Estos son los tres activistas que murieron en Ecuador en siete meses

En menos de siete meses, desde noviembre de 2025 a junio de 2026, tres personas conocidas por su activismo social, ambiental o ciudadano perdieron la vida en Ecuador. Dos de ellos en la provincia costera de Santa Elena. 

Los casos han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, colectivos ciudadanos y defensores de la democracia, que piden investigaciones transparentes y el esclarecimiento de los hechos.

Para Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), estos casos no pueden analizarse por separado. “No se trata de un hecho aislado”, dijo en una entrevista con el programa radial A Primera Hora. 

“Ser activista, defensor o investigar corrupción es una acción de alto riesgo, de altísimo riesgo. Pero necesaria [en Ecuador]”.

Te contamos quiénes son los tres activistas y las denuncias que hicieron. 

• Monika Silva

La activista Monika Silva Koniuszek fue hallada sin vida el 8 de junio de 2026 en su casa en Montañita, provincia costera de Santa Elena.

Silva, de origen polaco, era presidenta de la Fundación La Integridad y era conocida por sus denuncias sobre presuntos casos de corrupción, conflictos por tierras, participación ciudadana y defensa ambiental en Santa Elena.

La Fiscalía abrió una investigación para determinar las causas de su muerte. Hasta el momento no existe una conclusión oficial sobre las causas del fallecimiento. 

El 9 de junio de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo en una entrevista en radio América que la muerte se trataría de un suicidio. “Se encontraron en el lugar los indicios necesarios para llegar a esa determinación, dentro de las primeras versiones que dio su pareja sentimental”, dijo Reimberg.

Además, dijo que “el hecho sucedió en el interior de su casa [en Santa Elena]. Lo que pudo decir [su pareja] es que ella tenía problemas de depresión y estaba bajo medicamentos».

Reimberg dijo que, de acuerdo a la versión de su pareja sentimental, “horas antes le envió mensajes con palabras bonitas que sonaban a despedida”.

Alarcón cuestionó esas declaraciones, por sacar conclusiones antes de que terminen las investigaciones.

“Totalmente inapropiado pronunciarse en la manera en que se lo ha hecho, más aún cuando al emitir estas declaraciones ni siquiera habían iniciado los procedimientos respecto del cadáver de Monika”, dijo.

Tres días después, el ministro dijo a través de su cuenta de X que dispuso que “las indagaciones se desarrollen con la mayor celeridad, rigurosidad y transparencia, para que los hechos sean plenamente esclarecidos, además de colaborar íntegramente con los poderes del Estado a cargo de esta investigación y con la decisión de incorporar peritos internacionales”. 

Estas son las denuncias y publicaciones en redes sobre presuntos casos de corrupción que denunció Monika Silva: 

La costosa planta de tratamiento de aguas residuales

En 2021 presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Otto Vera, entonces alcalde de La Libertad, por presuntas irregularidades en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Santa Elena. 

Silva cuestionó el costo de la obra, que superaba los 5 millones de dólares, y denunció que, pese a esa inversión, el proyecto seguía sin concluirse. Para 2026, la planta aún no entra en funcionamiento. Vera, quien ha rechazado las acusaciones, actualmente es asambleísta por Santa Elena por el Partido Social Cristiano (PSC).

La fallida compra de un terreno municipal

Silva también visibilizó el caso de una mesera de 24 años que intentó comprar un terreno municipal por 2,7 millones de dólares en La Libertad. 

El caso llamó la atención porque no estaba claro el origen de los recursos con los que se pretendía realizar la compra. La historia derivó en investigaciones periodísticas y cuestionamientos públicos sobre el manejo del caso. 

Varios medios reportaron que la compradora era hija de una mujer que trabajaba en la casa de la madre de Cinthya Gellibert, quien entonces se desempeñaba como secretaria general de la Administración Pública.

El caso Bellitec y la venta de 745 hectáreas frente al mar

En 2024, Silva cuestionó la venta de 745 hectáreas de terreno frente al mar a la empresa Bellitec. 

Según la activista, la transacción se realizó sin una subasta pública durante la administración de Otto Vera. El ex alcalde ha negado cualquier irregularidad y sostiene que el proceso se hizo conforme a la ley.

