La noche del 22 de mayo de 2024, el presidente Daniel Noboa decretó un estado de excepción en siete provincias del Ecuador, cinco de la Costa, dos de la Amazonía, y en un cantón de la Sierra. Las provincias son Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Sucumbíos, Orellana, Los Ríos, y el cantón es Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay. El estado de excepción duraría 60 días y la causal que usó el presidente para decretarlo era “conflicto armado interno”. 

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Sin embargo, el 14 de junio de 2024, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 275

La Corte, con siete votos a favor, una abstención y una ausencia, declaró la inconstitucionalidad del decreto porque “los hechos mencionados en el decreto no configuran específicamente la causal de conflicto armado interno” que invocó el presidente Noboa. 

Además, en el decreto también llaman la atención a la Presidencia de la República “por incumplir los requisitos previstos en la Constitución para la declaratoria de un estado de excepción” y recordaron al gobierno que el ordenamiento jurídico ordinario “prevé mecanismos para limitar el ejercicio de los derechos que el decreto bajo examen suspende”. 

Cuarto estado de excepción de Noboa

Este fue el cuarto estado de excepción que decretó el presidente Noboa desde su posesión, en noviembre de 2023. Esta cifra incluye el que decretó el 30 de abril de 2024 y la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional el 10 de mayo del mismo año. 

Según el Presidente tomó esta medida por la causal de “conflicto armado interno”. Además, en el video que publicó en sus redes sociales explicó que la declaratoria es parte de la “fase 2 de nuestra lucha contra el terrorismo en territorio nacional”.

También dijo que en esta “guerra” contra los grupos organizados, se ha “sectorizado las bandas criminales ante la ofensiva militar, se han resguardado y atrincherado en siete provincias”. Por ello, dijo que necesitan “que se permita el actuar a los militares” y que están ahí “para asegurar lo ganado y responder con determinación y fuerza según lo que el país en cada etapa necesita y así como pasamos del caos total a la paz, volveremos a vencer”.

El primer estado de excepción fue decretado el 8 de enero de 2024 por la “conmoción interna” que vivió el país, luego de la fuga de presos, guías retenidos en las cárceles, coches bomba y el ataque a un canal de televisión. Este caos derivó en el decreto del 9 de enero que describió la situación como un “conflicto armado interno” y declaró a miembros de 21 organizaciones criminales como “objetivos militares”. Este estado de excepción fue extendido por 30 días más el 7 de marzo de 2024. Duró, en total, 90 días. 

El segundo fue decretado el viernes 19 de abril de 2024, dos días antes de la consulta popular y referéndum, por la crisis energética que vive Ecuador. En el decreto, Noboa dispuso la movilización de miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas a instalaciones eléctricas en el país “para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar a su funcionamiento”.

De acuerdo a este decreto, en los 60 días de vigencia del estado de excepción, se buscará “hacer frente al déficit energético y garantizar el suministro del servicio de electricidad en el presente, propendiendo a una estabilización en un futuro inmediato”. 

El tercero fue el del 30 de abril de 2024 por “persistencia del conflicto armado interno”. Estaba focalizado en cinco provincias del país: El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, y no tenía un toque de queda. En el decreto el Presidente también suspendió la inviolabilidad de domicilio, es decir la Policía y Fuerzas Armadas podían entrar a casas o sitios sin una orden de restricción. 

Sin embargo, el 10 de mayo de 2024, diez días después de la declaratoria de Daniel Noboa, la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional por la causal de conflicto interno armado que usó el Presidente para declarar el estado de excepción en las cinco provincias. 

Con el dictamen, la Corte, dictaminó “la inconstitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción del 30 de abril (Decreto 250) y decidió “llamar la atención a la Presidencia de la República por incumplir los requisitos previstos en la Constitución para la declaratoria de un estado de excepción”.

Qué decía el decreto del estado de excepción del 22 de mayo de 2024

El decreto, que tiene 43 páginas en las que expone los motivos de la decisión, la justificación, los requisitos materiales, y los considerandos, contiene tres artículos y tres disposiciones.

Al igual que en el estado de excepción del 30 de abril, no habrá un toque de queda.

El primer artículo, el Presidente decreta el estado de excepción “por la causal de conflicto armado interno”, por 60 días en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Sucumbíos, Orellana, Los Ríos y en el cantón Camilo Ponce Enriquez de la provincia del Azuay.

En la primera disposición ordena a las instituciones del Estado pertinentes a cumplir con el decreto. En la segunda dice que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas no necesitarán “autorización previa alguna para ingresar a un domicilio e interceptar correspondencia en las provincias y cantón focalizado”. 

También dice que cuando se complete el estado de excepción “se compilará, sintetizará y presentará un informe ante el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que resuma los operativos y consideraciones empleadas para ejecutarlos”.

Finalmente, en la tercera disposición el Presidente designa que se notifique a la Corte Constitucional, Asamblea Nacional, Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos sobre el decreto al igual que la ciudadanía sobre la “suspensión de los derechos” del decreto. 

Según el decreto esto se fundamenta en “los informes de las fuerzas del orden, en los que se prueba y justifica la necesidad de medidas excepcionales, por cuanto las herramientas jurídicas ordinarias y las capacidades han sido excedidas”.

En el segundo, el Presidente suspende, en las siete provincias, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de correspondencia.

Mientras que en el tercero, el Presidente ordena a la Autoridad Nacional de Derechos Humanos (es decir al Ministerio de Derechos Humanos) “convocar, presidir, sistematizar y reportar aspectos relativos a los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos terroristas y actores no estatales durante el conflicto armado no internacional”.

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