Marcela Aguiñaga es una abogada guayaquileña, nacida en abril de 1973. Desde el inicio del gobierno de Rafael Correa, en 2007, Aguiñaga fue una figura cercana al entonces Presidente de la República. El 6 de febrero de 2023 fue proclamada como prefecta de la provincia del Guayas con el 37,39% de los votos válidos. Dejó atrás por más de 13 puntos a su principal oponente, Susana González, representante del Partido Social Cristiano y aspirante a la reelección.

En una entrevista en Teleamazonas, después de las elecciones, la prefecta de la provincia de Guayas dijo que esta es una “elección histórica porque hemos roto con la hegemonía de 30 años de administración del Partido Social Cristiano. La gente entendió que el modelo estaba agotado y no había para más”.

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Aguiñaga empezó como figura pública en el gobierno de Correa, en el cargo de Subsecretaria de Recursos Pesqueros pero, pronto, en 2007 fue posesionada como Ministra del Ambiente de ese gobierno. Duró en ese cargo hasta 2011. 

En 2010, varios medios de comunicación reportaron la incursión de funcionarios del Ministerio de Ambiente, incluida la entonces ministra Aguiñaga, a una camaronera que, supuestamente, estaba operando en la reserva Churute, un área ecológica protegida.  En los videos se veía a un trabajador que era arrastrado por la Policía —y fue posteriormente detenido junto al representante legal de la camaronera— mientras Aguiñaga, a gritos, exigía que “se lo lleven preso”. 

Otra de sus decisiones cuestionadas como Ministra fue la promulgación de un reglamento para la pesca dentro de la reserva marina de Galápagos en 2008. Este permitió que se sigan haciendo investigaciones científicas sobre artes de pesca —métodos usados para capturar peces y otras especies— incluso con aquellos que estaban prohibidos, como el palangre. La decisión permitió que se siga usando este mecanismo conocido mundialmente por su alto índice de pesca incidental. 

Tras dejar su cargo en el Ministerio del Ambiente, se postuló como candidata a la Asamblea Nacional en las elecciones de 2013, y fue electa asambleísta por Alianza País, entonces liderada por Rafael Correa. Fue nombrada como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, cargo en el que se mantuvo durante los cuatro años del período legislativo. 

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Aguiñaga ha sido una de las figuras más cercanas a Rafael Correa. En 2017, asistieron juntos a la audiencia de juzgamiento a Jorge Glas y otros procesados por el caso Odebrecht, en la Corte Nacional de Justicia.

En mayo de 2015, Aguiñaga le respondió a la entonces vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabacchi que cuestionó, sin mencionarlas, a las tres mujeres que entonces eran cabeza de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga —presidenta, primera y segunda vicepresidentas, respectivamente. 

“Creen que, porque ponen a tres mujeres de alto nivel en los puestos de la Asamblea Nacional, con eso pueden engañar a un país (…). Simplemente lo que tratan es de disfrazar esta dictadura y demostrar una vez más que hay un solo poder grosero, ese poder silenciador, ese poder que se disfraza en las sabatinas y lo que se han convertido es en ‘insultadinas’”, dijo.

Aguiñaga respondió con un tuit citando al medio televisivo que había transmitido la entrevista en la que Tabacchi señalaba a las tres legisladoras. Dijo “Seré sumisa una y mil veces cuando se trate de luchar y reivindicar los derechos de la mujer”

La entonces asambleísta intentó después matizar sus declaraciones contradictorias diciendo que: “Esta sumisión no significa someterse a ningún mandato, sino responder y defender siempre mis luchas y creencias. Ser sumisa a mis principios y luchar incansablemente por una verdadera reivindicación de la mujer”.

En esa respuesta también le dijo a Tabacchi que “recuerde que quien está gobernando este país es Alianza PAIS, somos nosotros quienes estamos en el poder y aquí no hay división de poderes, aquí hay funciones distintas”.

Los tropezones lingüísticos de Aguiñaga acentuaban la percepción de que había una concentración de poder alrededor del entonces presidente de la República, Rafael Correa, y que las mujeres en cargos de poder, respondían a la voluntad del mandatario.

Dos años antes, Paola Pabón, asambleísta por Alianza País, había propuesto discutir en la Asamblea Nacional la despenalización del aborto en casos de violación. A ella, se sumaron voces de otras legisladoras coidearias como Gina Godoy y Soledad Buendía, contrariando la voluntad de Correa que había insistido en que el tema no se trate —y luego amenazaría con renunciar en caso de que las legisladoras insistieran en debatirlo. Aguiñaga se mantuvo fiel a la postura de Correa e insistió en que la votación debía ser “orgánica”, es decir contraria siquiera a la posibilidad de discutir el tema. 

En 2017, cuando Rafael Correa se aprestaba a dejar el poder en manos de quien debía ser su heredero político, Lenín Moreno, Aguiñaga se postuló nuevamente para la Asamblea Nacional. Volvió a obtener una curul pero pronto, tras la ruptura entre Moreno y Correa, Aguiñaga se desafiliaría de Alianza País —junto a decenas de figuras políticas que gobernaron junto a Correa— para mantenerse fiel al ala correísta. 

Aguiñaga fue una de las asambleístas que votó en favor de levantar la inmunidad al entonces vicepresidente de la República —y su coideario—, Jorge Glas, para que pudiera ser procesado por el caso Odebrecht. En un comunicado diría que lo hizo por expreso pedido de Glas y que “aplaudía su valentía”. 

Ese mismo año, cuando Aguiñaga ejercía como legisladora, la Contraloría General del Estado estableció una glosa por responsabilidad civil culposa en su contra. La sanción era de poco más de 41 millones de dólares, por la compra de 66 lotes de terreno al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), cuando ella era Ministra de Ambiente. En ese terreno se construyó el Parque Samanes. 

La glosa fue ratificada en 2018. Para la Contraloría, se pagó siete veces más por el terreno de lo que en realidad valía. Esto significa que, de acuerdo al Municipio de Guayaquil, el avalúo de estos lotes era de 7,1 millones de dólares. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda aseguró que el precio era de 43 millones de dólares. Sin embargo, 5 años después, en agosto de 2022, Aguiñaga anunció que la glosa había sido anulada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil. 

El anuncio lo hizo pocos meses antes de que inicie la campaña electoral para las seccionales de 2023, en las cuales Aguiñaga se postulará como candidata a la Prefectura del Guayas, respaldada por el movimiento Revolución Ciudadana que agrupa al correísmo después de que perdieron el control de Alianza País. 

Esta organización, antes llamada Fuerza Compromiso Social, creada por Iván Espinel, quien hoy cumple una condena por lavado de activos, está ahora en manos de los simpatizantes del ex presidente Rafael Correa. 

En agosto de 2021, hubo una convención nacional de la organización política en la que Aguiñaga fue electa como presidenta del movimiento. Renunció al cargo el 18 de octubre de 2023. 

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María Sol Borja
Periodista. Ha publicado en New York Times y Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y fue finalista en los premios Jorge Mantilla Ortega, en 2021, en categoría Opinión. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Ex editora asociada y editora política en GK.
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