A través de un comunicado que llegó como sorpresa, la noche del 13 de julio, Fausto Jarrín Terán anunció la renuncia a su cargo como asambleísta por la provincia de Pichincha. Jarrín, que era legislador de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES), renunció dos semanas después del intento fallido de destituir al presidente Guillermo Lasso, el pasado martes 28 de junio.

En su comunicado, Jarrín dice haber meditado la decisión por largo tiempo y que da un “paso al frente para asumir nuevamente al cien por ciento mi labor como defensor de mis compañeros perseguidos”. Fausto Jarrín Terán es abogado y fue parte de la defensa legal de varias figuras del correísmo, incluyendo al ex presidente Rafael Correa, cuando fue acusado de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

En su carta, el ahora exasambleísta también dijo que a pesar de estar seguro de la coherencia de los asambleísta de la bancada UNES, sabe que “sus posibilidades son limitadas al contar solo con 47 votos seguros”. Fueron los legisladores de UNES quienes promovieron la destitución del presidente Guillermo Lasso, en medio del paro nacional que duró 18 días; sin embargo, solo obtuvieron 80 votos de los 92 necesarios para conseguirlo.

Su cargo deberá ser ocupado por su suplente, Gissela Siomara Garzón Monteros.

Te contamos, en breve, quién es el ahora ex asambleísta. 

Una vida entre lo legal y diversos trabajos en lo público

Fausto Alejandro Jarrín Terán nació en Cayambe, Pichincha, hace 45 años. Es hijo del ex alcalde de Cayambe, Fausto Jarrín Zambrano.

Es abogado. Estudió Derecho en la Universidad Sek, en Quito. Se volvió una fuente recurrente en medios de comunicación a fines de 2019 y en 2020, cuando ejerció la defensa de Rafael Correa en el Caso Sobornos 2012-2016, que concluyó con sentencia por delito de cohecho en contra de 16 acusados, entre ellos Correa.  Incluso fue el artífice de algunos “triunfos legales” del correísmo como el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visibles figuras del correísmo como Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian Gonzales, que estaban acusados de rebelión por los hechos en el paro de octubre de 2019. También consiguió el mismo recurso para Jorge Glas.

Su año y pocos meses más como asambleísta no fueron su primer contacto con el servicio público. En 2005 tuvo su primer contacto, de meses, con el sector público cuando fue director jurídico en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

De acuerdo a datos del proyecto Radiografía Política, una iniciativa de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Jarrín ha ocupado varios cargos públicos:

• 2014: Subsecretario de Gestión de Política y Gobernabilidad en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política
• 2016: Gerente de Proyectos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
• 2016: Subsecretario de Coordinación Institucional en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (fue en este puesto que conoció personalmente al entonces presidente Rafael Correa)
• 2017: Asesor 1 en la Asamblea Nacional del Ecuador
• 2017: Gerente de Proyectos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
• 2020 – 2021: Asesor 1 en la Asamblea Nacional del Ecuador

Cuestionamientos y escándalos

En 2011 Fausto Jarrín estuvo inmiscuido en un escándalo inmobiliario en Quito cuando adquirió al contado la Casa Coloma, ubicada en la avenida 12 de Octubre y construida en 1940. Buena parte del bien, que estaba catalogado como patrimonial desde 1998, fue demolido el 13 de agosto de 2011, lo que generó una disputa entre el Municipio de entonces, con Augusto Barrera como alcalde, y Jarrín Terán. 

Por el inmueble, Fausto Jarrín Terán habría pagado 850 mil dólares en efectivo. El monto llamó la atención entonces porque su declaración de impuesto a la renta de 2010 fue de 615,52 dólares.

Ese mismo agosto de 2011, el Municipio de Quito inició tres procesos para establecer sanciones: una petición a la Fiscalía de indagación previa, un proceso administrativo en la Comisaría Municipal de la Zona Norte y una acción extraordinaria de protección en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. 

En 2013, el Municipio obtuvo medidas a su favor que le permitió intervenir en el espacio, para evitar más daños en el lugar.