La Función Judicial es la nueva protagonista de conflictos en el país. La Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura llevan semanas en una pugna que ha incluido renuncias, reuniones privadas, acusaciones por presuntas metidas de mano, suspensiones, investigaciones y acciones de protección negadas. 

Te explicamos 6 momentos clave para entender la pugna entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura.

La renuncia de María del Carmen Maldonado 

El 2 de febrero de 2022, María del Carmen Maldonado renunció a su cargo como presidenta del Consejo de la Judicatura. 

Maldonado, quien estuvo en el cargo por tres años, dijo que renunciaba porque una sentencia de la Corte Constitucional ya no le permitiría suspender directamente a servidores judiciales.

La Corte estableció que las suspensiones deben hacerse en decisiones tomadas por el pleno, es decir la presidenta y los cuatro vocales del Consejo de la Judicatura. Antes, la presidenta tenía la facultad de sancionar directamente. Maldonado no estuvo de acuerdo y se fue. 

Según ella, la sentencia limitaba “la capacidad de respuesta con la inmediatez y sensibilidad” que necesitan algunos casos. 

Un día después de la salida de Maldonado, el pleno del Consejo de la Judicatura designó al abogado Fausto Murillo como el nuevo presidente temporal de la institución. 

Los vocales del Consejo decidieron que Murillo ocuparía el cargo hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designara al definitivo. 

Álvaro Román vs. el Consejo de la Judicatura

Antes de que se designe oficialmente a Fausto Murillo como el presidente temporal del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado dijo que su reemplazo sería el abogado Álvaro Román, su alterno. Sin embargo, Román fue descartado porque era el representante de la terna enviada por la Fiscalía, y según la Constitución, la presidencia del Consejo le corresponde al candidato de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La Fiscalía es una de las cinco instituciones que debe enviar una terna con candidatos para el Consejo —igual que la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, la Corte Nacional de Justicia, y la Defensoría Pública.

Pero el cargo de Román de suplente de Maldonado también era irregular ya que ese cargo debía ser ocupado por la persona designada por la terna de la CNJ (y no la Fiscalía). Sin embargo, el Cpccs Transitorio —que estuvo en funciones hasta 2019— designó a Álvaro Román como suplente de Maldonado, cuando ella era vocal. Gracias a esa decisión, el Consejo de la Judicatura no tenía otro representante de la Corte Nacional, Maldonado era la única. Por eso, cuando Maldonado renunció, no quedó ningún representante de la CNJ entre los vocales y suplentes del Consejo de la Judicatura. 

Fausto Murillo, el actual presidente de la institución, era el representante de la Asamblea Nacional, no de la Corte Nacional (como lo exige la Constitución). Por eso las autoridades de la Corte Nacional de Justicia han criticado el incumplimiento de la Constitución en la configuración del actual Consejo de la Judicatura. 

Después de que Murillo fue designado como presidente temporal del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román comenzó un largo proceso legal para intentar llegar a la presidencia de la institución que alegaba que le correspondía. El 10 de febrero de 2022, Román presentó una acción de protección con medidas cautelares en la que alegó que se vulneraron varios de sus derechos cuando Murillo fue designado como presidente temporal. 

En la acción de protección Román dice que “existiendo un suplente para ocupar el cargo de la presidencia de la Judicatura en ausencia de su titular, varios de los vocales decidieron nombrar a un vocal como presidente”. Eso, argumenta en la acción de protección, “ocasionaría la afectación de los derechos del accionante”. El 25 de febrero su acción fue negada “por no encontrar vulneración de derechos constitucionales”. 

En abril de 2022, Román apeló la sentencia del 25 de febrero, pero ese recurso también fue negado el 22 de abril. 

En mayo de 2022, Román presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional que fue admitida a trámite en julio de 2022. Dos meses después, el 26 de septiembre de 2022, la Corte Constitucional aceptó parcialmente la acción de protección presentada por Román. 

El tribunal más alto del país decidió: 

1. Declarar que las sentencias del 25 de febrero y del 22 de abril vulneraron los derechos de Román a la seguridad jurídica y a la seguridad jurídica y del debido proceso, respectivamente. 
2. Dejar sin efecto las sentencias del 25 de febrero y del 22 de abril. 
3. Declarar que hubo vulneración de su seguridad jurídica por parte del Consejo de la Judicatura. 

En la sentencia, la Corte Constitucional no ordena que Román sea nombrado presidente del Consejo de la Judicatura. El documento dice que el Cpccs deberá pedirle al Presidente de la Corte Nacional de Justicia una terna para escoger al representante de la institución para el Consejo, que también presidirá el organismo. 

