El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es otra vez noticia por un escándalo. El miércoles 9 de febrero de 2022, su nueva mayoría —Hernán Ulloa, Francisco Rivadeneira, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán— sesionó y removió a su presidenta y vicepresidente,  Sofía Almeida y David Rosero, respectivamente. En la misma sesión posesionó a Ulloa y Rivadeneira, en su reemplazo, mientras en los exteriores, policías custodiaban las oficinas del CPCCS.

La minoría —Almeida, Rosero y Juan Dávalos— denuncian supuestas injerencias del Ejecutivo en apoyo de la nueva mayoría y no reconocen la presidencia de Ulloa, quien insiste en que ahora es la nueva autoridad.

Todo esto ocurre en medio de un proceso que debe derivar en el nombramiento de nuevos Contralor General del Estado, vocales del Consejo Nacional Electoral —dos o tres consejeros deberán ser reemplazados—, presidente del Consejo de la Judicatura, entre otras autoridades. El proceso es llevado a cabo por el CPCCS, de acuerdo a la Constitución. 

Es inevitable pensar en la enorme tentación que significa controlar a los consejeros que, a su vez, decidirán quiénes están al frente de instituciones de control del Estado, control electoral y administración de justicia.

¿Qué pasó? Una explicación  de las presuntas irregularidades

Lo que ocurrió esta semana fue el desborde de una crisis que ya se arrastraba hacía algunos meses cuando Ibeth Estupiñán dejó de votar con Almeida, Rosero y Dávalos y la mayoría —que, hasta ese momento, componían los cuatro— se quebró. Estupiñán empezó a votar con Ulloa, Rivadeneira y Bravo que cuestionaban constantemente la forma de conducir las sesiones de Sofía Almeida.

El momento que desbordó los ánimos ya tensos entre las dos facciones de los consejeros se dio en la sesión ordinaria tres, iniciada a finales de enero. En ella, Francisco Bravo planteó una moción para conocer el «informe del presunto incumplimiento de funciones de la presidenta”. Lo que quería, era removerla de su cargo como cabeza del organismo. Para eso, presentó un documento en el que explica sus motivos. Allí, cita al Código Orgánico Administrativo (COA) que, en su artículo 55 dice que una de las competencias de los órganos colegiados es el “nombramiento y remoción de quien deba ejercer la representación de la administración de los órganos bajo su dirección”. Daniel González Pérez, abogado especializado en contratación pública y gestión de gobierno, dice que como el organismo tiene una ley específica, la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debe aplicarse en este caso. “La ley especial prima sobre la ley general”, explica González Pérez. Invocar el COA sería improcedente. 

Esa sesión fue finalmente suspendida sin que la moción de Bravo fuera considerada. La potestad de volver a convocarla, como en todo cuerpo colegiado, es del presidente de la sesión. En este caso, de David Rosero porque la presidencia de Almeida había sido apelada—este es un mecanismo legal que permite que, en ciertas sesiones, con una votación mayoritaría, señalar incumplimientos en las normas de procedimiento de la presidencia y, por lo tanto, asume la conducción de la sesión, el vicepresidente. González Pérez dice que no existe un plazo para la convocatoria, que depende de la decisión de quien preside la sesión. 

Los consejeros de la nueva mayoría, sin embargo, alegan que tras trece días de espera, y sin existir convocatoria, debía autoconvocarse. Así lo hicieron. Ellos dicen que esa no era la primera vez que la nueva  minoría —especialmente Almeida, quien presidía las sesiones— daba largas. “Hay 14 sesiones suspendidas”, dijo Ulloa en la rueda de prensa que ofreció la tarde del jueves. Sin embargo, para que una convocatoria hecha por la mayoría de consejeros —y no por el o la presidente— sea válida, debe haber un pedido oficial —a través de un documento— con la firma de los consejeros  —mínimo cuatro— y esta debe ser convocada por la presidenta en los 90 días siguientes, explica González Pérez. Eso, dicen los consejeros de minoría, no ocurrió, y cuestionan la validez de la sesión autoconvocada.

