Guadalupe Llori ha presentado tres recursos legales para intentar recuperar la Presidencia de la Asamblea Nacional, cargo del que fue destituida el pasado 31 de mayo de 2022.

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La acción de protección que Llori presentó el 5 de agosto de 2022 estaba dirigida en contra de Virgilio Saquicela, actual presidente de la Asamblea, y de los cinco asambleístas que fueron parte de la comisión pluripartidista que recomendó que Llori sea destituida:

  • Pamela Aguirre (de UNES)
  • Peter Calo (asambleísta “rebelde” de Pachakutik)
  • Lucía Placencia (de la ID)
  • John Vinueza (independiente)
  • Pedro Zapata (del PSC)

Sin embargo, el 26 de agosto de 2022, la jueza Patricia Ramírez, de la Unidad Judicial de Quitumbe, negó el recurso con el que Llori pretendía volver a la presidencia de la Asamblea y recibir una millonaria indemnización.

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Guadalupe Llori continúa en la Asamblea como legisladora por Pachakutik. Se conoce que la intención de esta nueva acción de protección es que ella regrese a la Presidencia de la Asamblea Nacional.

Esta causa había recaído  en la jueza María del Carmen Salazar Monteros. La acción de protección fue aceptada a trámite el 17 de agosto. 

En esa misma acción interpuesta por Guadalupe Llori pide que cese en funciones a todos los legisladores que votaron por su destitución y que además se aplique una compensación económica. En el documento se lee que la ex presidenta pide que cada uno de los asambleístas que votó en su contra le pague 100 mil dólares por concepto de indemnización, es decir, en caso de que se cumpla la acción de protección Llori debería recibir un total de 8.1 millones de dólares.

Sin embargo, esto no es todo lo que pedía Llori en esta nueva acción. En el documento se leía que la ex presidenta exige que todos los miembros de la Comisión Multipartidista, que votaron por el informe sancionatorio, publicaran  en dos medios escritos de cobertura nacional disculpas públicas a Llori por causar su destitución y por las violaciones a sus “derechos fundamentales”, a los que, según ella ,atentaron los legisladores. Pero no ocurrirá. 

Luego de conocerse el fallo contra Llori, Virgilio Saquicela, que la reemplazó en la presidencia del legislativo, fue uno de los primeros en reaccionar: “¡Hoy nuevamente ha ganado la democracia y el respeto a los poderes del Estado! La jueza falló  en contra de la manipulación, la intromisión y del constante abuso del recurso de acción de protección”, escribió el ahora legislador independiente (fue expulsado de la Bancada del Acuerdo Nacional en abril de 2022). 

Por su parte, la asambleísta Pamela Aguirre, una de las legisladores denunciadas por Llori, dijo: “no olvidemos que [el presidente] Lasso la sentó ahí y que los vocales de la Judicatura trataron de meter sus uñas, para que se sostenga en el cargo”. 

Aguirre adjuntó uno de los tres audios filtrados de conversaciones grabadas a quien sería uno de los vocales del Consejo de la Judicatura: Juan José Morillo. 

En un audio, Morillo habría conversado con Gustavo Osejo, presidente de la Corte Provincial de Pichincha y uno de los magistrados que estaba a cargo de tramitar uno de los recursos que la expresidenta de la Asamblea interpuso para recuperar su cargo. En la grabación —que la Judicatura aseguró fue registrada ilegalmente—se escucha decir que el presidente Lasso habría llamado a Morillo para solicitar “apoyo” para Llori.

El audio apareció, por primera vez, el 15 de junio. Ese mismo día, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que descartó conversaciones entre Lasso y el vocal Morillo. “El presidente no ha hablado ni hablará con ningún funcionario del Consejo de la Judicatura sobre este, ni ningún otro proceso judicial. Presionar a las autoridades de los otros poderes del Estado no es compatible con los valores democráticos y el irrestricto respecto al Estado de Derecho”, dijo la institución. 

Luego de la filtración de ese audio, Morillo y su colega, la vocal Maribel Barreno, dijeron que hubo una “reunión de trabajo” con Osejo y un juez, según declararon durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización. 

Según su testimonio, habría sido el 1 de junio de 2022  (Llori fue removida el 31 de mayo de este año). La reunión se habría dado, según ello, a solicitud de los jueces de la Corte Provincial para planificar el aniversario bicentenario de la entidad. Morillo alegó, además, que, si bien podría ser su voz, no había “garantía” de que el audio haya sido grabado en esa reunión de trabajo.

Las medidas cautelares para impedir que se forme comisión para evaluarla

Antes de ser destituida como presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori solicitó medidas cautelares para impedir que se conformara una comisión para evaluar su gestión. 

