Así será la elección del próximo Fiscal General

El 11 de septiembre de 2024, con 6 votos a favor, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCCS) aprobó el reglamento para el concurso de elección del Fiscal General. Este documento define los criterios para los puntajes, los requisitos de probidad notoria, introduce una prueba oral y establece prohibiciones para los candidatos, entre otros aspectos clave. Estas son las fases y controversias del nuevo proceso de elección del próximo Fiscal General. 

El nuevo reglamento, que tiene 77 artículos, ha suscitado diversas reacciones, especialmente en el ámbito jurídico, por las restricciones que impone para los postulantes.

Entre los aspectos más debatidos, está la prohibición de que abogados que hayan defendido a personas acusadas de delitos relacionados con el crimen organizado en los últimos diez años puedan participar en el proceso de selección. 

Varios abogados penalistas consideran que esta medida criminaliza su ejercicio profesional y limita el acceso al concurso para ciertos perfiles de profesionales. 

La Federación Nacional de Abogados del Ecuador, a través de su presidente Paúl Ocaña, manifestó su desacuerdo con esta norma, argumentando que “discrimina a los penalistas y restringe el ejercicio de su labor”.

Según Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, con los cambios contemplados en el nuevo Reglamento, se busca “favorecer a candidatos que tengan un expediente mediocre, y que estén adscritos a alianzas políticas que se hayan generado alrededor porque la Fiscalía es la ‘joya de la corona’ para los políticos”. 

A pesar de las tensiones y controversias, el reglamento se aprobó con seis votos a favor y una abstención en el CPCCS. 

Algunos abogados y representantes de sus gremios han considerado la posibilidad de impugnar legalmente ciertos aspectos del reglamento, aunque una demanda de inconstitucionalidad parece poco probable debido al tiempo que implicaría su trámite.

Qué es la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía General del Estado, dice la Constitución de la República y la Ley orgánica de la Función Judicial, es un órgano autónomo de la Función Judicial. 

Tiene carácter único e indivisible y opera de manera desconcentrada. Es decir,  actúa como un solo organismo a nivel nacional, aunque tenga varias oficinas y fiscales distribuidos todo el territorio. 

Los fiscales, aunque sean individuos que actúan de manera autónoma en cada caso, representan a la Fiscalía como un todo. Además, tiene autonomía administrativa, económica y financiera. 

La Fiscalía General del Estado tiene la responsabilidad de dirigir, de oficio o a petición de parte, la investigación penal en sus fases preprocesal y procesal. Es decir, desde la indagación previa hasta la fase de juicio.

Durante el proceso penal, la Fiscalía ejerce la acción pública basándose en los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial énfasis en el interés público y los derechos de las víctimas. 

Esto significa que decide cuándo y cómo intervenir, buscando la justicia de manera eficiente y ajustada a las necesidades y derechos de las personas afectadas, evitando intervenciones innecesarias o excesivas.

La Fiscalía General del Estado, por tanto, desempeña un papel fundamental en la administración de justicia en Ecuador, asegurando el respeto a los derechos y la efectiva investigación de delitos dentro del marco constitucional y legal.

Su máxima autoridad, la Fiscal o el Fiscal General, es responsable de representar a la institución y debe actuar conforme a los principios constitucionales, respetando los derechos y garantías del debido proceso; es decir, asegurando que toda persona sea tratada de manera justa y legal durante los procedimientos judiciales.

¿Cómo se elige?

El polémico CPCCS y el proceso de elección del nuevo fiscal

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el 11 de septiembre de 2024 el Reglamento para el concurso de méritos y oposición que permitirá seleccionar al próximo Fiscal General del Estado. 

Un concurso de méritos y oposición es un proceso de selección en el que se evalúan, mediante pruebas, los méritos de un candidato a un cargo público, sus habilidades y conocimientos. 

Este método garantiza que la selección se base en el mérito y la capacidad, asegurando la transparencia y la igualdad de oportunidades.

