Guadalupe Llori fue destituida de la presidencia de la Asamblea Nacional. La noche de hoy, 31 de mayo, el pleno del Legislativo —presidido provisionalmente por Virgilio Saquicela, segundo vicepresidente de la Asamblea— votó a favor de aprobar una moción que pedía que Llori sea destituida. Así concluyeron meses de enfrentamientos entre los asambleístas y Llori. 

Pasadas las 6:30 de la tarde de hoy, el pleno de la Asamblea aprobó la moción para debatir y votar sobre el informe de la Comisión Pluripartidista Ad Hoc que evaluó la gestión de Llori y que recomendó destituirla de la presidencia de la Asamblea. La comisión se formó  después de que se presentó una denuncia por presunto incumplimiento de funciones en su contra. 

Después de la lectura del informe, que duró una hora y media, Llori tenía una hora para defenderse. Sin embargo, ella no estaba presente en la sesión así que no ejerció su derecho a la defensa. 

El asambleísta Esteban Torres —quien presentó la denuncia que resultó en la evaluación y destitución de Llori— sí estaba presente en la sesión, así que argumentó su denuncia y pidió que destituyan a Llori. Una vez que Torres terminó su argumentación, pasadas las 8:20 de la noche, el debate se abrió y los asambleístas comenzaron a intervenir. 

Esto dijeron los asambleístas en el debate 

La asambleísta Marcela Holguín, de la coalición Unión por la Esperanza, dijo que Llori “ha evidenciado en más de una ocasión que está presidiendo la Asamblea para defender sus propios intereses y no los de la gente”. Además, Holguín dijo que Guadalupe Llori “llegó a convertirse en una simple delegada del gobierno nacional”.  

Después intervino Salvador Quishpe, de Pachakutik. Él dijo que a su movimiento —al que representa Llori en la Asamblea— “no le van a bajar la Presidencia” por irregularidades como “tener las manos sucias por actos de corrupción”, insinuando que hay motivaciones políticas y no asuntos ilegales o antiéticos.. Después de este último argumento, los asambleístas comenzaron a gritar y protestar. Ante la interrupción, Quishpe dijo “silencio, carajo, estoy hablando”, mientras Saquicela pedía orden en la sala.  

Cuando volvió el silencio, Quishpe aseguró que Pachakutik “seguirá luchando, no importa que nos bajen de la presidencia, eso es pasajero”. Antes de terminar su intervención, el asambleísta de Pachakutik dijo que invitaba al pueblo ecuatoriano a ver que al destituir a Llori están buscando controlar la función Judicial “para sus actos de corrupción, para la impunidad”. 

Después de Quishpe, habló Peter Calo, de la llamada ala rebelde de Pachakutik y miembro de la comisión que hizo el informe que recomendó la destitución de Llori. “Qué vergüenza decir que la presidenta representa a Pachakutik, solo representa a pocos, haciendo fuego a la derecha ecuatoriana a quien representa el presidente Lasso, a CREO y a los banqueros”, aseguró Calo. Además, cuestionó que Llori no haya asistido a la sesión del pleno para “dar la cara” y que algunos asambleístas de CREO también se hubieran ausentado. 

Pamela Aguirre, asambleísta de UNES y miembro de la comisión, comenzó su intervención refiriéndose a Quishpe. “¿Cómo se puede ver al espejo siendo el lacayo de un banquero?”, le preguntó. Además, aseguró que a Llori no se la destituye “por mujer ni indígena”, aseguró que solo se lo hace “por incumplimiento de funciones”. 

Aguirre aseguró que en la comisión respetaron el debido proceso, pero que Llori fue juzgada en rebeldía por la comisión “porque nunca fue, ni le dio la cara al país, ni demostró si cumplió o incumplió funciones”. Pese a eso, Aguirre dijo que la comisión sí logró comprobar que Llori incumplió la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

El debate se cerró con la intervención de Lucía Placencia, ex asambleísta del partido Izquierda Democrática, hoy declarada independiente, y también miembro de la comisión. Ella describió los pasos y pruebas que se tomaron en cuenta para hacer el informe que recomendaba destituir a Llori. Placencia dijo que la Asamblea debía hacer un llamado a la “no intromisión de la justicia y a la judicialización de la política nacional”.

Cuando el debate concluyó, pasadas las 9:30 de la noche, Marcela Holguín presentó una moción para destituir a Llori de la presidencia de la Asamblea. Con 81 votos a favor, la moción de Holguín fue aprobada y Llori fue destituida. 

La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que en caso de ausencia temporal o permanente de la Presidenta de la Asamblea, el cargo será ocupado por el primer vicepresidente del Legislativo. En este caso, debe ser ocupada por Virgilio Saquicela. Por eso, una vez que los resultados fueron oficiales, los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) nombraron a Saquicela como presidente de la Asamblea Nacional. 

Antes de suspender la sesión, Saquicela ofreció que el viernes 3 de junio se debatirá sobre el proyecto de Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. 

¿Qué decía el informe de la comisión?

El pasado 26 de abril de 2022 se conformó una comisión pluripartidista para evaluar la gestión de Llori. Si la comisión consideraba que existían los argumentos suficientes, podría recomendar la destitución del cargo por incumplimiento de funciones de Llori, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En este caso, la comisión consideró que sí había evidencias suficientes para recomendar la destitución de Llori y eso hizo el pasado 25 de mayo.

