¿Para qué quiere regresar la Revolución Ciudadana?

El ex presidente Rafael Correa quiere que su proyecto político regrese al poder. O, por lo menos, esa es la promesa — o advertencia, depende para quién vaya el mensaje— que hace en sus anuncios en redes sociales. Una promesa que también está en el primer spot de campaña en el que evidencia que un potencial triunfo de Luisa González es, en realidad, el equivalente al regreso de Rafael. 

Que ya falta poco, dice el hashtag que usa el expresidente y varios de sus coidearios y simpatizantes, cada vez que tuitean.

Y en los tuits, no queda duda que el anuncio es casi una amenaza velada para aquellos a quienes Correa y sus seguidores consideran enemigos de su proyecto político, truncado tras el quiebre entre el expresidente y su antiguo amigo, Lenín Moreno. 

Por su puesto, entre los que deben temer hay un amplio abanico en el que caben todos los que no aplaudan incondicionalmente sus ideas, sus tesis, sus postulados, sus formas de responder, sus argumentos, sus afectos y sus desafectos. Eso incluye oponentes políticos, periodistas, opinadores, articulistas, desertores de lo que fue Alianza País o cualquiera que pueda decir en voz alta que hay algo que al líder de la Revolución Ciudadana le incomode. 

Correa ha resucitado incluso una versión tuitera de un espacio dedicado exclusivamente a la prensa y a los columnistas, que tenía en sus famosas sabatinas. Allí, con toda la majestad de su Presidencia —como le gustaba ser reconocido— se encargaba de descalificar, estigmatizar y atacar a los periodistas y medios de comunicación. 

Para hacerlo, usaba todo el poder que tenía por ser el Presidente de la República: un presupuesto millonario destinado a pagar productoras, locutores y guionistas; un espacio en cadena nacional obligatoria para difundir sus sagradas palabras; una palestra pública que, de no ser Presidente, no la habría tenido. 

Entre 2008 y 2017, Fundamedios —la organización que trabaja en favor de la libertad de prensa y expresión— contabilizó 2348 agresiones; es decir, al menos cinco agresiones contra la libertad de expresión cada semana.

Fundamedios también contabilizó 95 agravios contra mujeres en los 152 Enlaces Ciudadanos pagados con fondos públicos que se emitieron entre 2013 y 2016, según recogió diario El País en mayo de 2017.

En una democracia sólida estas agresiones son inaceptables. Urge aprender a debatir con altura y a discrepar con la tranquilidad de saber que nadie te va a perseguir por ello. Se puede cuestionar al gobierno y sus funcionarios sin el miedo de convertirte en un blanco de amenazas y ataques.

Lastimosamente, en democracias tan débiles como la nuestra, los comportamientos abusivos desde el poder son avalados por muchos ciudadanos acostumbrados a una cultura machista y violenta. En esa cultura, se premia a quien “tiene los pantalones” de dar órdenes a gritos. De amenazar y arengar a sus simpatizantes para que actúen como bullies —esos escolares abusivos que, sabiendo que tienen más fuerza, someten a quien parezca más débil. 

Es cierto que esos comportamientos no son exclusivos del correísmo. Pero con ellos ya vivimos un gobierno y sabemos cómo se comportan con el poder entre sus manos. Sabemos que desde una palestra gubernamental insultan con altavoz a todo aquel que ose cuestionar la brillantez de sus decisiones o la transparencia de sus acciones. 

Un mandatario, un político, un funcionario que goza del poder que el Estado le otorga está sujeto al escrutinio público. La prensa no tiene la obligación —ni remota— de aplaudir sus discursos o felicitar sus acciones. Al contrario, en una democracia, la prensa tiene la obligación de fiscalizar y ser crítica con las acciones de todo gobernante. 

Para difundir información sobre las obras, los proyectos o las políticas que se aplican, están la propaganda y las relaciones públicas. No el periodismo. Y todo lo que haya que reclamarle al periodismo, por supuesto hay que hacerlo: sin piedrazos, sin amenazas, sin estigmas. Porque todo eso se convierte en violencia física en contra de fotógrafos, camarógrafos y reporteros que pretenden hacer su trabajo en las calles. ¿O ya nos olvidamos de que al reportero de televisión, Freddy Paredes, casi lo matan de un piedrazo en una manifestación? 

No deja de ser penoso que haya una militancia ciega, y una parte de la ciudadanía, que no logren ver el peligro de eliminar oponentes y medios de comunicación. No porque la oposición o los medios sean perfectos —¿quién lo es?— sino porque avalar un constante descrédito al periodismo resulta en un búmeran para los ciudadanos. Pues mucha de la información a la que tienen acceso es precisamente gracias a esos medios que tanto critican. 

Claro, con líderes autoritarios, los medios solo sirven cuando lo que reportan, cuestionan o critican sirve a la narrativa gubernamental. O, por supuesto, cuando su trabajo permite a esos líderes desacreditar a sus oponentes. 

Leer que un expresidente se refiere como “insignificante ratita” a un funcionario público —y que, por supuesto, está sujeto al escrutinio— solo puede crear un ambiente de violencia y hostilidad para la discrepancia. 

