La Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, creada en enero de 2023 en la Asamblea Nacional para investigar los supuestos vínculos entre el gobierno de Guillermo Lasso y la mafia albanesa, hizo un informe que recomienda el juicio político a Lasso. El documento fue aprobado por el pleno del Legislativo el 4 de marzo de 2023.

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Antes de la discusión en la comisión, uno de sus miembros, Gruber Zambrano de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a los asambleístas afines al gobierno, dijo que no conocía de la realización del informe. “Esto lo han hecho escondido”, alegó Zambrano. 

Ahora que el informe fue aprobado por el pleno, un asambleísta deberá proponer el juicio contra el Presidente. La bancada de Unión por la Esperanza (UNES), que aglutina al correísmo, ya ha anunciado que será proponente del juicio. Pero antes de que avance el proceso, la Corte Constitucional deberá resolver si procede o no el enjuiciamiento político contra Lasso.

Las causales, según el informe, son las que establecen el artículo 129 de la Constitución. Es decir, el cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública.

Originalmente el informe decía que “existen claros indicios de haber cometido el tipo penal de traición a la patria”. También dice que el Presidente cometió “las infracciones penales de cohecho, concusión y peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión”.  

El abogado penalista Pablo Encala explica que «técnicamente no es posible cometer cohecho o concusión por omisión» porque los verbos rectores de esos delitos exigen acciones: recibir, aceptar, exigir contribuciones económicas. El peculado sí podría cometerse por omisión. Sin embargo, Encalada dice el Código Orgánico Integral Penal «restringe la posibilidad de cometer delitos de omisión a 4 bienes jurídicos —derechos protegidos—, entre los que no está la administración pública, que es el bien jurídico lesionado en los delitos de corrupción».

En cambio, sí podría cometerse el delito de traición a la patria por omisión. Encalada dice que, por ejemplo, si estando en guerra no se informa de la aproximación del enemigo. Sin embargo, Encalada explica que ese tipo de ejemplos «no tienen en absoluto nada que ver con los hechos que se investigan en este caso». Según él, «es un absurdo jurídico decir que los hechos que se investigan se enmarcan en un delito de traición a la patria, que tiene que ver con traición en conflicto bélico».

En la sesión de la comisión del 1 de marzo, los asambleístas decidieron eliminar la parte de traición a la patria del informe antes de aprobarlo.

Sin embargo, sí se incluyó en el informe una publicación de la cuenta de Twitter La Historia que incluía un supuesto mensaje de Leonardo Cortázar, el delator y supuesto operador de la red de corrupción en una de las empresas públicas, en el que aseguraba que financió la campaña presidencial de Guillermo Lasso. 

Sin embargo, un día después, La Historia admitió públicamente que el mensaje de Cortazar era falso. “Por un grave error de verificación de nuestra parte, el 28 de febrero publicamos un tuit atribuyendo a Leonardo Cortázar una declaración. Esa cuenta no es de Cortázar” decía la publicación que incluía un mensaje de Cortázar diciendo que no hizo ningún aporte económico a la campaña de Lasso. 

El informe nace, esencialmente, de dos filtraciones hechas por La Posta, que se convirtieron en escándalos públicos. 

El primero, es un compendio de audios filtrados que vincularían a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, con una supuesta red que gestionaba nombramientos y contratos en el Estado y en el que era figura central un amigo de Carrera, Rubén Cherres. 

La segunda fue la presentación de un informe policial de 2021 que mostraba el seguimiento hecho a Cherres y Carrera durante la investigación reservada de una presunta estructura narcotraficante vinculada a la mafia albanesa, que exporta narcóticos a Europa desde América Latina y que ha hecho de Guayaquil uno de sus bastiones

Ese informe policial fue archivado en 2021, y resurgió por la divulgación de La Posta. 

Con base en esos dos antecedentes y a una serie de comparecencias ante la Comisión, ésta ha redactado su informe. 

¿Qué dice el informe de la Asamblea?

El informe aprobado por el pleno establece algunos hechos que conecta con ciertas conclusiones propias. 

En mayo de 2021 —mes en que Lasso se posesionó como Presidente de la República— la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico de Sustancias Sujetas a Fiscalización de la Policía Nacional comenzó a rastrear a una presunta organización delictiva que enviaba droga al extranjero. Operaba en Manabí y Guayas. Se abrió una investigación para esclarecer el caso.