El Cpccs solo deberá designar al titular del Consejo de la Judicatura porque Román, según la sentencia, mantendrá su calidad de suplente y solo reemplazará al presidente en caso de ausencia temporal. En caso de ausencia definitiva, la sentencia aclara que se deben seguir los pasos para nombrar a un nuevo representante de la Corte Nacional de Justicia que nombre a un nuevo delegado. 

La sentencia en sí misma, dice el documento, constituye “una medida de satisfacción para Álvaro Román”. Además, la Corte Constitucional ordenó que el Consejo de la Judicatura le pida disculpas públicas a Román utilizando su sitio web institucional y un oficio dirigido a Román personalmente. El Consejo también deberá pagarle 5 mil dólares a Román en un plazo de tres meses “por el daño inmaterial producido”. 

La terna para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura

El 22 de febrero de 2022, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, entregó la terna para elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura al CPCCS. 

En un comunicado, el CPCCS dijo que Saquicela pidió a los miembros del Consejo que el proceso de selección se haga “con la mayor rapidez”. 

Saquicela, además, habría destacado el importante rol que cumple el Consejo de la Judicatura y la importancia de que la persona que lo presida pueda fortalecer el sistema de justicia. 

La terna propuesta por Saquicela incluía a:

• Darío Alberto Ordoñez Aray
• Mónica Paola Jarrín Aldaz
• Gonzalo Andrés Valencia Arévalo

Darío Ordóñez era director del Consejo de la Judicatura en la provincia andina de Azuay, al sur del país. Pero tras poco más de un año en el cargo, fue destituido el pasado 25 de mayo del 2022. 

Un documento del Consejo de la Judicatura, firmado por el presidente de la institución, Fausto Murillo, decía que la dirección de talento humano presentó un informe técnico respecto a “la terminación del nombramiento de libre remoción” de Ordóñez. 

En el oficio firmado por el pleno del Consejo de la Judicatura dice que la destitución de Ordóñez se da en base a ese informe. Sin embargo, no se explicaron más motivos para su remoción. 

Días antes de ser destituido, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, había decidido retirar la terna para presidente del Consejo que era encabezada por Ordóñez. 

Iván Saquicela retira la terna

Casi tres meses después de haber enviado la terna para elegir al nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, decidió retirarla. 

En una rueda de prensa, la mañana del 16 de mayo, Saquicela dijo que “hay la posibilidad real, inminente, de una nueva metida de manos en la justicia” y que esta vez estaba relacionada con la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.

Saquicela no dio detalles sobre la presunta metida de manos. Sin embargo, criticó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) —encargado de la designación del presidente del Consejo de la Judicatura— porque todavía no ha concluido con la selección. 

Después de los reclamos de Saquicela , Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, le respondió que no pueden “dar trato preferencial a su pedido”. Según Ulloa, la prioridad es escoger al Contralor General del Estado. 

Saquicela suspendido

Tan solo tres días después de que Saquicela retirara la terna, el 20 de mayo de 2022, el Consejo de la Judicatura anunció que recibió “dos denuncias por faltas disciplinarias gravísimas” contra Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El Consejo dijo que había solicitado a la Corte una declaración jurisdiccional previa “por presunta manifiesta negligencia”. El Código Orgánico de la Función Judicial dice que la sanción de esta infracción es la destitución del cargo.

Pero apenas pasaron dos horas cuando el pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la medida preventiva de suspensión por 90 días a Iván Saquicela.

La suspensión se habría dado por una denuncia “relacionada con supuesto retardo en la tramitación de un caso de extradición”, dijo la institución en su cuenta de Twitter. Tras la suspensión, Iván Saquicela dijo que era “víctima de persecución”. El caso era el del ex presidente Correa. 

La noche del 22 de mayo de 2022, Saquicela, presentó una acción de protección con medidas cautelares contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y todos los vocales del Consejo para intentar revocar su suspensión. 

Saquicela dijo que sus derechos fundamentales “se encuentran con un daño grave y verificable” y que el proceso disciplinario en su contra se había abierto “sin que existan los argumentos necesarios para aplicar la excepcionalidad de su suspensión sin remuneración”. 

Sin embargo, la noche del 23 de mayo de 2022, un juez de la Unidad Judicial Especializada Contra la Violencia a la Mujer de Cuenca negó las medidas cautelares presentadas por Saquicela. 

La audiencia para decidir sobre la acción de protección estaba programada para el jueves 26 de mayo, pero fue aplazada para el lunes 30 de mayo. 

