial aparecen 29 denuncias en los últimos diez años, la mayoría por supuesta estafa relacionada con el proyecto habitacional Tecnipetrol. Aunque ha sido concejal de Esmeraldas y representante del sindicato de trabajadores de Petroecuador, en la Contraloría General del Estado sólo consta su declaración de bienes como funcionario técnico de Petroecuador desde diciembre de 2023 y otra periódica en 2024.
Esta alianza periodística buscó la versión de estos candidatos, pero no respondieron.
Otros aspirantes a asambleístas que acumulan procesos son el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Otto Vera Palacios, de la Alianza Únete Santa Elena, con 19 procesos; el ex alcalde de Loja José Bolívar Castillo Vivanco, del Movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE), con siete casos; y el ex alcalde de Flavio Alfaro y asambleísta Jaminton Intriago Alcívar, de Unidos por el Desarrollo (Manabí), también con siete.
Según la Función Judicial, la mayoría de los procesos ha sido archivado. La organización política nacional con mayor número de candidatos que han enfrentado procesos penales es la Revolución Ciudadana (RC), con 24 aspirantes, entre candidatos propios y en alianza. Le siguen Sociedad Unida Más Acción (SUMA), con 23; Acción Democrática Nacional (ADN), con 20; Amigo, con 19; y Renovación Total (RETO) y el Partido Social Cristiano (PSC), con 17 cada una.
Si consideramos las provincias y el número de candidatos con procesos penales, la que más tiene es Zamora Chinchipe, donde el 36% de los aspirantes ha enfrentado ese tipo de causas; en Pastaza, el 28%; en Santo Domingo de los Tsáchilas, el 23%; en la circunscripción 1 de Manabí, el 22%; y en Morona Santiago, 21%.
Entre el 15% y 19% están la circunscripción 2 de Manabí, la circunscripción 4 de Guayas, y provincias como Imbabura y Chimborazo. En la otra orilla, con el 5% de los candidatos con procesos penales, están las circunscripciones 2 y 3 de Guayas, Sucumbíos, Napo y Azuay.
Bajo pago de impuestos
De los 2089 candidatos analizados, 733 no han no han presentado su declaración de impuesto a la renta al menos una vez en el período analizado, que va entre 2017 y 2023. Es decir, el 35%.
La organización política nacional con mayor número de aspirantes con declaraciones tributarias pendientes es Amigo, con 57 candidatos, entre propios y en alianza. Le siguen CREO y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), con 56; ADN, con 53; y el Partido Sociedad Patriótica (PSP), con 51.
Los aspirantes con más declaraciones de impuesto a la renta pendientes son: la madre del actual presidente de la República, Daniel Noboa, Annabella Azín Arce (lista nacional de ADN), Ignacio Alfonso Crespo, candidato por el PSP en Cañar, Doménica Vásconez Miranda, de Avanza, en Tungurahua. Ellos no han presentado ninguna declaración en el periodo analizado, que va del 2017 al 2023.
El SRI no distingue entre las personas que no ganan lo suficiente para declarar y los que no han presentado su declaración al impuesto a la renta. En su sitio web también explica que no están obligados a declarar el impuesto a la renta quienes estén domiciliados en el exterior o tengan ingresos bajos.
Por otro lado, 320 aspirantes no están registrados en la base de datos de declaraciones de impuesto a la renta del SRI, es decir que no han tributado nunca. De estos, 175 —el 54% son mayores de 25 años.
De los más de 2000 candidatos, 153 mantienen saldos pendientes con el fisco. De ellos, 27 superan los 300 dólares de deuda, según una consulta del 17 de enero de 2025.
La organización política nacional con más candidatos que han registrado deudas tributarias es la RC, con 16 aspirantes, entre candidatos propios y en alianza. Le siguen el PSC, con catorce; Centro Democrático y Pueblo Igualdad y Democracia (PID), con doce cada una; y CREO, SUMA y PSE, con once cada una.
El candidato con mayores deudas tributarias hasta el 17 de enero es el ex jugador de fútbol Frickson Erazo Vivero, candidato por Construye en Esmeraldas, por 42.092 dólares, pero el monto está en impugnación.
Hay otros que tienen facilidades de pago por sus deudas tributarias: el ex concejal de Guayaquil Raúl Chávez Núñez del Arco, que encabeza la lista nacional de RC-RETO, por 19.775 dólares y del ex ministro de Lenín Moreno, Gabriel Martínez Castro, de SUMA, por Guayas circunscripción 2, por 7.209 dólares.
El pago de impuestos no siempre se relaciona directamente con el ejercicio de un cargo público ni con el patrimonio declarado ante la Contraloría. De los 2.089 aspirantes a asambleístas en las listas nacionales y provinciales, 955 ya tienen experiencia en el sector público. Ellos deben declarar su patrimonio al iniciar y al finalizar su gestión, y en ocasiones también a medio periodo. Existen casos en los que a pesar de tener un patrimonio considerable, la declaración de impuesto ha sido baja.
Por ejemplo, la candidata Margarita Pico Meléndez, de Centro Democrático, en Tungurahua, registró un patrimonio de 2,9 millones en su última declaración presentada como directora médica del Hospital de Píllaro en marzo del 2019. Tres años antes, como vocal de la Junta Parroquial de Picaihua, había señalado bienes por 15,6 millones. Pero en su declaración del impuesto a la renta, Pico Meléndez reportó 227 dólares en 2023, 51 dólares en 2022 y cero dólares entre 2021 y 2020.