Dentro de la misma investigación, la Unidad Nacional de Investigación Contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno de la Policía hizo un informe el 15 de enero de 2022. En él, “se evidencia los vínculos de Rubén Cherres Faggioni con Danilo Carrera Drouet y Gjika Dritan, líder de la mafia albanesa de narcotráfico”, dice el documento de la Comisión

Este informe policial fue entregado a la Fiscalía. Esto, según la Comisión, se “evidencia con seguimientos e interceptación de llamadas las gestiones efectuadas entre Rubén Cherres y Danilo Carrera para la designación de altos cargos en el gobierno nacional.” 

El 19 de enero de 2022, el fiscal Rubén Darío Balda Zambrano de la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional No. 1, solicitó el archivo de la investigación previa que se había iniciado a partir del informe policial hecho un año antes

El 21 de marzo de 2022, el juez Cristhian Luvin Quito “resolvió disponer el archivo” y la reserva de la investigación. 

La comisión se creó después de que el canal La Posta hiciera una serie de filtraciones, audios y documentos que, alegaba, eran prueba de supuestos vínculos entre la mafia albanesa y el gobierno de Guillermo Lasso. La persona señalada como vínculo entre la administración y la mafia habría sido Rubén Cherres, amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso. 

Según La Posta, Cherres también habría tenido participación en el nombramiento irregular de funcionarios. Bernardo Manzano renunció a su cargo como Ministro de Agricultura porque, un año antes de su designación, le habría entregado su hoja de vida a Cherres. 

El Ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo en una entrevista publicada en GK, que la salida de Manzano era “un gesto político”. Según Cucalón, Manzano “no cometió ningún ilícito”. Su salida sería, una prueba de lo que llamó “la transparencia del gobierno” de deshacerse de algo que “podría verse mal”. 

La Posta también señaló a Hernán Luque, ex delegado del presidente Guillermo Lasso para presidir el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), como parte de un entramado que, supuestamente, gestionaba cargos de forma irregular dentro de las empresas públicas

Luque supuestamente estaría relacionado a Leonardo Cortázar, el delator y supuesto operador de la red de corrupción en una de las empresas públicas, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), según lo difundido por La Posta.

Tras las revelaciones, uno de los fundadores de La Posta y presentador de las filtraciones, Andersson Boscán, compareció ante la comisión ocasional en la Asamblea Nacional. Allí dijo que la investigación policial —hoy citada por la comisión— “no se cerró solita, la cierra alguien con poder político”. También adujo que, de acuerdo a los documentos que habían llegado a su poder, “1,5 millones de dólares habrían sido utilizados para financiar la campaña de Lasso millones con dinero presuntamente vinculado a la mafia albanesa”.

Entrevistado en la cadena televisiva RTU, Andersson Boscán dijo que “esto es una transcripción de una llamada interceptada a Ruben Chérres” con alguien que, según él, se encargaba de “operar políticamente con César Monge y Ruben Chérres dice mis socios y yo estamos un poco molestos porque metimos a la campaña mascarillas, pruebas y camisetas’”. Boscán dijo que los únicos socios conocidos de Cherres son “los albaneses”.  Sin embargo, no otorgó más detalles de que las mascarillas, pruebas y camisetas asciendan a 1,5 millones de dólares.  

Mencionó, además, los nombres de varios altos mandos de la Policía Nacional que, alegó, deberían dar “explicaciones” por su presunta influencia para dar por cerrada la investigación

Entre ellos, citó al general Mauro Vargas —que para entonces dirigía la Inteligencia y que habría sido informado de la investigación, la entonces Comandante General, Tanya Varela y el general Giovanni Ponce, que a la fecha dirigía Antinarcóticos, y el entonces Ministro del Interior, Patricio Carrillo, entre otros. 

Boscán aseguró en esa intervención que el equipo de Inteligencia que investigaba el caso fue disueltoEn uno de los videos, se mostraron imágenes de unos de los pases que se dieron, lo que según el periodista es motivo de sospecha. El informe de la Comisión no ofrece evidencia contundente de que el equipo se haya disuelto como una retaliación de la investigación. Según Boscan, uno de sus miembros fue enviado a hacer patrullaje en El Guasmo, un conflictivo sector popular de Guayaquil. Ahí, su vida correría peligro, alegó Boscán.

La Posta también aseguró que el entonces general Victor Araus se habría reunido con Danilo Carrera para que “interfiera” ante el presidente Lasso para su ascenso. Araus no ascendió y el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa, dentro del caso conocido como “narcogenerales”.  