Si Correa —o cualquier otro político o ciudadano— quiere cuestionar a un funcionario puede usar la fuerza de los argumentos. No necesita epítetos ni minimizaciones personales porque eso lleva a la política al lodazal más contaminado posible. 

¿Para qué, entonces, quiere regresar Rafael Correa? ¿Para materializar una venganza contra aquellos que, a su juicio, han pretendido sacarlo del juego político? ¿Para meter las manos en la justicia y dar de baja los procesos en contra de funcionarios de alto nivel señalados por corrupción?

La justicia endeble y sumisa al poder de Carondelet no es un invento reciente; ha sido una constante en la historia reciente del Ecuador. Por eso, a muchos ciudadanos no les espanta que un mandatario asegure que quiere regresar para echar abajo procesos judiciales, como si eso dependiera de la voluntad del Ejecutivo. 

Si es que ha habido irregularidades en los procesos —difícilmente alguien puede tener confianza en una justicia desinstiucionalizada y frágil como la que tenemos— hay niveles para plantearlo. 

Uno de esos niveles es precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde Jorge Glas acudió en busca de medidas cautelares — que le fueron otorgadas en 2020. Ahí sí era válido lo que la Comisión dijera. Aunque durante su gobierno, cuando el organismo dictó medidas cautelares  a favor de Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, condenados por la justicia ecuatoriana por haber injuriado al Jefe de Estado, Correa dijo que el organismo no tenía potestad para dictarlas.

Cuando fue en favor de Glas, entonces sí valían esas mismas medidas que, cuando eran para otros, Correa condenó. 

También fue válido cuando, en noviembre de 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso, la CIDH se pronunció, preocupada por la violencia en el país. Correa lo replicó en su cuenta de Twitter. 

En el olvido quedaron aquellas palabras que dijo en contra de la Comisión, cuando era presidente. “Se ha convertido en una comisaría de quinta categoría”, dijo entonces, después de que la Comisión admitiera una demanda de los directivos del diario El Universo en contra del Estado ecuatoriano. 

La lógica es la de medir con una vara distinta: si me beneficia a mi o a los míos, es válido. Si la misma medida beneficia a quienes no me gustan, entonces ya no funciona. 

Y aunque suene absurdo, para la lógica binaria de algunos —o es todo bueno o es todo malo, no existen matices— que a muchos les preocupe el eventual regreso de un gobierno de la Revolución Ciudadana no quiere decir que es la única preocupación. No quiere decir tampoco que las garantías para ejercer periodismo o la libertad de expresión sean la única prioridad por encima de, por ejemplo, combatir el crimen organizado y la violencia. 

Es en el gobierno de Guillermo Lasso que, al menos, dos periodistas tuvieron que exiliarse del país por serias amenazas a su vida —una de ellas, una querida amiga y colaboradora de GK. También es en este gobierno en el que se han disparado los índices de violencia a niveles históricos y se han degradado las condiciones para ejercer el periodismo. 

Si a ese contexto de por sí difícil para cualquier ciudadano y para cualquier periodista que ejerza, le sumamos la posibilidad de tener que enfrentarnos nuevamente a un poder desbocado que desde ya advierte cómo será con sus adversarios, ¿qué les queda a los ciudadanos?

Una prensa imperfecta es mejor que una prensa inexistente. Una oposición cuestionable es mejor que ninguna oposición. Y la voz oficial para calificar quién sí es bueno y quién es malo, quién sí puede opinar y quién no debe ser, en ningún caso, aquella sostenida por todo el poder del Estado. 

El país podrá ser mejor en el momento en que todos los ciudadanos entiendan que en una democracia conviven muchas posiciones divergentes y eso no solo es saludable, es también imprescindible.

Creer que la única razón por la que el proyecto político de la Revolución Ciudadana perdió las elecciones en 2021 es por “odio” a su líder o a su proyecto político es de una ceguera y autocomplacencia inaudita. Creer que los descontentos, los periodistas, los opositores tienen o no tienen una voz crítica porque responden a un “patrón”, o porque son enemigos de la visión de Correa y su proyecto político. 

Es no ver más allá de su propio ombligo.

Si algo debió aprender la Revolución Ciudadana y su militancia durante estos años, es a mirarse al espejo con un poco de humildad y de autocrítica. Es imposible que un proyecto político lo haga todo bien. Pero en su relato parece que no cabe otra opción: cuando repiten sin cesar que el mayor error fue confiar en Lenín Moreno solo acentúan la percepción de muchos ciudadanos, políticos y organizaciones que incluso, en un inicio, respaldaron el proyecto de Alianza País pero se desencantaron al ver que la propuesta era cada vez más sectaria, más excluyente, más violenta y menos ciudadana. 

Cada quien vota por quién considera que será capaz de mejorar sus condiciones de vida —y esta no es una columna para convencer a nadie, sino para llamar a la reflexión colectiva. 

Es comprensible que en un país azotado por la inseguridad, el desempleo y la violencia, la principal preocupación de la gente no sea la necesidad de coexistencia civilizada entre políticos de distintas corrientes, periodistas con variadas líneas editoriales y ciudadanos críticos. 

Sin embargo, el riesgo de no verla y de avalar proyectos políticos que aseguran resolver unos problemas con autoritarismo, venganza y descarte de toda oposición o voz disidente, es demasiado grande.