En los primeros tres meses de 2023, el riesgo país de Ecuador se ha mantenido por sobre los mil puntos. Este indicador —que entre más alto significa que es menos probable que un país cumpla con los pagos de su deuda externa— cerró marzo en en más de 1.971 puntos. Aquí te explicamos por qué ha aumentado tanto el riesgo país de Ecuador en 2023. 

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¿Por qué aumentó el riesgo país de Ecuador?

El economista y analista económico, Victor Hugo Albán, dice que el incremento del riesgo país en 2023 no se debe a razones económicas, sino políticas. Los indicadores macroeconómicos como el déficit fiscal y las reservas internacionales—que son algunos de los factores que pueden hacer subir o bajar el riesgo país— están bien, según Albán. 

El déficit fiscal se redujo del 7,7% del producto interno bruto (PIB) en 2020 a 1,7% en 2022. Las reservas internacionales están por sobre los nueve mil millones, según el Banco Central, su máximo nivel desde el comienzo de la dolarización. 

Albán dice que lo que ha hecho que el riesgo país aumente tanto es la coyuntura política actual de Ecuador. Estos son algunos de los factores que estarían teniendo un impacto negativo en el riesgo país ecuatoriano en la actualidad.

Anuncios de un posible paro nacional

La posibilidad de otro paro nacional como el que hubo en junio de 2022 es uno de los principales motivos del aumento del riesgo país en marzo, según Albán.

El Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal promotor de otra paralización, se reunió el 24 de febrero de 2023. Después del encuentro, anunció 14 resoluciones. Entre las principales, que se rompió el diálogo de gobierno y el anuncio de movilizaciones. Lo que despertó nuevamente la discusión sobre si habrá otro paro. 

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, dijo que decidieron retirarse de las mesas de seguimiento de los acuerdos en las mesas de diálogo entre las organizaciones indígenas y el gobierno, que se formaron después de las movilizaciones de 2022. Iza, autor del libro Estallido, donde dice que la crisis social solo se resolverá con “comunismo indoamericano o barbarie”, dijo que tomaron esta decisión porque “es evidente que no ha existido voluntad política por parte del gobierno nacional” para cumplir con los acuerdos a los que se llegaron en esas reuniones. 

Otro de los anuncios más polémicos de Iza después del Consejo Ampliado de la Conaie fue que llamó a dos “grandes movilizaciones” en marzo. Primero, dijo Iza, convocaba a “compañeros de los pueblos y nacionalidades a concentrarnos en la gran movilización nacional en la ciudad de Quito” el 8 de marzo de 2023 por el Día Internacional de la Mujer. Después, Iza convocó a la “gran movilización el 28 de marzo para entregar el proyecto de la Ley de Aguas y Recursos Hídricos”.

Cuestionada sobre si comandaría otro paro, la Conaie aclaró que no se refería a un paro nacional. Estefanía Lalvay, dirigente de comunicación de la Conaie, le dijo a GK que Iza se refería a que iban a participar en la marcha que se organiza en Quito por el Día de la Mujer cada año. 

En 2023, participaron mujeres y hombres de varias organizaciones indígenas en la marcha del 8M que terminó en la Casa de la Cultura con varios rituales de distintas nacionalidades. El 28 de marzo, dijo Lalvay, habrá una movilización para acompañar a la entrega del proyecto de la Ley de Aguas, pero insistió que no se trataría de un paro.

El abogado constitucionalista Mauricio Alarcón le dijo a GK que desde 2019 y 2022 “hay una connotación negativa en el término ‘paro nacional’”. Además, Alarcón dijo que cree que las organizaciones indígenas son conscientes de que no hay un detonante como lo hubo en 2019 con la eliminación del subsidio a los combustibles. Incluso, dijo, por eso habrían anclado la “movilización” al 8 de Marzo, una fecha en la que siempre hay una movilización nacional exitosa. 

A pesar de que la Conaie aclaró que las movilizaciones de marzo no serían como las de junio de 2022, Iza sí amenazó directamente con un paro nacional. El presidente de la Conaie dijo que no permitirán “que se pretenda resolver funciones del Estado y gobernar por decreto”. Esto se referiría a la posibilidad de que el Presidente disuelva la Asamblea implementando la muerte cruzada. Según Iza, si eso llega a suceder, “de manera inmediata declararemos en levantamiento y en paro nacional en el Ecuador”.

En los días siguientes al 24 de febrero, cuando Iza habló de las resoluciones del Consejo Ampliado, el riesgo país comenzó a aumentar. Pasó de 1.638 puntos, el 24 de febrero, a 1.829 para el 1 de marzo. Albán dice que eso demuestra que las declaraciones de Iza tienen un impacto directo en este indicador económico. 

El juicio político al presidente Lasso

Otro de los factores para el incremento del riesgo país, dice Albán, son las recientes filtraciones e informes sobre una presunta trama de corrupción dentro del gobierno y la posibilidad de un juicio político contra el Presidente, que se convirtió en una realidad el 29 de marzo de 2023 cuando la Corte Constitucional dio paso a este proceso.

El pedido de juicio político se presentó después de que, el 4 de marzo, el pleno de la Asamblea aprobó un informe, llamado El gran Padrino, que recomendaba el juicio político al Presidente. El informe que aprobó el pleno fue elaborado por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, creada en enero de 2023 en la Asamblea Nacional para investigar presuntos vínculos entre el gobierno y la mafia albanesa.

Esta comisión se creó en enero de 2023 después de dos filtraciones hechas por el canal La Posta. La primera son varios audios que vincularían a Danilo Carrera, el cuñado de Lasso y presidente del directorio del Banco Guayaquil, con una presunta red que gestionaba nombramientos y contratos en el Estado. Según la filtración, la figura central de esta estructura era Rubén Cherres, un amigo de Danilo Carrera. 

