La campaña electoral de las elecciones seccionales 2023 arranca el mismo día en que Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tiene —¡nuevamente!— que dar explicaciones por las acciones —y omisiones— del organismo que preside. 

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El nuevo cuestionamiento al organismo —cuyos vocales deberán ser electos en las próximas elecciones de febrero— es su incapacidad para nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. En ese organismo, que regente administrativa y disciplinariamente la función judicial, Fausto Murillo está prorrogado en sus funciones como presidente. El CPCCS debe elegir a su reemplazo en la presidencia. Para eso, la Corte Nacional de Justicia debe enviar una terna. 

Esta semana, el CPCCS, pretendió elegir al vocal de la cuarta terna recibida, pero no hubo consensos y Murillo seguirá prorrogado en sus funciones hasta que el CPCCS se ponga de acuerdo —¡si es que eso sucede!

Este es solo uno más de las dificultades que ha tenido el CPCCS y que han contribuido a su desprestigio. Así, es difícil imaginar que algún ciudadano pudiera acudir con entusiasmo a las urnas para elegir a los siete vocales —y sus alternos— que formarán este organismo en el siguiente período. Además, de los siete que actualmente están en funciones, cinco buscarán la reelección. 

En las mismas elecciones, los ciudadanos tendrán que votar sobre una consulta popular impulsada por el Ejecutivo. Una de las preguntas que plantea la consulta es eliminar las atribuciones del CPCCS para designar autoridades. Y eso, probablemente, le quitará el principal atractivo a la institución que todos los políticos quieren controlar.

La explicación es simple: sin la potestad de nombrar autoridades clave en una democracia —contralor general, superintendentes, defensor del pueblo, procurador general, entre otras—, ya solo quedará el hueso de una institución que, supuestamente debía “ciudadanizar” al poder político . En la práctica, nunca lo hizo. 

La desidia ciudadana no es solamente porque parece que en nuestra democracia damos vueltas en círculos, creando instituciones “independientes” para luego destruirlas porque terminan cooptadas por varias facciones políticas. O creyendo en consultas populares que, nos dicen, cambiarán la realidad del país, para después descubrir que no.

Cuando la realidad del país explota en la cotidianidad de los ciudadanos, la desidia puede ser la gran ganadora. Esa explosión se ve reflejada, por ejemplo, en las cifras de inseguridad. Este año, la tasa de homicidios fue de  25,32 por cada 100 mil habitantes. Eso la convierte en la más alta de la historia. 

La violencia se ha visto también en la precampaña. Atentados en medio de actos proselitistas —como ocurrió con el candidato a la alcaldía de Portoviejo por el movimiento Avanza, Javier Pincay. El 20 de diciembre pasado escapó de ser asesinado luego de que recibiera al menos siete balazos. 

Dos días después, en Esmeraldas, el hijo de una candidata correísta a concejala rural, fue asesinado tras ser atacado por unos hombres que se movilizaban en una moto. 

¿Son esas advertencias de lo que veremos en campaña? Al menos es un aviso del estado del país. 

La violencia ha permeado demasiados espacios y eso incluye también la vida política y electoral del país. Es inevitable que sus tentáculos alcancen las organizaciones políticas y a quienes pretendemos elegir para representarnos. Sobre todo, en las provincias en las que, a diario, viven los estragos de esa violencia. 

No sorprende entonces que las encuestas evidencien ese ánimo. Datos de una encuesta hecha por IPSOS en noviembre de 2022 mostraban que solo el 16% de los ecuatorianos piensan que el país va por buen camino. Eso nos pone en el top 5 del mundo —sí, del mundo— de las naciones que consideran que su rumbo no es positivo. Otra encuesta de la misma firma, reveló que el 95% de los ecuatorianos  no cree en los políticos

La calificación al Presidente de la República no es más alentadora. Según otra encuesta, de la empresa Market, 82,6% creen que la gestión de Lasso es mala y 88,1% creen lo mismo sobre la Asamblea. Esta difiere de la encuesta de Ipsos: en ella 64% de los encuestados desaprueba la gestión del Presidente y 33% la aprueba. 

Y aunque esos datos no son más que una foto del momento y pueden variar en las próximas semanas, la figura del Presidente y su liderazgo afectará las elecciones seccionales en distintas medidas. Eso es inevitable. 

El planteamiento de consulta popular se verá atado a la imagen que los votantes tengan del gobierno que la impulsa y también los resultados que podrían obtener los candidatos del oficialismo en las distintas provincias en las que se postulan. 

A la inversa, ciertas alianzas que hace el oficialismo podrían resultar confusas —o perjudiciales— para la imagen nacional del Presidente. 

Una de las más cuesitonadas es, por ejemplo, la que respalda la candidatura de Paúl Vélez, sentenciado en dos instancias por el asesinato de quien entonces era alcalde de Muisne, Walker Vera, en 2014. En esa alianza con la que Vélez se postula están el oficialismo, con CREO, Avanza —creada por el exministro del correísmo y actualmente prófugo de la justicia, Ramiro González,y Construye —movimiento que al nacer se llamó Ruptura de los 25 y estaba liderado por María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, entre otros. 

Eso demuestra que, en la práctica, el discurso gubernamental de lucha contra el crimen llega hasta que las alianzas obligan a adaptarse a lo que hay. ¿O si no cómo se explica que un gobierno que dice estar comprometido con la lucha contra el crimen se alía con un personaje sentenciado por homicidio? 

La incoherencia política suele aflorar durante la campaña, cuando también se suele poner en evidencia el simplismo con el que los políticos ven los problemas más profundos del país. Si no, basta abrir la cuenta de Tik Tok de cualquiera de los candidatos y encontrar la receta perfecta para la desidia —o la vergüenza ajena. 

Maria Sol Borja 100x100
María Sol Borja
Periodista. Ha publicado en New York Times y Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y fue finalista en los premios Jorge Mantilla Ortega, en 2021, en categoría Opinión. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Es editora asociada y editora política en GK.
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