Un día después de que fueron solicitadas, un tribunal de garantías penales de Quito aceptó las medidas cautelares solicitadas por Guadalupe Llori, presidente de la Asamblea Nacional, contra el pleno del Legislativo. Llori presentó este recurso para que el pleno se abstenga de conocer, debatir y resolver una resolución para que se conforme una comisión multipartidista que evalúe su gestión. 

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Guadalupe Llori hizo el pedido de medidas cautelares poco antes del mediodía del 4 de abril. Casi 24 horas después, las medidas fueron aceptadas por el tribunal de garantías penales de la parroquia Iñaquito, en la ciudad de Quito. Se aceptaron la mañana de hoy, 5 de abril de 2022, el mismo día en el que se planea incluir la creación de la comisión en el pleno de la Asamblea. 

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La comisión que Llori no quiere que se conforme tendría el objetivo de evaluar e investigar la gestión del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Las investigaciones a la gestión del CAL podrían resultar en sanciones contra sus miembros, entre los que está Llori. Además, otro objetivo de la comisión es investigar a los asambleístas de Pachakutik que fueron denunciados por el presidente Guillermo Lasso por presuntamente pedir “beneficios económicos” a cambio de votos favorables para la Ley de Atracción de Inversiones, que fue archivada por el pleno.

Si se llega a conformar la comisión y existen los argumentos suficientes, se podría recomendar la destitución del cargo por incumplimiento de funciones de Llori o de otros asambleístas, según lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa

¿Por qué Guadalupe Llori pidió medidas cautelares?

Llori presentó este recurso luego de que Santiago Salazar, coordinador Jurídico de la Asamblea, dijera que el procedimiento que plantean los asambleístas de UNES, Partido Social Cristiano (PSC) y disidentes de Pachakutik no es el que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

Según Santiago Salazar, el procedimiento correcto es que un asambleísta presente una denuncia ante el CAL, como un requisito previo antes de conformar esa comisión. 

Salazar también dijo que la Procuraduría General del Estado dijo que no era posible que el proceso de evaluación de autoridades se concrete sólo a través de la aprobación de un cambio en el orden del día de una sesión del pleno de la Asamblea. El abogado Salazar aseguró que, según la Procuraduría,  los legisladores que voten a favor de la conformación de esa comisión, “podrían tener problemas legales en el futuro”.

La asambleísta Mireya Pazmiño, que fue expulsada del bloque legislativo de Pachakutik, le dijo a GK el 4 de abril que a pesar de las medidas cautelares insistirán en conformar la comisión. Los asambleístas planean incluir la creación de la comisión en la sesión del pleno de hoy —que comenzó pasadas las 11:15 de la mañana. En, al menos, dos ocasiones anteriores se ha intentado incluir esta moción en el orden del día pero no ha sido posible porque Llori ha suspendido las sesiones sin dar paso a la moción. 

En su cuenta de Twitter, Llori dijo que el asambleísta Fausto Jarrín pidió un cambio de orden del día para incluir la moción de creación de la comisión. Sin embargo, ese cambio todavía no ha sido aprobado. 

Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.

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