Los miembros de la Comisión Pluripartidista que aprobó el informe que recomienda destituir a Guadalupe Llori. Fotografía tomado de la cuenta de la Comisión.

El documento del informe aprobado decía que  “los actos verificados por la Comisión han sido cometidos por Llori dan cuenta de su incumplimiento de sus funciones como primera autoridad de la Asamblea”. Esas conductas, dicen las conclusiones del informe, “atentan contra la institucionalidad, la imagen y el normal desarrollo de la Asamblea siendo políticamente irresponsable de incumplir esas funciones”. El informe dice que por eso la comisión recomendaba la destitución de Llori de su cargo.

El 28 de mayo, Llori devolvió el informe a la Comisión Pluripartidista Ad Hoc porque “viola derechos constitucionales, atenta al debido proceso y seguridad jurídica, principios fundamentales consagrados en la legislación ecuatoriana”.

Sin embargo, el 30 de mayo, el asambleísta Pedro Zapata, del Partido Social Crisaitno y presidente de la Comisión Pluripartidista, le dijo a Llori que la Ley Orgánica de la Función Legislativa “no contempla, bajo ningún concepto, la figura de devolución del informe”. Sin embargo, dijo que la ley obligaba a Llori a “convocar a una sesión del Pleno de la Asamblea” para que sea conocido, tratado y resuelto”, por lo que la devolución no tenía validez.

La crisis en la Asamblea, explicada

La comisión se creó después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó a trámite una denuncia por presunto incumplimiento de funciones presentada por Esteban Torres —coordinador de bancada del Partido Social Cristiano (PSC). Según el informe que se leyó hoy, entre las causales de la denuncia presentada por Torres está que Llori no convocó que se reinstalen sesiones del pleno en el plazo que debía hacerlo por ley, suspendió sesiones cuando todavía habrían quedado mociones pendientes e intentó convocar sesiones del pleno de forma irregular. 

Los enfrentamientos entre Llori y otros asambleístas no pararon después de la creación de la comisión. El 14 de abril, Guadalupe Llori presentó una acción de protección en contra de cinco de los siete miembros del CAL que votaron para calificar la denuncia del asambleísta Esteban Torres en su contra. Además de ella, la otra asambleísta que no fue incluida fue Nathaly Arias de CREO, quien —al igual que Llori— se ausentó en la sesión del CAL en la que calificaron a trámite la denuncia contra Llori. 

El CAL en la sesión en la que calificó la denuncia contra Guadalupe Llori. Fotografía tomada de la transmisión de la Televisión Legislativa.

El 10 de mayo, una jueza rechazó la acción de protección contra los miembros del CAL. Llori dijo que presentará una apelación para que se respeten sus derechos que “han sido vulnerados”.

Llori también denunció a los 93 asambleístas que aprobaron que se conforme la Comisión Multipartidista Ad hoc, el 26 de abril de 2022. Llori presentó la denuncia por una supuesta violación de las medidas cautelares que fueron interpuestas el 4 de abril —que Llori pidió para impir que se incluya un cambio de orden del día y se cree la comisión para evaluar su gestión. Llori aduce en la denuncia que se habría cometido el delito de “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”. 

El 6 de mayo la Fiscalía notificó que comenzó una investigación previa contra los 93 asambleístas a raíz de la denuncia de Llori. 

Más denuncias contra Llori

​​El pasado 10 de mayo, la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) —representada por los asambleístas Fausto Jarrín y Viviana Veloz— presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por supuesto peculado. Los asambleístas de UNES aducen que Llori ha utilizado bienes y servicios públicos “pretendiendo aferrarse al cargo” como presidenta de la Asamblea Nacional. 

Jarrín dijo que el delito existiría porque Llori “ha utilizado funcionarios de la Asamblea para su propio beneficio”. Por eso también denunciaron por el mismo delito a Santiago Salazar, abogado de la Asamblea, quien habría ayudado a Llori usando recursos de la Asamblea. 

Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la bancada de UNES.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el peculado lo cometen los servidores públicos que actúen en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados. Según el COIP, el peculado se sanciona con diez a tres años de prisión. 

Dos días después, el 12 de mayo, el asambleísta de Pachakutik Bruno Segovia denunció ante la Comisión de Ética del Legislativo a su coidearia Guadalupe Llori por presunto tráfico de influencias. Segovia acusa a Llori —los dos asambleístas de Pachakutik—  de haber gestionado cargos públicos en la provincia amazónica de Orellana, de la que Llori es oriunda.

Segovia aseguró que Guadalupe Llori le contó “que puso hasta el último teniente político” de Orellana. Por eso, dijo, en su denuncia el asambleísta incluyó una lista de los tenientes, políticos, intendentes, comisarios, directores distritales y otras autoridades “de los que conocemos y tenemos documentación” que probaría que fueron puestos en el cargo por Guadalupe Llori.

El asambleísta de Pachakutik dijo que en su denuncia ante el comité de ética incluyó varios documentos que probarían sus acusaciones. Para reforzarlas, dijo, habló con personas de Orellana y tuvo la colaboración de varias personas, incluyendo a un exasambleísta que no identificó.

Con esos documentos, dijo Segovia, esperaba que la Comisión de Ética recomiende la destitución de Llori en su resolución “por incurrir en las prohibiciones que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)”. El artículo 163 de la LOFL dice que entre las prohibiciones que tienen los asambleístas está “gestionar nombramientos de cargos públicos”. La ley dice que quien cometa esta y cualquier otra de las prohibiciones “perderá la calidad de asambleísta”.