En el 2018, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, a orillas del río Aguarico, en la provincia amazónica de Sucumbíos, obtuvo una sentencia histórica contra la minería. En el fallo, se ordenó la reversión y devolución al Estado de 52 concesiones mineras auríferas, de las cuales 32 estaban en trámite y 20 ya estaban tituladas. Además,  se canceló el otorgamiento de nuevas. Se reconoció la violación de los derechos a la consulta previa, libre e informada y al agua, de la naturaleza y el medioambiente. 

El fallo dispuso la reparación de los impactos ocasionados por los ministerios del medioambiente y el de energía y recursos naturales no renovables por la entrega inconsulta de 32.000 hectáreas en concesiones mineras, algunas dentro del Parque Nacional Cayambe Coca. Cuatro años después, la sentencia se convirtió en la esperanza de decenas de comunidades indígenas, incluso aquellos pueblos distantes al de Sinangoe, que siguen luchando porque se deje bajo tierra los recursos naturales. 

El proceso comenzó en noviembre de 2019. Entonces, la Corte Constitucional escogió la sentencia de Sinangoe para generar jurisprudencia. La lucha de una comunidad pequeña hacía eco en el más alto tribunal del Ecuador. El 15 de noviembre de 2021, la Corte realizó una audiencia en Sinangoe: era la primera vez que jueces constitucionales hacían una vista in situ. 

Jueces constitucionales visitaron Sinangoe para una audiencia in situ. Fotografía de Alejandra Yépez / Amazon Watch

En febrero de 2022, la Corte anunció su resolución sobre el caso: declaró que el derecho a la consulta y consentimiento previos de Sinangoe fueron vulnerados por proyectos extractivos, determinando que en el futuro, las comunidades indígenas tenemos el derecho a decidir si estos se realizan o no en nuestros territorios.

Esta decisión fue celebrada desde las organizaciones indígenas por la trascendencia para un tema que ha sido nuestra bandera de lucha durante décadas. El fallo constituye un duro revés para los propósitos estatales de ampliar el extractivismo en el país, como ha defendido el actual presidente Guillermo Lasso, y duplicar la explotación minera y petrolera en territorios indígenas. “Es muy importante para nuestra comunidad y otras que tengan problemas similares”, dijo Wider Waramag, dirigente de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe. “Luego de un largo camino de lucha, de resistencia, esperábamos con ansias el resultado favorable por parte de la Corte”, añadió Wider Waramag. 

La sentencia de Sinangoe supone un reto para que por fin se garantice el cumplimiento de la consulta previa en el Ecuador. Así también se constituye en una sentencia favorable por aspectos específicos: este pueblo indígena demostró que las violaciones ocurren frente al Estado sin que este actúe o haga algo al respecto por los derechos humanos y de la naturaleza reconocidos en la misma Constitución, incluso frente a normativas internacionales y nacionales. 

Además, con esta misma sentencia, se reconoció la obligación de proteger y garantizar los derechos de Sinangoe por actividades fuera de su territorio ancestral que pudiesen poner en riesgo a la comunidad. ¿Por qué? 

Porque los daños en el río Aguarico, por ejemplo, llegan hasta el sector donde “formalmente” no pertenece a la comuna, como los ríos Cofanes y Chingual.  Sobre esto, el juzgado de Sucumbíos y la Corte Constitucional señalan que la consulta previa es obligatoria en proyectos que afecten ambiental y culturalmente a las comunidades indígenas incluso estando fuera de ellas. 

El movimiento indígena ha reclamado no sólo el derecho a ser consultados sobre proyectos extractivos sino, además, que se garantice el derecho al consentimiento cuando las comunidades han decidido no dar paso a dichos planes. Existe todo un marco normativo en esta materia, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución del Ecuador, y sentencias internacionales como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Sarayaku y Saramaka.

Alexandra Narváez y Álex Lucitante ganaron este 2022 el Goldman Prize. Fotografía cortesía de Goldman Prize.

Sin embargo, ha sido lamentable que las vulneraciones por parte de cada gobierno de turno no hayan cesado. Se ha hecho mediante nuevos catastros mineros y petroleros que se realizan de manera inconsulta y obvian  la realidad de los lugares sobre los cuales se trazan los mapas. 

Todos los gobiernos han utilizado la consulta como un slogan y en la práctica lo han convertido en un mero trámite administrativo para justificar el extractivismo. Los decretos ejecutivos tampoco son nuevos: ya en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa se promulgó el Decreto 1247 y se establecieron pseudo consultas que no lograron la verdadera participación de las poblaciones directamente afectadas por las amenazas petroleras. 

Esto generó división de las comunidades como resultado de ofrecimientos a líderes y dirigentes. La vulneración de estos derechos fue demostrada en las demandas de acción de protección ganadas  por la Nacionalidad Waorani de Pastaza y el Pueblo Originario Kichwa de Santa Clara en el 2019 y ahora ratificada por la sentencia de Sinangoe: las comunidades indígenas tenemos el derecho a decidir sobre la implementación de cualquier proyecto.

Los pueblos y nacionalidades indígenas hemos reclamado desde el inicio de la extracción petrolera en la Amazonía en 1972 nuestro derecho a ser consultados, planteando juicios, demandas, acciones de protección y otros instrumentos jurídicos. A pesar de varios triunfos judiciales, muchos casos aún esperan respuestas y especialmente su cumplimiento ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esta situación?

Por tanto, la vigilancia y veeduría activa desde la sociedad, una opinión pública activa y crítica y la movilización social constante, han sido y continuarán siendo nuestro principal mecanismo para exigir y garantizar el cumplimiento de nuestros derechos. 

Sinangoe y otras comunidades amazónicas han llevado ante los tribunales de justicia para que se respete el derecho a decidir. Esa garantía se ha ratificado con el fallo de la Corte. Además, se ha fortalecido con el reconocimiento internacional del Premio Ambiental Goldman 2022 de dos líderes A’i Cofán, Alexandra Narváez y Alex Lucitante. Ellos han luchado por su comunidad en contra de la minería desde el 2017. Hoy están diciéndole al Estado y a quienes los escuchan que su lucha no cesa.