Sofía Almeida alega que en la sesión autoconvocada por la mayoría hubo un secretario ad hoc —el encargado de registrar lo que ocurre en la sesión— que había sido despedido horas antes. Por lo tanto, argumenta, no podía haber ejercido esa función. 

La disputa interna llegó hasta los tribunales. El jueves 10 de febrero —al día siguiente de la sesión de mayoría— la jueza Karly Vargas, de la unidad multicompetente de Samborondón, ratificó que regían las medidas cautelares a favor de Sofía Almeida dictadas unos días antes. Esta acción había sido interpuesta por Almeida para evitar que se trate la moción de remoción en su contra —aquella planteada en la sesión de enero.  “Los políticos se están malacostumbrando a zanjar sus disputas de poder utilizando al sistema judicial”, dijo el constitucionalista Ismael Quintana en una entrevista en FM Mundo.  Él dijo que la jueza Vargas era incompetente para concederle la medida pues una jueza de Samborondón no tiene por qué tomar una decisión que aplica en Quito, en donde está la sede del CPCCS. “Las medidas cautelares constitucionales no están para impedir su remoción”, dijo Quintana. 

Para Quintana la respuesta jurídica que dio Hernán Ulloa tampoco es la adecuada. Ulloa anunció que había interpuesto una acción de protección —un mecanismo legal para garantizar derechos constitucionales— que le fue concedida y que, según él, valida su nombramiento. Pero Quintana esgrime el mismo argumento: la jueza que lo dicta no es competente porque pertenece a una unidad judicial en Samborondón.

El resultado es que tanto Ulloa como Almeida insisten en ser la cabeza de un organismo cuya existencia ha sido constantemente cuestionada. Y, a pesar de que constantemente lo señalan como “inservible” es el organismo que nombra a autoridades como Contralor, Fiscal General, miembros del Consejo de la Judicatura, superintendentes, Defensor del Pueblo, entre otros. La tentación de controlarlo, como ha demostrado la historia reciente del país, parece ser inevitable.

El Ejecutivo siempre tentado

El CPCCS nació cuestionado. La Constitución de 2008, que le dio vida, pretendía que el organismo promoviese la participación ciudadana, de forma independiente de las otras funciones del Estado. Esa independencia era fundamental pues iba a ser el responsable de elegir autoridades como Defensor del Pueblo, Superintendente de Bancos y Contralor. Por lo tanto —para evitar la metida de mano de los poderes— debía estar conformado por representantes de la sociedad civil, lejos de la política partidista. 

En la práctica, eso no ocurrió. Primero, el Consejo fue funcional al gobierno de Rafael Correa. Por citar un ejemplo, Edwin Jarrín, que fue parte del CPCCS elegido en 2015, antes había ocupado varios cargos en el gobierno correísta: fue subsecretario general del despacho presidencial, asesor político y subsecretario de información para la Presidencia, secretario nacional de transparencia de gestión y viceministro de gobernabilidad, por citar algunos. 

Luego, mediante una consulta popular impulsada por el gobierno de Lenín Moreno, se cambió al CPCCS y se nombró uno transitorio. Los vocales de ese consejo fueron seleccionados por la Asamblea de una terna enviada por Moreno. Este consejo nombró a una treintena de autoridades, después de haber cesado a las anteriores, en cuestionados informes y evaluaciones que permitieron sacar a varias autoridades afines al correísmo como el Superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, o el Defensor o Gustavo Jalkh, presidente de la Judicatura.  “La mano del Ejecutivo estuvo en la evaluación y terminación anticipada de algunas autoridades. A unos, cercanos a Moreno, ni siquiera los evaluaron”, dice Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que promueve la democracia y la transparencia. 