Para la elección, el CPCCS formó una Comisión Ciudadana de Selección (CCS), que son elegidos tras una convocatoria pública. Estos comisionados son ciudadanos y académicos que cumplen con requisitos de probidad y experiencia. 

El reglamento para la selección del reemplazo de Diana Salazar busca, en teoría, garantizar la transparencia del proceso y la elección de un candidato que inspire confianza en la ciudadanía, en un país en el que la  designación de autoridades de control ha sido motivo de múltiples retrasos e incertidumbre.

Por ejemplo, la prolongada selección del Defensor del Pueblo en 2020 debido a impugnaciones, la controvertida elección del Contralor General del Estado en 2022 por falta de transparencia, y el retraso en la designación de jueces del Tribunal Contencioso Electoral en 2023 por disputas sobre los candidatos. 

La actual Fiscal General, Diana Salazar, dejará el cargo el 8 de abril de 2025. Por ende, el CPCCS tiene el calendario ajustado para llevar a cabo este concurso de seis fases.

Requisitos, prohibiciones e inhabilidades para ser Fiscal General

Los requisitos que constan en el nuevo reglamento están la nacionalidad ecuatoriana, poseer un título de tercer nivel en derecho, demostrar al menos 10 años de experiencia en la carrera judicial, docencia universitaria o ejercicio profesional en el ámbito penal, y estar en pleno ejercicio de los derechos políticos (participar activamente en la vida política mediante el voto, candidaturas y expresiones políticas, sin restricciones legales).

Entre las disposiciones más destacadas del nuevo reglamento, se encuentra la eliminación de prohibiciones que inhabilitaba a personas que hubiesen sido destituidas, cesadas o suspendidas en el ejercicio de su profesión, así como a aquellos que ya hubieran ocupado el cargo de Fiscal General o que hubiesen sido comisionados en concursos previos. 

Otras prohibiciones son: 

• Tener bienes en paraísos fiscales.
• Ser familiar de las máximas autoridades del CPCCS o de la Comisión Ciudadana de Selección.
• Haber sido condenado por delitos de violencia contra la mujer.
• Tener contratos con el Estado o encontrarse en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
• Estar involucrado en delitos de lesa humanidad o, como apunte antes, haber ejercido como defensor en causas relacionadas con el crimen organizado. 

Esta modificación parece estar orientada a ampliar el abanico de posibles candidatos.  

Además, se introdujeron restricciones que limitan la participación de quienes, en los últimos 10 años, hayan sido abogados defensores en casos vinculados a 36 delitos de crimen organizado. 

Entre ellos, narcotráfico, lavado de activos y otros relacionados con estructuras delictivas transnacionales. 

Las 6 fases de la selección del nuevo Fiscal General

El proceso será público y transmitido a través de los medios oficiales del CPCCS, para  garantizar su transparencia. 

En este concurso, los postulantes serán evaluados sobre un total de 100 puntos. 

Se asignarán en dos fases: la de méritos otorgará 50 puntos, la oposición, 50 puntos, habrá una prueba escrita que dará 30 puntos, y una oral que otorgará 20 puntos.

La Comisión Ciudadana de Selección integrará un equipo de treinta expertos catedráticos nacionales e internacionales en áreas como derecho penal, procesal penal, constitucional, humanos, gestión pública y pedagogía.

El equipo creará un banco de 3.000 preguntas para la prueba escrita. 

El 50% será sobre derecho penal. Otro 20%, sobre derecho procesal penal. 

Un 10% será sobre gestión pública, un 5% sobre derecho constitucional, y el 5% restante, sobre derechos humanos. 

La prueba oral consistirá en resolver un caso hipotético y simular una audiencia relacionada con las funciones de la Fiscalía. 

Se formarán tribunales de calificación, cada uno integrado por dos expertos y un miembro de la Comisión que presidirá.