Las medidas cautelares las pidió Llori el 4 de abril de 2022. Un día después, el 5 de abril de 2022, un tribunal aceptó las medidas cautelares solicitadas por Llori.

Esas medidas fueron aceptadas horas antes de que se instale el pleno de la Asamblea en el que se planeaba incluir la creación de la comisión en el orden del día. 

Por eso, el hoy ex asambleísta Fausto Jarrín, de UNES  —quien hizo la moción para cambiar el orden del día e incluir la creación de la comisión— se abstuvo de presentarla. “No voy a violar la normativa constitucional, ni pedirle a los compañeros asambleístas que violen una medida cautelar”, dijo Jarrín al comenzar la sesión del pleno del 5 de abril.

El 27 de abril, la Defensoría del Pueblo anunció que ya se cumplieron las medidas cautelares otorgadas a Llori. Es decir, ya no había impedimento en el pleno para crear la comisión para evaluar la gestión de las autoridades del Legislativo. 

Esta comisión aprobó un informe el miércoles 25 mayo de 2022. En él se recomendaba la destitución de Llori.

La primera acción de protección y su apelación

Guadalupe Llori

Guadalupe Llori en la sesión del pleno del 12 de julio de 2022. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea Nacional con licencia CC BY-SA 2.0.

El 11 de abril de 2022, el CAL calificó a trámite la denuncia contra Llori, presentada el 5 de abril por Esteban Torres —coordinador de la bancada del PSCpor presunto incumplimiento de funciones

Tres días después, Guadalupe Llori presentó una acción de protección en contra de cinco de los siete miembros del CAL que votaron para calificar la denuncia de Torres en su contra. 

Esa calificación permitió que se forme una comisión pluripartidista que, después de evaluar su desempeño como presidenta de la Asamblea, recomendó su destitución. 

El 25 de abril de 2022, la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la parroquia Mariscal Sucre, en Quito, determinó que la acción de protección presentada por Llori contra 5 miembros del CAL cumplía con los requisitos de ley —luego de que hiciera las aclaraciones— y fue aprobada a trámite. La audiencia pública del caso fue convocada para el 27 de abril a las 2:30 de la tarde en esa unidad judicial.

La acción de protección presentada por Llori el 14 de abril fue rechazada, por lo que la asambleísta apeló la decisión. En la apelación, como constaba en el sistema de la Función Judicial, se lee que “la demanda se interpone por los efectos graves y vulneraciones que ha causado en contra de sus derechos constitucionales, cuyas acciones ilegales de los miembros del CAL se materializan” en la resolución de la sesión en la que se calificó a trámite la denuncia contra Llori. 

El 12 de julio de 2022 la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha  resolvió de forma unánime que “no encuentra” que los asambleístas que conforman el CAL “hayan transgredido los derechos alegados como vulnerados” por Llori. 

Además, la sentencia dice que en el CAL “garantizaron en todo momento los derechos previstos” en la Constitución. 

Con esta decisión se ratificó la destitución de Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea, hecho que sucedió el 31 de mayo de 2022.

La destitución de Guadalupe Llori

El 28 de mayo, Llori devolvió el informe que recomendaba su destitución a la Comisión Pluripartidista Ad Hoc. El 30 de mayo de 2022, el asambleísta Pedro Zapata, presidente de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc, respondió a Guadalupe Llori sobre la devolución del informe. 

En un memorando Zapata le dijo a Llori que la Ley Orgánica de la Función Legislativa “no contempla, bajo ningún concepto, la figura de devolución del informe”. 

Según Zapata, la ley, en el artículo 166, obligaba a Llori a “convocar a una sesión del Pleno de la Asamblea” para que sea conocido, tratado y resuelto”, por lo que la devolución no tenía validez. 

El 31 de mayo de 2022,  Guadalupe Llori fue destituida de la presidencia de la Asamblea Nacional. La noche del 31 de mayo, el pleno del Legislativo —presidido provisionalmente por Virgilio Saquicela, segundo vicepresidente de la Asamblea— votó a favor de aprobar una moción que pedía que Llori sea destituida.

Pasadas las 6:30 de la tarde, el pleno de la Asamblea aprobó la moción para debatir y votar sobre el informe de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc que evaluó la gestión de Llori y que recomendó destituirla de la presidencia de la Asamblea.

Después de más de tres horas, el pleno aprobó la moción para destituir a Llori de la presidencia de la Asamblea, con 81 votos a favor.

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Eduardo Varas
Periodista y escritor. Autor de dos libros de cuentos y de dos novelas. Uno de los 25 secretos mejor guardados de América Latina según la FIL de Guadalajara. En 2021 ganó el premio de novela corta Miguel Donoso Pareja, que entrega la FIL de Guayaquil.
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