En la segunda filtración, el canal La Posta presentó un informe policial de 2021 que mostraba el seguimiento que se hizo a Cherres y Carrera como parte de una investigación reservada de una presunta estructura de narcotráfico vinculada a la mafia albanesa. Esta organización criminal se encarga de exportar droga para Europa desde América Latina. Según las declaraciones del canal  La Posta, la campaña con la que Lasso llegó a la presidencia se habría financiado con 1,5 millones de dólares de dinero vinculado a la mafia albanesa. 

Esas revelaciones han sido recogidas por el informe de la comisión legislativa. La cuenta de Twitter La Historia, que había publicado como cierto un supuesto mensaje de Leonardo Cortazar —unos de los supuestos involucrados en la presunta trama— desmintió que fuese real y pidió disculpas. Ese mensaje estaba incluido en el informe, como parte de sus presuntas pruebas. 

Ese informe policial fue archivado en 2021, pero después de la filtración en febrero de 2023, la Fiscalía ordenó que la investigación se reabra. 

En el informe de la Comisión, que fue aprobado por el pleno el 4 de marzo, se recomienda enjuiciar políticamente al Presidente porque cometió “las infracciones penales de cohecho, concusión y peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión”. Sin embargo, el abogado Pablo Encalada le dijo a GK que estos delitos no se pueden cometer “por omisión” porque exigen acciones. En un principio, el informe también decía que el juicio político debía ser por “traición a la patria”. Sin embargo, esa parte se retiró antes de llegar al pleno. 

El pedido formal de enjuiciamiento político a Lasso se presentó el 16 de marzo. Para plantear el juicio político, los legisladores aseguraron que Lasso incurrió en los delitos de concusión y peculado, establecidos como causal para la destitución en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución.

Sin embargo, para que el proceso avance era necesario contar con un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. La noche del 29 de marzo del 2023, la Corte Constitucional dio paso al proceso. Pero solo admitió la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado. 

La Corte no autorizó los cargos por presunta concusión, porque no cumplen con lo que exige el artículo 148 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).

Con esa decisión del tribunal más alto de la nación, el proceso regresó a la Asamblea Nacional donde deberá continuar avanzando. Por el momento, el trámite está en la Comisión de Fiscalización, que tiene un mes para elaborar un informe en el que diga si recomienda o no el proceso de enjuiciamiento político a Lasso. 

Las dudas sobre el final del periodo presidencial de Lasso

Las investigaciones por presunta corrupción y la posibilidad de un juicio político pusieron en duda que Guillermo Lasso termine su periodo presidencial. El 6 de febrero, después de las elecciones seccionales de 2023 que terminaron con una derrota para el referéndum propuesto por Lasso, el banco de inversión estadounidense JP Morgan dijo que los riesgos de una terminación anticipada del mandato de Lasso “han aumentado”. 

El banco no afirma que Lasso no terminará su periodo, pero sí levanta una alerta sobre el incremento de las posibilidades de que eso no pase a raíz de la victoria del No en el referéndum. 

Además de las advertencias de JP Morgan, medios internacionales reportaron que el precio de los bonos de deuda externa ecuatorianos cayeron después de los resultados de las elecciones. 

El medio especializado en economía Bloomberg reportó que los bonos ecuatorianos estaban generando pérdidas de más del 7% para los inversionistas. Según Bloomberg, eso la clasificó como la deuda soberana con peor desempeño del mundo en lo que va de 2023. 

Lejos parecen estar los días en los que la victoria de Lasso hizo que el riesgo país cayera y el precio de los bonos aumentara. Un día después de las elecciones del 5 de febrero de 2023, en consecuencia a las advertencias internacionales y a la caída de los precios de los bonos, el riesgo país pasó de 1.120 puntos a 1.415. Desde ese día, ha seguido aumentando progresivamente —hasta 400 puntos más— mientras el contexto político en el país se complicaba más. 

¿Qué es el riesgo país y por qué es importante?

El riesgo país es uno de los principales indicadores macroeconómicos. Es una cifra que indica qué tan probable es que un país no cumpla sus obligaciones financieras internacionales. Si sube o si baja, depende directamente con la coyuntura nacional e internacional. 

Mientras el riesgo país más se aleja de cero es peor: significa un riesgo mayor de que ese país no cumpla sus obligaciones crediticias. Por ende, hay menos probabilidades de que se le concedan créditos de multilaterales, bilaterales y que se compren sus bonos de deuda externa. También podría significar que solo se pueda acceder a créditos con tasas de interés altas, plazos de pago cortos, y otras condiciones que pondrían al país en desventaja como deudor. 

Además, el riesgo país es una señal de si en ese país hay un escenario óptimo para la inversión. Si es muy elevado, el riesgo de invertir es mayor y, por ende, es menos probable que reciba capital extranjero. “Yo [como inversionista extranjero] veo en dónde está el menor riesgo y ahí pongo el dinero”, dice el economista Albán. Esa inversión, dice, es fundamental para que se incremente el empleo en el país. Si no llega por el elevado riesgo país, es poco probable que se abran nuevas plazas de trabajo, lo que es extremadamente necesario en un país en el que solo 3 de cada 10 personas tienen empleo pleno y en el que el trabajo informal está en aumento.  

Es decir, el riesgo país no es un indicador aislado, puede llegar a afectar a la economía personal de los ecuatorianos. Albán aclara que “no se puede decir que el riesgo país es solo la posibilidad de que se honren las deudas. Tiene una vinculación con toda la parte de la economía, con el comercio exterior, ventas, recaudación tributaria, con el producto interno bruto, la producción. Esos son indicadores que van sumándose”. 

Susana Roa 150x150
Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.
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