Las seis etapas son:

Convocatoria y postulación: Tras el lanzamiento de la convocatoria a nivel nacional  y en las embajadas ecuatorianas en el exterior, los interesados tendrán 10 días para postularse, presentando sus expedientes. 

La convocatoria se realizará en los idiomas de relación intercultural (español y lenguas de las nacionalidades indígenas), en la página web del CPCCS , en las carteleras de la oficina principal y delegaciones provinciales del CPCCS, y en cadena nacional de radio y televisión.

Admisibilidad y reconsideración: En esta etapa la Comisión Ciudadana de Selección (CCS) ya empezará a asignar puntos a cada candidato. 

Verificará el cumplimiento de los requisitos y prohibiciones por parte de los postulantes. 

Los postulantes no admitidos podrán apelar esta decisión ante el pleno del CPCCS, que será la instancia definitiva.

Calificación de méritos: En esta fase se evaluará el expediente académico y profesional de los postulantes en base a 22 categorías de méritos. Entre ellas, doctorados, maestrías, libros escritos y publicados, cursos, seminarios, ejercicio en los sectores públicos y privados, entre otros. 

También se calificará en función de 10 materias de derecho, establecidas en el reglamento: penal, constitucional, administrativo, humanos, procesal penal, criminología y seguridad pública, ética y deontología profesional, gestión pública, derecho internacional y política criminal. 

Las calificaciones podrán ser apeladas, y esta apelación será resuelta por el pleno del CPCCS.

En esta fase, se otorgarán hasta 50 puntos. 

Escrutinio público e impugnación ciudadana: La ciudadanía y las organizaciones sociales podrán presentar objeciones sobre los postulantes en un plazo de cinco días posterior a la fase de calificación de méritos, basándose en cinco causales específicas, como la falta de cumplimiento de requisitos o la existencia de prohibiciones. 

Los candidatos impugnados podrán defenderse presentando pruebas de descargo en una audiencia pública.

Prueba de oposición: Esta fase tiene dos pruebas.

Una prueba escrita, que constará de 60 preguntas de opción múltiple sobre diversas áreas del derecho. 

Otra, oral, en la que los postulantes deberán resolver casos prácticos y realizar simulaciones de audiencias. 

Los tribunales serán conformados por los expertos y comisionados elegidos por el CPCCS, y los participantes tendrán 30 minutos para preparar sus casos. 

Elección y designación: Tras la culminación de todas las fases, la Comisión notificará al pleno del CPCCS sobre los postulantes que hayan superado el proceso. 

El Consejo tendrá dos días para designar al candidato con la mayor puntuación, como nuevo Fiscal General del Estado. 

En caso de empate, la decisión se tomará mediante un sorteo público con la presencia de un notario.

El proceso de selección del Fiscal General cobra especial relevancia no solo por el cargo en sí, sino porque el CPCCS ha sido criticado por su historial de retrasos en la designación de autoridades de control. 

Ese proceder ha dejado a varias instituciones clave bajo administraciones prorrogadas o encargadas. 

En el caso del nuevo Fiscal General, el proceso es clave para restaurar la confianza en el sistema judicial y asegurar el correcto funcionamiento de una de las instituciones más importantes del país.

Sombras sobre la Fiscalía 

En los últimos años, la figura del Fiscal General del Estado ha sido objeto de diversas controversias y escándalos que han impactado negativamente en la confianza pública en la justicia y la transparencia. 

Los últimos fiscales generales —Carlos Baca Mancheno, Galo Chiriboga y Diana Salazar— han sido cuestionados por presunta politización de su gestión. 

Carlos Baca Mancheno, quien asumió el cargo en 2017, fue destituido menos de un año después debido a un grave escándalo que involucró la divulgación ilegal de una conversación grabada entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit. 