Para el ministro Cucalón, el hecho de que Araus no haya sido ascendido demostraría que ni Cherres, ni su amigo Carrera, tenían influencia en las decisiones que tomaba el gobierno de Lasso. “el General que le pide una cita a fulano para que le consiga a mengano. Habla con mengano, que es el familiar del Presidente, sin el consentimiento y él le dice que no lo puede ayudar.  Vamos al hecho: el Presidente de la República lo botó dos veces al General Araus. Ese es el hecho”,  sostuvo en la entrevista que se publicó en GK. 

Las filtraciones de La Posta generaron que la Fiscalía abriera una investigación denominada Caso Encuentro —en alusión al slogan del régimen: el Gobierno del Encuentro. Además, tras la difusión del informe de la investigación por narcotráfico, ordenó que esta se reabra. 

Las conclusiones del informe de la Comisión

El informe que básicamente hace una recopilación de lo expresado por Boscán en sus filtraciones y en su comparecencia, llega a las siguientes conclusiones: 

El cometimiento “presuntos delitos contra la administración pública y la estructura del Estado”.  Por lo tanto, dice, el expediente debe ser entregado a la Fiscalía General del Estado para que investigue estos potenciales delitos. Sostiene, además que el ex Secretario de Política Pública contra la Corrupción, Luis Verdesoto “manifestó que el Presidente de la República, después de leer y conocer la corrupción informada, solicitó que no se presente el informe a las autoridades pertinentes, constituyendo esto un intento de obstruir el proceso de investigación y fiscalización”.

Lasso, para la Comisión, interfirió en el proceso investigativo que llevaba adelante la Fiscalía General del Estado, al permitir que, desde el Ministerio del Interior, se facilite el traslado de 37 agentes policiales, que serían los agentes de Inteligencia que, según el informe al que La Posta accedió, habrían sido luego enviados a tareas como las de patrullaje

Además, el informe concluye que el equipo de la Policía fue disuelto “de manera arbitraria e ilegal” por el general Geovanny Ponce. 

El informe de la Comisión hace también alusiones a declaraciones del legislador Fernando Villavicencio, cuyo testimonio se recoge en otro informe llamado León de Troya. Ese informe fue hecho por el Frente Parlamentario Anticorrupción , integrado por Villavicencio, la legisladora Sofía Sánchez de Pachakutik, entre otros parlamentarios. Allí se dice que Villavicencio sostuvo una reunión con el presidente Lasso el 31 de enero de 2023 en el Palacio de Carondelet.

El informe dice que el legislador “le informó al primer mandatario su preocupación y alerta respecto de los vínculos y actividades que vendrían sosteniendo familiares por afinidad y amigos cercanos respecto del manejo de varias instituciones en el sector eléctrico”. Además, le habría señalado las “ designaciones de altos funcionarios bajo el supuesto tráfico de influencia que se generaría aparentemente con la venia y participación del señor Danilo Carrera Drouet y Rubén Cherres Faggioni”.

Según el Frente Parlamentario Anticorrupción, “la visita del asambleísta Villavicencio fue un acto determinante para reafirmar que el señor presidente de la República tenía conocimiento con debida antelación de los supuestos hechos e irregularidades que estarían comprometiendo la imagen del gobierno nacional”.

El informe de la comisión asegura también que se convocó a Tanya Varela en dos ocasiones, y a los generales Geovanny Ponce y Mauro Vargas, en tres, pero que no acudieron y tampoco lo hizo el teniente coronel José Luis Erazo, por no haber tenido autorización de sus superiores. Erazo fue quien lideró la investigación que fue finalmente archivada por la Fiscalía

Erazo denunció ante la Fiscalía supuestas amenazas de muerte que habría recibido el día que debía comparecer ante la Comisión.

Los miembros de la Comisión

Esta comisión está conformada por siete legisladores:

  • La preside Viviana Veloz, asambleísta de UNES
  • Mireya Pazmiño, asambleísta que llegó por Pachakutik, pero que se ha distanciado de la organización y es considerada una de las “rebeldes” de la disciplina de su organización. 
  • Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano
  • Diego Esparza, de la Alianza Honestidad —esta alianza concretada para las elecciones de 2021, incluyó a la Concertación liderada por César Montúfar y al Partido Socialista Ecuatoriano.
  • Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática
  • Augusto Guamán, del Movimiento Acuerdo Ciudadano (MANA), y
  • Gruber Zambrano de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa al oficialismo
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María Sol Borja
Periodista. Ha publicado en New York Times y Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y fue finalista en los premios Jorge Mantilla Ortega, en 2021, en categoría Opinión. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Ex editora asociada y editora política en GK.
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