Con esa fragilidad de las instituciones, es inevitable sospechar que el cambio en las autoridades del CPCCS, sea para adaptar su funcionalidad al gobierno de Guillermo Lasso. Aún más cuando las redes sociales nos han recordado las imágenes de Hernán Ulloa apoyando al entonces candidato presidencial Guillermo Lasso en 2017. En esas elecciones Ulloa fue también candidato a la Asamblea Nacional, respaldado por una alianza entre CREO y SUMA. 

Hoy, ese hombre que se postulaba como legislador por el partido de Lasso y lo aplaudía e impulsaba para que llegara a ser presidente de la República, preside el CPCCS. ¿Cómo no pensar que esas relaciones incestuosas —como las que yo hubo en el pasado— no terminarán en una cooptación silenciosa pero poderosa del Ejecutivo hacia una función independiente?

La sospecha se ahonda aún más cuando el Ministerio de Gobierno guarda silencio sobre el contingente de la Policía que llegó a la institución desde la mañana del 9 de febrero de 2022. Un policía dijo que había atendido un pedido verbal del consejero Ulloa, pero Almeida decía que no sabía por qué estaba la Policía en las inmediaciones del Consejo. 

Vimos las imágenes de decenas de policías alrededor del edificio en el que funciona el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el centro de Quito. Uniformados, con botas y cascos negros, con sus piernas y brazos protegidos y con escudo antimotines. Eran parte de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), que se moviliza cuando se prevén motines, manifestaciones o hechos violentos. Llegaron antes de las diez de la mañana. Consulté a la directora de comunicación del Ministerio de Gobierno  sobre quién dio la orden a la Policía para que trasladara al CPCCS, pero hasta el cierre de este texto no he obtenido respuesta.

Los consejeros de minoría sospechan. Desde el miércoles aseguran que hay una injerencia del Ejecutivo en el CPCCS. Almeida hizo, públicamente, un pedido a Guillermo Lasso: “al Presidente de la República le pido que saque las manos del CPCCS”, dijo. David Rosero, vicepresidente hasta ayer, también señaló al gobierno como la mano invisible detrás de los consejeros de mayoría. En una rueda de prensa de este jueves 10 de febrero, Rosero dijo que Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo “hicieron un show con el auspicio del Ministerio de Gobierno”. 

Ulloa advirtió, además, que tiene el aval del Ministerio de Trabajo —en su cuenta de Twitter presentó un documento firmado por Guillermo Astudillo, Subsecretario de Trabajo, que certifica los cargos de Ulloa y Rivadeneira. Pero ni Almeida ni Rosero reconocen su remoción de los cargos y Almeida va más allá. “En un acto de aparente complicidad con el consejero Ulloa, el Ministerio de Trabajo, emite un comunicado reconociéndolo como presidente”, me dijo en una entrevista vía telefónica. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia me dijo que el Ministerio del Trabajo lo que ha hecho es limitarse a “certificar el ingreso del documento en el que se acredita que el Pleno del Organismo nominó a su presidente y vicepresidente”.

Rosero acusó, además, que otras instituciones del Ejecutivo están conspirando para controlar al CPCCS. Entre ellas, el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel), aunque no explicó cómo. Una persona que trabaja en el CPCCS y que pidió la reserva de su nombre me confirmó que ayer el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) le retiró las claves del Quipux —el sistema documental con el que se oficializa todo proceso en el sector público— al funcionario que las custodiaba. Estas claves permiten administrar los usuarios del sistema y poner sus cargos. Las claves, según esta fuente reservada, fueron entregadas a Hernán Ulloa. Es así como Ulloa, dice, puede firmar como Presidente del Consejo.

La respuesta oficial del Mintel sobre este señalamiento —David Rosero también se refirió a una injerencia de esta institución en el CPCCS — fue que “la Subsecretaría de Gobierno Electrónico, del MINTEL, no modifica ningún tipo de información de ninguna institución a menos que sea solicitada mediante Oficio de la Máxima Autoridad de cada institución,  lo que no ha sucedido en el caso del CPCCS. Los cambios no tuvieron injerencia del MINTEL”, me dijo su director de comunicación.