En esa audiencia, el juez Carlos Jerves decidió negar por completo la acción de protección por lo que Saquicela seguirá suspendido hasta el 18 de agosto. 

El 27 de mayo de 2022, el abogado Alex Guamán desistió de la denuncia hecha en contra de Saquicela por el presunto delito de  negligencia manifiesta.  Sin embargo, días después, el 30 de mayo, el Consejo de la Judicatura anunció en su cuenta de Twitter  que Guamán “solicita que se deje sin efecto el desistimiento de su denuncia” contra Saquicela. Es decir, desistía del desistimiento de la denuncia, por lo tanto quería retomarla nuevamente. 

El Consejo dice que en su escrito, Guamán adjunta una denuncia que presentó el 28 de mayo de 2022 ante la Fiscalía contra Saquicela. Ahí, dice Guamán, se “determina que fui obligado a suscribir un desistimiento de la denuncia interpuesta”. El Consejo de la Judicatura dijo que “atenderá el oficio del denunciante presentado el 27 de mayo de 2022”. 

Después de 44 días suspendido, Saquicela regresó a la presidencia de la Corte el 4 de julio de 2022.

Presidentes de cortes provinciales investigados por el Consejo de la Judicatura

El mismo día que Saquicela fue destituido, un grupo de  presidentes de las cortes provinciales emitieron un comunicado en el que respaldaban al presidente de la CNJ. 

En el comunicado, los presidentes rechazaban que el Consejo de la Judicatura “lesione flagrantemente el principio de independencia judicial”. Además, “denunciaron”, al igual que Saquicela, una presunta “nueva metida de mano a la justicia”.

Pero dos días después, el Consejo de la Judicatura anunció en sus redes sociales que estaba investigando a los presidentes de las cortes provinciales. 

Según el Consejo, el viernes 20 de mayo los presidentes se ausentaron de sus funciones y se reunieron en la capital ecuatoriana, por lo que se estaba verificando si tenían “licencia para cumplir actividades diferentes” a las de sus cargos. 

Desde el 19 de mayo de 2022, los titulares de las cortes provinciales estaban en Quito para participar del Taller para la Formación de Formadores en materia de Integridad Judicial organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). 

El Consejo de la Judicatura no dijo nada con respecto a la presunta ausencia de los presidentes de las cortes provinciales de justicia también el 19 de mayo. 

El comunicado del Consejo solo se refiere a la “falta” de los servidores el 20 de mayo. No se explicó el por qué. Sin embargo, el día por el que son investigados coincide con la fecha de publicación del comunicado de respaldo a Saquicela. 

Terna devuelta

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no pudo elegir al presidente del Consejo de la Judicatura de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. 

El organismo, que debe elegir a un vocal que reemplace a Fausto Murillo en la Presidencia del Consejo de la Judicatura, ha tenido en sus manos cuatro ternas, pero hasta ahora no ha podido nombrar al reemplazo de Murillo. La terna estaba integrada por los jueces Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera.

Los tres miembros de la terna expusieron sus planes de trabajo ante el pleno del CPCCS el 1 de enero. El lunes 2, el pleno debió nombrar al reemplazo de Murillo. El vocal Francisco Bravo propuso que fuera Wilman Terán, pero no hubo los votos suficientes. 

“Cada uno tenía su postura y aunque tratamos de conciliar en una decisión, simplemente no se logró”, dijo Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, en una rueda de prensa ofrecida el martes 3 de enero de 2023.

Desmintió que exista una voluntad expresa por parte del CPCCS de mantener prorrogado en sus funciones a Fausto Murillo, y dijo también que la ausencia de tres consejeros —Juan Javier Dávalos, David Rosero y Sofía Almeida, consejeros de minoría— dificultó que pudieran elegir al presidente. “No he escuchado que se reproche en absoluto a los consejeros ausentes”, dijo Ulloa en la rueda de prensa. 

Ulloa insistió en que el organismo debe contar con los 7 vocales —o los suplentes de aquellos que hubieran pedido licencia para hacer campaña para ser reelectos—. Para eso, dijo, convocará a los consejeros alternos para que sean principalizados.

Quienes deberían principalizarse son Mónica Moreira, Karina Ponce, Gina Aguilar, Olindo Nastacuaz. Ulloa precisó que no ha recibido, por parte de la Asamblea, la resolución del acta de posesión Aguilar y Nastacuaz pero que, de todos modos, los convocará. 

Ulloa dijo también que cualquiera de las autoridades debe tener, por lo menos 4 votos favorables y que “la norma no establece un límite de ternas” —con lo cual, la Corte Nacional podría seguir enviando ternas indefinidamente, sin que se elija reemplazo a Murillo.