Esta grabación, en la que ambos hablaban sobre la intención de destituir a Baca, desató una crisis política que no solo afectó la imagen de Baca, sino también la confianza en las instituciones del Estado. Su gestión fue fuertemente criticada por no haber avanzado en casos emblemáticos de corrupción, como los relacionados con Odebrecht y Petrochina, que involucraba a altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. 

El caso Odebrecht involucra a la empresa brasileña en un esquema de sobornos a funcionarios ecuatorianos a cambio de obtener contratos públicos durante varios gobiernos. Por su parte, el caso Petrochina se refiere a acuerdos petroleros entre Ecuador y empresas chinas, donde se investigan presuntos delitos de peculado y corrupción en la venta anticipada de petróleo ecuatoriano.

Galo Chiriboga ocupó el puesto entre 2011 y 2017.

Su cercanía con el entonces presidente Rafael Correa socavó su credibilidad y su imparcialidad en la conducción de varios procesos judiciales. Chiriboga es tío de Correa y fue ministro en su gobierno, lo que mostraba la injerencia del ejecutivo en funciones que deberían tener una independencia total. 

Su gestión fue criticada por su pasividad para perseguir la corrupción de sus coidearios. 

En su tiempo como Fiscal General, estalló el escándalo de una red de corrupción vinculada con el manejo de la petrolera estatal Petroecuador.  

Aunque Chiriboga empezó las investigaciones, fue fuertemente criticado por no haber llegado a conclusiones satisfactorias o hallazgos relevantes. Para, muchos era una clara señal de la protección que le daba a los intereses del gobierno de Correa​. 

En su administración también explotó el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en varios países de América Latina. 

Entre ellos, Ecuador. Famosamente, Galo Chiriboga dijo que ya sabía quién era el corruptor en el caso: “Odebrecht”, dijo, en tono sardónico. 

Años después, varias altas figuras del correísmo, entre ellas Jorge Glas, vicepresidente entre 2013 y 2017, su tío, Ricardo Rivera, y varios ex ministros de ese gobierno, fueron procesados y sentenciados por su participación en la trama Odebrecht. 

Además, Chiriboga fue investigado por la presunta compra irregular de una propiedad en España, lo que puso aún más en duda su credibilidad.

Diana Salazar asumió el cargo en 2019. Llegó con una imagen de renovada esperanza para la lucha contra la corrupción. Su participación en el Caso Sobornos 2012-2016, en el que se sentenció a varios exfuncionarios del gobierno de Correa, incluyendo al expresidente, fue vista como un golpe decisivo contra la impunidad.

 No obstante, su gestión también ha sido objeto de críticas, especialmente por la falta de avances en casos como Petrochina y la Refinería del Pacífico, dos grandes escándalos que involucran millones de dólares en contratos y presuntos actos de corrupción. 

Aunque Salazar ha tratado de proyectar una imagen de independencia, algunos sectores han cuestionado su manejo de casos relacionados con la élite política y económica del país​. 

Salazar ha liderado investigaciones clave en Ecuador que revelan la profunda penetración del narcotráfico en la política del país. Entre los casos más recientes destacan Metástasis y Purga, ambos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. 

Estas investigaciones han sacado a la luz la creciente influencia de grupos narcotraficantes en instituciones políticas y gubernamentales, mostrando cómo han permeado estructuras de poder. 

Estos casos no solo han sido trascendentales para la lucha contra la corrupción, sino que también han puesto en evidencia la magnitud del narcotráfico en Ecuador, atrayendo la atención nacional e internacional.

A pesar de su liderazgo en estos casos, Salazar ha sido duramente criticada por no avanzar en investigaciones como los INA Papers, un caso que involucra al expresidente Lenín Moreno y a su familia en presuntos actos de corrupción relacionados con empresas offshore. 

El intento fallido de destitución en la Asamblea Nacional mediante un juicio político, del cual Salazar logró salir indemne, fortaleció su imagen como una fiscal resistente ante las presiones políticas.