Rosero señaló directamente al presidente Lasso como responsable de la supuesta injerencia. “Yo lamento sobremanera que el presidente de la República se preste para estas situaciones, para dar un golpe a la institucionalidad”, dijo. 

La evidencia muestra que, en realidad, las autoridades siempre responden a un interés más político que ciudadano y el organismo de participación ciudadana no tiene más que el nombre. En la realidad, no es más que un mecanismo útil para que el poder de turno coopte la participación ciudadana y, a través de ella, las autoridades de control, justicia y transparencia. “Yo definiría al CPCCS como un gran fraude”, dice el analista político Rafael Balda. Cree que con su existencia se trata de engañar a los ciudadanos con el espejismo de “que ciertas autoridades del control se hacen por meritocracia y no por razones políticas; la realidad es que son políticas”, dice. 

Y aparentemente, así seguirá, incluso si en las formas, el Ejecutivo pretende distanciarse de lo que ocurre en el CPCCS. Con un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el gobierno niega cualquier intervención en el CPCCS y Guillermo Lasso, dijo en un encuentro en La Maná, que “que ellos resuelvan sus problemas porque son independientes”. Además, la Segcom dice, en un comunicado, que “el Gobierno reafirma su absoluto compromiso con el principio de separación de poderes y el Estado de derecho. En consecuencia es nuestra  obligación respetar la decisión tomada por el pleno del CPCCS y el fallo de la justicia que la avala”. No explica ni a qué fallo se refiere —hay dos y son contrapuestos, el uno beneficia a Ulloa, el otro a Almeida—.

Las dudas sobre el aval que el gobierno de Guillermo Lasso podría estar ofreciendo a las nuevas autoridades no es únicamente de los consejeros de minoría. Mario Ruiz, asambleísta de Pachakutik —uno de los que respalda el juicio político que intentan configurar en contra de los consejeros de mayoría— dijo el 11 de febrero, en el espacio de entrevistas de GK,  que “el Ejecutivo aspira a tomarse el CPCCS a través de esta nueva mayoría”. 

Ferdinand Álvarez, de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES), dijo después que “que la democracia en el país ha sido vulnerada” en una rueda de prensa en la que estaba Ruiz y el legislador de la alianza del Partido Social Cristiano (PSC) con SUMA, Jorge Abedrabbo. Los legisladores dijeron, además que llamarían a comparecer a la Ministra de Gobierno y a la cúpula policial para que den explicaciones sobre el piquete policial que apareció en el Consejo el miércoles 9. El PSC emitió un comunicado en el que dice que su postura es que el CPCCS debe desaparecer pero que mientras exista, debe actuar en apego a la ley. El partido alegó, además, que el gobierno “ha metido la mano” en la institución, con la intención de “captar diversas posiciones”, dice, “en especial la Contraloría General”.

Tampoco hay que pensar, ingenuamente, que los pronunciamientos de UNES, PSC y Pachakutik responden a un interés real de independencia en el CPCCS. Las garras de la política partidista siempre han estado acechando la institución. La candidatura del consejero Juan Javier Dávalos fue públicamente respaldado por el expresidente Rafael Correa; Sofía Almeida, por el líder socialcristiano, Jaime Nebot, y David Rosero fue candidato por el extinto Movimiento Popular Democrático —que luego devino en Unidad Popular, por el que también fue candidato.

Eso muestra que este Consejo de Participación no tiene mucho de participación ciudadana (y nunca lo ha tenido): la sombra de la política partidista sigue cubriendo a la institución y el accionar de sus miembros. Hay un permanente interés por asegurar que las autoridades que allí se eligen —y que representan a distintas funciones del Estado— sean, al menos complacientes con el Ejecutivo o actúen según los intereses de movimientos y partidos políticos.  Para que eso ocurra, se puede muñequear con la política y la legalidad, y, en nombre del pueblo, arrastrar la disputa institucional al más bajo nivel. Total, los políticos ecuatorianos parecen convencidos de que todo vale.