Otro caso es el de María Dolores Aray Yanzaguano, de Pachakutik en la provincia de Azuay, cuyo patrimonio creció en más de 8 millones de dólares en apenas dos años. Cuando Aray culminó su gestión de asesora legal del Municipio de Cuenca, en junio de 2022, declaró 18.144 dólares de patrimonio. En julio del siguiente año entró a trabajar en la delegación azuaya del Consejo Nacional Electoral, funciones que terminó en abril de 2024. En su declaración registró 8,4 millones de dólares.
“Así es y así consta, ya que trabajé, no con relación de dependencia, sino como abogada en libre ejercicio”, dijo Aray a esta alianza periodística al ser consultada sobre su patrimonio. Aray también declaró 213 dólares de impuesto a la renta entre 2017 y 2023.
La organización política nacional con más candidatos con experiencia en el sector público es la RC, con 98 aspirantes, entre candidatos propios y en alianza. Le siguen ADN, con 79; CREO, con 78; SUMA, con 77 y PSC, con 75.
Un nuevo reacomodo
Es indudable que el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ha logrado ampliar su presencia a casi todo el país para estas elecciones de 2025, tal como en su época lo hizo, también desde el Palacio de Carondelet, Alianza PAIS, ahora reconvertido en Revolución Ciudadana (RC).
ADN presentó listas en 31 de las 32 jurisdicciones del país, en la única que no postuló fue en Morona Santiago, y va en alianza solo en Pastaza.
La RC sigue manteniendo presencia en las 32 jurisdicciones pero con nueve alianzas concretadas en la lista de asambleístas nacionales así como en Cañar, Carchi, Cotopaxi, Galápagos, Morona Santiago, Napo, Pastaza y la circunscripción 1 de Manabí.
Para el analista Javier Rodríguez Sandoval, estaríamos viviendo el inicio de un nuevo ciclo en el que un partido político acumula presencia desde el poder porque funciona como una maquinaria con operadores políticos profesionales que tienen los contactos y canales para llegar, y que no necesariamente son los candidatos. “Por ejemplo, lo vivimos en el 2014”, dice Rodríguez.
Sin embargo, dice el analista, el futuro es aún incierto. No sabemos si se repetirá lo ocurrido con Alianza PAIS, un fenómeno que implosionó dando nacimiento a otros movimientos y cuya corriente fiel se ha reagrupado ahora en la Revolución Ciudadana.
Las encuestas muestran una polarización entre ADN y RC para la elección presidencial, por lo que seguramente estos serán los mayores bloques de la Asamblea Nacional.
Al igual que la RC, el movimiento Creando Oportunidades (CREO), del ex presidente Guillemo Lasso, presentó candidatos en 32 jurisdicciones, ya sea con candidatos propios o en alianza. Después de la muerte cruzada, CREO no participó en las elecciones generales de agosto de 2023.
El movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades, Amigo (lista 16), estará presente en 31 jurisdicciones, sea solo o en alianza. Le siguen SUMA, el Partido Social Cristiano (PSC) y Unidad Popular (UP), con listas en 30 jurisdicciones. En cambio, los menos presentes son Avanza con 19 jurisdicciones y Democracia Sí, con 20.
De estas organizaciones, SUMA es el que más alianzas ha establecido para competir en catorce de las 30 jurisdicciones donde se ha postulado. En cambio, la Izquierda Democrática (ID) es la única organización nacional que no concretó ninguna alianza.
En muchos de los casos, estas alianzas son entre una organización nacional y otra local.
¿Qué queda de los partidos considerados tradicionales desde el retorno democrático de 1979? En realidad solo cuatro se mantienen como jugadores importantes: el PSC y la UP (ex Movimiento Popular Democrático) con participación en 30 jurisdicciones cada uno; el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) con 27 y la ID con 22.
En el cambio de siglo, entre 1995 y 2006, irrumpieron Pachakutik (PK), el Partido Sociedad Patriótica (PSP) y Alianza PAIS. Desde entonces, el panorama se ha atomizado con partidos y movimientos de distintas tendencias ideológicas y donde predominan los personalismos: ADN, Democracia Sí, SUMA, Avanza, Pueblo Igualdad y Democracia (PID), Amigo; sin contar con otros movimientos locales que hacen valer su presencia en provincias. Todos comenzaron para apoyar a un candidato en particular. Por ejemplo, SUMA para apoyar al entonces candidato a la alcaldía de Quito, Mauricio Rodas; Avanza para apoyar a Ramiro Gonzáles, ADN para apoyar a Noboa.
El desborde de participantes para esta elección se ha dado en Tungurahua, Santa Elena y Loja, donde se medirán 19 listas. En Azuay y El Oro competirán 18 listas y en Chimborazo y en la circunscripción 1 de Pichincha, 17.
En contraste, en Galápagos y Morona Santiago se han inscrito seis listas, y en Pastaza, nueve.
Manabí, dividida en dos circunscripciones con cinco curules cada una. En la circunscripción 1, el norte de la provincia, competirán diez listas; mientras que en la circunscripción 2, el sur, se han inscrito 15.
La suerte de estos 2.089 aspirantes se jugará el domingo 9 de febrero próximo.
La siguiente es una base de datos de los aspirantes a la Asamblea Nacional. Puedes buscarlos por sus nombres, partidos, procesos penales, pago del impuesto a la renta, deudas con el SRI, cargos, y edades.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. GK y otros 30 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información. En esta nota metodológica está el detalle de cómo se hizo la investigación.
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