Además, Silva denunció otros temas en Santa Elena, como la falta de renovación del registrador de la propiedad y la construcción del malecón de Manglaralto sin permisos ambientales, en una zona de anidación de tortugas marinas.

• Robinson del Pezo

Robinson del Pezo era periodista, activista y defensor de derechos humanos en Santa Elena. Fue asesinado el 20 de noviembre de 2025.

Él había impulsado denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la administración pública, contratación estatal y manejo de terrenos municipales.

Alarcón dijo que Del Pezo y Silva compartían preocupaciones similares sobre temas de transparencia y corrupción en Santa Elena.

“Robinson del Pezo fue asesinado el 20 de noviembre del 2025. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Siete meses y algunos días. ¿Y qué sabemos de esto? ¿Cómo han avanzado las investigaciones?”, dijo, reflexionando que no ha pasado nada.

Según el informe Un crimen contra la palabra, de Plan V, Del Pezo concentró gran parte de sus publicaciones en contratos municipales de combustible, asfaltado, eventos y otros servicios adjudicados por el Municipio de La Libertad. 

Él decía que existían posibles conflictos de interés porque algunos contratistas tendrían vínculos con autoridades locales o sus familiares.

Uno de los casos que más repitió fue el Contrato N.º 038 para suministro de combustible del Municipio de La Libertad. Del Pezo cuestionaba que el contrato hubiera sido adjudicado a Jorge Manuel Trejo Valdez, quien, según sus publicaciones, aparecía vinculado a una empresa en la que una hermana del alcalde, Francisco Tamariz, ejercía funciones directivas. Del Pezo planteaba que esto podía constituir un conflicto de interés.

También denunció presuntos direccionamientos en contratos de asfaltado, organización de eventos y otros servicios municipales, es decir, entregados “a dedo”; además de cuestionar la venta de terrenos, obras inconclusas y el manejo de recursos públicos en Santa Elena.

• Manuel Cabrera

Fue defensor ambiental y promotor turístico de El Guabo, en la provincia de El Oro. Fue asesinado a tiros el 24 de febrero de 2026 cerca de su propiedad, según Mongabay, un portal digital que ofrece servicio de noticias e información ambiental.

Durante más de 20 años protegió unas 300 hectáreas de bosque que eran suyas. Tuvo presiones e intimidaciones para que vendiera el terreno a mineros, pero se negó y defendió el territorio a través de su proyecto Las Cascadas de Manuel. 

Según Mongabay, defendía la conservación de la zona porque allí nacen fuentes de agua que abastecen a parte del cantón El Guabo.

Semanas antes de su asesinato, Cabrera había reportado la apertura de una vía ilegal y tala de árboles en el sector. Personas de su entorno relacionan esos conflictos con la minería. 

Las razones de su muerte tampoco han sido esclarecidas. 

¿Existe relación entre los casos?

Hasta ahora no.

Las autoridades no han dicho que exista un vínculo entre las muertes de los tres activistas ni que formen parte de una misma investigación. Cada caso se investiga de manera independiente.

Pero las organizaciones de la sociedad civil dicen que sí existe un elemento común: las tres personas participaban en procesos de denuncia, vigilancia ciudadana o defensa de derechos.

Estos casos generan preocupación, según Alarcón, porque ocurren en un contexto en el que organizaciones nacionales e internacionales han alertado sobre los riesgos que enfrentan activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Alarcón dice que Ecuador tiene obligaciones internacionales para proteger a quienes denuncian corrupción o defienden derechos. El Estado debe garantizar un entorno seguro, libre de violencia y libre de represalias, explica.

También señala que, según los estándares internacionales, los periodistas forman parte de la categoría de defensores de derechos humanos y deben contar con garantías especiales para ejercer su trabajo.

La Fundación Ciudadanía y Desarrollo y otras organizaciones han pedido investigaciones independientes, diligentes y transparentes sobre los tres casos. “No podemos tomar a la ligera estos hechos”, dice Alarcón. “Hay que actuar como corresponde a la Constitución y a la ley”.

Además, insiste en que las investigaciones deben evitar que estos casos queden en la impunidad.