El informe con el que la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos y la Interculturalidad revisó los hechos en el último paro nacional, ocurrido entre el 13 al 30 de junio pasado, fue aprobado este 27 de septiembre por la Asamblea Nacional. Y es un informe con el que el gobierno no queda bien.
La recomendación del informe es iniciar un juicio político al ministro de Defensa, Luis Jara, al principal del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, y al ex ministro del Interior, Patricio Carrillo —que era ministro durante el paro—. La causal, según el informe, es incumplimiento de funciones. Para dar inicio a estos juicios políticos, el informe pasará directamente a la Comisión de Fiscalización.
El informe que fue aprobado con 77 votos por el pleno de la Asamblea concluye también que:
- El derecho a la protesta social fue violentado, “sometiendo a la población a un constante y progresivo estado de miedo”
- Se identifican dos causas generales sobre la muerte de 8 personas durante el paro: “las derivadas de la represión directa en el uso del material como bombas lacrimógenas” y “aquellas derivadas de acciones de dispersión forzosa”
- Hubo supuesta agresión de posibles infiltrados en contra de policías.
- El uso de gas lacrimógeno en presencia de los niños, niñas y adolescentes generaron mayor riesgo para su seguridad
- Se violentó la autonomía universitaria cuando la Policía ingresó a los centros de educación superior para reprimir a manifestantes.
- Con relación a la requisión de la Casa de la Cultura, “se observa el posible incumplimiento del debido proceso, también, se suma a otros incumplimientos de carácter constitucional, violación a los derechos culturales, debido a que dicho espacio garantiza la libertad de creación entorno a las artes”
- “El Gobierno Nacional buscó posicionar una narrativa de estigmatización de la protesta social asociándola a categorías “desestabilizadoras”, “delincuenciales” y “terroristas” (…)”
- “La narrativa y líneas argumentales del Presidente de la República, el Ministro de Gobierno y el Ministro de Defensa mostraron un divorcio interno respecto al manejo adecuado del conflicto. De un lado, ciertos actores del Gobierno Nacional disponían el uso progresivo de la fuerza, y de otro lado del mismo gobierno aseguraban la apertura al diálogo”.
- “Finalmente se concluye con un claro e inadecuado control de la actuación de la Policía Nacional en el marco del paro nacional”.
El informe recomienda, además, que el gobierno promueva el derecho a la protesta social. Y que los ministerios del Interior y de Defensa inicien “los procesos de investigación en la vía administrativa y disciplinaria de servidores policiales y militares que ejecutaron acciones que vulneraron los derechos humanos y se remita los casos que correspondan a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo”.
¿De qué sirve el informe?
El informe aprobado por la Asamblea Nacional es una declaración política. Su contenido no es vinculante ni para posibles procesos de responsabilidad penal ante la Fiscalía y otras instancias.
En donde sí tiene una responsabilidad la Asamblea Nacional es en los juicios políticos y censura a los tres funcionarios que el informe recomienda iniciar el proceso: ministro de Defensa, Luis Jara, al principal del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, y al ex ministro del Interior, Patricio Carrillo.
Una vez que la Comisión de Fiscalización analice el informe, habrá que trasladarlo al pleno para que vote en favor o en contra de iniciar el proceso de juicio político en contra de los tres funcionarios. Dos de ellos siguen en funciones; Carrillo dejó de ser ministro el pasado 23 de septiembre, cuando el presidente Lasso pidió su renuncia por la crisis generada con la desaparición y femicidio de María Belén Bernal, que involucra a un teniente de la Policía Nacional.
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